Incomodidades e intervenciones antropológicas en escenarios de reformas democratizadoras de Fuerzas de Seguridad y Armadas, en Argentina.

Incomodities and anthropological interventions in scenarios of democratising reforms of the Security Forces and the Armed Forces in Argentina.

Resumen

Este artículo da cuenta de cómo la investigación de objetos socio históricamente incómodos, como en Argentina aquellas que atendieran al punto de vista de policías, gendarmes y militares, se tornó un modo de intervención antropológica en procesos políticos específicos. Para ello, destaca los hitos que convirtieron el escenario de nuestra investigación en uno marcado por sucesivas e intermitentes reformas democratizadoras con el objeto de subordinar al poder político a militares y policías. Asimismo, analiza nuestra inserción en ese terreno, donde se sucedieron y solaparon, la investigación y el ejercicio de la función pública, para poner de relieve las condiciones de producción, las estrategias de publicidad y confidencialidad, la rendición de cuentas sobre nuestros resultados y fundamentalmente los escenarios producidos junto a militares, gendarmes y policías, para construir con ellos políticas sustentables en educación y bienestar.

Palabras clave:
Democratización; Militares; Policías; Intervenciones antropológicas; Argentina

Abstract

This article explains how the investigation of socio-historically uncomfortable objects, such as in Argentina those that attended to the point of view of police, gendarmes and the military, became a mode of anthropological intervention in specific political processes. To this end, it highlights the milestones that turned the scenario of our research into one marked by successive and intermittent democratizing reforms with the aim of subordinating the military and police to political power. Likewise, it analyzes our insertion in that field, where research and the exercise of public function follow on and overlapped, to highlight the conditions of production, publicity and confidentiality strategies, accountability for our results and fundamentally the scenarios produced together with the military, gendarmes and police, to build with them sustainable policies in education and well-being.

Keywords:
Democratization; Military; Police; Anthropological interventions; Argentina

Introducción a las incomodidades

Llevo cerca de dos décadas dedicada a la investigación antropológica con trabajo de campo etnográfico sobre las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas en Argentina, y una década y media a contribuir, intermitentemente, con el diseño e implementación de políticas en Seguridad y Defensa. La pregunta de mis investigaciones ha sido cómo los quehaceres, experiencias de vida y valoraciones morales de estas poblaciones se inscriben en el derrotero de la democratización y la profesionalización, pos dictatorial. Por consiguiente, el escenario en el cual llevé adelante trabajo de campo durante estos últimos veinte años, no puede quedar fuera de análisis. Este estuvo marcado por debates reiterados acerca de cómo evitar un nuevo Golpe de Estado y qué políticas llevar adelante para «integrar» esas poblaciones al Estado democrático. Como ya he señalado, siguiendo a Antonio de Souza Lima (2002), las poblaciones estatales fueron objeto de tensiones en su administración (Frederic 2013, 2020) por parte de distintos gobiernos desde 1983, cuando Raúl Alfonsín asume como presidente electo luego de siete años de dictadura militar. Así dominaron este campo posiciones antagónicas que, a riesgo de simplificar, posicionaban de un lado a quienes impulsaban un movimiento democratizador traccionado por el arco de activismos por los derechos humanos, mientras del otro con pérdida creciente de voz crecía la desconfianza y resentimiento de policías, militares, gendarmes. Tan así fue que pasadas dos décadas del fin de la dictadura las explicaciones sobre la violencia ejercida por las policías y fuerzas de seguridad, denunciadas como casos de «gatillo fácil», eran explicadas, con frecuencia, como herencia de la dictadura producto del carácter autoritario de estas poblaciones. Dicho de otro modo, invocaban más reformas democratizadoras.

La violencia política de la década de 1970 y el terrorismo de Estado finalizado en 1983, como argumento en Las Trampas del Pasado (Frederic 2013), no habían quedado en el pasado, siguieron intercediendo en la interpretación del presente. Precisamente, la investigación etnográfica llevaba a comprender la producción de la violencia como fruto de un contexto histórico del cual el autoritarismo era solo una parte, al mismo tiempo que resultado de concepciones y prácticas sacrificiales; y dinámicas de pertenencias y rechazos activadas en determinadas situaciones sociales.

Por consiguiente, las incomodidades de los estudios que realicé se alimentaron, en principio, del hecho que ni policías, ni militares fueron objeto habitual de investigación con trabajo de campo en las ciencias sociales, ni en la antropología. Habían sido dejados de lado, por ser agentes esquivos, sombríos, victimarios al fin. Como señalaron Benoit L’Estoile, Federico Neiburg y Lygia Sygaud (2002), en ciertos contextos históricos nacionales la antropología se posicionó respecto a determinados problemas asociados a la administración de poblaciones. Pero en esas situaciones lo hizo fundamentalmente con la administración de poblaciones subalternas: pueblos originarios, desempleados, villeros o campesinos, mujeres, diversidades, entre otros. En cambio, las poblaciones elegidas para mis estudios no solo no eran identificadas por los sectores más cercanos política y socialmente, como subalternos, lo eran como perpetradores de la violencia ejercida contra ellos/nuestras comunidades de pertenencia.

Compartir rutinas, patrullajes, operativos, ejercicios de adiestramiento, cursos de capacitación, alojamientos militares, reflexiones en tiempos de pausa de los quehaceres del servicio, para muchos de mi entorno inmediato y mediato, era inaceptable; un ejemplo claro de adhesión, connivencia, complicidad, o cooptación, en el mejor de los casos, tal como algunas colegas enfatizaban en clases de posgrado a las que alguna vez asistían estudiantes de doctorado que supervisaba. Pero ese posicionamiento en el campo me permitió producir una perspectiva que entendía que las violencias extra institucionales o no legítimas no podían explicarse prioritaria y exclusivamente por el pasado, sino que había que introducir dimensiones tales como la pertenencia social, las prácticas de conducción, formación y disciplina; junto al hecho que se trata de personas que deben hacer uso de la fuerza pública. Este enfoque se contrapuso al que explicaba el comportamiento de policías y militares, tan solo como consecuencia de la herencia autoritaria de la dictadura, y de su «cultura corporativa». Desde este abordaje, la denuncia había sido la acción principal de toda una corriente de la antropología jurídica y política en Argentina, que enfatizaba el control y la búsqueda de los elementos militares en todas las facetas de la actividad militar o policial.

Finalmente, haber aportado a través de lo que denominé intervenciones antropológicas y etnográficas (Frederic 2016)¹ a otros modos de pensar e implementar políticas hacia policías, gendarmes y militares, completó el esquema de incomodidades. Aún más disruptiva fue la incomodidad resultante del registro de las intervenciones reservadas o públicas, a las que el conocimiento etnográfico me llevó, como investigadora y como funcionaria pública-primero como subsecretaria de formación del ministerio de Defensa de la Nación (2009-2011), luego como Ministra de Seguridad de la Nación (2019-2021). Al revisar las consecuencias de estas intervenciones vemos cómo el trascender la audiencia puramente académica, nos obliga a hacernos responsables -rendir cuentas-(Dullo 2016:141) por las implicancias del conocimiento que producimos.

Ahora bien, al mismo tiempo que las incomodidades fueron fuente de creatividad y descubrimiento, no estuvieron a contramano de la historia. Acompañaron procesos, matizaron posiciones irreconciliables, tendieron puentes-y lo siguen haciendo. Para lo cual debí recrear, flexibilizar y adecuar, las herramientas teóricas y metodológicas de la etnografía, de modo tal que los instrumentos de comunicación, difusión y divulgación, hicieran que la confidencialidad fuera la condición de la intervención más que la publicación. Por consiguiente, el artículo se organiza en tres secciones, la primera sobre la puesta en juego de posiciones en escenarios donde la incomodidad ya era parte; la segunda sobre la renovación de la incomodidad a instancias de las intervenciones del conocimiento etnográfico; y la tercera sobre los desafíos a la producción y difusión del conocimiento que impone el convertir la intervención en un objetivo.

Posiciones en escenarios de reformas democráticas a policías y militares

Daba clases los sábados por la mañana en la Universidad Nacional de Quilmes ubicada en el partido homónimo, un municipio de los 24 que circunvalan la Ciudad Capital de Buenos Aires, y pertenecen política y administrativamente a la provincia de Buenos Aires. Uno de esos sábados, al cruzar el portón de ingreso a la Universidad observé a un número significativo de policías entrando por su único acceso llevando su uniforme ceremonial y sin armamento. Por entonces, había comenzado el trabajo de campo sobre policías de la Provincia de Buenos Aires a partir de una red acotada facilitada por un colega y circunscripta a entrevistas, en el municipio de Avellaneda lindero al de Quilmes. Se trataba de quienes habían reemplazado a los policías entonces sindicados y luego condenados como autores del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2002, durante una manifestación masiva por reclamos ante la grave situación social que se vivía, a las puertas de la estación ferroviaria de Avellaneda. Un hecho emblemático de la crítica a la criminalización de la protesta social en Argentina.

