Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), extractivismo y conflictividad territorial en Córdoba, Argentina (2015-2025)

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), extrativismo e conflitualidade territorial em Córdoba, Argentina (2015-2025)

Sustainable Development Goals (SDGs), extractivism, and territorial conflicts in Córdoba, Argentina (2015-2025)

Resumen

El presente artículo analiza las políticas estatales en la provincia de Córdoba (Argentina) durante el período 2015-2025, orientadas al desarrollo territorial. Analíticamente partimos de una articulación entre la Ecología Política, la Sociología Rural y la Geografía Crítica. Mediante el uso de investigación bibliográfica, documental y trabajo de campo, realizamos un análisis de los procesos extractivos que han centrado su dinámica de acumulación en la transformación de la naturaleza en mercancía, a partir de los cuales han surgido diversos procesos organizativos que configuran la lucha por el territorio en la provincia de Córdoba. Los resultados revelan que la adopción de los ODS y la Agenda 2030 como ejes estructurantes de las políticas estatales suponen una oportunidad para la reestructuración capitalista y la renovación/modernización empresarial de las fracciones de clase extractivas en búsqueda de licencias sociales. Esto se debe a la adopción e institucionalización del conjunto de postulados y narrativas del Desarrollo Sostenible que permiten problematizar en torno a las contradicciones de este concepto y sus propósitos, en el marco de la crisis ecológica-ambiental que impera en la provincia. A su vez, invitamos a repensar y reformular (no necesariamente descartar) los contenidos de la Cuestión Agraria en el siglo XXI, basados en lo que hemos denominado Cuestión Territorial.

Palabras clave:
Estado; naturaleza; territorio; cuestión agraria.

Resumo

O presente artigo analisa as políticas estatais na província de Córdoba (Argentina) no período de 2021 a 2025, com ênfase naquelas voltadas para o desenvolvimento territorial. Do ponto de vista analítico, partimos de uma articulação entre a Ecologia Política, a Sociologia Rural e a Geografia Crítica. Por meio de pesquisa bibliográfica, documental e trabalho de campo, realizamos uma análise dos processos extrativistas que centram sua dinâmica de acumulação na transformação da natureza em mercadoria, a partir dos quais emergiram diversos processos organizativos que configuram a luta pelo território na província de Córdoba. Os resultados revelam que a adoção dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e da Agenda 2030 como eixos estruturantes das políticas estatais representou uma oportunidade para a reestruturação capitalista e a modernização empresarial das frações de classe extrativistas em busca de licenças sociais. Isso se deve à adoção e institucionalização de um conjunto de postulados e narrativas do Desenvolvimento Sustentável, o que permite problematizar as contradições desse conceito e seus propósitos no contexto da grave crise ecológica-ambiental que impera na província. Por fim, convidamos a repensar e reformular (não necessariamente descartar) os conteúdos da Questão Agrária no século XXI, com base no que denominamos Questão Territorial.

Palavras-chave:
Estado; natureza; território; questão agrária.

Abstract

This article aims to discuss state policies in the province of Córdoba (Argentina) during the 2021-2025 period, with a focus on those related to territorial development. Analytically, we draw on a framework combining Political Ecology, Rural Sociology, and Critical Geography. Through bibliographic and documentary research, as well as fieldwork, we analyze extractive processes that center their accumulation dynamics on the transformation of nature into commodities. These processes have given rise to various organizational movements shaping the struggle for territory in Córdoba. The findings reveal that the adoption of the SDGs (Sustainable Development Goals) and the 2030 Agenda as structuring axes of state policies has provided an opportunity for capitalist restructuring and corporate modernization of extractive class factions seeking social licenses. This stems from the adoption and institutionalization of a set of postulates and narratives of Sustainable Development, allowing us to critically examine the contradictions of this concept and its purposes within the context of the severe ecological-environmental crisis prevailing in the province. Finally, we invite a rethinking and reformulation (though not necessarily a dismissal) of the Agrarian Question in the 21st century, based on what we term the Territorial Question.

Keywords:
State; nature; extractivism; agrarian question; conflict.

Introducción

Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con sólo el 20% de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer (Fidel Castro, discurso en la Asamblea de la ONU - Rio 92).

El presente artículo es un recorte de la tesis doctoral¹ desarrollada por el autor en el marco del Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO/IESA-UFG). A su vez forma parte de la agenda de debates e investigaciones realizadas al interior del Grupo de Estudios TRAPPU (Trabalho, Território e Políticas Públicas-UFG) y del Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais (Laboter-UFG).

En este marco, la investigación tuvo como objetivo analizar las políticas estatales implementadas en la provincia de Córdoba durante el período 2015-2025, en especial aquellas dirigidas a las cuestiones ambientales y al desarrollo territorial que se encuentran alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En particular nos detendremos en un análisis que contempla el contexto de surgimiento de dichas políticas estatales y sus marcos normativos específicos, asociados al conjunto de actores y fracciones de clase que han ocupado un rol preponderante en su formulación. Realizaremos este análisis sin perder de vista la importante dinámica adquirida por la conflictividad territorial existente en la provincia que gira en torno a la disputa de los bienes comunes.

En el año 2018 la provincia de Córdoba fue seleccionada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como prueba piloto y estudio de caso de la implementación de los ODS en sus políticas públicas (Córdoba, 2021) y en su arquitectura estatal, a partir de las recomendaciones y lineamientos realizados por esta institución en el año 2016 (OCDE, 2016). A su vez, en el año 2021, la provincia de Córdoba obtuvo el tercer lugar (superada por las ciudades de Bogotá y São Paulo) como modelo exitoso en la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030.

Estos reconocimientos otorgados por parte de los organismos internacionales resultan al menos contradictorios si consideramos la compleja situación socioambiental que atraviesa la provincia de Córdoba, la cual no se encuentra ajena a la crisis múltiple (alimentaria, climática, energética) que impera a nivel global (Borras et al, 2012). Esto se refleja, por citar un ejemplo, en las notables y crecientes pérdidas de bosques nativos cuyos remanentes representan en la actualidad una superficie inferior al 3% (Agost, 2015).

Estas transformaciones territoriales, provocados por la avanzada inmobiliaria, minera y agropecuaria han provocado, dentro de otros factores, grandes catástrofes como las inundaciones ocurridas en el año 2015 que han arrasado con obras civiles, viviendas e incluso se han cobrado vidas humanas. A su vez, los frecuentes incendios forestales (muchos de ellos de carácter intencional) y el progresivo desfinanciamiento (OTES, 2022) de los programas estatales de combate al fuego son muestra de la importancia otorgada a la cuestión ambiental por parte del estado cordobés.

Estos cambios de uso del suelo y sus efectos territoriales asociados han sido posibilitados por la expansión de dinámicas de acumulación que algunos autores han conceptualizado como (neo)extractivismos (Seoane, 2013; Gudynas, 2015; Pintos, 2023). De forma general, estos son resultado de la transformación de la naturaleza en mercancía y su concepción utilitaria e inagotable que a lo largo de la historia han representado la profundización de los procesos de ruptura metabólica (Foster, 2022).

En el territorio cordobés estos procesos de mercantilización de la naturaleza han adquirido una configuración particular, al integrar los pilares del modelo de gestión cordobesista. Sustentados en el paradigma del desarrollo y el progreso, han contado con una estructura estatal, marcos normativos, planes y programas específicos que han construido el andamiaje institucional para la consolidación del proyecto político de fracciones de clase local que, lejos de mantenerse aisladas, se encuentran articuladas globalmente como parte de la dinámica escalar de acumulación capitalista.

