Una aproximación decolonial a las Zonas de Sacrificio en Chile

A decolonial approach to the Sacrifice Zones in Chile

Uma abordagem decolonial das Zonas de Sacrifício no Chile

Resumen

Proponemos ampliar el debate sobre zonas de sacrificio en América Latina a partir del análisis de la lógica colonial que está detrás de las injusticias ambientales, tomando contribuciones desde la ecología política latinoamericana, la geografía crítica y el pensamiento decolonial. Para ello, analizamos el recorrido de este concepto en el continente y en Chile en particular. Desde una metodología mixta, cruzamos datos geográficos y socioeconómicos con información cualitativa obtenida de más de 40 entrevistas a representantes de actores públicos, privados y de la sociedad civil que participan en la política estatal orientada a la recuperación ambiental social de comunidades gravemente afectadas por la contaminación en Chile. Los resultados muestran: la impugnación al término de zonas de sacrificio desde quienes utilizándolo para fines de denuncia consideran que legitima la degradación socioambiental e invisibiliza la agencia de las comunidades. Finalmente, damos cuenta de cómo la propia política pública se configura en un dispositivo de violencia ambiental desde el estado y las empresas que desconoce las propuestas de las comunidades para pensar su recuperación e impone sus prioridades que perpetúan el destino de estos territorios al sacrificio.

Palabras claves:
Zonas de Sacrificio - Chile - Decolonial - Injusticias ambientales

Abstract

We propose to expand the debate on sacrifice zones in Latin America based on the analysis of the colonial logic behind environmental injustices, taking contributions from Latin American political ecology, critical geography and decolonial thought. To do this, we analyze the development of this concept on the continent and in Chile in particular. Using a mixed methodology, we cross-reference geographic and socioeconomic data with qualitative information obtained from more than 40 interviews with representatives of public, private and civil society actors who participate in state policy aimed at the social environmental recovery of communities seriously affected by pollution. in Chile. The results show: the challenge to the end of sacrifice zones from those who use it for complaint purposes consider that it legitimizes socio-environmental degradation and makes the agency of the communities invisible. Finally, we realize how public policy itself is configured into a device of environmental violence from the state and companies that ignores the communities’ proposals to think about their recovery and imposes its priorities that perpetuate the destiny of these territories to sacrifice.

Keywords:
Sacrifice zones - Chile - Decolonial - Environmental injustices

Resumo

Propomos alargar o debate sobre as zonas de sacrifício na América Latina, analisando a lógica colonial subjacente às injustiças ambientais, a partir de contributos da ecologia política latino-americana, da geografia crítica e do pensamento descolonial. Para tal, analisamos a trajetória deste conceito no continente e, em particular, no Chile. Utilizando uma metodologia mista, cruzamos dados geográficos e socioeconómicos com informação qualitativa obtida através de mais de 40 entrevistas com representantes de actores públicos, privados e da sociedade civil envolvidos na política estatal de recuperação socioambiental das comunidades gravemente afectadas pela poluição no Chile. Os resultados mostram: a contestação do termo “zonas de sacrifício” por aqueles que o utilizam para fins de denúncia, considerando que ele legitima a degradação socioambiental e invisibiliza a agência das comunidades. Finalmente, mostramos como a própria política pública se configura como um dispositivo de violência ambiental do Estado e das empresas que ignora as propostas das comunidades para pensar sua recuperação e impõe suas prioridades que perpetuam o destino desses territórios ao sacrifício.

Palavras-chave:
Zonas de Sacrifício - Chile - Injustiça ambiental

Introducción ¹

La categoría zonas de sacrificio toma centralidad como forma de denuncia sobre la degradación ambiental impuesta sobre determinadas comunidades empobrecidas y vulnerables en América Latina y otras partes del mundo en un marco de agudización de la crisis climática y ecológica, y la constatación de los lentos logros ambientales en la agenda global de la última década. El escenario de incumplimientos de acuerdos ambientales internacionales refleja la ausencia de voluntad política para transformar este escenario, mostrando profundas contradicciones entre la evidencia científica sobre el cambio climático y el negacionismo que conlleva la intensificación de las actividades económicas extractivas que agravan la sustentabilidad global.

Algunos hitos considerados como avances a nivel global tales como las reuniones de acuerdo entre las partes (COP) como la Declaración de Río (1992), el Protocolo de Kioto (1997) y el Acuerdo de París (2015), han mostrado ser insuficientes y lentos para revertir los efectos de la crisis y cumplir con los compromisos asociados a la baja de emisiones y la prevención de una desmedida alza de la temperatura a nivel global. Estas medidas inscritas en los objetivos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no han resultado exitosas a la hora de frenar la demanda energética (tampoco en su versión verde - energías renovables no convencionales-), generando una serie de conflictos con comunidades, organizaciones campesinas e indígenas en diversas partes del mundo y, en especial, en América Latina.

En el caso de Chile, con el retorno a la democracia en la década de los años 90, y en el marco de acuerdos internacionales se impulsa un proceso de modernización ambiental a través de la Ley de Bases del Medio Ambiente del año 94 (Ley 19.300). Sin embargo, y en un contexto internacional de descarbonización, entre la década de los 90 y el 2000 se autorizó la construcción y funcionamiento de más de 20 termoeléctricas a lo largo del país. En su mayoría termoeléctricas basadas en carbón y petróleo ubicadas en pequeñas bahías, y cuyo funcionamiento estaban asociados a proyectos extractivos mineros. Es durante estas décadas que se comienza a advertir los graves daños y afectaciones a los ecosistemas y con ellos las economías locales de la cual dependían, para luego visibilizarse en los problemas asociados a la salud de las personas aledañas a estos complejos.

El concepto zonas de sacrificio, como se analizará a continuación, se convierte en una categoría relevante para comunidades y territorios que denuncian las graves afectaciones generadas por actividades contaminantes y facilitadas por las deficientes normativas ambientales. El término si bien se propone como una categoría descriptiva de lo que sufren determinadas comunidades destinadas a cargar con la contaminación de procesos globales, a nuestro entender también plantea una potencialidad analítica privilegiada para comprender la lógica moderna-colonial que subyace en la producción de espacios/zonas sacrificables por un modelo de desarrollo, crecimiento y progreso nacional-trasnacional. En el caso de Chile, se trata de sacrificar a pequeñas bahías-puertos habitadas en su mayoría por pequeñas comunidades dedicadas a la agricultura familiar y campesina (Puchuncaví), la olivicultura (Huasco-Región de Atacama) y la pesca artesanal y semi-industrial (Quintero-Región de Valparaíso y Coronel-Región del Bío-Bío). Estas comunidades comparten en las décadas recientes ser víctimas de reiterados desastres nombrados como eventos o accidentes relacionados a intoxicaciones, derrames de hidrocarburos (petróleo, carbón, etc.) y distintas enfermedades y que invisibilizan las graves afectaciones a la vida y su reproducción generadas por actividades asociadas a la producción energética, el funcionamiento de fundiciones y refinerías de minerales, acopio de sustancias tóxicas y peligrosas demandas para estas actividades, así como también las actividades forestales de celulosas. En esta línea seguimos los trabajos de Zhouri respecto a mirar la producción social del desastre, su criticidad y cronicidad. Es decir, como una crisis anunciada cuyos antecedentes científicos y evidencias del deterioro social y ambiental, se presentan como fallas que invisibilizan las negligencias cometidas. De esta forma, se aminora la gravedad de las consecuencias al denominarlos eventos o accidentes, y se desreponsabiliza a las empresas estatales y trasnacionales involucradas en este tipo de desastres. Como sostiene Zhouri, estos conceptos construyen una temporalidad acotada a un antes/después que no hace justicia con el sufrimiento ambiental de estas comunidades y territorios afectados, obstaculizando la comprensión de las dimensiones “críticas y crónicas” del desastre (Zhouri et al., 2023:8; 2018).

En el caso de Chile, las denominadas zonas de sacrificio comparten un patrón similar respecto a concentrar el funcionamiento de termoeléctricas a carbón y petróleo que han generado daños graves a los ecosistemas, las economías locales y la salud de las comunidades que habitan estos territorios. A modo de resumen 27 de las 28 de dichas termoeléctricas se concentran en las 6 comunas denominadas zonas de sacrificio² (15 de Aes Andes ex Aes Gener, 8 de Engie y 3 de Enel), siendo los responsables de la emisión de 97% de SO2 (Dióxido de Azufre), 91% de Dióxido de Carbono y Nitrógeno, y del 88% de Material Particulado en estos territorios (Núñez y Aliste, 2020).