De manera que, ver esa mañana toda esa cantidad de policías se presentó como una oportunidad para ampliar el campo. El acontecimiento era extraño, porque si algo se prohibió luego de la dictadura militar fue el ingreso de personal policial a las universidades, salvo orden de un juez. Pregunté a los encargados del control de acceso cuál era el motivo de la concurrencia de policías, pues al no estar armados no parecían estar en medio de un operativo. La respuesta que recibí de uno de los encargados fue que se realizaba una reunión organizada por el ministerio de Seguridad de la Provincia con los oficiales de la policía provincial de la Departamental de Quilmes, incluidos sus jefes y subjefes, y referentes de la sociedad civil del municipio. Se trataba de uno más de los encuentros de los denominados Foros de Seguridad, un recurso que introdujo la gestión del Ministro de Seguridad de esa Provincia León Arslanian² en 2004, para llevar adelante una política de seguridad participativa, donde las prioridades se definieran con los vecinos, y estos ejercieran también un cierto control de la acción policial.

Decidí que, en lugar de partir rumbo a mi casa, debía ingresar al auditorio donde se realizaba la reunión del Foro. En la antesala, había unos 30 policías uniformados de azul, entre ellos el jefe de la Departamental de Quilmes, según me indicó quien estaba realizando la tarea de recepción. Me presenté como docente e investigadora, y le comenté la propuesta de investigación en general, mi interés en entender la actividad policial desde sus perspectivas. Sumó a ese encuentro que me pidieran representar a la universidad en esa actividad ya que no había quien lo hiciera. Como por entonces desempeñaba el cargo de directora del Departamento de Ciencias Sociales, el área que comprendía siete carreras de grado de la universidad; me sentaron cerca del Comisario Mayor Adrián Ferro y me nombraron. Nos intercambiamos los teléfonos y al cabo de unos días comencé con entrevistas a los oficiales de la dependencia. Posteriormente el campo se amplió a otras comisarías de la jurisdicción.

Durante las conversaciones, los temas recurrentes giraban en torno a la crítica a las reformas, a la imposición de Arslanián, un civil, como conductor, al que llamaban interventor; a la descentralización de la Escuela de Oficiales de Policía Juan Vucetich en muchas escuelas esparcidas por la Provincia; a la creación de una policía «buena» o «limpia», la Policía Buenos Aires² formada en parte en la universidad pública; y a la exoneración arbitraria denominada por la intervención «depuración» de alrededor de 3000 mil policías de los 54.000. Al mismo tiempo que denunciaban que estas reformas no contemplaban sus pésimas condiciones de trabajo, ni la mala retribución de horas dentro y fuera del servicio ordinario.

Paralelamente, la reforma policial de Arslanián era emblemática para quienes defendían la causa de los Derechos Humanos, un ejemplo contundente de democratización policial, sinónimo también de desmilitarización del cuerpo policial más numeroso de la Argentina. El ministro de Seguridad contaba con una reconocida trayectoria al haber sido uno de los dos fiscales del juicio que en 1985 condenó a las cúpulas militares de las tres Juntas Militares de gobierno de la dictadura que se inició en 1976. Pero en 2007 debió dejar el cargo de ministro de Seguridad con la reforma inconclusa. En varias entrevistas posteriores se refirió a como se desmanteló su política, incluso identificó en lo que llamó «la cultura policial», ese núcleo duro, inmutable que resistió el cambio.

De modo que, el curso de esta investigación como de las siguientes sobre otras poblaciones de uniformados armados, fue indisociable de las disputas sobre la transformación de instituciones vistas por algunos como presas de aquel pasado reciente, signado por la violencia política y estatal. Desde el inicio del régimen democrático en 1983 hubo decisiones en Argentina tendientes a desmantelar el aparato represivo de Estado, subordinar a las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad a las autoridades electas, y debates en torno a cómo inscribirlas en un Estado de derecho, de los cuales participaron activamente académicos alineados en la corriente de las relaciones cívico-militares de la Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Entre ellos cabe mencionar a los argentinos Ernesto López y Marcelo Saín, uno de sus discípulos, devenido luego en arquitectos de las reformas militares y en el caso del segundo también de las policiales (Frederic 2008). Estos debates no fueron, sin embargo, sostenidos a lo largo de período. Pero entre 2004 y 2015 comenzó una corriente de cambios marcados por el inicio de los juicios contra todos los perpetradores de crímenes clasificados judicialmente como de lesa humanidad, es decir delitos imprescriptibles. Militares, policías e integrantes de las fuerzas federales de seguridad³, se convirtieron en principales victimarios para el Estado, por segunda vez luego del Juico a las Juntas de 1985, con la diferencia que, abolida la obediencia debida, toda la cadena de mando desde el más bajo al más alto de rango serían juzgados. De manera que su lugar en los términos de Mariza Peirano (1998), dicha población viene siendo sostenidamente para diversos grupos en Argentina, la otredad más radical.

Con los primeros resultados de esa investigación sobre policías, a mediados de 2007 acepté la invitación a una actividad organizada por la secretaria de Seguridad de la Nación dependiente del Ministerio del Interior⁴ junto con la Agencia de Investigación Científica y Tecnológica y la Embajada de Francia. En ese evento di cuenta de sus demandas laborales y de los desacuerdos de los y las policías con la reforma policial conducida por el todavía ministro Arslanián. Fue en ese evento que una colega, antropóloga, quince años mayor, ligada a uno de los organismos de Derechos Humanos defensor de víctimas de la violencia policial y referente en las causas por delitos de lesa humanidad, señaló que, por su historia, tenía límites morales y políticos, para aportar a un análisis que recuperase la perspectiva de los y las policías, como estaba haciendo yo en ese momento.

Ya por entonces, había comenzado un proceso de reforma de las Fuerzas Armadas en el cual la perspectiva de Derechos Humanos bajo los principios de la causa de Memoria, Verdad y Justicia, se convirtió en un mandato explicito con el cual el presidente Néstor Kirchner (2003-2007) nombró como ministra de Defensa a Nilda Garré (2005-2010). El presidente ya había tomado dos decisiones emblemáticas. La primera fue ordenar al jefe del Ejército Argentino en su primer aniversario, como presidente, del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, descolgar frente suyo y subido a una pequeña escalera, los cuadros de quienes habían sido jefes de las juntas militares y a la vez directores del Colegio Militar de la Nación (CMN) donde se forman los oficiales de esa Fuerza. La segunda, horas más tarde del mismo día, fue anunciar la expropiación a la Armada Argentina de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) ubicado en la Ciudad de Buenos Aires donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la Argentina, con el objeto de que pasara a constituirse en un centro de Memoria, Verdad y Justicia administrado por los organismos de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros.

Mientras se desarrollaban algunas acciones y se definía qué hacer y cómo, me convocaron desdel el Ministerio de Defensa como investigadora sobre la policía para crear un observatorio de la integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Había por entonces, año 2006, una profunda desconfianza y un profundo desconocimiento, entre los y las funcionarios y funcionarias que habían asumido; civiles casi todos ellos, o militares ya retirados desde hacía varias décadas. Ese Observatorio tenía objetivo ser un medio para el relevamiento de información cualitativa y estadística, a partir del cambio que se estaba dando de ingreso de las primeras mujeres a los cuerpos comandos⁵ de las Fuerzas Armadas.

Propuse entonces retomar el debate contemporáneo sobre las tendencias atravesadas por otros países donde la cuestión de género había sido planteada, y conocer la perspectiva de las mujeres militares argentinas, sus concepciones, modos de vida, divergencias, convergencias y matices. Esta fue la primera de otras dos iniciativas que se sucedieron entre 2006 y 2008 para ampliar el conocimiento sobre la experiencia de vida y profesional de los militares en la Argentina. Las investigaciones tuvieron objetivos diferentes y a medida que avanzábamos en el vínculo con la ministra de Defensa pudimos mostrar el aporte de la descripción etnográfica al conocimiento de estas poblaciones. Los informes que producíamos reflejaban las miradas de las mujeres y varones de los grados subalternos, por fuera de la cadena de mando, es decir de los comentarios que la ministra recibía procedentes de los altos mandos.