En concreto, destacamos la relevancia adquirida por agroextractivismo (Veltmayer, 2023), orientado a la producción de commodities agrícolas (soja, trigo, maíz y maní), la ganadería intensiva, junto a la creciente adopción de los agrocombustibles (Toledo López, 2021), como parte de la política cordobesa en torno a la llamada “transición energética”; la expansión desarrollista inmobiliaria, sustentada en la construcción de barrios privados y emprendimientos turísticos con perspectiva ecológica y que prometen una “inmersión en la naturaleza” (Trimano; Mattioli, 2023); la actividad minera (no metalífera y de rocas de aplicación) que han impreso en las sierras cordobesas un paisaje característico a partir de las “canteras” y sus cráteres. A estas actividades mencionadas deben sumarse los recientes proyectos energéticos y las grandes obras de infraestructura, que desde la óptica capitalista son entendidas como Grandes Proyectos de Desarrollo (Álvarez, 2021; Alentejano; Tavares, 2019).

Estos procesos que hemos descripto integran parte de lo que hemos denominado como Cuestión Territorial² (Galván, 2025), a partir de la territorialización del extractivismo y la dinámica de la acumulación por despojo (Harvey, 2014) en el Sur Global. Enmarcamos este proceso como parte de lo que algunos autores han denominado de Consenso de las Commodities (Svampa, 2019) o de Beijing, caracterizados por la valorización financiera de las commodities a partir del cual los bienes comunes han devenido en objeto de múltiples acaparamientos (land grabbing, green grabbing, water grabbing) que han derivado también en procesos de pérdida de control territorial de la diversidad de sujetos que habitan los territorios rurales y sus transiciones.

Sin embargo, el desarrollo y expansión de estas actividades extractivas que hemos mencionado, lejos de ocurrir de forma libre y sin oposiciones, han desencadenado importantes procesos de lucha y (Re)existencias (Mendonça; Pelá, 2012) de sujetos que integran las configuraciones actuales del campesinado y las comunidades indígenas, a la cual se han incorporado con otros sujetos de lucha que han emergido como parte de los procesos de resistencia social al extractivismo y la creciente ambientalización de las luchas sociales.

Enmarcados en el paradigma del Buen Vivir (Acosta, 2019), estos procesos políticos han accionado localmente a partir de una multiplicidad de estrategias organizativas como asambleas vecinales, organizaciones de base local, brigadas forestales comunitarias, redes de producción y consumo centrados en la economía solidaria, los cuales surgen como parte expresiva de la dinámica adquirida por la conflictividad territorial (Fernandes, 2008; 2009).

Este conjunto de aspectos permitieron reflexionar sobre la necesidad de brindar elementos que permitan actualizar el contenido de la Cuestión Agraria (Kautsky, 1974; Lenin, 1975; Marx, 1975) en el Siglo XXI (Veltmayer, 2023), a partir de su articulación con los procesos actuales de acaparamiento territorial y los procesos extractivos, que responden a una dinámica escalar de acumulación (Smith, 2020) y deben ser atendidos como parte de los nuevos componentes que presenta la cuestión agraria en la fase actual de acumulación del capital.

Realizamos este análisis coincidiendo con Menéndez (1999), quien reflexiona sobre la validez de las categorías analíticas y la necesidad de su revisión o reformulación. Los conceptos y teorías que se han consolidados como prisma para leer nuestra “realidad”, en la práctica y su aplicación, tan solo logran brindarnos elementos parciales para comprender nuestros objetos de estudio. Desde la perspectiva de este autor, todo concepto tiene un contexto y supuestos históricos que han permitido sustentar su construcción. Por lo tanto, muchos de estos han perdido la capacidad de generar capacidad explicativa y no deberían ser considerados como piezas de museo, intocables e incuestionables, sino que requieren de una reformulación de su contenido.

Teniendo estos aspectos como telón de fondo, con este análisis proponemos aportar reflexiones que contribuyan con la renovación del conjunto de elementos de la Cuestión Agraria en el Siglo XXI. Realizamos esto considerando las reconfiguraciones propias del capitalismo en este periodo, asociadas en particular a la dinámica de apropiación de los bienes de la naturaleza y los conflictos socioambientales derivados de este proceso, los cuales en determinados contextos han derivado en procesos de pérdida de control territorial por parte de los sujetos que habitan los espacios rurales y en transición.

Habiendo realizado estos postulados iniciales que enmarcan el contexto de nuestra investigación el artículo se encuentra estructurado en tres apartados. Posteriormente a la presente introducción desarrollamos los aspectos teórico-metodológicos de nuestro análisis; en un segundo apartado discutimos sobre el contexto de surgimiento del Desarrollo Sustentable y su consolidación en los ODS y la Agenda 2030, al tiempo que indagamos en la adopción de este paradigma en la normativa ambiental de la Argentina. Finalmente realizamos una caracterización de las dimensiones de la Cuestión Territorial en la Provincia de Córdoba en el periodo que compone el recorte de nuestra investigación, profundizando sobre la inclusión de los ODS y las narrativas de la sustentabilidad que han posibilitado la expansión de los procesos extractivos y la modernización capitalista a nivel provincial.

Aspectos Metodológicos

La investigación contó con un enfoque cuali-cuantitativo (Pessoa, 2012). La investigación documental contempló el análisis de informes y estadísticas producidas por las propias cámaras empresariales, relatorías de instituciones públicas provinciales y el estudio de marcos normativos vigentes a nivel provincial y nacional. También se utilizaron datos del Censo Nacional Agropecuario (INDEC, 2002; 2018) para analizar los cambios en la estructura agraria de la provincia de Córdoba entre los períodos 2002-2018.

Por su parte, el trabajo de campo fue realizado en diversas regiones de la provincia de Córdoba durante el período 2021-2025 (Figura 1) en el marco de la tesis doctoral, el cual incluyó investigaciones exploratorias y la realización de entrevistas semi estructuradas con diferentes actores del territorio cordobés: miembros de organizaciones de base, asambleas locales, referentes de organizaciones campesinas, gerentes de empresas mineras y funcionarios públicos provinciales y municipales. A su vez, el trabajo de campo incluyó instancias de articulación con movimientos y organizaciones sociales locales, visitas a sistemas de producción orgánica/agroecológica y ferias de comercialización.

Figura 1
Localización de Córdoba y trabajos de campo realizados (2021-2025).

Además de estas instancias, también fue posible participar en eventos organizados por instituciones del agronegocio, como el Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) en 2024. Esto fue acompañado de la participación en actividades de organizaciones territoriales de la provincia de Córdoba, los cuales aportaron elementos clave para comprender las narrativas y las prácticas políticas que configuran la lucha de clases entre actores y modelos de desarrollo contrapuestos. Por último, reconocemos la importancia de nuestra intervención territorial mediante proyectos de extensión universitaria³, como proceso importante para construir nuestras reflexiones.

Córdoba es una de las 24 provincias que integran el territorio argentino. Con una extensión de 164.707 km², es la quinta provincia argentina de mayor tamaño y la segunda con mayor población (detrás de Buenos Aires), con 3.840.905 habitantes (INDEC, 2022), concentrando cerca del 9% de la población nacional. Administrativamente, se encuentra dividida en 26 departamentos, en los cuales se encuentran distribuidas las 426 jurisdicciones locales (ciudades, municipios y comunas). La población provincial muestra una marcada concentración en la ciudad de Córdoba (capital homónima), donde reside aproximadamente el 40% de los habitantes (INDEC, 2022).