Campañas asociadas a las afectaciones de los ecosistemas marinos y terrestres bajo la consigna de “No más zonas de sacrificio” o “Chao Carbón” a principios de la segunda década del siglo XXI el año 2011-2012; así como las posteriores manifestaciones surgidas con los derrames de hidrocarburos (tres grandes derrames generados en la Bahía de Quintero entre 2014-2016), y los continuos varamientos de carbón en la Playa de Ventanas, entre otros; fueron configurando un escenario propicio para protestas y la incorporación del término zona de sacrificio en las organizaciones ambientales.

En particular desde finales del 2011, cuando se conocieron en medio de prensa las intoxicaciones de estudiantes y profesores de la Escuela La Greda en la Bahía de Quintero, así como el daño a la pesca artesanal y en particular las mujeres dedicadas a la recolección de algas en Coronel (zona sur-región del Bío Bío), emergerá una serie de estudios toxicológicos y médicos provenientes de diversos campos disciplinares que en los últimos años han sacado a la luz los riesgos exponenciales sobre estas poblaciones y comunidades, principalmente niños y mujeres, vinculando el sacrificio cada vez más a aspectos relacionados a la salud y la calidad de vida de las comunidades.

Cabe señalar que a pesar de la matriz energética común basada en fósiles - carbón y petróleo- asociada al término zonas de sacrificio, en la última década el término en Chile se ha extendido para referirse también a otras crisis ambientales y ecológicas como es la crisis hídrica generada por la agroindustria en comunas que han quedado sin agua como el caso de Petorca; los graves impactos contaminación del fondo marino por antibióticos de la industria salmonera en el sur, entre otros casos de comunidades afectadas por actividades extractivas. Son comunidades que comparten no sólo la denuncia al daño ecológico a los ecosistemas y el daño a la salud que generan estos proyectos, sino apuntan a las desigualdades de poder en la toma de decisión entre comunidades, Estado y empresas para trabajar una gobernanza participativa que reconozca mecanismos de participación incidentes sobre el territorio.

Por otro lado, el trabajo de Bolados y Jerez (2019) y Bolados y Sánchez (2017) plantea la idea de zonas de sacrificio en resistencia, recogiendo un proceso de acción colectiva desde el que comunidades incorporan el término y a la vez contestan la categoría. Un trabajo que avanza en plantear una perspectiva de género en la denominación zonas de sacrificio, mostrando la relación entre violencia ambiental y violencia de género, como dos caras de la misma moneda de un territorio marcado por la división social y sexual del trabajo. Las autoras relevan el papel protagónico, tanto las mujeres y viudas de los “hombres verdes” afectados por la contaminación durante las primeras décadas de la contaminación (ex trabajadores de la fundición y refinería ENAMI), así como de las mujeres adultas y jóvenes que lidian con las enfermedades de sus hijos (durante las intoxicaciones de La Greda el 2011 y de Quintero el 2018), recuperando el término e iniciando una resistencia al mismo (Bolados y Jerez, 2019:149).

Ante estos múltiples desastres en estas pequeñas bahías, el estado chileno implementó el año 2014 un Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) en tres denominadas por la política estatal como comunidades con alta complejidad ambiental³. Si bien la normativa ambiental chilena solo reconoce las denominaciones de zona saturada y zona latente para implementar sus planes de descontaminación, el concepto de zonas de sacrificio es recogido por fundaciones y comunidades como una forma de denunciar la gravedad de los daños en sus territorios, pero también para mostrar la complejidad de estos y que no sólo involucran contaminación del aire, principal eje de las acciones de la institucionalidad ambiental chilena. El proceso de construcción de estos programas así como su implementación, fueron objeto de nuestro estudio en tres de las denominadas zonas de sacrificio en Chile. La bahía de Huasco en la región de Atacama en el norte de Chile. La bahía de Quintero, compartida por las comunas de Puchuncaví y Quintero en la zona central y la bahía de Coronel en la Región del Bío Bío, sur de Chile. A partir de una metodología mixta basada en fuentes primarias y secundarias levantadas durante el período 2019-2022, cruzamos datos socio demográficos, geográficos y económicos de cada una de estas comunas con información cualitativa obtenida de más de 40 entrevistas a los miembros de los tres consejos de recuperación ambiental y social.

Los resultados nos permitieron mostrar algunos aspectos centrales asociados a la lógica colonial asociada a las denominadas zonas de sacrificio: En primer lugar, la impugnación al término de zonas de sacrificio desde quienes utilizándolo para fines de denuncia consideraban que legitimaba la degradación ambiental y social, invisibilizando la agencia de las comunidades y fortaleciendo sus territorios como destino para cargar con la contaminación. La lógica colonial detrás de las injusticias ambientales relevaron que el sacrificio experimentado por estas comunidades les condenaba a un crecimiento de la pobreza basada en la pérdida de sus economías tradicionales y una dependencia progresiva a las actividades económicas informales o subordinadas asociadas a las industrias (trabajos menores, actividades comerciales secundarias, etc.). En particular, la falta de medidas económicas y recursos asociados a hacerse cargo del daño desde lo económico, y la falta de iniciativas para fortalecer las economías locales mostraron una decisión de parte del estado de perpetuar el sacrificio de estas comunidades a una vida tóxica, rodeada de incertidumbres y expuesta a permanentes riesgos.

Un destino, no obstante, resistido por acciones comunitarias de resistencias y estrategias orientadas a la protección del patrimonio cultural y ambiental de sus territorios. En el caso de la Bahía de Huasco, las comunidades comenzaron a resignificar el lugar de la Isla Guacolda donde se instalaron las 5 termoeléctricas y cuyo lugar anteriormente era lugar de peregrinaje. En un contexto de luchas de más de tres décadas, las comunidades buscaron recuperar esta tradición a través del peregrinaje en barcos debido a la imposibilidad de acceder por tierra. En la Bahía de Quintero compartida por las comunas de Puchuncaví y Quintero, estas buscaron la protección de un geositio relevante como es Quirilluca y donde se pretende instalar un proyecto inmobiliario que duplicaría la población actual de ambas comunas. En la bahía de Coronel y frente a los estragos de las actividades de las termoeléctricas, forestales y pesca industrial; las comunidades y organizaciones se orientan a proteger la deforestación de bosques nativos y a la protección de los humedales.

En segundo lugar, la propia política pública como un dispositivo de violencia estatal ejercida a través de un programa marginal al interior del ministerio de medio ambiente (subsumido en un programa menor orientado a la participación social), sin presupuesto y sin indicadores medibles de las soluciones y medidas que hicieron inviable su ejecución y evaluación a lo largo de su implementación. En este aspecto, tanto la metodología utilizada para levantar estas soluciones y medidas, así como el modelo de participación adoptado por los servicios estatales de medio ambiente dieron cuenta de cómo el espacio era utilizado para imponer la agenda y objetivos del ministerio de medio ambiente, evitando el involucramiento del trabajo interministerial requerido para una recuperación ambiental y social integral.

De este modo, el artículo se estructurará de la siguiente manera. En primer lugar, se describen los distintos usos que ha tenido la categoría zonas de sacrificio en la literatura del Movimiento de Justicia Ambiental estadounidense, así como su difusión en Brasil, Argentina y Chile, con especial énfasis al desarrollo del concepto en este último caso. Posteriormente, desde una perspectiva que retoma estos antecedentes, se dialoga con aportes de la ecología política, la historia ambiental, la geografía crítica y el pensamiento decolonial para proponer un concepto analítico de las zonas de sacrificio ambiental desde las acciones colectivas de recuperación de las comunidades. Finalmente, una última parte recoge los principales resultados asociados a mostrar cómo opera la lógica colonial a través de la política de recuperación ambiental y social, que se configura en el principal mecanismo para perpetuar las desigualdades y las injusticias ambientales. En particular mostrando la lógica colonial del sacrificio que destina a estas comunidades a mantenerse entre las más pobres del país y con mayor evidencia de enfermedades crónicas asociadas a la contaminación. Ante este escenario, las comunidades inician un proceso de impugnación del término de zonas de sacrificio que va desde referirse zonas de sacrifico en resistencia y proponer estrategias colectivas para transitar a zonas en recuperación socioambiental.