Mujeres y varones en las Fuerzas Armadas expresaban sus aspiraciones, su manera de pensar la vida militar, las transformaciones impuestas por el Estado democrático, la discordancia con sus aspiraciones, el rechazo a ser sometidos a los principios de los derechos humanos como si fueran los únicos potenciales violadores de los mismos siendo en su mayoría ingresantes posteriores a 1983, los motivos por los que habían ingresado a la carrera, aquellos por los que preferían irse, entre otros muchos asuntos. La visión de los altos mandos erigidos en portavoces de sus subordinados, ante las autoridades política, dejaría de ser la única.

Quienes habían asumido la conducción civil de las Fuerzas Armadas no tenían todos los elementos para decidir sobre algunas medidas a tomar. Nuestros informes resultantes de entrevistas, observaciones participantes de ejercicios de adiestramiento, capacitaciones, rutinas de trabajo/servicio, pasaron a ser entonces un insumo que contribuía con la toma de decisiones. Además, esos informes no coincidían con la visión de los funcionarios civiles que nos demandaban producir conocimiento.

De modo que, varias veces quedamos en una zona gris, propensa a las acusaciones de estar contaminados por los militares, y tironeados entre posiciones por momentos antagónicas en las que se disputaba también algo del rumbo de las Fuerzas Armadas. En ese tironeo que contó con momentos de cierta perplejidad, en los que se me acusó de haber sido cooptada por los militares, u otros en los que se me criticó por tutearlos, descubrí esquemas de interpretación cambiantes sobre el pasado, el presente y el futuro, incluso entre los mismos funcionarios, fueran civiles o militares. Estos oscilaban entre ver el presente invadido por el pasado -anulando el tiempo-, y el que veía las profundas diferencias entre los militares del presente y del pasado (Frederic 2013). Esa controversia generada por esquemas de interpretación contrastantes, desafiaba el qué hacer con diversos aspectos de su profesión e introducía cierta frustración e impotencia entre los funcionarios reformistas. La creencia por ejemplo que la religión católica era el núcleo de su conservadurismo, o su formación de claustro la base de la producción de una corporación violenta, llevó a intentar eliminar el obispado castrense o a aprobar una batería de contenidos valiosos en derecho constitucional, derechos humanos, historia argentina, entre otros, en un régimen de estudios que prácticamente impedía, como luego explicaré, la lectura completa de la bibliografía obligatoria.

¿Tender puentes? Transitar incomodidades e intervenir etnográficamente en terreno militar

A la cuestión de la integración de las mujeres a las fuerzas armadas, siguió la cuestión de por qué se sucedían tantas bajas de jóvenes militares de sus filas, así como por qué mantener el sistema de traslados a oficiales cada dos o tres años, si generaba tanto sufrimiento y tendía a dividir la familia cuya unidad era un valor central en el ámbito militar; y luego cómo hacer para cambiar la formación de los oficiales y suboficiales de modo que democratizarlos no implique desprofesionalizarlos como militares. Para responder a esas cuestiones, realizamos durante el año 2008 la investigación más prolongada y profunda acordada con la ministra de Defensa preocupada por el éxodo de militares y los problemas de traslados o cambios de destino de oficiales y suboficiales. Esta se realizó mediante un convenio con la Universidad Nacional de Quilmes y se denominó Observatorio Sociocultural de la Defensa. El grupo que coordiné estaba integrado por dos colegas, doctores en antropología Laura Masson y Germán Soprano. Cada uno de nosotros tomó una de las tres Fuerzas Armadas para realizar trabajo de campo recorriendo las unidades militares destacadas por las autoridades de sus direcciones de personal, con las que definíamos las más relevantes. Las escuelas de formación de oficiales y suboficiales fueron indicadas como fundamentales por ser, para ellos, el sitio de la producción identitaria por excelencia. También la diversidad de áreas geográficas (Patagonia, Puna, Monte), así como las unidades donde se desarrollaban las distintas especialidades. Esa investigación de ocho meses que se conoció entre los militares como del «Observatorio», derivó en hallazgos sobre: la educación militar sacrificial; la deshonra del ejercicio de la profesión militar por «la propaganda en contra» que ocasionaban los juicios por delitos de lesa humanidad contra los perpetradores de la violencia; los bajos salarios y los suplementos en negro; el equipamiento obsoleto; las profundas diferencias generacionales en la mirada sobre la vida militar entre retirados, la generación que egresó apenas iniciada la democracia y las generaciones que crecieron en democracia y luego ingresaron a la carrera militar; las distintas concepciones sobre la mujer, los hijos y la familia militar; entre otras. Todos aspectos cuya articulación permitían comprender el porqué del éxodo de jóvenes militares y sobre todo ofrecer una base de conocimiento para orientar las políticas hacia los y las militares.

Fue así que el conocimiento etnográfico nos posicionó para los militares y los funcionarios del ministerio de Defensa en un lugar relativamente legítimo para argumentar respecto de las cuestiones antes señaladas. Recibí en ese tiempo un comentario de un coronel a cargo del área de Personal frente a otros oficiales y funcionarios, que conocía más el Ejército que la mayoría de los oficiales. La fuente de esa legitimidad era el trabajo de campo con ellos y ellas, en sus lugares de trabajo, durante la preparación y los ejercicios de adiestramiento, prácticas de tiro, desplazamientos en tanques y vehículos anfibios, en formaciones, ceremonias, en los casinos donde vivían, vuelos en avión y helicóptero, traslados prolongados, en los campamentos, en los almuerzos, mates y cenas compartidas, momentos de recreación, entre muchos otros. Los informes etnográficos que realizamos cuyo acceso fue habilitado por la ministra a los militares en septiembre de 2008, fueron debatidos con ellos quienes pasaron, según nos dijeron, de sentirse como hormigas en un laboratorio a apreciar el verse reflejados en ese documento al que denominamos «Informe de Avance».

Ahora bien, decía que esa legitimidad era relativa porque las propuestas que surgían de nuestras investigaciones no necesariamente ratificaban el rumbo deseado ni por funcionarios políticos ni por militares. A veces, colisionaban con esos esquemas de interpretación en los que el presente era presa del pasado, ya sea que como autoridades políticas vieran solo en él las rémoras del terrorismo de Estado para que no se repita, o como militares lo defendieran como una guerra que hubo que dar para salvar a la Patria. Pero esos no eran los únicos en danza, también había quienes distinguían el presente del pasado y veían una oportunidad para profesionalizar las Fuerzas Armadas y librarlas de aquella controversia y de la «mochila del pasado».

Por consiguiente, la incomodidad era producto no solo del interés en conocer y entender la experiencia militar, a contramano de quienes pensaban la comprensión en el límite de la justificación de los victimarios, sino por ser también la nuestra otra de las posiciones que contribuían a darle un rumbo alternativo a los posibles cambios. Así fue que el primer texto que escribí para una revista producida por el propio ministerio de Defensa, sufrió un extraño recorte en su versión impresa. El artículo con el que me ofrecieron contribuir que versaba sobre distintos problemas de los militares, salariales, de falta de equipamiento, etc., terminaba señalando que estos podrían ser subsanados si impulsábamos la política de tender puentes con la que entendía contribuía nuestra investigación. Fue justamente esa parte, la conclusión, que no salió. Las explicaciones que me dieron fueron poco verosímiles. Quedaba claro que la idea de tender puentes no era de interés de las autoridades políticas. Ese recorte, constituyó sin duda una señal de cómo seguir, cómo introducir nuestra mirada sobre qué hacer, cómo y para qué, cómo tender puentes, sin enunciarlo.

A esta experiencia de investigación asociada a necesidades de conocimiento de funcionarios y funcionarias interesadas en producir procesos de cambio, siguió mi ingreso a la función pública. Asumí en enero de 2009 la responsabilidad de llevar adelante cambios en la formación militar y de civiles en Defensa. Durante los tres años que fui subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa recibí indicaciones sobre qué cambios había que hacer en la formación básica de los oficiales y suboficiales, especialmente de los primeros, responsables de la conducción de los segundos.