La importante diversidad de ambientes que caracterizan al territorio cordobés ha permitido el desarrollo de dinámicas de acumulación diferenciales: en la región pampeana (departamentos del sud y sudeste provincial), predominantemente agrícola integra la principal zona productiva de granos y el corazón del capitalismo agrario argentino (Sartelli, 2008); el espinal, como sistema de transición entre la región pampeana y la región chaqueña, la cual ha sido concebida como territorio de sacrificio a partir de la expansión a partir de la frontera agrícola/ganadera moderna (Salizzi, 2017) e integra el Chaco Americano.

El recorte temporal fue delimitado comprendiendo que abarca diversos procesos: la ocurrencia de los Acuerdos de Paris en la 21^a Conferencia de las Partes (COP 21) del año 2015 y la instalación de la Agenda 2030, materializada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A nivel provincial, esto se vio reflejado con la importante reestructuración institucional y la adopción de programas específicos que alinearon el accionar estatal a los lineamientos propuestos por los organismos multilaterales. En concreto nos referimos a la adopción de marcos normativos como la Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias (Ley 10.663/2019), la Ley Agroforestal (Ley 10.467/2017) y la Ley de Producción, Consumo y Desarrollo de los Biocombustibles (Ley 10.721/2020) o la Ley de Gestión Integrada de Cuencas Agropecuarias (Ley 10.936/2023). La creación de estos marcos normativos, derivados en programas específicos, ha sido acompañada de adaptaciones de la estructura institucional con las creaciones recientes (2023) del Ministerio de Bio-Agroindustria y el Ministerio de Ambiente y Economía Circular.

Por su parte, el análisis bibliográfico tuvo como eje la revisión de trabajos desarrollados en la provincia de Córdoba, los cuales brindaron antecedentes útiles para comprender los procesos extractivos que hemos encuadrado como parte constitutiva de la Cuestión Territorial. A su vez contempló la delimitación de las categorías centrales para nuestro análisis: Cuestión Agraria, Territorio, Naturaleza, Estado y Desarrollo.

Partiendo de estas categorías, el enfoque espacial adoptado es el de la Geografía Crítica, tomando los aportes de Lefebvre (1976) y Santos (2006). Estos autores han contribuido a la construcción de una teoría que permite comprender al Espacio como producto de las relaciones sociales. Al decir de este último autor, el espacio se trata de un conjunto indisociable de sistemas de objetos y sistemas de acciones mediadas por el trabajo, los cuales cobran especificidades en el marco del capitalismo y los diferentes modos de producción.

Reconocemos al espacio y el territorio como categorías indisociables, pero anteponiendo el espacio al territorio, al ser su sustrato material de acuerdo con la perspectiva de Raffestin (1993). El Territorio visto desde la vertiente Crítica es comprendido como resultado de las relaciones de poder que se proyectan en el espacio, buscando comprender quien y como domina dicho espacio (Souza, 2013). Este enfoque es superador a las perspectivas tradicionales y neopositivistas que lo limitaban a los límites administrativos del Estado. A su vez reconoce la posibilidad de formas de construcción de territorios, asociados a formas de Poder no necesariamente heterónomas y vinculados al ejercicio de poder estatal, sino a partir de la diversidad de formas autonómicas (Pinheiro; Rosset, 2018) de construcción y ejercicio del poder. Esto nos permite comprender las formas organizativas de las organizaciones territoriales que se han conformado en la provincia de Córdoba, como estrategia de lucha en el marco de la profunda crisis ambiental.

Por su parte, Haesbaert (2013) abona a la comprensión de la ciclicidad de los territorios, su mutabilidad y reconstrucción, mediante los procesos de Territorialización-Desterritorialización-Reterritorialización (TDR). A su vez la (multi) escalaridad (Fernandes, 2008; Santos, 2006) del territorio es clave para comprender la magnitud de la acción (escala de acción) de cierto fenómeno a nivel territorial, desde escalas de menor extensión, como el cuerpo (Cuerpo-Territorio), hasta la escala global como parte de la dinámica de acumulación capitalista a nivel planetaria desde donde son comandadas las acciones que se imprimen a nivel territorial, o al decir de Porto-Gonçalves (2015), la forma en que las grafías son diseñadas.

Al proponer un análisis de las políticas y prácticas estatales, nuestra comprensión en torno al Estado ha sido a partir de algunos autores provenientes de corrientes del marxismo. En el marco de la Teoría de la Dependencia, Osorio (2019), brinda elementos para comprender al Estado como un conjunto de relaciones sociales, en concreto, relaciones de dominación, que en el marco del capitalismo son centrales para la manutención de la estructura de clases y para la concretización del proyecto de la clase social que se posiciona como clase reinante. A su vez, este autor considera que, las clases sociales, lejos de mantenerse como bloques monolíticos, presentan diferentes fracciones de clase, con intereses que disputan su proyecto político e interés para mantenerse como bloque en el poder o fracción de clase reinante. Estos aportes nos parecen importantes para cuestionar la supuesta neutralidad del Estado como institución que vela por el bien común, sino que, por el contrario, responde a una ideología concreta y un proyecto político que no es otro que el de la (fracción) de clase dominante, el cual son instrumentalizados para generar los valores particulares de un sector social para el conjunto de la sociedad.

Un aspecto interesante para atender es que, lejos de responder a mecanismos que perpetúen las prácticas dominación y legitimación, el Estado también necesariamente apela al consenso. Al decir de Gramsci (1975, pág. 107) “Estado es todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio, sino también logra obtener el consenso activo de los gobernados”. Este enfoque nos permite tener una lectura concreta de parte de las políticas compensatorias para ciertos sectores sociales, como mecanismo de control de la sociedad civil organizada.

Por su parte, Nicos Poulantzas (1980), comprende al Estado como producto de la correlación de fuerzas dada en un determinado momento histórico en la lucha de clases, que determinan la orientación político e ideológico del Estado. A su vez, este autor nos aporta para el análisis concreto de la materialidad del estado, considerando su arquitectura y estructura, que brindan el soporte institucional para la concreción del proyecto político y la ideología dominante. Al proponer un análisis de las políticas estatales es importante reconocer que el conjunto de prácticas, dispositivos y acciones que se materializan en un territorio concreto, (Steinberger, 2013) en su conjunto expresan la correlación de fuerzas, la ideología y los consensos que postulan los autores que hemos mencionado anteriormente.

A partir de estas comprensiones del Estado y las prácticas estatales, analizaremos el conjunto de dispositivos desplegados en la provincia de Córdoba, que configuran el modelo de desarrollo territorial por parte de las fracciones de clase para la consolidación de su proyecto político. Para ello realizar una identificación general de actores que se encuentran consolidados como fracción de clase hegemónica en el estado y los procesos extractivos que actualmente configuran la Cuestión Territorial en la provincia. En particular apuntaremos aspectos que permitan entender el lugar que han ocupado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al integrar el eje norteado de las políticas ejecutadas desde el Estado cordobés como parte de la modernización capitalista, mediante la generación de consensos sociales para su legitimación social.

Desarrollo (Sustentable), Estado y Políticas Ambientales en Argentina

Hablar de sustentabilidad en la actualidad representa un desafío. Esto se debe a la variedad de acepciones y significados que posee este término, denotando una clara polisemia, aspecto que se evidencia a partir del uso que le han atribuido las diferentes instituciones y actores del territorio, asociado a procesos de Desarrollo, los cuales persiguen muchas veces objetivos políticos diferentes.