El concepto zonas de sacrificio en la literatura de la justicia ambiental

Heredero de los Movimientos de Justicia Ambiental en Estados Unidos y en Brasil en la década de los años 80 y los 90 respectivamente (Bullard y Chavis, 1999; Martínez-Alier, 2004), la literatura actual reconoce aspectos comunes en el concepto zonas de sacrificio que lo describen como espacios o lugares donde se concentran daños ambientales producto de contaminación nuclear, petroquímica y/o minera-energética cuyas consecuencias generan graves degradaciones al ecosistema (suelos, agua, calidad del aire, biodiversidad terrestre y marina), así como graves deterioros en la salud y la calidad de vida de los habitantes que viven aledaños a estos polos, parques o complejos. En general, se trata de poblaciones pobres y vulnerables mostrando un importante componente de discriminación racial, étnica y/o de clase, dependiendo las regiones.

En el caso de Estados Unidos, estas zonas tienden a ubicarse principalmente en poblaciones afrolatinas, mientras que, en América Latina en comunidades rurales, campesinas y/o indígenas. Se constituyen en lugares donde se concentran riesgos ambientales producto de proyectos e inversiones que tienden a generar conflictos luego de reiterados desastres ambientales, en gran parte debido a la falta de regulaciones y de fiscalización. En general, se trata de espacios geográficos de alto interés para capitales globales y de interés geopolítico nacional que demanda el emplazamiento de fuerzas militares o policiales que garanticen el control a estos espacios, así como su acceso o control por agentes de seguridad.

La literatura se refiere a estos territorios como aquellos destinados a actividades tóxicas y peligrosas donde las experiencias de vida de las comunidades están permanentemente en riesgo producto de derrames, intoxicaciones, explosiones, radioactividad u otras expresiones de riesgos ambientales que facilitan la generación de desastres de contaminación severos con efectos nocivos al corto, mediano y/o largo plazo (Scott y Smith, 2017; Bolados y Jerez, 2019; Bolados et al., 2021; Juskus, 2023; Svampa y Viale, 2014; Lerner, 2010).

Steve Lerner, a partir del estudio del Movimiento de Justicia Ambiental norteamericano acuña el término para referirse al contexto de postguerra y los primeros efectos de contaminación por radioactividad durante las pruebas nucleares y sus desastres con el uso del uranio en algunas zonas de Estados Unidos. La denominación zonas de sacrificio nacional tendrá un componente geopolítico armamentístico importante durante la segunda parte del siglo pasado. Los impactos de los desastres generados por estas contaminaciones químicas provocaron una serie de respuestas de la ciudadanía en Estados Unidos y dan base al Movimiento de Justicia Ambiental a fines de la década de los años 1980, en los que se constata que los lugares donde estos hechos ocurren son habitualmente zonas habitadas por comunidades afroamericanas y empobrecidas. (Lerner, 2010).

La segunda acepción emerge desde contextos latinoamericanos, inicialmente en Brasil y más recientemente en Argentina. Esta acepción es acuñada por Henri Acselrad (2004) define estas zonas como “lugares donde se concentran prácticas ambientalmente agresivas que tienden a afectar en general a la población de mayor vulnerabilidad social” (Acselrad, 2004:4). Esta definición pone de relieve dos aspectos: las decisiones de transformar estos territorios en sede de nuevos proyectos de inversión, y las prácticas de corrupción asociadas a la obtención de autorización o licenciamiento para que estas actividades se instalen.

Las zonas de sacrificio entonces, como categoría denunciativa, nos ubican frente a la crítica al modelo de desarrollo o frente a lo que los autores argentinos Svampa y Viale (2014) ⁴ denominan modelos de mal desarrollo(Svampa y Viale, 2014:81). Las decisiones que se tomaron a propósito del desarrollo y el progreso son percibidos y denunciados por comunidades y territorios como la contracara de un modelo de destrucción de sus hábitats; puesto que los indicadores de progreso y crecimiento económico como empleos, mejoras sociales en salud, educación, conectividad y otras propuestas de desarrollo y capacitación desplegadas en estos territorios no son percibidos.

El concepto zonas de sacrificio será incorporado en las luchas anti extractivistas para realizar denuncias asociadas a la insustentabilidad del modelo económico centrado en la sobreexplotación intensiva de los bienes naturales comunes, así como la destrucción de los ecosistemas, mostrando las formas extremas de violencia que toman las desigualdades ambientales, no solo entre la división internacional del norte y sur global, sino al interior de los países donde se reproducen estas divisiones. Las zonas de sacrificio serían así los espacios donde se radicalizan las injusticias ambientales. Se trata no sólo de un tipo de espacialización y control territorial (bajo la idea de zona) sino un mecanismo de negación de la posibilidad de reproducción de la vida y la comunidad que habita estos territorios, invisibilizando sus formas de concebir la existencia, la cultura y la economía (Svampa y Viale, 2014: 82-84).

El concepto de “zonas de sacrificio” en Chile

El concepto zonas de sacrificio adquiere protagonismo en Chile durante la segunda década del siglo XXI a partir de su incorporación en las denuncias realizadas por fundaciones y organismos no gubernamentales (Ongs) asociadas a la protección ambiental a través de diferentes informes y campañas mediáticas (entre las principales que podemos nombrar están las fundaciones Chile Sustentable, Terram, Oceana, etc). Los elementos del concepto son incorporados desde la literatura proveniente del Movimiento de Justicia Ambiental de Estados Unidos, reproduciendo en su origen un fuerte componente de contaminación química asociada al daño ambiental de espacios costeros de nuestro país, en particular, contaminación por actividades termoeléctricas basadas en carbón y petróleo.

Como observamos, el desarrollo y difusión del concepto ha estado más cercano a una categoría de carácter reactivo (Folchi, 2020) que ha servido para denunciar e intentar revertir la vulneración extrema de derechos, más que a una categoría técnica, jurídica y/o analítica que permitiese obtener parámetros empíricos para la calificación del tipo, grado y distribución desigual del riesgo ambiental de un territorio en particular. No obstante, como señala Juskus (2023), en el último tiempo el concepto se ha transformado en un “objeto límite”, el cual se ha movido desde el mundo activista para formar parte del lenguaje de académicos, políticos y administradores. A partir de estos trabajos se han observado distintos esfuerzos para dotar a esta categoría de una función explicativa y analítica en torno a las extremas desigualdades socioecológicas que precisan ser analizadas de forma multidimensional e interdisciplinar en el contexto de la actual crisis ecológica.

A efecto de contribuir a profundizar en la dimensión conceptual y analítica del término zonas de sacrificio, proponemos una definición preliminar que incorpora una dimensión descriptiva y analítica asociada al potencial de denuncia y visibilización de los graves daños a la salud y una severa degradación ambiental de ecosistemas en comunas costeras del país. En este sentido, esta dimensión del concepto refuerza la crítica a las extremas desigualdades experimentadas en comunas destinadas a concentrar las cargas ambientales de actividades tóxicas y peligrosas que los ponen en permanentes riesgos y los destina a un empobrecimiento progresivo debido a la pérdida de acceso a los bienes naturales que han sustentado sus economías tradicionales (agricultura, olivocultura, pesca). Con un patrón energético común basado en termoeléctricas sustentadas en fósiles contaminantes como carbón y petróleo, -instaladas en la década de los años 90 en Chile-; se trata de territorios con un pasado extractivo en el período desarrollista minero en Chile (años 60), cuyas bahías-puerto se reconfiguran en cuencas de soporte del extractivismo (años 90 en adelante). En particular, el desarrollo portuario de estas comunas les impone un rol geopolítico y económico estratégico para el país, en tanto se configuran en lugares de entrada de sustancias tóxicas y peligrosas requeridas para las actividades minero, energética y forestales.

Desde un punto de vista analítico, la instalación de los complejos o polos minero-energéticos contaminantes en estas bahías-puerto, así como los mecanismos que legitiman su expansión comparten la lógica moderna de un discurso sacrificial sustentado en el desarrollo, el progreso y el crecimiento económico (Reinert, 2018; Bravo, 2021). Aunque en casi todos los casos, la actividad se encuentra asociada a la refinería de cobre (Puchuncaví y Quintero) y hierro (Huasco), gran parte de estos polos están conformados por empresas portuarias, químicas, de gas, pesqueras y/o energéticas cuya actividad considera poco valor agregado a sus procesos. En su mayoría se trata de lugares de acopio de sustancias tóxicas y peligrosas, mientras en Coronel, buena parte de estas actividades son compartidas por actividad comercial en el mismo espacio.