Sin embargo, el fondo de conocimiento y el diálogo abierto con los y las militares luego de dos años de investigaciones etnográficas hicieron que negociara con la ministra acciones que nos permitieran obtener la aceptación de las autoridades militares, para lo cual había que construir las modificaciones con ellos. Al asumir el cargo ya se habían introducido siete materias obligatorias a la formación de oficiales, cuyos grados militares se obtienen junto con una licenciatura universitaria⁶. Una comisión integrada por especialistas había diseñado los programas y su bibliografía de las siguientes materias o asignaturas: Estado, sociedad y mercado; Historia Argentina 1890-1990; Nuevos escenarios de las relaciones internacionales, globalización y regionalización; Sociología de las Organizaciones; Derecho Constitucional y Derecho Administrativo; Derecho Militar y Código de Justicia Militar; Derecho Internacional Público; Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Aunque ya se habían implementado en 2008, los trámites para la compra de los libros contenidos en la bibliografía obligatoria no habían llegado a las bibliotecas de ninguna de las tres escuelas: Colegio Militar de la Nación, Escuela Naval Militar y Escuela de Aviación Militar. Urgía para la ministra conseguir que esos libros llegasen para el ciclo lectivo siguiente, así como implementar un curso para instructores militares que el funcionario saliente del cargo que ocupaba no había sabido o podido implementar. El desafío fue determinar cómo habían sido recibida esas materias por docentes y cadetes. Respecto del curso para instructores militares, me resultaba totalmente desatinado ponernos en el lugar del saber y «bajar línea», es decir dar cátedra de cómo hay que instruir en la formación disciplinaria. Así fue que con los colegas que habíamos realizado la investigación antes mencionada y que se sumaron al equipo de gestión, introdujimos la conversación con los militares de distinta jerarquía y los profesores, en el diseño de qué hacer. La ministra dio su aprobación a la propuesta.

Cuando el cómo define el qué hacer. Contextos de conocimiento como intervención sobre la formación militar

Quisiera destacar en esta sección un hallazgo que en rigor la reflexión antropológica especialmente metodológica ha conseguido sistematizar, de la mano de su diferenciación respecto de otras metodologías en ciencias sociales. Como antropóloga junto a mis colegas Soprano y Masson, y los militares que ya habíamos conocido en nuestras investigaciones o sabían de nosotros por ellas, construimos escenarios donde poder definir qué y cómo había que modificar tal o cual aspecto de la educación militar. El ejercicio antropológico reflexivo del trabajo de campo nos ha hecho saber que la singularidad de los contextos y de la inscripción del antropólogo/a en él, es inescindible del dato. Al participar junto con las personas de cuyas vidas aprendemos, de aquellas situaciones que nos proponen - tácita o deliberadamente- somos parte de ellas. Es allí, donde se producen determinadas conversaciones y la producción de los datos relativos a la perspectiva del actor.

Aquellos contextos que generamos con ellos fueron: un conjunto de reuniones con profesores para entender y evaluar cómo había sido la implementación de aquellas siete materias obligatorias; un curso-taller itinerante para instructores militares construido junto a las autoridades militares de cada una de las escuelas tanto de oficiales como de suboficiales; el Seminario Internacional La integración de la formación militar en la educación superior universitaria del siglo XXI; y una comisión de definición de criterios para modificación de la formación militar. Todos esos contextos de encuentros estuvieron encadenados, derivaron unos en otros, se convirtieron en el vehículo para construir una modificación no tanto al contenido, sino al régimen de estudio y la organización del tiempo de clases teóricas, de instrucción militar, de estudio y descanso.

Durante las reuniones con los profesores que habían estado a cargo de las materias obligatorias supimos que los y las cadetes no disponían ni de tiempo material, ni capacidad física para leer y comprender la bibliografía obligatoria. Muchos de ellos se dormían en clase exhaustos por la demanda física del régimen disciplinario y la instrucción. Por esta situación los profesores optaban por darle el material en versiones que denominaban «apuntes», síntesis con interpretaciones propias y fragmentos de la bibliografía, para que pudieran leer lo que entendían era más importante. Este fue un descubrimiento que nos llevó a profundizar en otros datos tales como cantidad de materias, régimen de estudio, tiempo disponible para la lectura, entre otros, y a comenzar a conversar con las autoridades educativas militares sobre su perspectiva en torno a este problema. Por consiguiente, la alarma que hasta entonces preocupaba a la ministra derivaba en otro problema más grave y estructural, el diseño de los planes de estudios universitarios había adosado el plan que llamaban académico al plan existente de formación militar, llevando el número de materias a un número que rondaba las 50 a cursar en cuatro años.

Pasó un año y medio hasta poder introducir este cambio de perspectiva y lograr su aceptación por la ministra de Defensa, tiempo en el cual avanzamos con otros encuentros con los militares dónde hacíamos mientras comprendíamos, e intentábamos generar una comunidad de debate y entendimiento. El siguiente encuentro al mencionado fue el curso de instructores convertido en un taller diseñado con los jefes de cuerpo, oficiales jóvenes en torno a los 35 años. Fui parte de las reuniones donde conversamos la propuesta en general y surgió la idea de trabajar con casos problemáticos. El diseño específico del curso estuvo a cargo de Germán Soprano. Luego participé de la realización del curso que fue itinerante entre las provincias de Córdoba y Buenos Aires, de manera que oficiales y suboficiales de todas las escuelas tuvieran su curso. En cada escuela se trataron los casos que habían seleccionado, situaciones qué ya habían atravesado, pero convertidas en paradigmáticas. Entre ellas, adicciones, embarazos no deseados, homosexualidad, abuso de autoridad, abusos sexuales. Todos los casos propuestos que se presentarían ante instructores de las siete escuelas para discutir cómo proceder, ponían en evidencia un conflicto en el que valores aceptados socialmente, parecían conspirar con la disciplina y los valores militares. También daban cuenta de comportamientos que podían ser considerados de la vida privada, como fue el caso del consumo de drogas en un bar de cadetes sin uniforme. Estos interrogaban a los instructores militares sobre si debían o no ser juzgados con arreglo a la vida militar. Los valores de la vida civil se metían en las escuelas, cosa que antes no ocurría, y eso desataba debates que necesitaban encauzar. Fue un lugar de conversación con instructores militares muy jóvenes, la dinámica era de presentación del caso, reunión en grupos más pequeños y luego compartir cuál sería el tratamiento en el que la enseñanza de la disciplina militar y el cuidado del o de la cadete fueran considerados. En muchos de esos encuentros se expresaba en forma lateral, en conversaciones cara a cara, el rechazo a la cantidad de actividades, seminarios y charlas dedicadas a hablarles de los derechos humanos.

En una de las ediciones del Curso, recibí el más directo de los comentarios de un oficial de unos 30 años en el Colegio Militar de la Nación mientras acompañaba la conversación sobre uno de los casos, posterior a su presentación, en un grupo más pequeño de instructores. Sin que el resto escuchara, sentada junto a él me dijo que consideraba que debía ponerse en discusión el Nunca Más, que no estaba de acuerdo en cómo se había tratado ese capítulo de la historia, que los militares de entonces habían frenado el daño producido por la violencia política. Agregó en un tono decidido que el Nunca Más-libro emblemático del reconocimiento de desaparecidos, centros clandestinos y sus situaciones de cautiverio redactado por la Comisión Nacional de Desaparición de Persona (CONADEP 1984)-era solo un relato de las víctimas y que faltaba dar cuenta de quienes habían provocado la violencia política previa. Su comentario me sorprendió por lo valiente y aparentemente fuera de contexto. Solo le respondí que ese consenso político no impedía otras perspectivas. Claro que aquella que ese instructor criticaba no dejaba de comunicar diariamente sobre los militares detenidos, procesados y condenados, y las circunstancias pasadas que los hacían imputables.

Ahora bien, quiero detenerme en dos cuestiones. Por un lado, que se animara ante mí, siendo funcionaria, daba cuenta que habíamos habilitado un espacio un poco más horizontal y que el miedo a la represalia cedió a la necesidad de discutir ciertos posicionamientos sobre el tema que dominaban la época. Asimismo, señalaba que éramos quienes representábamos aquella posición, pero también con quienes podían discutirla o al menos quienes podían escucharlos. Había recibido antes distintos comentarios críticos sobre el tema como investigadora, este era el primero como funcionaria. Por otro lado, retuve el impacto de su valentía y al unirlo a la insistencia con que de una u otra manera todos ubicaban en las escuelas de formación básica de oficiales el sitio de producción de su núcleo identitario, comencé a entender que había que despejar de ese núcleo la idea de que ellos eran solo victimarios de compatriotas. Idea a la que los empujaba, el tratamiento judicial de los militares por delitos de Lesa Humanidad, las decenas de actividades sobre Derechos Humanos, y la introducción del curso obligatorio en Derechos Humanos más cómo consecuencia del Nunca Más que como necesidad de cualquier Fuerza Armada del mundo.