Para rastrear los orígenes de este concepto, que hoy sustenta la perspectiva técnica y narrativa de los Estados y las empresas, debemos remontarnos a la década de 1970, cuando los efectos del sistema capitalista -anclados en el paradigma del crecimiento ilimitado- comenzaban a mostrar sus primeras señales, y algunas voces de los primeros movimientos en defensa del "medio ambiente" empezaban a hacerse escuchar. Un punto de partida clave es el informe del Club de Roma, titulado "Los límites del crecimiento".

En este contexto, el Desarrollo Sostenible surge como paradigma superador a las visiones clásicas del Desarrollo, concebido a partir de parámetros como la productividad económica. Las primeras referencias a este término se pueden encontrar en el Informe Brundtland, conocido como “Nuestro Futuro Común” del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente siendo definido como "aquel que "satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias". Pese a la importante superación de este enfoque -que trasciende perspectiva clásica del desarrollo entendido como mero crecimiento económico-, este enfoque también ha recibido críticas ya que autores como O´Connor (2001), en el marco de la Ecología Política, cuestionan sobre la posibilidad de pensar la sustentabilidad en el marco del capitalismo, ya que por la propia naturaleza de sistema, impulsado por la lucratividad y la acumulación, este mismo ha degradado sistemáticamente sus propias condiciones de producción, siendo esto su (segunda) contradicción.

El nuevo sentido adoptado en torno al Desarrollo y la Cuestión Ambiental del Informe Brundtland serían centrales, ya que serían tomadas como base en la Conferencia de las Naciones Unidas (Río 92), donde se institucionalizó el concepto y se estableció la realización de las Conferencias de las Partes (COP) como instancias de decisión para los Estados miembros en temas como la Diversidad Biológica (CDB) y el Cambio Climático (CMNUCC). Además, los Estados asumieron el compromiso de avanzar en políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un aspecto profundizado en la COP 3 con la firma del Protocolo de Kioto y sus premisas de descarbonización.

Desde nuestra perspectiva esto supone una invisibilización del desarrollo desigual y combinado del propio capitalismo (Smith, 2020), en sintonía con lo postulado por Fidel Castro en la Conferencia de Rio 92 (que encabeza este artículo) al atribuir metas y necesidades de reducción en las emisiones de CO₂ de forma generalizada, no reconociendo los países y empresas que han sido responsables de la crisis climática y sistémica a nivel global.

Mas allá de estas observaciones, los postulados de Río 92 marcaron un punto de inflexión en la concepción de lo ambiental, no solo en la agenda de organismos multilaterales, sino también en las políticas estatales. En Argentina, los lineamientos de estas conferencias sirvieron de base para marcos normativos (Gutiérrez, 2018) que instalaron la cuestión ambiental y su reconocimiento como derecho humano. La Reforma Constitucional de 1994, sancionada durante el auge del neoliberalismo menemista, incorporó el Artículo 41, el cual garantiza el derecho a un ambiente sano y su preservación, además de promover actividades productivas compatibles con este principio. Bajo este marco, se sancionó la Ley General del Ambiente (25.675/2002), que posteriormente derivó en numerosas normas basadas en el principio de los Presupuestos Mínimos⁴ que buscaron imponer un límite y cierta regulación de actividades industriales o el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) (Ley 26.331/2007), además del inventariado y protección de ambientes glaciares y periglaciares (Ley 26.639/2010), entre otras.

En contrapartida esta reforma constitucional también incorporó el artículo 124, el cual otorgó a los estados provinciales el dominio originario de los recursos naturales, debiendo a las mismas establecer políticas específicas para su explotación y a su vez, el adecuamiento de las legislaciones nacionales de ambiente de acuerdo con los parámetros propios de cada provincia. Del punto de vista económico esto significó un instrumento de concentración de poder en las provincias y una desarticulación de los mecanismos de control a nivel nacional, lo que permitió una profundización de los extractivismos en las provincias.

A su vez, la actualización del Código Minero (creado en el año 1886) en el año 1993 fue central para el desembarco y la transnacionalización del sector, mediante un régimen de incentivos fiscales para la inversión minera con una proyección de 30 años. A partir de estos aspectos podemos ver como la década de 1990 expresa las contradicciones propias de la instalación de la cuestión ambiental y el desarrollo sustentable en la Argentina, al tiempo que se constituye como marco de la liberalización de la naturaleza y la avanzada transnacional.

Retomando el conjunto de aspectos debatidos en los organismos multilaterales en torno al Desarrollo y la Sostenibilidad, estos van a adquirir nuevos contornos en el cambio de siglo. Primero, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002 y una década más tarde en la Cumbre de Río + 20. Aquí se discutió la propuesta de ir hacia una “economía verde”, plan a 10 años destinado a modificar los patrones de producción y consumo, a fin de reducir la presión sobre los “recursos naturales”. Dicho plan preveía un nuevo modo de valorar el desarrollo de los países mediante la implementación de un índice económico que contemplara la relación entre el desarrollo social y la protección ambiental.

Por su parte el Acuerdo de París de 2015 (COP21), fue particularmente significativo ya que consolidó, por primera vez, un tratado sobre cambio climático jurídicamente vinculante para los países 176 estados firmantes (de los 195 existentes en 2016). Como consecuencia de este tratado los países comprometidos presentaron, en el año 2020, sus planes de acción climática llamados “contribuciones determinadas a nivel nacional”, donde explicaron las medidas a tomar para reducir sus emisiones de carbono.

Por su parte, el Documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, fue elaborado al calor de la Cumbre de Naciones Unidas de Nueva York, también en 2015, en la cual se establecen los ODS (Hubert; L’Hoste, 2024). Estos son establecidos como un conjunto de acuerdos que proponen suceder al conjunto de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuya ejecución fue planificada hasta el año 2015. Como tales, los ODS se constituyen en 17 dentro de estos OD se incluyen dimensiones que son transversales a cuestiones como la equidad de género, la educación, los derechos humanos y la igualdad racial. A su vez, cada uno de estos indicadores se desglosa en 169 metas, las cuales son verificadas por medio de 231 indicadores, cuyo comportamiento puede ser analizado por medio de las publicaciones de SGD-Tracker.

Cuestión Territorial y Conflictividad Territorial en la Provincia de Córdoba

Esta contextualización realizada hasta aquí nos resulta útil para comprender la incorporación de la Cuestión Ambiental en los marcos normativos nacionales, a partir de los cuales la provincia de Córdoba realizara reajustes institucionales propios que signaran su adhesión a los ODS y la Agenda 2030.

Esta adhesión institucional fue realizada en un contexto enmarcado por profunda conflictividad, que ponen de manifiesto las diferentes dimensiones de la Cuestión Territorial en la Provincia de Córdoba. Como antecedentes, vale la pena remarcar el conjunto de movilizaciones sociales impulsadas por el colectivo Paren de Fumigarnos, los Médicos de Pueblos Fumigados y Docentes de Pueblos por la Vida, que nuclearon a comunidades y actores sociales directamente afectado por las aplicaciones de agrotóxicos en contextos rurales y periurbanos de diversas localidades de la provincia de Córdoba. Este proceso encontró una de sus principales reivindicaciones en el año 2012, tras la incansable lucha de las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo que derivó por primera vez con una condena penal del productor agropecuario y un aeroaplicador que fueron responsables por las fumigaciones en proximidades de dicho barrio, por el incumplimiento de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (Ley 24.051).

Este conjunto de hechos políticos fue acompañado en simultáneo con la movilización social acontecida en la localidad de Malvinas Argentinas, tras la tentativa de instalación de la planta procesadora de semillas de la empresa Monsanto. Este proceso contó con un importante rechazo vecinal y un acampe que bloqueó el ingreso al predio de la empresa que fue sostenido por casi cuatro años, junto con un fuerte accionar político en el territorio impulsado por la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.