Dichas empresas han ocupado desde su instalación a mediados del siglo XX un lugar importante en el imaginario desarrollista de estas bahías-puerto con discursos sacrificiales que prometen empleo y prosperidad para sus pobladores a cambio de la instalación de actividades contaminantes y peligrosas en sus territorios (Espinoza, 2015) ⁵.

En esta definición reconocemos las relevantes contribuciones de los campos de la ecología política, la historia ambiental latinoamericana, así como a los aportes de la geografía crítica y la justicia ambiental, para el análisis de las zonas de sacrificio en el continente latinoamericano (Bolados et al., 2021), donde toma especial relevancia el carácter situado de procesos interrelacionados de producción del espacio y de experiencias de sufrimiento ambiental. Sin embargo, el potencial analítico del término que proponemos aquí se nutre de los aportes decoloniales y cómo éstos contribuyen a mirar las dimensiones estructurales de las desigualdades que operan en la configuración de espacios cuyos mecanismos impiden que la vida se reproduzca. Ya sea a través de políticas que reproducen la violencia ambiental y agravan el daño a través de la normativa ambiental vigente, es posible comprender las nuevas jerarquías en que el racismo selecciona vidas vivibles y vidas sacrificables. Asimismo, son espacios donde la política pública opera en su mínima expresión y bajo modelos de participación simulados que niegan derechos de participación de las comunidades en la formulación de estrategias de recuperación ambiental y social.

Una mirada decolonial del término zonas de sacrificio

Reconociendo los aportes fundamentales desarrollados por los enfoques de la justicia y el racismo ambiental para analizar el concepto de zonas de sacrificio (Bullard y Chavis, 1999; Martínez-Alier, 2004; Acselrad, 2004; Svampa y Viale, 2014), en este artículo proponemos profundizar en una lectura decolonial del término como forma de darle nuevas luces teóricas y conceptuales. En particular, nos interesa mostrar a través de tres casos específicos en Chile, los modos en que se perpetúan las lógicas de dominación histórica bajo la idea de que sin sacrificio no hay desarrollo. Concretamente, nos enfocamos en el programa estatal de Recuperación Ambiental y Social que el Estado implementó desde el 2014 en tres comunidades dañadas históricamente por actividades minero-energéticas en el norte, centro y sur del país.

En diálogo con los aportes de la Ecología Política Latinoamericana (Alimonda, 2011, 2017; Martin y Larsimont, 2016), la Geografía Crítica (Raffestin, 2011; Haesbaert, 2013) y del grupo Modernidad/Colonialidad que propone mirar la colonialidad como la configuración de las relaciones subalternas en América Latina desde el hecho colonial (Dussel, 1992; Grosfoguel y Castro-Gomez, 2007), nos interrogamos sobre las formas en que la política estatal posibilita no sólo la invisibilización de las desigualdades socioambientales, sino la subalternidad epistémica y ontológica de estas comunidades costeras gravemente dañadas.

La crítica decolonial contribuye a nuestro parecer a develar las formas de violencia racializada y los mecanismos a través de los cuales se instala un sistema de segregación jerárquico del espacio, y, por ende, de los habitantes de estas comunidades, quienes se ven afectados en sus condiciones para la reproducción de vida, imponiendo una visión geopolítica limitada a la figura de zona (Maino et al., 2019). De esta forma se niega e invisibiliza el territorio y se lo restringe exclusivamente a un espacio económico-productivo global (Haesbaert, 2019).

La racialización ocurre como señala Espinoza (2021) a través del no ver, ni asumir los cuerpos que habitan estas comunas, reforzando la idea de parques, complejos o polos que niegan que allí habitan comunidades que se han desarrollado en torno a actividades como la pesca artesanal, la agricultura familiar campesina y el turismo, las cuales se han visto perjudicadas producto de la contaminación de sus ecosistemas y con ello de los recursos que estos proveen. Esto explica que estas zonas no se instalen en cualquier lugar, y si bien busca concentrarse en bahías con muelles, lo que subyace es la negación de esos territorios como espacios del ser, de la vida, de la construcción de hábitat, y de una comunidad con derechos. Se plantea una nueva forma de jerarquizar y marcar cuerpos racializados como superiores y otros como inferiores. Los primeros se asimilan a lo que Fanon (2009) llama la “zona del ser”, aquellos posibilitados de beneficiarse y no afectarse ambiental y socialmente, mientras que aquellos sujetos que viven en el lado inferior de esta línea viven en la “zona del no-ser” proponiéndole como espacios para acumular daños, deterioros y pérdidas producto de la contaminación (Grosfoguel, 2012).

Ninguna de estas zonas es igualmente homogénea, sino que ambas zonas son espacios heterogéneos. Del mismo modo, tampoco poseen necesariamente un lugar específico, sino que existe una posicionalidad de relaciones raciales de poder que ocurre a escala global entre centros y periferias, pero que también ocurre a escala nacional y local contra diversos grupos racialmente inferiorizados, los cuales se encuentran atravesados transversalmente por relaciones de opresión de clase, género, etnia, etc. Es tan profunda la división que la zona del no-ser desaparece como realidad, se convierte en no existente, y de hecho es producido como no-existente, lo cual significa no existir en ninguna forma relevante o comprensible de ser.

En síntesis, las zonas de sacrificio, localizadas en la zona del no-ser, son consideradas como la negación necesaria para la condición de humanidad de cuerpos y territorios privilegiados de la zona del ser. Por lo tanto, los conflictos en estos territorios son administrados y gestionados bajo lógicas distintas, donde la violencia (ecológica, estructural, cultural y epistémica) (Nixon, 2011; Navas et al., 2018) se presenta como regla y solamente en momentos excepcionales se presentan métodos de regulación y emancipación propios de la zona del ser, es decir, métodos no violentos en que se reconocen códigos de derechos humanos/civiles/laborales, relaciones de civilidad, espacios de negociaciones y acciones políticas que reconocen al “Otro” oprimido en su conflicto con el “Yo” imperial (Grosfoguel, 2011, 2012).

Lo anterior se condice con el hecho de que al ubicarse en la zona del no-ser, los saberes y la aplicación del derecho no posee la misma consideración que en otros territorios, siendo negados e invisibilizados por el saber hegemónico (sin formar parte de la construcción y planificación de sus territorios) y el derecho moderno (con fallos judiciales incumplidos y continuas violaciones a derechos humanos fundamentales de la población). Por consiguiente, las zonas de sacrificio, al estar epistémica y ontológicamente en la zona del no-ser, son violentadas tanto en el campo de la justicia ambiental, así como en su reconocimiento en tanto persona hombre/mujer/niño/niña digna/digno de reconocimiento epistémico, jurídico y ontológico, lo cual fundamenta (y reproduce) las distintas violencias que sufren estos territorios diariamente (Espinoza, 2021).

Una aproximación metodológica para el estudio de las zonas de sacrificio en Chile

Los resultados que se presentan en este artículo forman parte de un proyecto cuyo objetivo fue analizar las desigualdades socio ambientales de las zonas de sacrificio en las bahías-puerto de Quintero, Coronel y Huasco en Chile, a fin de establecer en base a un análisis multicriterio, estrategias e indicadores para su reconversión territorial en zonas de recuperación. Se trabajó con una metodología mixta que integró información cuantitativa, cualitativa, geográfica e histórica con el fin de reconstruir las dimensiones de las desigualdades socioeconómicas, ecológicas, epistémicas y ontológicas para un análisis comparado entre las tres zonas de sacrificio ambiental integradas en el Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS): Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel.

Se realizaron un total de 35 entrevistas semiestructuradas a consejeros de la sociedad civil, empresas y representantes del Estado participantes en los PRAS de cada territorio. En total se entrevistaron de forma presencial a 10 consejeros del PRAS de Huasco, 8 consejeros del PRAS de Quintero-Puchuncaví y 17 consejeros del PRAS de Coronel. Además de 2 entrevistas a representantes del programa a nivel nacional. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas textualmente.

Por último, se realizó un Análisis Multicriterio basado en el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) junto a consejeros de los PRAS de Quintero-Puchuncaví y Huasco. El mismo ejercicio se realizó junto a organizaciones socioambientales de Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel (SOS Huasco, CRAS Q-P en Resistencia y Mesa Técnica de Coronel).