El camino posterior incluyó una serie de esquelas enviadas a la ministra con este argumento que nunca fue rebatido, ni aceptado. Sí autorizó la propuesta que ofrecí y que fue la realización del Seminario Internacional antes mencionado. Este Seminario surgió de la visita que hicimos junto a Laura Masson y Germán Soprano, en agosto de 2009 al sistema de formación norteamericano poco conocido en Argentina denominado Reserves Officers Training Corps (ROTC) que está anclado en las universidades. El 70% de los oficiales en actividad del Ejército norteamericano no salen de West Point (el CMN de Estados Unidos) sino de ese sistema que financia la formación e introduce cursos y actividades de adiestramiento a través del sistema de créditos, en el marco de la formación universitaria. La versatilidad que encontramos allí nos dio los insumos para construir ese nuevo escenario de encuentro, que resultó la referencia posterior de todos quienes participamos para pensar cómo mejorar la formación de oficiales en Argentina.

El Seminario se realizó en el auditorio Roca, habitualmente usado por Ejército, un salón con capacidad para poco más de 100 personas tipo anfiteatro, ubicado en el piso octavo del edificio Libertador sede del Estado Mayor de Ejercito, del Estado Mayor Conjunto y del Ministerio de Defensa. Tenía por objeto comparar los sistemas de formación de oficiales con estudios universitarios de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Chile, Francia y Alemania. Se desarrolló durante tres meses entre abril y junio de 2010, con dos encuentros mensuales de una jornada cada uno, donde por la mañana integrantes de las Fuerzas Armadas de dos de esos países explicaban su sistema, y por la tarde se trabajaba en comisiones donde discutir sobre la exposición de la mañana, y luego se compartían los resultados del debate en comisiones. Participaron activamente unas cien personas por jornada la mayoría de los cuales, en torno al 80%, eran militares de las áreas de educación, el otro 20% éramos funcionarios del ministerio de Defensa y especialistas en educación superior y en educación militar. Invitamos también a dos antropólogos más que trabajaban sobre estos temas Máximo Badaró (2009) y Rosana Guber (2007, 2004).

Al término del primer encuentro en el momento en que se compartía la síntesis de la discusión, percibimos un cierto enojo en la exposición de uno de los oficiales de la Marina, que argüía: «porque había que cambiar lo que estaba bien ¿Qué es lo que está mal?», «por qué no manifiestan las autoridades cuales son los cambios que quieren hacer». Entonces, esperé que terminaran las exposiciones, salí de mi butaca en el público, subí a la mesa de exposiciones y dije que el Seminario era para identificar mejor los problemas y construir juntos los cambios que había que hacer, con creatividad, imaginación y respeto por la formación militar, y que no guardábamos ninguna carta en la manga. Las siguientes sesiones fueron más relajadas, intensas y debatidas. De ellas surgieron interesantes debates sobre cómo era posible integrar la educación militar y la universitaria, y resolver las tensiones de esa coexistencia (Soprano 2013), a la vista estaba que esa dificultad era la raíz principal del problema. Entre ellas destaqué el modelo alemán, luego de escuchar con todos los presentes cómo funcionaba. Retomé la referencia a que tenía un ciclo inicial de 6 a 9 meses de adiestramiento puramente militar, al cual le seguía el desplazamiento hacia la universidad de las Fuerzas Armadas (Bundeswher) donde el sistema de instructores hacía las veces de uno de tutores que garantizaban que la disciplina militar contribuyera a hacer el ciclo de licenciatura y maestría en 4 años, dos menos que cualquier formación civil. Se abstenían así del entrenamiento militar un freno al hábito de estudiante universitario, para convertirlo en un recurso de la disciplina que requiere hacer una carrera de grado y posgrado aceleradamente. Esto sin dejar de señalar que era una variante y que lo importante era, como había señalado otro colega ex funcionario de Defensa presente, «no estamos aquí para copiar un modelo extranjero adecuado a una historia y una realidad distinta a la Argentina», sino para hacer nuestro «traje a medida». De estos encuentros, surgieron nuevas ideas y sobre todo se terminó esa ejemplificación fragmentada de quienes habían estado fuera de la Argentina, para construir un conocimiento compartido sobre otros modelos de educación universitaria y los desafíos que enfrentaban.

Pocos meses después junto a las autoridades educativas de las Fuerzas convenimos en la importancia de retomar el debate del Seminario y generar otro espacio de encuentro esta vez de las autoridades educativas de las Fuerzas Armadas y quienes conformábamos la subsecretaría de Formación. Así fue que se constituyó el Comité de Modernización de la Formación Profesional Militar de Oficiales de las Fuerzas Armadas creado por la Resolución Ministerial número1587 en octubre de 2010, integrado por los antes mencionados, con el objetivo de proponer los cambios necesarios para mejorar y adecuar la formación militar universitaria básica de oficiales a las exigencias de la profesión militar actual en las tres academias. Durante las reuniones acordamos los criterios y redactamos la resolución que aprobó, en diciembre del mismo año, las Pautas para la Formación Profesional Básica de los Oficiales de las Fuerzas Armadas (Resolución ministerial 1648). El ítem que más debate llevó fue aquel que establecía que el ejercicio de la responsabilidad individual del cadete incluía la posibilidad de retirarse del establecimiento o de ausentarse del aula en aquellas materias que le resultaban más fáciles para adelantar conocimiento de las que les resultaran más difíciles, algo que solo podía definir el mismo cadete. Este aspecto entendíamos resultaba en un aprendizaje necesario para el futuro oficial en relación a sus estudios y desempeño, y redundaría en mejoramiento de la calidad educativa ya que el sistema de control de cadetes de grados superiores e instructores, diluía su responsabilidad en la observación permanente del superior. Claro que, para algunos militares integrantes del Comité, ponía en riesgo la disciplina militar. Finalmente alcanzamos un punto de acuerdo que fue el que se aprobó:

El ejercicio de la responsabilidad individual incluirá también la elección por parte del cadete de la posibilidad de permanecer o retirarse del establecimiento, de acuerdo a la normativa de cada instituto, a fin de que pueda participar de otros ámbitos de sociabilidad o bien hacer uso del tiempo para estudio o recreación en el mismo. Dicha posibilidad estará supeditada al estricto cumplimiento de las actividades comprendidas por la práctica profesional supervisada que incluyan la práctica del ejercicio del mando, tales como: servicio de semana y de armas; encargado de curso y sistemas de guardias de seguridad de cada Instituto (inciso G, resolución 1648/2010).

Durante los meses siguientes, ya en 2011 y con cambio de ministro⁷, se conformaron equipos de revisión y rediseño de planes de estudio para formar a los oficiales de las Fuerzas Armadas por perfiles de egreso y competencias. Esto redundó en un análisis del contenido y ajuste de la pertinencia de las materias para reducir ese descomunal número al que había llevado la superposición de la formación militar y la formación universitaria, su acople sin integración. También se modificaron los regímenes de estudio de cada escuela a efectos de introducir entre otros aspectos: cambios en el régimen de asistencias y regularidad; un margen para el aprendizaje del uso del tiempo en pos de un mejor rendimiento académico tomando esto como un aspecto central de la disciplina del oficial, y no como obstáculo; y para que fuera factible cursar un tramo de la carrera en una universidad nacional. Todos los cambios se aprobaron en noviembre de 2011, solo quedó pendiente la regularización de los docentes universitarios, esto era llevarlos a un régimen de la carrera docente de nivel terciario a una donde se contemplen perfiles docentes y dedicaciones que incentivaran la formación de posgrado y la actividad de investigación y transferencia. Sin embargo, esto no dependía solo del ministerio sino de las normas de empleo público del Estado Nacional, debido a que los institutos universitarios de cada una de las tres Fuerzas no eran beneficiarios del régimen de autonomía de las universidades nacionales, sino que dependían de la administración pública nacional⁸.

Antes de dejar el cargo en diciembre de 2011 contacté al rector de una de las universidades nacionales del área metropolitana de Buenos Aires con el objetivo que cadetes de los institutos militares puedan cursar algunas materias junto con estudiantes de la universidad y realizar intercambios. Me convocó luego a una reunión junto con parte del consejo universitario para conversar informalmente sobre esta posibilidad. Allí destacaron que, dada la proximidad con Campo de Mayo, la guarnición de Ejército más grande de la Argentina, había suboficiales cursando estudios universitarios y familiares de militares en actividad y retirados, y que por temor a la discriminación no daban cuenta de esas facetas de sus vidas en clase⁹. Mencioné en esa reunión que ya había habido una experiencia con la Universidad Nacional de Tres de Febrero pero que aquí les abrieron a los y las cadetes un curso de metodología de la investigación que no compartían con estudiantes de la universidad, razón por la cual no se cumplía el objetivo de intercambiar perspectivas con un público más amplio que el militar. Los y las presentes en la reunión del consejo veían dificultades para alcanzar el objetivo de compartir aulas y quedaron en analizar el tema, aunque consideraban que iban a tener resistencias internas. Nada ocurrió en este sentido.