Junto a la lucha realizada por los pueblos fumigados, los procesos de (Re) existencia territorial del Movimiento Campesino de Córdoba (y las organizaciones que lo conforman) frente a los avances de la agricultura capitalista sobre los bosques nativos que aún persisten en la provincia y los crecientes procesos desalojos y conflictos por tierras en comunidades campesinas.

Del punto de vista ambiental, Córdoba es una de las provincias que cuenta con mayor superficie (cerca del 24%) bajo algún tipo de formato de protección ambiental, solo siendo superada por Misiones. En las últimas dos décadas se observa una importante creación de áreas protegidas de diferente jurisdicción (municipal, provincial y nacional) en territorio cordobés. Sin embargo, se trata en su mayoría de “áreas de conservación de papel” (Schneider, 2020), principalmente aquellas de jurisdicción municipal y provincial⁵ ya que no cuentan con un adecuado nivel de implementación y carecen de presupuesto asignado regularmente, ni personal de servicio e infraestructura adecuada para la recepción de público y la realización de actividades educativas.

Esta situación revelada en las áreas protegidas a nivel provincial, también se expresa en la Ley de OTBN (9.814/2010) la cual es resultante de un complejo proceso de tensiones: por un lado, los integrantes de la Comisión de OTBN, quienes dedicaron un largo periodo (2008-2010) a la construcción participativa de un proyecto de Ley, representando diferentes actores e instituciones del territorio e intereses sectoriales diversos. Sin embargo, la propuesta de la COTBN sería descartada y terminaría siendo aprobada el proyecto de ley formulado a la medida de las entidades agropecuarias⁶ y empresarios mineros, incluyendo artículos que distan notablemente de los parámetros establecidos por la ley nacional (Ley 26.331/2007). A su vez estableció flexibilidades en las categorías que permiten la expansión de actividades productivas sobre áreas que podrían destinarse a la conservación y regeneración del escaso bosque nativo existente en la provincia.

De acuerdo con los criterios de la ley 9.814/2010, la provincia de Córdoba cuenta con 2.923.985 hectáreas de bosque nativo, de los cuales un 82% se encuentra en categoría roja (alto valor de conservación) y un 18% en categoría amarilla. Esta superficie de bosque representa el 17,6% de la provincia de Córdoba y la ubica dentro de las jurisdicciones nacionales que cuentan con mayor remanente de bosque nativo, con 5,5% de los bosques del país (MAyDS, 2023). En la actualidad, a los 15 años de su sanción, la situación de la Ley 9.814/2.010 nos muestra un panorama alarmante⁷ en torno a su actualización obligatoria que debería haberse realizado en el año 2017, creando un nuevo mapa que refleje la situación de los bosques nativos de la provincia y la instrumentalización de políticas públicas orientadas a su conservación.

En consecuencia, las notables tasas de deforestación sitúan a la provincia de Córdoba como una de las que mayor pérdida de cobertura arbórea ha experimentado a nivel nacional (Agost, 2015). Dentro de los factores que han contribuido con este proceso, debemos mencionar los frecuentes incendios forestales, los cuales se muestran como práctica frecuente e intencional (OTES, 2022) de acaparamiento territorial con fines diversos (aunque marcadamente inmobiliarios) que han reconfigurado notablemente la dinámica territorial de las zonas serranas de Córdoba. Como respuesta a este fenómeno, se observa en la última década, la emergencia de actores colectivos como las Brigadas Forestales Comunitarias, que se muestran como parte de la resistencia local al extractivismo (Trimano: Mattioli 2023) y como respuesta a la progresiva desarticulación de los instrumentos estatales de combate al fuego.

El notable proceso de deforestación y sus implicancias a nivel cuenca, han derivado en importantes catástrofes ambientales, como las ocurridas en el año 2015, donde la ocurrencia de eventos climáticos extremos⁸ que, en la zona de las Sierras Chicas, provocaron importantes crecidas de ríos, destruyendo viviendas, obras públicas y se cobraron la vida de numerosas personas, siendo uno de los hechos marcantes en la historia ambiental de la provincia.

Como menciona Agost (2015) parte de esta pérdida de bosque nativo se expresa como resultado del corrimiento de la frontera agropecuaria hacia zonas extrapampeanas, que además de desplazar a otras actividades productivas y productores de menor nivel de capitalización, han provocado la deforestación de zonas que contaban con importantes áreas de alto nivel de conservación, especialmente en los departamentos provinciales que integran el llamado “arco noroeste”.

Adicionalmente, la consolidación de este modelo de desarrollo agropecuario ha tenido como resultado una importante expulsión de productores agropecuarios (Tabla 1).

Tabla 1
Variación intercensal de los Establecimientos Agropecuarios (EAP) en Córdoba.

	CÓRDOBA CNA 2002	CÓRDOBA CNA 2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN (%)
EAP TOTALES	26.226	20.990	-5.236	-25%
EAP C/LIMITES	25.602	20.631	-4.971	-24%
EAP S/LIMITES	606	359	-247	-49%
HECTÁREAS TOTALES	12.244.257	11.711.184

Como podemos ver, la tabla anterior muestra, la variación EAP de la provincia de Córdoba, tanto para los establecimientos con límites definidos como aquellos sin límites definidos⁹, revelando una reducción de 5.236 EAP (25%). A su vez, es posible determinar un aumento en la superficie media (pasó de 467 hectáreas en 2002 a 558 hectáreas en 2018) como resultado del proceso de concentración productiva. Sin embargo, al analizar el conjunto de actores que se han visto más comprometidos por esta variación, es posible observar procesos diferenciales, afectando mayoritariamente a los estratos de menor escala productiva (CNA, 2018; Soto et al, 2021).

A pesar de la dinámica adquirida por el modelo de desarrollo rural predominante, Córdoba se encuentra consolidada como una de las principales provincias agropecuarias del país. Se trata de una de las principales productoras de commodities agrícolas a nivel nacional, siendo la segunda provincia productora de soja del país, después de la provincia de Buenos Aires, con una superficie estimada de 4.027.253 hectáreas, representando el 27% de la superficie sembrada a nivel nacional con ese cultivo (INASE, 2020).

En la campaña 2019/2020, la provincia de Córdoba fue responsable por el 25% de la producción nacional de soja y el 25% de las hectáreas sembradas de este cultivo a nivel nacional, generando divisas en torno a los 4.569 millones de dólares (BCC, 2020). Del total de la superficie agrícola dedicada al cultivo de oleaginosas, la soja adquiere el mayor protagonismo con 95% de las hectáreas agrícolas de la provincia que se encuentran dedicadas a este cultivo. El 5% restante se destina a la producción de maní, siendo Córdoba el principal productor y exportador a nivel nacional de este cultivo con el 90% de la superficie sembrada a nivel nacional.

Como parte de la dinámica expansiva de la agricultura capitalista, podemos identificar la ocurrencia de Grandes Transacciones de Tierra (Pereira, 2024), enmarcadas en lo que algunos autores han conceptualizado como Water Grabbing (Franco et al., 2013), a partir del desembarco de capitales extranjeros, como la empresa agroalimentaria Almarai (Arabia Saudita) y sus subsidiarias (Fondomonte South América), acaparando los recursos hídricos del acuífero Los Cerrillos en la localidad de San Vicente. Esta empresa se ha tornado propietaria de 12.306 hectáreas destinadas a la producción de alfalfa (Medicago sativa) irrigada para la exportación de forrajes conservados (rollos y megafardos).