Para el AHP se realizó una comparación de pares de forma separada entre las medidas y objetivos integrados en la versión final de cada PRAS, lo cual permite que la priorización resulte de la sumatoria de comparaciones individuales. Esta comparación se realiza mediante la matriz de comparación de Saaty (1997) y que permite, en una escala de 1 a 9 (siendo 1 igualmente preferida y 9 extremadamente preferida) establecer la jerarquía entre las alternativas que, luego de normalizarse, establecen una ponderación de cada dimensión respecto de las demás expresadas porcentualmente.

Producto de la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 para el AHP se diseñó una encuesta remota autoadministrada el año 2020, contando con la capacitación y acompañamiento de integrantes del equipo investigador. Para su ejecución se distribuyó a los consejeros del PRAS en distintos grupos, promoviendo la heterogeneidad interna y representación para cada caso. En el caso de las organizaciones comunitarias la encuesta se realizó al total de sus integrantes, existiendo un acompañamiento del equipo investigador con los referentes de cada organización.

Dimensiones del análisis. El empobrecimiento social y de la salud invisibilizadas en las zonas de sacrificio

Respecto a la dimensión económica y ecológica que generó la contaminación en estas bahías, los datos de la encuesta socioeconómica CASEN del 2015 y 2017 nos entregan algunos elementos interesantes respecto a los indicadores de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional que se contraponen a la idea de desarrollo que traerán las empresas a estas bahías. La pobreza multidimensional que mide dimensiones sociales tales como vivienda y agua sanitizada, seguridad social, educación, entorno y redes, nos plantean que estas comunas se encuentran consideradas como las más pobres al interior de sus respectivas regiones. El caso de Puchuncaví y Quintero resulta ejemplificador, en tanto ella es, de todas las bahías, la que concentra más empresas cuyos capitales nacionales y extranjeros representan un importante porcentaje en el PIB regional y nacional. En contraste a estos datos, la comuna de Puchuncaví alcanza un 27,9% y Quintero de un 26,9% de pobreza multidimensional en su población. Es decir, 1 de cada 3 habitantes es pobre según este último indicador. (ver tabla 1)

Tabla 1:
Porcentajes de Pobreza por Ingreso y Pobreza Multidimensional regional y comunal según INE 2015 y 2017

Región	Pobreza Ingreso 2015/2017	Pobreza Multidimensional 2015/2017	Comuna	Pobreza Ingreso 2015/2017	Pobreza Multidimensional 2015/2017
III	6,9/7,9	26,3/23,2	Huasco	13/9,7	22,9/17,3
V	10,1/7,1	14/19	Puchuncaví Quintero	15/8,4 15,8/5,3	23,4/27,9 26,7/26,9
VIII	16,2/12,3	16,4/17,4	Coronel	14,5/11,4	15,8/14,5

• Fuente: Elaboración propia

En términos cuantitativos, en particular para los períodos de los últimos censos donde ya se estaba implementando el PRAS, los datos muestran que el programa no tuvo mayor impacto sobre la realidad económica de las comunas afectadas. Por el contrario, la pobreza multidimensional (vinculadas a derechos como la salud, la educación, redes, etc). creció, especialmente en la Bahía de Quintero compartida por las comunas de Puchuncaví y Quintero. Uno de los casos más conocidos y de mayor connotación social fueron las intoxicaciones de estudiantes en agosto del 2018, el cual dio lugar a una sentencia inédita de la Corte Suprema.

Desde una perspectiva cualitativa, los consejeros entrevistados constatan transformaciones radicales en las últimas décadas a partir de la instalación y crecimiento desmedido de los polos minero-energéticos en sus territorios. Transformaciones relacionadas con la destrucción del paisaje y sus recursos, de los cuales dependían las economías locales hasta entrados los años 90. Una imagen que surge para representar este cambio es la que recuerda haber sido una zona costera turística tan destacada como la de “Acapulco” en México, la cual debido al daño y la degradación de décadas los convirtió en el “Chernóbil chileno”, refiriéndose al desastre nuclear generado en los años 80 en las cercanías de Ucrania.

“yo viví la parte cuando Puchuncaví aún tenía agricultura, ganadería y vivía, generaba recursos en torno a una agricultura campesina familiar, y mi conexión siempre con el campo fue porque mi papá o mi mamá eran de salir al campo, al cerro, montaña, observar los árboles, les gustaba salir a pillar conejos …estar dentro del bosque nativo, de la naturaleza, de que te puede proporcionar, de que te cubre, te da abrigo, te da comida, te proporciona agua…Tengo algo en mi cuerpo que yo no pedí tenerlo, entonces ahora resulta que la vida me da tres niños y quiero que se queden aquí, si nosotros somos de aquí, ellos llegaron a destruirnos a nosotros” (E8, consejero de la sociedad civil, Quintero-Puchuncaví).

No obstante, si bien los entrevistados advierten la gravedad de estos daños de parte de las empresas instaladas en sus territorios, en sus imaginarios no está la idea de demandar el cierre de las empresas como tampoco una relocalización de la población circundante. Exceptuando el hecho de estar de acuerdo en la urgencia de sacar las empresas mineras y termoeléctricas a carbón, los consejeros de la sociedad civil del CRAS apelan a buscar mecanismos para compatibilizar las actividades contaminantes y peligrosas con las economías locales a través de mayor inversión en tecnologías limpias que permitan “mejorar o modernizar sus procesos”. En este sentido, se vuelve a observar en el discurso de los consejeros de la sociedad civil cierta lógica sacrificial, la cual justifica un sacrificio por parte de sus comunidades en pos del desarrollo minero-energético del país.

“Es imposible [el cierre de empresas], porque cierras unas empresas como una termoeléctrica ¿cómo le das luz al país? El cobre, cerremos la fundición, pero es el sueldo de Chile. Entonces, no va por ahí yo creo que va por el tema de que las empresas tienen que intervenir sus fuentes de contaminación, encapsularlas” (E3 consejero de la sociedad civil Quintero-Puchuncaví).

Si bien la pérdida de las economías locales era conocida desde los años 80 y 90, ya sea por la afectación de la agricultura por la acidificación de la tierra por SO2 y Arsénico en Puchuncaví y Quintero; la contaminación del océano en las bahías por los riles lanzados al mar en Huasco y Quintero; o, la contaminación de la pesca industrial con los malos olores y las celulosas en Coronel, este proceso se profundizará a partir de la multiplicidad de nuevos desastres en las bahías, afectando de forma irremediable al turismo (que era una de las principales fuentes económicas que esperan seguir sosteniendo la economía local).

“la gente no quiere venir, o si viene…viene con mucho miedo” (E7, consejero de la sociedad civil, Quintero-Puchuncaví).

La pesca artesanal mostrará bajas sustanciales y la obligación de salir cada vez más lejos a obtener estos recursos marinos, los cuales a su vez estuvieron presionados por la demanda de la industria pesquera de arrastre que solicitó acceder a una mayor cuota de la jibia. Este era el único recurso logrado de mantener en exclusividad por los pescadores artesanales producto de la acción de protesta de un colectivo importante de la Bahía de Quintero (Sindicato de Pescadores S24, el cual nació a raíz de los continuos derrames y del progresivo deterioro ambiental generado del océano), mientras de forma paralela empresas como ENAP contratan a otros pescadores para realizar actividades de limpieza de sustancias tóxicas arrojadas al mar, promoviendo relaciones de dependencia (y división) asociadas a esta actividad de emergencia.

Algo similar ocurrió en la Bahía de Huasco, la cual producto de la minería de hierro y las 5 termoeléctricas instaladas en su territorio, generaron una contaminación del fondo marino por los relaves tirados al mar que diezmó considerablemente la actividad pesquera. Aún más crítico fue la situación de la olivicultura, principal actividad económica en Huasco durante el siglo XX, la cual había generado una movilidad social ascendente reconocida y valorada por las familias que se dedicaban al cultivo y comercialización de aceitunas y aceites.

En el caso de Coronel, sus comunidades fueron testigos de la pérdida del acceso a lo que fueron recursos sociales y recreativos importantes como las playas ahora ocupadas por un paisaje y una infraestructura con dos polos de gran magnitud que les impide tener acceso a la costa.