¿Golpistas? Transitar incomodidades e intervenir etnográficamente en terreno policial

La periodista me contactó telefónicamente. Quería conversar sobre la protesta de gendarmes que se estaba llevando adelante desde hacía dos días, era octubre de 2012. Quería saber cómo la veía, cuál era mi punto de vista. Alguien le había comentado que estaba haciendo una investigación sobre la gendarmería (GNA) en el Operativo Cinturón Sur, donde estaban o habían estado destinados los manifestantes. Ella me conocía de mi paso como subsecretaria de formación del Ministerio de Defensa, y de las investigaciones anteriores sobre militares. En esta oportunidad, preocupaba ese conflicto que se desarrollaba con manifestaciones y acuartelamientos en las escalinatas del edificio Centinela (sede del comando de esta fuerza federal de seguridad), las escuelas de suboficiales, y la mayoría de sus escuadrones y unidades del país. Un conflicto al que se sumaron efectivos de la Prefectura Naval (PNA) y casi se expande a algunas unidades de las fuerzas armadas, donde finalmente no hubo acuartelamiento, porque los superiores pudieron contener al personal.

El medio periodístico era Página12, devenido partidario del gobierno de entonces y la periodista, Nora Veiras, especializada hasta entonces en temas de Defensa y Derechos Humanos. Ella buscaba interrogar o ratificar una serie de interpretaciones y reacciones sobre las causas del conflicto. Una parte significativa de ellas procedentes fundamentalmente de referentes del gobierno, sindicaban a los manifestantes como golpistas promovidos por las corporaciones mediáticas. Algunos indicaban que se trataba de un fenómeno en expansión en América Latina como había sucedido en Ecuador. Le di mi opinión a partir del trabajo de campo que estaba realizando sobre la Fuerza, en el que las conversaciones con gendarmes de distinta jerarquía, generación y función, remitían a una serie de demandas, conflictos, tensiones y posicionamientos. Estos, permitían aportar a la comprensión de la protesta en un sentido bien distinto al que se imponía.

Fundamentalmente, le destaqué a la periodista que la protesta nada tenía que ver con un Golpe de Estado, que por el contrario creía que debían ser escuchadas y atendidas, las demandas por la situación salarial y las condiciones de trabajo resultado de los operativos ordenados por el gobierno nacional de entonces en el Área Metropolitana de Buenos Aires tanto el Cinturón Sur como el Operativo Centinela. Le ofrecí algunas evidencias que hoy están publicadas en La Gendarmería desde Adentro: de centinelas de la patria al trabajo en barrios cuáles son sus verdaderas funciones en el siglo xxi (Frederic 2020) para que entendiera el trasfondo de un conflicto inédito, entre ellas: las brechas generacionales, una fuerza mayoritariamente compuesta por personas muy jóvenes sin cuadros intermedios suficientes, condiciones del servicio indignas para el personal, un ambiente operacional adverso, entre otras.

Al cortar la llamada, temí que mi interpretación del conflicto fuese a resultar un problema con las autoridades políticas del ministerio de Seguridad. Me quedé pensando cuáles serían las críticas cuando al día siguiente saliera la nota, ya que la posición de sus autoridades iba en la dirección de sumarse también a las acusaciones contra los gendarmes de estar alentados por las corporaciones opositoras de gobierno. La investigación estaba asociada a un acuerdo formal entre ese ministerio y la universidad Nacional de Quilmes de transferencia de conocimiento. Más allá de ese convenio, había por supuesto un vínculo de confianza fundado en el trabajo previo con militares cuando la ministra Nilda Garré, ahora ministra de Seguridad (2010-2013), era de Defensa (2005-2010).

En rigor, no había violado la confidencialidad suscripta ni acordada de palabra con las autoridades políticas, pues no había revelado los resultados de la investigación durante la entrevista solo había señalado lo que el trabajo de campo me permitía interpretar. El último informe de avance que había entregado respecto del modo en que los y las gendarmes destinados al Operativo Cinturón Sur respondían o se adaptaban, en sus propios términos, a tareas distintas de sus funciones habituales en la frontera, ya hacía un mes que estaba a disposición de las autoridades, quienes me habían solicitado no difundirlo entre los jefes de la gendarmería. De la producción de ese informe habíamos participado tres investigadoras, dos de ellas en formación: Sabrina Calandrón y Agustina Ugolini. Cada una de nosotras había tomado una de las tres unidades operativas en dicho Operativo ubicado en la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dónde se encuentra la mayor concentración de población segregada y los barrios, tal como el Barrio Padre Ricchiardelli más conocida como «la 1-11-14», identificados como el sitio de alta concentración de delito. El Operativo inaugurado en junio de 2011, un año antes de nuestra investigación, consistió en apartar a la Policía Federal con jurisdicción en ese sitio, del patrullaje de calle y recluirla a la administración de las causas, para cederle esta facultad a la PNA y a la GNA.

El informe etnográfico daba cuenta de los quehaceres de los y las gendarmes, de cómo evaluaban su desempeño en ese ambiente operativo, de sus demandas y percepciones sobre la adecuación con su formación básica, y sus especializaciones profesionales. Pero las circunstancias y la experiencia del personal allí desplegado unos 1300 gendarmes aproximadamente, desbordaba los objetivos que definiéramos junto a las autoridades políticas, preocupadas por un Operativo inédito de gran envergadura con resistencias internas notables también entre los altos mandos de la Fuerza. Entre las personas movilizadas descubrimos perspectivas divergentes. Proliferaban las evaluaciones muy negativas sobre el modo en que habían sido desplegados, aunque muchos trataban de encontrar continuidades con sus trayectorias y especialidades previas; otros aceptaban la tarea, pero se descargaban contra sus jefes por el descuido hacia el personal, la falta de lugar para descansar, sentarse, comer, etc, la improvisación de unidades, una de las cuales había tomado la vieja morgue de la comisaría. Si bien había quienes se habían adaptado, no dejaban de dar cuenta de injusticias reiteradas, sentimientos de indignación y un profundo malestar por el servicio. Uno de los relatos que más me preocupó fue el de el Cabo Cristian Bermúdez quien angustiado sin poder mirarme a los ojos me pedía si podía hacer algo para que lo llevaran devuelta a la provincia de Salta su destino original, junto a su pequeña hija de 6 años que hacía ya 8 meses que no veía. Cristian era conductor, estaba trasladado, cobraba un viático y lo inundaba la incertidumbre de no saber cuándo volvería a ver a su hija, una práctica completamente fuera de lo normal en la GNA. Nadie le decía cuándo terminaría el servicio en Buenos Aires, distante más de 1500 kilómetros de su casa. En las recorridas se había quejado estando presente uno de sus superiores mientras recorríamos en una camioneta de la GNA el barrio: «aquí nadie respeta nada, tiran basura en la calle, y no ve que cuando pasamos nadie se corre, ni siquiera cuando llevan criaturas». Las veces que volví siguió insistiéndome si podía hacer algo para que pudiera regresar a Salta. Mi respuesta fue siempre que lo intentaría, cosa que hice, sin éxito, había muchos en su situación me dijeron, son obligaciones del servicio era la respuesta.

De regresó del trabajo de campo mi percepción era que el clima de angustias, destrato e indignación hacía del Operativo una bomba de tiempo. El informe lo entregamos a las autoridades del ministerio de Seguridad en julio de 2012, dos meses antes de la protesta. Ahí fueron muchas recomendaciones entre ellas incluimos: ordenar la disparidad de condiciones de revista; el retorno de personal a sus lugares de despliegue original u ofrecerle certidumbre sobre los plazos de su destino; corregir la discrepancia en las remuneraciones percibidas por destinados y movilizados; mejorar las condiciones de trabajo en las unidades (espacios de descanso y alimentación); y por sobre todo, abrir un espacio de reentrenamiento para el personal. Esto último sí lo anunció la ministra, aunque no se implementó sino años después.