Esto se da en un contexto de restricciones internas en el país árabe en torno al consumo hídrico, que han producido que sus empresas en búsquedas de garantizar el abastecimiento alimentario interno se hayan territorializado en países del Sur Global, contando en la provincia de Córdoba con el apoyo estatal para su desembarco, garantizando obras de infraestructura, mediante la construcción de gasoductos troncales y obras viales.

El resultado de esto se verificó en importantes transformaciones en las dinámicas territoriales preexistentes en las comunidades campesinas locales que se encuentran en las proximidades del emprendimiento árabe, las cuales han visto comprometidos sus formas de acceso al agua para uso doméstico y productivo. Como resultante de este proceso, las asambleas locales como Unidos por el Agua y el Foro Ambiental Traslasierra impulsaron importantes movilizaciones en defensa del agua para la vida en el año 2023 y 2024 que permitieron la difusión del conflicto en importantes medios de comunicación nacional.

En este marco de la conflictividad socioambiental que hemos relatado, la adhesión de la provincia de Córdoba a los ODS se ha institucionalizado e integrado a la estructura estatal mediante políticas públicas específicas como el Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias, surgido en el año 2017, adquiriendo condición de Ley (10.663) en el año 2018. Este surge como mecanismo de incentivo económico a aquellos productores que certifiquen la utilización o adopción de prácticas y técnicas de producción que se encuentran alineadas con los 17 ODS y desde la perspectiva estatal son consideradas “buenas”, como respuesta a las numerosas críticas de sectores de la sociedad hacia la gestión provincial ambiental (Ambroggi et al, 2019), resultantes de los procesos que enmarcan la conflictividad ambiental en la provincia.

También centrada en el conjunto de lineamientos de los ODS, la Ley (10.467/2017) de Promoción a la Producción Agroforestal, propone la adopción de un plan de reforestación de las unidades económicas, en una superficie que abarca del 2 al 5% de su área productiva. Este porcentaje implica aproximadamente una forestación cercana a 100.000 hectáreas, considerando que Córdoba cuenta con aproximadamente 8 millones de hectáreas con aptitud productiva.

Para cumplir con esta obligación, los propietarios deben presentar una declaración jurada y un plan de forestación que detalle la superficie a implantar, la ubicación de la plantación, las especies arbóreas seleccionadas y el programa anual de ejecución. Varias controversias son visibles a 8 años de la sanción de la Ley. Por un lado, el objetivo de las 100.000 hectáreas lejos está de ser alcanzado¹⁰, ya que a pesar de su obligatoriedad el Programa carece de mecanismos de control eficientes que garanticen su adecuado cumplimiento. Por otro lado, algunas de las especies incluidas para el proceso de reforestación han sido catalogadas como altamente invasoras que han generado importantes disturbios ecológicos en muchas zonas de la provincia de Córdoba (Boccolini, 2024).

Además de los programas citados anteriormente, otro de los marcos normativos relevantes desarrollados como política de estado en la provincia de Córdoba es la Ley 10.721/2020, la cual generó el marco institucional para la regulación de la actividad productiva y la ejecución de la Política Provincial de Biocombustibles y Bioenergías. Mediante este marco la provincia de Córdoba ha sido pionera en el desarrollo de los biocombustibles. La sanción de una ley que promociona el uso y consumo de los biocombustibles no es algo novedoso, ya que a nivel nacional su normalización rige desde el año 2006, mediante Ley 26.093 (modificada por la Ley 27.640/2021).

Sin embargo, el aspecto diferencial de la normativa cordobesa se debe a que esta propone un porcentaje de corte superior a lo establecido por la ley nacional. Con porcentaje de corte nos referimos al límite máximo de biocombustible utilizado como parte de la mezcla con combustibles fósiles y al volumen de combustible que las empresas deben entregar al mercado la legislación provincial por su parte muestra un porcentaje base del 17% para el etanol y del 20% para el biodiésel, que se ha mantenido fijo desde el año de sanción de la Ley 10.721/2020, superando holgadamente los porcentajes que rigen en la norma nacional. Esta contextualización realizada en torno a los biocombustibles es posible observar el rol que ocupa la provincia de Córdoba como “modelo” a seguir en la producción nacional.

Conformando la “Liga de Provincias Bioenergéticas”¹¹ ha sido uno de los principales estados provinciales que en reiteradas oportunidades se ha posicionado en reiteradas oportunidades a favor de la flexibilización de la legislación nacional interno.

Trascendiendo el agroextractivismo, otro de los procesos que ha suscitado importantes procesos de conflictividad territorial es la actividad minera. Diferentemente de lo observado por otros autores (Christel, 2020; Aráoz; Rossi, 2017) en torno a la minería metalífera que ha representado la avanzada neoliberal y trasnacional en otras provincias, la minería cordobesa es de tercera categoría (Código Minero Argentino, 1993). Esta ha centrado su extracción en minerales no metalífera y de rocas de aplicación, en las llamadas “canteras”, y arenas que son utilizados en la construcción civil y en las obras e infraestructuras viales que constituyen el “puente hacia el desarrollo” desde la perspectiva estatal y cordobesa.

Del punto de vista extractivo, esta actividad posee características comunes a la minería metalífera, como sus elevados consumos de agua para el acondicionamiento del material extraído. También se trata de explotaciones a cielo abierto, pero no menos contradictorias y perturbadores del ambiente (Deon, 2021). Su principal diferencia radica en que la misma no utiliza sustancias tóxicas como el cianuro o ácidos para el procesamiento de los materiales. A su vez los materiales extraídos son orientados al uso local u en otras provincias y las características de los actores que protagonizan el proceso extractivo, comandado por empresas principalmente locales que se autodenominan PyMes (Datos de Campo, 2024).

Nucleadas en la Cámara de Empresarios Mineros de la Provincia de Córdoba (CEMINCOR), las empresas se han territorializado a partir de su accionar como fracción de clase en el Estado¹² lo que les ha permitido adecuar marcos normativos como la ya mencionada Ley de OTBN (9.814/2010), la cual establece en su Artículo 37 la posibilidad de la realización de la actividad minera en áreas de bosque nativo que categorizadas como roja de acuerdo a los criterios de la propia ley, tal como ha sido expresado por uno de los entrevistados:

Desde el sector a través de CEMINCOR hicimos un pedido expreso para que en la Ley de Bosques no se excluya a la actividad minera. Esto responde a las características que tiene la actividad: vos abriste una cantera, rompes la montaña y después mitigas el impacto mediante una remediación (que no es lo mismo que una restauración) en la montaña y el bosque nativo. Esto es un esfuerzo que siempre hacemos en la recuperación de las canteras, con viveros, en los Planes de Cierre (entrevista a gerente de empresa minera. Calera, Dto. Colón, 2024)

Además de los aspectos relatados por el entrevistado, el trabajo de campo posibilitó la identificación de dispositivos desplegados por las empresas mineras que han facilitado la obtención de una “licencia social” para la realización de la actividad, enmarcadas en los mencionados pilares del desarrollo sustentable. En concreto nos referimos a la articulación que las empresas tienen con instituciones educativas, mediante el convenio con colegios técnicos donde los estudiantes pueden realizar sus prácticas formativas en las empresas mineras, o con escuelas secundarios dónde niños y jóvenes realizan prácticas de plantación y reforestación con especies nativas.