“Coronel no está resfriado, …Coronel no tiene pulmonía, Coronel tiene cáncer, ese es el diagnóstico que tenemos hoy en día, y la situación es realmente catastrófica…el principal responsable es el Estado. El año 94 se hizo el cierre definitivo de las minas a carbón. Y acá había que generar trabajo…pero se hizo sin ninguna planificación. Estamos cercados, no tenemos acceso al mar, ha sido un estado ausente en la fiscalización” (E6, consejero de la sociedad civil, Coronel).

Como refiere la literatura de la justicia ambiental y la ecología política, la población tiende a visibilizar la problemática ambiental una vez que ésta se hace evidente en la salud de la población. El sufrimiento ambiental que genera la incertidumbre sobre si estoy o no contaminado, de qué y cómo puedo evitarlo, son parte de las dificultades para desnaturalizar la situación y generar acciones colectivas de rechazo a esta situación (Auyero y Swistun, 2008). En las bahías-puerto analizadas se pudo advertir el daño en el aire y los ecosistemas luego de décadas de exposición; las comunidades empezaron recién a percatarse con los daños y afectaciones a la salud de la población producto de la proliferación de enfermedades y episodios de intoxicaciones producto de la emanación de sustancias contaminantes hacia la población:

“nosotros íbamos a la famosa Playa Papagayo. Era exquisita, había días que se asomaba una espuma y uno como era chico jugaba con la espuma, y resulta que después tú salías llena de pintitas con petróleo. Uno no le daba importancia, era una espuma y como niño uno jugaba, entonces ya de ahí, ahora con los años con todo esto que pasó [conflictividad ambiental en el territorio] hace unos años, uno sabe lo que está pasando, pero no sabe qué hacer porque por ejemplo, sin ir más lejos ahora mis nietas de repente llegaban del colegio con repentino dolor de cabeza, que le duele la guatita…la garganta le molestaba tú te dabas cuenta ese sabor dulzón que se sentía en las mañanas…hay muchas cosas que no se hablan…porque vivido de alguna forma tú te incorporas y para ti pasa a ser algo más…como que de repente te duele muy seguida la cabeza y es un dolor sin explicación, el estómago, las náuseas. Entonces tú sales y aspiras, si te ingresa al cuerpo, se habitúa en uno, yo tengo ahora una nieta que le hicieron un examen y ahora está con problemas, tiene arsénico y mientras los exámenes no sean hechos por [el Ministerio de] Salud no son válidos” (E6, consejero de la sociedad civil, Quintero-Puchuncaví).

Las primeras acciones y advertencias por el daño de la contaminación en la salud de la población serán de mujeres en la década del 90. De la lucha pionera de una profesora en Huasco surgiría la primera norma primaria de calidad del aire en Chile el año 92. En ese mismo período, acciones de denuncia en la Bahía de Quintero exigen la puesta en marcha del primer Plan De Descontaminación en Chile y su posterior declaración como zona saturada el año 93.

En la Bahía de Quintero, aunque ya en la década de los 80 se conoce la contaminación sobre ex-trabajadores mineros que llegaron a construir y trabajar en la fundición y refinería de cobre en la década del 60, sus casos se harían públicos recién a mediados de los años 90, siendo reconocidos por la prensa nacional bajo la denominación de “hombres verdes”. Trabajadores en ese entonces de la Empresa Nacional de pequeña Minería -ENAMI-, comienzan a advertir los efectos de las enfermedades respiratorias en sus compañeros, atribuyéndole como causa de muerte a la contaminación generada por la luego convertida ENAMI en la Corporación Nacional del Cobre -CODELCO-. Estos conformarán la primera organización de ex trabajadores de ENAMI recién el año 2006, una vez que varios de ellos habían fallecido por enfermedades respiratorias y oncológicas (Bolados y Jerez, 2019).

La muerte de varios de ellos generó la aparición de una organización de mujeres conocidas como “las viudas de los hombres verdes”, quienes judicializaron el caso a fin de obtener informes de contaminación de sus ya ex esposos. Solicitaron exhumar a 18 de los fallecidos, cuyos resultados entregados por el Instituto Médico Legal ratificaron la presencia de metales pesados en los cuerpos, principalmente cobre. Sin embargo, los informes fueron enfáticos en señalar que no necesariamente la presencia de estos metales eran el factor de muerte.

Pese a esta realidad, la inflexión en los episodios de protesta contra la contaminación se producirá con los primeros episodios de intoxicaciones en la escuela La Greda el año 2011, que junto a Maitenes representan las zonas más afectadas de acuerdo a los estudios que comienzan a conocerse en Puchuncaví. Estos hechos fueron de amplia difusión pública y generaron una activación inédita que costó la caída de un proyecto de ampliación de la fundición de CODELCO. Ante las denuncias de apoderados, autoridades y grupos ambientalistas de la zona, la empresa se comprometió a trasladar la escuela a nada más que dos kilómetros de su ubicación actual. Estas intoxicaciones también se conocieron en Coronel donde se inician estudios que fueron igualmente dilatados y deslegitimados, impidiendo avanzar en constatar qué es lo que los contamina, cuestión parecida ocurre con los estudios asociados a los riesgos de muerte en menores de la comuna de Huasco.

En este contexto y bajo la conmoción que significó la afectación de estudiantes y menores de edad, la comunidad comenzó a presionar por más estudios sobre la contaminación. El 2013 se realizó un primer estudio sobre contaminación de aire, suelo y agua, en las cuales colegios y consultorios resultaron con los más altos índices de metales pesados (CEA 2013; CENMA, 2013; PGS, 2015). A partir de estudios toxicológicos, las comunidades advierten que comienza a crecer exponencialmente la demanda de escuelas especiales. En particular, cada vez más diagnósticos de espectro autistas y otras dificultades asociadas al desarrollo y aprendizaje de sus hijos e hijas. Paralelamente, las mujeres de Quintero y Puchuncaví se ponen en contacto con el Dr. Andrei Tchernitchin, médico perteneciente al Colegio Médico y a la Facultad de Medicina dela Universidad de Chile, quien publica trabajos asociados a la relación entre contaminación por arsénico y metales pesados con los problemas reproductivos en mujeres y su potencial heredable (Tchernitchin y Tchernitchin, 1992). Un estudio internacional en Huasco releva los altos índices de mercurio en mujeres en edad reproductiva (IPEN, 2017), y en Coronel evidencia sobre arsénico en menores de escuelas cercanas a las termoeléctricas⁶.

Diversos estudios fueron aportando evidencia científica de la contaminación del mar por emisarios (aguas no tratadas) lanzados por la empresa sanitaria en Coronel (CEA, 2016), la pérdida casi total de la biodiversidad marina en el sector de la costa de Huasco por la eliminación de los desechos de la minera de hierro (Viviani et al., 2021), y los permanentes y continuos varamientos de carbón y derrames de hidrocarburos en la Bahía de Quintero por la Empresa Nacional del Petróleo que ocurrieron entre el 2014 y 2016. La concentración de casi 20 empresas tóxicas y peligrosas concentradas en la Bahía de Quintero (compartida por las comunas de Puchuncaví y Quintero), culminará con una intoxicación masiva en agosto del 2018, afectando principalmente a niños y jóvenes de ambas comunas por sustancias aún desconocidas. Las comunidades afectadas iniciaron en este contexto procesos judiciales, tanto en los tribunales nacionales como fue el fallo inédito de la Corte Suprema que reconoció como responsables de la contaminación al Estado y las empresas allí existentes, estableciendo 15 medidas a cumplir por estas entidades, las cuales presentan a la fecha un importante incumplimiento (Timm y Donoso, 2019). Paralelo a este proceso en instancias nacionales, organizaciones como las Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví y Quintero, judicializa la situación a nivel internacional en las Naciones Unidas en Ginebra en diciembre del 2018 en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), y un año después en la reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La incertidumbre por los riesgos aparece como un tema central en la preocupación de los consejeros de la sociedad civil en los PRAS, incertidumbre que tiende a transformarse en acciones de visibilización y judicialización cuando se tienen estudios. No obstante, estos experimentan permanentes descréditos e invalidaciones por el Estado y las empresas, bajo la expresión “ese estudio no sirve”, citando un estudio de la Universidad de Chile (Muñoz et al, 2018) de Paulina Pino (E2, consejero de la sociedad civil, Huasco) o el incumplimiento a medidas dictadas por el máximo Poder Judicial. El estudio de la Universidad Católica reciente que muestra las posibilidades de enfermedades mayores que el promedio nacional generó un impacto que es compartido por el resto de los consejeros que lo nombra (Chile Sustentable, 2019). Así como ven que los estudios tienden a caer en descrédito, estos han ido constituyendo un soporte para demostrar la evidencia junto a otras iniciativas levantadas desde la sociedad en conjunto a comunidades científicas comprometidas con el territorio (Madrid et al., 2022, entre otros).