La protesta se extendió una semana al cabo de la cual varios de los puntos de un petitorio que demandaba contar con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, modificar el decreto salarial por el cual estalló la protesta, sanear la obra social, entre otras medidas, fueron atendidos. Hubo más de 150 gendarmes sancionados, la mayoría de los cuales fue expulsado de la Fuerza, no obstante, al cabo de cinco años la justicia federal ordenó GNA que los reincorporara. La Fuerza solo recurrió los casos de quienes habían tenido algún gesto violento hacia su superior o con emblemas patrios, esto solo refería a un puñado de cinco personas. La protesta se había desarrollado pacíficamente, sin uso de armamento. En tanto, el ministerio retiró a los jefes de entonces-Director y Subdirector-y los reemplazó por otros dos. Como subdirector asumió quien había sido el director de personal de la Fuerza.

En cuanto a mis preocupaciones respecto del posible reproche de las autoridades del ministerio, no ocurrió. Si, sucedió, que el flamante subdirector, de la GNA, me convocó a conversar sobre la entrevista que leyera en Página12 pues coincidía con mi visión. Ahí compartí con él los resultados preliminares de la investigación, particularmente de aquellos que arrojaban luz sobre los cimientos de aquella protesta. La conducción era pensada por entonces como una capacidad fundada en la habilidad para conocer las necesidades del personal o inducirlas, al tiempo que satisfacerlas material y/o simbólicamente, para procurar su bienestar. Por consiguiente, la protesta era un signo del fracaso de la conducción de los mandos medios y superiores, quienes quedaron con un profundo sentimiento de vergüenza de ese evento que era catalogado como «el octubre negro».

Un año después me pidieron dictar una conferencia a los mandos superiores cuando todos ellos reunidos en Buenos Aires en los tiempos de la evaluación de las juntas de ascenso, pudieran participar. Para mi sorpresa al cierre de la charla donde expuse los resultados de la investigación, luego de recibir un ramo de flores ciertamente difícil de transportar, me reprocharon por haber sido muy blanda con ellos-todos varones. Respondí a la crítica diciendo que entendía que para ser «duros» estaban ellos a quienes les correspondía ejercer el liderazgo y la conducción. Evidentemente, no confiaban en su capacidad de mando, y el conocimiento adquirido por el trabajo de campo era un capital que ninguno de los superiores podía esgrimir, porque no conversaban con el personal subalterno en confianza. La situación dio cuenta de las perspectivas disimiles entre subalternos y superiores en el contexto operativo, y también fuera de él, en el de la administración central de la Fuerza.

Por otra parte, la protesta dejó abierta una rendija para discutir la sindicalización de las fuerzas de seguridad en Argentina. Sin embargo, se obturó rápidamente. Supe que la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner no acordaba con la idea, ni con un mecanismo alternativo. Su posición coincidía con la de un arco significativo de integrantes de ese espacio, aquellos y aquellas que consideraban que los policías son represores y potenciales golpistas, que encarnan la violencia contra el pueblo trabajador; por consiguiente, no merecen el derecho a la sindicalización¹⁰.

En verdad, el argumento central de la investigación posterior a esta etapa (2013-2018) resultó de concentrarme en comprender las condiciones de esa protesta a partir de los nuevos usos de la gendarmería desde 2003 con el gobierno del presidente Néstor Kirchner (2003-2007). Ahí pude identificar el proceso político económico que lo atravesó, del cual los y las gendarmes en tanto ciudadanos argentinos también eran parte. Si tuviera que sintetizarlo diría que la gendarmería fue uno de los recursos para hacer frente o contener evitando la represión descarnada, a la administración de la población en las márgenes de los beneficios económicos del período. Pues, el periodo 2003-2015 no restituyó el Estado del Bienestar, sino que apuntaló las ruinas de aquella transformación estatal que dejara el periodo neoliberal de la década de 1990 (Frederic 2020).

Publicar ese análisis etnográfico renovó la incomodidad porque dejaba a ese gobierno lejos de alcanzar a las mayorías con un Estado Benefactor. Es decir, ya no era solo el problema del abuso que hiciera de las personas que integraban la gendarmería, también daba cuenta de las continuidades con el período neoliberal y ponía a la crisis de 2001 como un hito en un proceso más largo. Como el libro salió siendo ministra de Seguridad de la Nación de un gobierno integrado por muchos de los referentes y funcionarios del periodo de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, entregué algunos ejemplares al presidente y la vicepresidenta. Durante mi gestión los conflictos políticos se suscitaron por la profundización de este régimen de administración de poblaciones en las márgenes, que demandaba solo más personal de gendarmería para sofocar los incendios políticos que producían los hechos de inseguridad.

Accountability y condiciones de la producción etnográfica colectiva

Pocas veces nos referimos a las condiciones en las que desarrollamos nuestra investigación. Por lo general las damos por sentadas, posiblemente porque demos por hecho que se parecen unas con otras, o tal vez porque esas condiciones comunes sean presupuestas como la base de sustentación de resultados científicamente consistentes. Habitualmente los análisis que propician la reflexividad del investigador o investigadora en el campo dan cuenta de las interacciones que allí ocurren y lo que evocan del escenario mayor. Básicamente porque otros aspectos se asumen como igualadores o porque no se los considera con incidencia en la producción de datos.

Aquí quisiera destacar la conformación colectiva del equipo de investigación y los acuerdos sobre difusión de información y datos, así como las consecuencias de estos sobre las personas e instituciones, o accountability (Dullo 2016:141). Las investigaciones sobre policías, militares y gendarmes que llevé adelante tuvieron ciertas características que quisiera subrayar porque sin ellas los resultados no hubieran sido los mismos. La primera es que tuvo muchas etapas de trabajo colectivo comenzando por la formulación del acuerdo general de investigación con las autoridades políticas, el abordaje de campo, las negociaciones en el acceso y la interpretación. La segunda es que durante ese esfuerzo colectivo había interpretaciones disimiles, miradas divergentes de quienes llevábamos adelante la investigación. La tercera es que cada quien aportó a los informes a entregar y también desarrollo a posteriori, vencido el plazo de confidencialidad, sus propias líneas de investigación. La cuarta es que en la presentación de los informes ante las autoridades políticas y/o militares o policiales, el grupo de investigación también era parte del debate, marcando sus señalamientos. De cada investigación realizada para el Ministerio de Defensa y luego para el Ministerio de Seguridad, los grupos fueron modificándose, para el primero éramos tres colegas con parecida trayectoria Laura Masson y Germán Soprano que habíamos trabajado juntos durante nuestros doctorados sobre Antropología de la Política. En cambio, la composición del que desarrolló las investigaciones para el Ministerio de Seguridad fue distinta había investigadores formados y en formación. La quinta es que cada acuerdo suscripto entre ministerio y universidad, formaba parte del programa de vinculación y transferencia de esta última, y suponía una erogación presupuestaria para remunerar a los y las investigadoras, siempre que estos no estuvieran en incompatibilidad.

Así cuando presentamos el primer informe de avance sobre la formación de los oficiales de la Policía Federal Argentina a las autoridades políticas del ministerio de Seguridad del área de educación y de derechos humanos, se produjo un fuerte debate en relación a nuestros primeros resultados. Fundamentalmente, porque ahí mostramos que la desmilitarización pretendida por la autoridad máxima del ministerio, era en un reclamo extemporáneo. El informe era el resultado de ocho semanas intensivas de observaciones participantes y conversaciones con cadetes, profesores e instructores, en la escuela de oficiales, con seguimiento de los cadetes en las comisarías donde hacían pasantías, que habíamos realizado cuatro jóvenes investigadores e investigadoras en formación que realizaban sus doctorados en antropología, Sabrina Calandrón, Agustina Ugolini, Tomás Bover y Mariano Melotto; y dos que ya habíamos terminado los nuestros, una de ellas Mariana Galvani sobre la Policía Federal Argentina.

La presentación se hizo en uno de los salones más grandes del ministerio de Seguridad allí habría unos quince funcionarios políticos, entre ellos especialistas en educación y derechos humanos, y nosotros seis. No había policías, con ellos la presentación fue posterior. El debate se produjo al comenzar a dar evidencias de que la formación se había renovado, que habían fortalecido las áreas de simulación de escenarios para ambientar las prácticas policiales a los entornos más comunes de actuación tales como: andenes de tren, centros comerciales, espacios ajustados de pasillos y viviendas, interiores de viviendas como escenas probables de homicidios. También al identificar problemas en la administración del personal docente, muchos de los cuales trabajaban ad honorem, como jueces y fiscales, o por una paga insignificante. Nuestro informe daba cuenta de la perspectiva de las autoridades policiales y de los instructores, del modo en que ellos explicaban la formación, pero también de los y las cadetes que señalaban la convergencia y las divergencias entre sus aspiraciones y el tránsito por la Escuela. La proximidad etaria de los y las investigadores en formación y los y las cadetes, produjo acceso a perspectivas que se complementaban con aquellas a las que accedíamos quienes ocupábamos no solo otro lugar generacional sino también una posición jerárquica en la coordinación del grupo.