A su vez se han identificado prácticas relacionadas con la remediación y regeneración de aquellos espacios que han sido sometidos a la actividad minera, como parte del proceso de readaptación del paisaje, posterior al proceso extractivo, donde en algunos casos se han desarrollado proyectos relacionados con relacionadas con el ecoturismo o la actividad productiva, como la plantación de viñedos y la vitivinicultura. Sin embargo, importantes investigaciones han revelado como aquellas áreas sometidas al desarrollo extractivo han sido la puerta de entrada a emprendimientos turístico/inmobiliarios (Deón, 2022).

Observamos estos mecanismos como prácticas políticas ejecutadas desde el sector como parte de una narrativa, asociada a la sustentabilidad y la responsabilidad social empresarial que ha permitido apaciguar situaciones de conflictividad que se presentan en los territorios en los cuales se desarrolla esta actividad. A partir de los aspectos revelados podemos comprender a la minería de cantera como una suerte de extensión de las espacialidades de otros proyectos extractivos que dependan de este material para la consecuencia de sus dinámicas de acumulación.

Asociado a la conflictividad socioambiental producida por los proyectos mineros, la región del Valle de Traslasierra (Departamento San Javier y San Alberto) fue escenario de importantes movilizaciones sociales en el año 2022. Esto se produjo a partir del aviso de proyecto de la empresa Pampa Litio S.A, la cual adquirió una superficie cercana a las 34.000 hectáreas, solicitando licencias para estudios de exploración y factibilidad económica de la extracción de Litio en forma de espodumeno en yacimientos que se encuentran en la localidad de Las Tapias, en una zona localizada en las proximidades de la escuela de Las Tapias y a 700 metros de la costa del dique nivelador (principal fuente de agua de la localidad de Villa Dolores).

Habiendo realizado una caracterización de las actividades extractivas y los procesos expoliadores en el territorio cordobés, nuestro análisis no puede prescindir del rol ocupado grandes obras de infraestructura cómo parte constitutiva del modelo de desarrollo implementado en territorio de la provincia . Es importante comprender la realización de estas mega obras como engranaje central en los circuitos de acumulación capitalista que permiten, por un lado, el transporte de materias primas desde los espacios donde estas son producidas hasta sus centros de consumo/exportación, pero también como un instrumento que posibilita el desembarco de otras fracciones del capital local sobre aquellos territorios-naturaleza, posibles de ser mercantilizados.

En el período que comprende nuestro análisis¹³ destacamos principalmente el desarrollo de la obra de la llamada Autovía de Montaña, en el departamento Punilla, como parte integrante del Corredor Bioceánico Central, proyectado como eje de comunicación del Atlántico y el Pacifico, desde las localidades de Porto Alegre y Coquimbo (Álvarez; Acebal, 2021).

Las obras del primer tramo proyectado para la Autovía de Punilla comenzaron a desarrollarse en el año 2018, con los primeros avisos del proyecto. Dentro de los principales aspectos cuestionables de esta obra es importante identificar que en su proyecto original el trazado se encontraba sobre una faja que afectaría en 70% de su trayecto a áreas de alto valor de conservación, de acuerdo con la actual Ley de OTBN. Sin embargo, gracias al artículo 14 de esta Ley, esto no representaría un impedimento ya que este contempla la realización de “obras de interés público” en estas áreas. A su vez, el trazado original preveía el paso por Yacimientos con Uranio, con una notable posibilidad de contaminación de cuencas hídricas próximas, que abastecen a los pobladores de las localidades. Otro de los aspectos cuestionables se debe a las importantes irregularidades que presentaban los informes de impacto ambiental elaborados por la empresa que licito la obra (Collo; Uanini, 2022).

La importante movilización popular y la organización asamblearia en las localidades del Valle de Punilla fueron centrales para informar a los vecinos sobre los riesgos que implicaba una obra de estas características para la habitabilidad en el Valle, tal como lo expresa uno de los entrevistados.

En marzo de 2018, ni bien se notificó el proyecto y accedimos al informe de impacto ambiental, desde las asambleas territoriales que van desde Cuesta Blanca hasta Charbonier, empezamos a trabajar con talleres en su territorio. Después se generaban instancias de articulación regional para pensar colectivamente el accionar político. El objetivo de estos talleres fue brindar información y conocimiento para que los vecinos pudieran conocer las implicancias de la Autovía en la montaña, con un trabajo técnico muy grande y sólido donde se ven todos los impactos ambientales (Miembro de Asamblea de Punilla entrevistado. Valle Hermoso, 2024).

Como resultado de esta movilización local, la Audiencia Pública (2018) convocada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia contó con casi 1000 oradores, que se expresaron en un 90% de los casos en contra de la realización del proyecto, marcando el contundente triunfo de las asambleas vecinales y organizaciones ambientales del Valle. Sin embargo, la contraofensiva estatal vendría en el año 2021, con una nueva alternativa de proyecto, que sería efectivamente concretada, frente a la imposibilidad de movilizaciones sociales en el marco del aislamiento social de la pandemia del Covid 19. Si bien esta instancia contó con audiencias públicas, el formato virtual de las mismas fue un condicionante para el accionar político de las asambleas locales contra el proyecto estatal.

Finalmente, en el año 2021, la alineación de Córdoba con las políticas de transición energética se ha llevado a cabo mediante proyectos que han estimulado la producción de energías renovables, mediante la construcción de parques fotovoltaicos. Uno de los proyectos que ha desatado mayor conflictividad a nivel ambiental es el del Parque Solar Traslasierra, ubicado en la localidad de Cura Brochero. Su desarrollo fue posible gracias a una concesión realizada a un aglomerado de empresas dentro de las que se encuentran Power (China), Cipsa (Argentina), Siemens (Alemania) y Elmya (España) durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio provocado por la pandemia de Covid-19

Se trata del mayor parque solar proyectado para el abastecimiento energético de la región, con 86.400 paneles solares y una capacidad generadora de 30 MW. Sin embargo, su planificación y obra fue realizada en una zona completamente diferente de la indicada en el estudio de impacto ambiental, sino que fue realizada en un espacio con importante cobertura de bosque nativo de alto grado de conservación (categoría I), requiriendo la deforestación de una superficie cercana a las 80 hectáreas.

Esto desencadenó una importante movilización de vecinos de la localidad nucleados en sectoriales regionales como el Foro Ambiental Traslasierra o la asamblea local “Vecines por el Monte”. Lejos de cuestionar la importancia del proyecto en términos de sus posibles aportes a la generación de una alternativa energética en el territorio¹⁴, los actores movilizados han sostenido que el desarrollo de este proyecto no puede ser en detrimento de áreas de bosque nativo en alto estado de conservación. A su vez han denunciado la ausencia de un correcto proceso de Audiencia Pública Ambiental, como mecanismo de participación ciudadana frente a la instalación de este proyecto en el territorio.

Consideraciones finales

En este artículo buscamos presentar algunos elementos que permitan dar cuenta del panorama de la conflictividad territorial y la notable crisis ecológica en la provincia de Córdoba, contexto en el que se enmarcan la adopción de la Agenda 2030 y los ODS por parte del estado provincial. Cabe destacar que, al momento de escribir el presente artículo, la ciudad de Córdoba fue sede de la 25º Conferencia Internacional Climática, de cara a la COP 30 que tendrá lugar en Belém do Pará, siendo posible ver en su programación una notable intención de la promoción de mecanismos de financiamientos verdes como parte de su agenda ambiental.