Dimensiones del análisis. Perpetuando la lógica del sacrificio a través de la política de recuperación ambiental y social (PRAS)

Pese a contar con antecedentes respecto al deterioro en las distintas dimensiones ecológicas, económicas y sociales de las zonas de sacrificio, su progresivo agravamiento fue mostrando las negligencias institucionales guiadas a transformar la vida de estas comunidades. En particular, el fracaso del Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) propuesto en el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018), cuyo objetivo era revertir la crisis ambiental y reparar los daños en las bahías-puerto de Huasco, Puchuncaví-Quintero y Coronel. En este sentido, junto a la implementación paulatina de este programa se observará el crecimiento de la conflictividad debido al recrudecimiento del desastre generado por nuevos proyectos contaminantes en estos territorios, como lo evidencian los derrames ocurridos en el periodo 2014-2016 y las intoxicaciones de más de 1000 estudiantes de la bahía Quintero a finales de 2018, lo cual no sólo generó un profundo impacto en el territorio, sino que activó un proceso de judicialización que culminó con el fallo de la Corte Suprema el 2019 antes reseñado⁷.

Desde la propia institucionalidad aparecerán las primeras evaluaciones negativas al PRAS, planteando deficiencias estructurales asociadas a no cumplir su objetivo de generar una recuperación ambiental y social de estas comunas. De hecho, se presentarán importantes críticas a la metodología de priorización IGO (Importancia y Gobernabilidad) del PRAS, la cual en testimonio de los consejeros de la sociedad civil resultaría irrelevante al priorizar prácticamente la totalidad de medidas como acciones inmediatas o retos (ver tabla 2):

Tabla 2:
Priorización medidas PRAS en base a metodología IGO

Categoría IGO	Priorización PRAS Huasco	Priorización PRAS Q-P	Priorización PRAS Coronel
Acciones inmediatas	17 (53%)	114 (77%)	99 (87%)
Retos	10 (31%)	29 (20%)	7 (6%)
Menos urgente	2 (6%)	5 (3%)	6 (5%)
Innecesarias	3 (10%)	0 (0%)	1 (1%)
Sin priorizar			1 (1%)

• Fuente: Elaboración propia a partir de los PRAS de los tres territorios.

El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) realizado junto a consejeros y consejeras del CRAS de Quintero-Puchuncaví y de Coronel el año 2020 nos permitió obtener una nueva priorización de los objetivos y medidas (integradas en los objetivos) que componen actualmente el Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de estas comunas. En este sentido, pudimos encontrar datos que confirmaban la inconformidad en la priorización expresada por los consejeros del CRAS, ya que en los objetivos en que se observa menor priorización para los consejeros, son los que poseen un mayor cumplimiento, existiendo en contraste un bajo nivel de cumplimiento en los objetivos de mayor prioridad.

Cabe señalar que las distintas medidas y objetivos no se encuentran distribuidos de forma equitativa en los componentes y dimensiones que estructuran el Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS). No obstante, sumar la priorización que poseen los objetivos del PRAS, nos permite obtener una referencia de la priorización de cada componente al interior del PRAS. En este sentido, se puede observar que desde el CRAS de Quintero-Puchuncaví existe una mayor priorización a objetivos de la dimensión social con un 52,9% frente al 47,1% que poseen los objetivos de la dimensión ambiental. Por el lado de los componentes del programa, podemos observar que los objetivos del componente “Sociedad” suman la mayor priorización con un 24,6%; le sigue el componente “Aire, ruido y olores” con un 18,7%; el componente “Agua” con un 15,9%; y, el componente “Infraestructura” con un 14,3%, por nombrar los principales

Mientras que en el CRAS de Coronel podemos observar existe una mayor priorización a objetivos de la dimensión social con un 65% frente al 35% que poseen los objetivos de la dimensión ambiental. En su interior, los objetivos del componente “Sociedad” suman la mayor priorización con un 22,5%; le sigue el componente “Infraestructura” con un 19,5%; el componente “Salud” con un 18,8%; el componente “Aire, ruido y olores” con un 16,6%, por nombrar los principales.

En este marco, la evaluación del nivel de cumplimiento a partir de la nueva priorización realizada junto a integrantes del CRAS muestra en Quintero-Puchuncaví un nivel de cumplimiento del 29 % de las medidas y objetivos propuestos en el PRAS, mientras que en Coronel llega al 40% de nivel de cumplimiento. En el caso de Huasco, si bien el proceso fue positivo por los consejeros de la sociedad civil, estos se mostraron permanentemente críticos respecto al espacio del CRAS. Sin embargo, consideraron pertinente tener representantes de las organizaciones ambientales en su interior a fin de ampliar el ámbito de injerencia y conocimiento de los proyectos en el territorio. Destaca en este sentido, que los consejeros de este PRAS promovieron de manera sustancial la norma secundaria de calidad del agua que era de las prioridades más sentidas de esta y las otras comunidades afectadas.

El mismo ejercicio realizado junto a organizaciones comunitarias de Quintero-Puchuncaví, Huasco y Coronel muestra una evaluación más crítica sobre el PRAS con un 12% de cumplimiento en el primer caso, 19,4% en el segundo y un 27,6% en el último caso. (ver tabla 3)

Tabla 3:
Nivel de cumplimiento PRAS en base a AHP

Objetivo General PRAS	Recuperar ambientalmente el territorio y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunas
	Huasco	Quintero-Puchuncaví	Coronel
CRAS	No participaron	39,1%	38,5%
Organización Comunitaria	28%	12%	27,6%

• Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, la propuesta de ser una instancia de gobernanza ambiental multisectorial, en general no se logra, configurándose en un espacio coordinado y conducido predominantemente por el Ministerio de Medio Ambiente a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI). Esto no sólo implica el protagonismo de la agenda de este sector, sino también la ausencia de otros actores claves como son el sector minero, económico y social. La ausencia en los CRAS de ministerios como el Ministerio de Desarrollo Social, Economía o Hacienda dan cuenta de su desconexión (y ausencia de coordinación) respecto a las complejas consecuencias socioambientales que tienen en las bahías la contaminación con indicadores que revelan un crecimiento exponencial de la pobreza por ingreso y multidimensional.

Si bien el PRAS ha trascendido el mandato de presidentes de distinto signo político -la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), el derechista Sebastián Piñera (2018-2022), y actualmente el frenteamplista Gabriel Boric (2022-)- su desarrollo no ha estado exento de polémicas con evaluaciones negativas tanto de las comunidades que no ven mayores avances en sus territorios, así como de reparticiones y servicios estatales que han evaluado negativamente el diseño del PRAS. En particular, se han esgrimido diversas críticas en torno al diseño que estructura las etapas de elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de esta política pública, el cual no ha contribuido a la consecución de los complejos y ambiciosos objetivos planteados (Rogers, 2020; Espinoza, 2022).

Al respecto la evaluación realizada por la Dirección de Presupuesto (DIPRES) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para el proceso de formulación presupuestaria del año 2021 objetó técnicamente al PRAS. En dicho informe se señalan importantes deficiencias en términos de atingencia (pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad, en relación a la población que se ve afectada por dicho problema), consistencia (relación entre el diseño planteado y su posterior ejecución, analizada a partir de la definición de indicadores, del sistema de información y los gastos planificados) y coherencia (relación o vínculo entre sus objetivos, población a atender y su estrategia de intervención) del programa⁸. Para Rogers (2020) la deficiencia más grave se ha encontrado en la Fase V de Implementación y Seguimiento, ya que no está estipulado claramente cómo se llevará a cabo dicha fase. En este sentido, el programa carece de una estrategia claramente definida con acciones y planes específicos; y de un sistema riguroso de indicadores que permita cuantificar los avances e impactos de las soluciones y del programa íntegro.