El contrapunto con las autoridades políticas obedecía a que estos manifestaban con certeza que la formación no tenía un perfil definido, mientras nosotros señalábamos que había un perfil que el esfuerzo de renovación de la escuela buscaba producir, y que en todo caso podía no ser compartido por las autoridades políticas de ese momento. El saldo del debate fue que aceptaran nuestra sugerencia de realizar una segunda etapa para dar cuenta de ese perfil, o perfiles profesionales. Cosa que sucedió y que arrojó luz sobre un problema reconocido por la plana mayor de la Escuela, y era la tensión entre la teoría y la práctica, la escuela y la trinchera (la comisaría), o la perdida de legitimidad de la formación escolar en el ejercicio de la profesión policial en las comisarías.

Reflexiones finales

Las distintas formas y circunstancias de la investigación tuvieron en la descripción que compartí a la incomodidad como condición y resultado. Incluso me aventuro a decir que nos ubicamos en la incomodidad de distintos modos, y solo salimos parcialmente de ella, para volver a entrar ya sea con un nuevo tema de investigación o con alguna intervención que nos dejó siempre en una posición incómoda ante algún grupo o sector. La incomodidad se tornó la condición de producción del conocimiento sobre estas poblaciones objeto de renovadas administraciones por parte de actores políticos.

Sin embargo, son las circunstancias y los escenarios históricos en los que nos movemos los que definen el tipo de incomodidad, y nuestros movimientos siempre acompañan al menos circunstancialmente, el de aquellos sobre los cuales hacemos nuestra investigación. Por eso la simpatía y la empatía (Shoshan 2015), fueron momentos comprimidos e intermitentes de la relación con las poblaciones que estudié durante el trabajo de campo. Con ellos y fundamentalmente, tomando nota de qué escenarios analizar y cuáles contribuir a producir es que pudimos llevar adelante un proceso donde quienes fueron objeto de políticas, como futuros beneficiarios, se convirtieran en agentes de su producción, y no fueran convertidos únicamente en opositores a los cambios. Ahí los avances en las reflexiones metodológicas de la etnografía desde una perspectiva reflexiva resultaron cruciales para entender que contexto y dato, son instancias inescindibles y que, sin conversación efectiva y no simulada, con escucha atenta y flexible, con los militares y los policías, dentro o fuera del trabajo de campo propiamente dicho, no hay posibilidad de transformación sostenible en el tiempo.

Los resultados alcanzados por las intervenciones antropológicas permanecen siendo hoy una muestra de comprensión del punto de vista tanto de policías, gendarmes y militares, como de quienes desde la función pública buscan administrarlos. No se trata de conciliar. Tender puentes no es unificar u homogeneizar perspectivas, sino darle a cada una su lugar, sin cancelarla, para producir una articulación que no anule contrastes, oposiciones o convergencias. Porque aun cuando las decisiones políticas no coincidan con los resultados de la investigación etnográfica y las sugerencias basadas en ellas, son insumos significativos en el mediano o largo plazo, para rectificar rumbos o redefinir medidas incluso con recambio de funcionarios.

La intervención antropológica o etnográfica, llevada adelante por investigadores/as responsables de las consecuencias de sus resultados y que consigan ceder a la tentación de la publicación como único espacio de validación, es un recurso único del campo de las ciencias sociales para evitar, en contextos donde priman la controversia y la radicalización de las oposiciones, la reducción y justificación de posiciones unilaterales. Puede contribuir, por consiguiente, a conocer y mostrar con toda la sutileza que se requiera, las relaciones que existen entre ellas y los puntos posibles de acuerdo, a comprender sus fundamentos y contribuir a evitar choques donde puede haber encuentros. Se trata desde mi punto de vista de una intervención que, fundada en un abordaje teórico metodológico, sostenido en una tradición centenaria, que validó la flexibilidad de sus herramientas de producción de datos, a instancias de los escenarios, poblaciones y problemas a investigar, posee un enorme potencial para informar, cuestionar o aportar a políticas públicas sostenibles en ámbitos como el militar o policial. Pues sin lugar a duda, para ello se requiere que sus beneficiarios o beneficiarias no sean convertidos en enemigos, y consigan ser también protagonistas.

Como mostré la etnografía puede continuar sus aportes haciendo de los contextos donde se conoce, también contextos donde se producen alteraciones en los modos de relación entre personas que pertenecen a mundos sociales totalmente ajenos, como son en Argentina los de militares, policías y gendarmes, y los de investigadores o profesores universitarios en ciencias sociales, y viceversa. Finalmente, su flexibilidad y capacidad de adaptación para el conocimiento de la diversidad debe también aplicarse a la identificación y construcción de las circunstancias y los medios a través de los cuales se puede comunicar a públicos no académicos, cuidando de la confidencialidad y el anonimato de quienes nos confiaron su palabra, siempre.

Agradecimientos

Agradezco a Ana María Forero Angel y Marco Julián Martínez-Moreno por la coordinación del dossier, a los revisores y los colegas que participan del dossier por los debates previos a la redacción de mi contribución.

Bibliografía

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• SHOSHAN, Nitzan. 2015. “Más allá de la empatía: la escritura etnográfica de lo desagradable”. Nueva Antropología, 28(83): 147-162.

Notas

• 1
  Julieta Quiros (2023) ha hecho un interesante aporte a la cuestión de la intervención antropológica en su campo.
• 2
  León Arslanián había llegado por segunda vez al mismo cargo, la primera luego del homicidio de un reportero gráfico José Luis Cabezas en 1997 y la segunda por el secuestro y asesinato de un joven, Axel Blumberg en 2004 ambos con amplia repercusión pública y con connivencia y/o negligencia policial.
• 3
  En Argentina hay cuatro fuerzas federales de Seguridad la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria que en su conjunto sumaban en 2023 unos 93.000 efectivos.
• 4
  El ministerio de Seguridad de la Nación se creó en diciembre de 2010, hasta entonces existió una Secretaría de Seguridad Interior dependiente desde su creación en 1996 hasta 2002 del Ministerio del Interior, luego de lo cual dependió del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
• 5
  Los cuerpos comando de las fuerzas armadas son aquellos que se distinguen de los profesionales. Mientras quienes integran aquellos hacen los cuatro años en las escuelas de oficiales, estos están integrados por egresados universitarios que hacen un curso de alrededor de tres meses sobre disciplina y normativa militar.
• 6
  La conversión de la educación militar en universitaria es un proceso que inició el Ejército Argentino en 1994 y que luego impulsó también en las otras dos Fuerzas, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (Nº 24948/1998) que obliga al personal en condiciones de ascender a oficial superior contar con un título universitario.
• 7
  El 15 de diciembre de 2010 fue designado Arturo Puricelli como ministro de Defensa en tanto Nilda Garré pasó a ser ministra de Seguridad de la Nación.
• 8
  Hasta entonces cada Fuerza contaba con un Instituto Universitario que a diferencia de las universidades nacionales no tenían la autonomía para darse su régimen docente, por tanto, sus salarios y carrera estaban asociadas a regímenes de educación secundaria. Esto tenía impacto negativo en sus salarios y dedicación. Esta situación cambió cuando se creó la Universidad de la Defensa Nacional en 2014.
• 9
  Desde 1983 con dispar intensidad los militares atravesaron situaciones de discriminación, insultos, al punto que se les ordenó no usar uniforme en la vía pública, cosa que no siempre les fue posible. Esto afectó a las generaciones formadas en democracia dejando en ellos una amarga experiencia que siguen señalando como esa mochila que no merecen cargar.
• 10
  El derecho a la sindicalización de las policías está permitido en Uruguay, Estados Unidos y Canadá, y los países de la Unión Europea, y prohibido en el resto de América Latina. Donde está permitido el derecho a huelga está prohibido.

Editado por

• Editores del dossier
  Marco Julián Martínez Moreno (https://orcid.org/0000-0001-8223-5169)
  Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
  Email: [e-mail]
  Ana María Forero Angel (https://orcid.org/0000-0002-2483-1154)
  Universidad de Los Andes, Departamento de Antropologia, Colômbia
  Email: [e-mail]

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  20 Ene 2025
• Fecha del número
  2024

Histórico

• Recibido
  01 Feb 2024
• Acepto
  18 Jun 2024