Como pudimos ver la adhesión de Córdoba a los ODS supuso una oportunidad para su legitimación social frente a los importantes conflictos territoriales generados por el modelo de desarrollo extractivo, en sus diferentes facetas y espacialidades. Hemos visto como desde el estado se han diseñado políticas públicas específicas para ciertas fracciones específicas del capital. Esto también permitió reflejar como las narrativas del “progreso” y el desarrollo”, junto con la “responsabilidad social empresarial” y la “licencia social” han sido utilizados como caballo de troya para la consolidación del proyecto político de las fracciones de clase dominantes en el estado cordobés. Esta estrategia ha funcionado como mecanismo de autovalidación del propio Estado, utilizando los lineamientos de los ODS como instrumento de legitimación social, frente a los importantes cuestionamientos de la sociedad civil sobre la política adoptada en torno al ambiente.

A partir de esto surge como pregunta si el tipo de sustentabilidad que promete el estado cordobés realmente implica un instrumento de reconfiguración de las relaciones sociedad-naturaleza hacia un modelo societal diferente, o se trata simplemente de un discurso que encubre la reestructuración del capitalismo bajo nuevas formas de acumulación, centradas en la sustentabilidad, siendo un pilar de lo que hemos denominado de Cuestión Territorial. Esto denota la necesidad de revisar los conceptos, considerando la multiplicidad de procesos extractivos que en la actualidad están dando como resultado procesos de desterritorialización de los actores que habitan los espacios rurales y en transición. No supone excluir los aspectos clásicos, ni las renovaciones realizadas por los autores de la QA 21., sino en particular el lugar que ocupan las alternativas verdes como mecanismos de acaparamiento territorial.

Nuestra investigación también analizó algunos marcos normativos ambientales, con especial atención a la incorporación del concepto de sustentabilidad en el Código Minero de 1993 y, en especial a la Ley de OTBN y las leyes de ambiente (nacional y provincial). En esta última hemos podido advertir sobre la noción de “interés público” a partir de lo cual nos preguntamos bajo cuales criterios son definidos este tipo de intereses y mediante qué tipo de mecanismos se toma esta decisión. Los ODS no presentan parámetros netamente ambientales, sino también de instituciones sólidas y mecanismos de participación ciudadana que permitan a la población una real participación en la gestión del territorio. En el caso de las Audiencias Públicas que podrían tener este enfoque, se trata de instancias no vinculantes que simplemente terminan validando proyectos que, a pesar de las oposiciones sociales, generalmente terminan siendo aprobados, moldeando los marcos normativos para garantizar avances para el capital.

Como cierre de este artículo, nos interesa reflexionar sobre cómo el conjunto de implicancias de la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que ha sido promovido a nivel nacional por parte del gobierno de Javier Milei ha sido adaptado a las necesidades de las fracciones de clase dominantes en cada provincia. En el caso de Córdoba y la contextualización que hemos realizado, alertamos sobre la profundización de la crisis ecológica ya existente y las contradicciones que esto supone para un real Desarrollo Sostenible, que es algo que todos perseguimos, pero que algunos grupos utilizan con fines de legitimar prácticas de saqueo que poco tienen de sustentable.

• 1
  Se refiere a la investigación titulada “Da Questão Agrária à Questão Territorial: apropriação da Natureza e políticas de desenvolvimento em Córdoba, Argentina (2002-2024)” desarrollada por el autor de este artículo bajo la dirección del Prof. Dr. Adriano Rodrigues de Oliveira (PPGEO-IESA/UFG).
• 2
  Dentro de los trabajos y autores que han ocupado una importancia relevante para reflexionar sobre esta propuesta conceptual destacamos a Deon y Asis (2019); Sauer (2024), Veltmayer (2023) y Pereira (2024).
• 3
  Se refiere al proyecto “Diagnóstico y Planificación Participativa del territorio de la Comuna de Charbonier, Punilla. Bases para el Ordenamiento Territorial” aprobado y financiado por la Secretaria de Extensión Universitaria de la UNC coordinado por el Dr. Joaquin Deón y el autor de este artículo.
• 4
  Se refiere a los parámetros mínimos que guían la preservación ambiental en todo el territorio argentino. Tomando estos parámetros como referencia, las provincias pueden sancionar legislaciones propias, siempre y cuando respeten los presupuestos mínimos establecidos a nivel nacional.
• 5
  Esto se debe a que las áreas de preservación nacional, como los Parques Nacionales o las Áreas de Reserva de la Defensa, dependen de la gestión pública nacional como la Administración de Parques Nacionales o el Ministerio de Defensa.
• 6
  En especial las Sociedades Rurales de la provincia que se encuentran nucleadas en la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercer Zona (CARTEZ) y otras entidades que también integran la denominada Mesa de Enlace Agropecuaria.
• 7
  A los aspectos anteriormente relatados, es importante sumar el hecho que el estado provincial no publica datos oficiales sobre los desmontes realizados (tanto legales como ilegales) desde el año 2023.
• 8
  Se estima que en el mes de febrero de 2015 las precipitaciones que alcanzaron los 250 milímetros -en las diversas localidades que componen el corredor de las Sierras Chicasen un lapso de 15 hs, equivalente a cerca de la mitad del régimen de precipitaciones medio de la provincia.
• 9
  Se refiere a explotaciones que carecen de límites específicos. Se trata de campos de uso comunitario cuyas formas jurídicas de tenencia de la tierra no se rigen necesariamente por la propiedad privada y a menudo carecen de títulos formales de tenencia de la tierra o la misma es precaria. Esto a menudo deriva en situaciones de inseguridad jurídica frente a los procesos de expansión capitalista.
• 10
  Fuentes periodísticas estiman entre 3.000 - 10.000 hectáreas del total proyectado (La Voz, 2023).
• 11
  Integrada por las provincias que actualmente están impulsando las transformaciones normativas: Salta, Jujuy, Tucumán y Córdoba, principalmente avocadas a la producción de bioetanol. Por otro lado, Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Santa Fé, ligadas a la producción de Biodiesel.
• 12
  Los actores nucleados en esta cámara empresarial han ejercido presión en diversas instancias judiciales para declarar inconstitucional la ley provincial 9.526/2008, la cual prohíbe la realización de actividades mineras metalíferas a cielo abierto en la provincia de Córdoba.
• 13
  Es importante remarcar que no se trata de las únicas obras de infraestructuras que derivaron en procesos de conflictividad territorial en Córdoba. A esta deben sumarse la Autovía de Paravachasca (entre 2022-2023) y las obras del Acueducto Paraná-Córdoba.
• 14
  Es importante aclarar que dicho proyecto originalmente propuso proveer energéticamente a las localidades próximas, pero el mismo se encuentra ligado al sistema interconectado nacional para abastecer otras regiones del país .
• Cómo citar este artículo
  GALVÁN, Gabriel Horacio. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), extractivismo y conflictividad territorial en Córdoba, Argentina (2015-2025). Revista NERA, v. 28, n. 3, e10808, jun.-sep., 2025. https://doi.org/10.1590/1806-675520252811067.
• Declaração de disponibilidade de dados da pesquisa
  Acerca de la disponibilidad de los datos de la investigación, el autor del manuscrito titulado Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), extractivismo y conflictividad territorial en Córdoba, Argentina (2015-2025) informa que:
  El conjunto de datos que respalda los resultados de este estudio no está disponible al público.

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• El proceso de edición de este artículo estuvo a cargo de Camila Ferracini Origuela.

Disponibilidad de datos

Acerca de la disponibilidad de los datos de la investigación, el autor del manuscrito titulado Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), extractivismo y conflictividad territorial en Córdoba, Argentina (2015-2025) informa que:

El conjunto de datos que respalda los resultados de este estudio no está disponible al público.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  30 Ene 2026
• Fecha del número
  2025

Histórico

• Recibido
  02 Jul 2025
• Acepto
  15 Set 2025
• Publicado
  06 Oct 2025