Estas críticas se han visto igualmente acompañadas por la opinión de diversos consejeros de la sociedad civil en el CRAS, quienes han denunciado las dificultades para garantizar una participación efectiva y vinculante en el desarrollo del PRAS. En este sentido, Espinoza (2022) ha dado cuenta de la existencia de una gobernanza jerárquica y centralizada en el CRAS, donde si bien se valora la incorporación de diversos sectores de la sociedad civil, el Estado y las empresas; la toma de decisiones permanece centralizada en el ejecutivo, derivando en una participación consultiva de las comunidades, las cuales no cuentan con las herramientas necesarias para fiscalizar e incidir en las distintas etapas del proceso de recuperación ambiental y social de sus territorios (Panez et al., 2023).

En Coronel, y, en particular los y las consejeros del PRAS, remiten a un proceso distinto al observado en Quintero-Puchuncaví y Huasco. En cuanto las autoridades encargadas del PRAS supieron canalizar de mejor forma las demandas de los diversos actores y actrices del territorio, lo cual se podría asociar a la baja en la conflictividad y el mejoramiento de los indicadores anteriormente mencionados. En parte, esto puede atribuirse a que la Secretaría Ministerial del Medio Ambiente (SEREMI), a diferencia de sus pares en Huasco y Quintero-Puchuncaví, tenía experiencia en un programa de recuperación inédito en el país como fue el primer Plan de Recuperación Ambiental de Talcahuano (PRAT), el cual se realizó a fines de los 90 en un contexto de reconversión productiva de la población producto del cierre de las carboneras. Esto fue un factor gravitante, así como la participación de un sector importante de las principales empresas involucradas en la comuna.

A su vez, la historia sindical de Coronel cuya presencia de sindicatos de miles de pescadores, algueras y mariscadores generó una dinámica capaz de consensuar las propuestas y los caminos de la recuperación ambiental. No obstante, y en particular desde el municipio que se negó a participar en el proceso, múltiples actores y actrices de las organizaciones socioambientales y ecológicas del territorio son críticas del espacio PRAS. En particular, a la hora de evaluar el daño a la salud que fueron dejando algunos hechos invisibilizados como son los hombres del asbesto que se vieron afectados por la remoción de las cenizas de las termoeléctricas.

A modo de cierre

Desde la perspectiva de la crítica moderno/colonial que proponemos, el término zonas de sacrificio permite entender no sólo el racismo y la injusticia ambiental, sino los mecanismos de negación e invisibilización de la existencia de estas comunidades. Invisibilizados como territorios y delimitados a zonas, donde la contaminación destruyó las economías locales empobreciendo económicamente a los habitantes de estas comunidades. Quienes a su vez ven destruidas sus economías por el daño a sus ecosistemas, son despojados de sus historias e identidades, siendo negados sus derechos fundamentales como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación como señala la legislación actual, o el derecho a la salud cuya evidencia muestra la prevalencia de enfermedades, especialmente en grupos como niños, mujeres y adultos mayores. Finalmente, el propio Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) implementado, en tanto un programa marginal e irrelevante en el organigrama de un ministerio (de por sí, uno de los más débiles al interior del gabinete ministerial) que lo subordina en su estructura a un subprograma del área de participación ciudadana, reafirman la idea estatal de que en estas comunas no hay más vida que las que las empresas generan. Las prácticas tanto estatales como empresariales refuerzan la idea de un no lugar para la vida, en la cual solo es posible una vida contaminada y degradada.

Los discursos, prácticas, representaciones y acciones que realizan los actores y actrices que participan del PRAS revelan que si bien esta política pública visibiliza el daño que generan las actividades contaminantes, peligrosas y tóxicas concentradas en ciertas comunidades, también perpetúan lógicas de subalternidad imponiendo un modelo de gestión, participación y gobernanza que niega la agencia de los y las actores locales. De esta manera, tanto actores de la sociedad civil, de las empresas, como del Estado, si bien encuentran en el PRAS una forma de plantear, mostrar, gestionar y denunciar la problemática, éste a su vez inhabilita su agencia, así como estigmatiza al territorio, inhibiendo las posibilidades colectivas de articularse frente a un modelo ambiental que impone un sistema de participación regulado y centralizado.

En este sentido la colonialidad del término radica en que estos complejos no sólo no generan desarrollo económico, sino que profundizan los daños. Las políticas públicas no sólo no recuperan social y ambientalmente estos territorios, más bien profundizan el desempoderamiento social generando condiciones que restringen la organización y activación colectiva. Esto se expresa no sólo en los limitados recursos del Estado para la recuperación social y ambiental de estos territorios degradados por el modelo extractivista, principalmente minero energético en estas comunas, sino también la falta de voluntad para hacer efectivo resoluciones y fallos como han sido los de la Corte Suprema del 2019, así como otros más recientes que ratifican los incumplimientos de empresas estatales y privadas. Estas lógicas de subalternidad se reproducen igualmente en los espacios de participación como los Consejos de Recuperación Ambiental y Social (CRAS) a través de mecanismos de funcionamiento del espacio que impone la agenda del ministerio sin convocar a los actores relevantes para un cambio en la situación de estos territorios. Sin mecanismos de participación vinculante, la participación no sólo no permite avanzar de manera sostenida y estructural que favorezcan una recuperación social y ambiental, sino que legitiman los mecanismos jerárquicos de participación con el objeto de priorizar la agenda gubernamental sin afectar la agenda privada que presiona por nuevos proyectos en los mismos territorios.

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Notes

• 1
  Este presente artículo se inscribe en el marco del proyecto FONDECYT Regular N°1191269 “De Zonas de Sacrificio a Zonas de Recuperación Socioambiental: Construcción participativa de criterios de gobernanza ambiental y bienestar en las bahías-puerto de Huasco, Puchuncaví-Quintero y Coronel, Chile” realizado gracias al financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Chile.
• 2
  Entre las primeras comunas incorporadas a estos informes y campañas se cuentan Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Puchuncaví y Coronel. Para un análisis pormenorizado se pueden revisar las páginas de estas fundaciones en https://chile.oceana.org/; www.terram.cl; www.chilesustentable.net. Consultados en 30 de julio de 2024.
• 3
  El PRAS de Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel fue aprobado por resoluciones exentas N°1364 del 1 de diciembre de 2017, N° 645 del 10 de julio de 2017 y N°144 del 28 de febrero de 2018 respectivamente, todas ellas del Ministerio del Medio Ambiente. El objetivo principal de esta política pública es “recuperar ambientalmente el territorio y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunas mediante la identificación, a través de un proceso ampliamente participativo, de los principales problemas sociales y ambientales, planteando opciones de solución que la conviertan, en el mediano y largo plazo, en un área que muestre que es posible la convivencia armónica entre las actividades industriales, el cuidado del medio ambiente y una buena calidad de vida”. Informe Final de Auditoría N° 27/2022 de Contraloría General de la República. Disponible en: https:// www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/cf7191025c207057e17fc32e99abe136/html
  Se pueden consultar los PRAS como sus respectivos reglamentos y convenios de los CRAS en la página https://pras.mma.gob.cl/
• 4
  Ver también el trabajo de Di Risio et al en colaboración con el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) (Di Risio et al., 2012).
• 5
  Paradigmática es la editorial del año 1957 del diario El Mercurio de Valparaíso que refleja el discurso sacrificial que antecedió la instalación de la fundición de cobre como primera actividad contaminante en el polo de Quintero-Puchuncaví:
  “Los vecinos deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios; de otra manera no se podría instalar la fundición en ninguna parte del país. Las naciones que se han industrializado han aceptado estos sacrificios. Es el precio del progreso. La lluvia es indispensable para la agricultura, pero cuando llueve algunos tienen que mojarse” (El Mercurio de Valparaíso, edición de 17 de julio de 1957).
• 6
  https://resumen.cl/articulos/isp-confirma-14-ninos-7-adultos-escuela-coronel-estan-contaminados-metales-peszdos. Consultado en 30 de julio de 2024.
• 7
  Ver fallo y sus medidas en: https://observatoriop10.cepal.org/es/jurisprudencia/sentencia-la-corte-suprema-chile-rol-num-5888-2019. Consultado en 30 de julio de 2024.
• 8
  Ver más en: http://www.dipres.cl/597/articles-212516_doc_pdf.pdf. Consultado en 30 de julio de 2024.

Editado por

• Editor del Dosier
  Andréa Zhouri (https://orcid.org/0000-0003-4459-4018)
  University of Essex, UK; Universidad Federal de Minas Gerais, Brasi

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  21 Oct 2024
• Fecha del número
  2024

Histórico

• Recibido
  24 Ene 2024
• Acepto
  13 Jun 2024