Configuraciones de género en la elaboración de políticas públicas y abordajes de consumos en la Argentina (2003-2015)

Gender configurations in the elaboration of public policies and approaches to drugs consumption in Argentina (2003-2015)

Configurações de gênero na elaboração de políticas públicas e abordagens de consumo na Argentina (2003-2015)

Resumen

Resumen  El presente artículo tiene como objetivo analizar las configuraciones de género en la elaboración de políticas públicas y en el diseño de abordajes de consumos en la Argentina. Para dar cuenta de esto, analizamos en profundidad diecinueve entrevistas realizadas a informantes clave en la temática de drogas, que pertenecen o pertenecieron a organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil en el período 2003-2015. Los resultados se organizan en dos ejes: elaboración de políticas públicas y abordajes a los consumos. Desarrollamos algunas problemáticas que se derivan de contar con miradas de género sesgadas y destacamos la importancia de una perspectiva de género para pensar políticas y abordajes integrales.

Palabras clave:
drogas; género; políticas públicas; abordajes

Abstract

Abstract  This article aims to analyze gender configurations in the elaboration of public policies and in the design of approaches to drugs consumption in Argentina. To account for this, we analyzed in depth nineteen interviews carried out with key informants on the subject of drugs, who belonged to public and civil society organizations in the period 2003-2015. The results are organized in two axes: elaboration of public policies and approaches to drugs consumption. We expose some problems that arise from having biased gender perspectives and we highlight the importance of a gender perspective in order to think comprehensive policies and approaches.

Keywords:
drugs; gender; public policies; approaches

Resumo

Resumo  O presente artigo tem como objetivo analisar as configurações de gênero na elaboração de políticas públicas e na concepção de abordagens ao consumo na Argentina. Para tal, analisamos em profundidade dezenove entrevistas realizadas a informantes-chave na temática das drogas, que pertencem ou pertenceram a órgãos públicos e organizações da sociedade civil no período de 2003 a 2015. Os resultados estão organizados em dois eixos: elaboração de políticas públicas e abordagens ao consumo. Abordamos algumas problemáticas decorrentes de visões de gênero distorcidas e destacamos a importância de uma perspectiva de gênero para conceber políticas e abordagens integrais.

Palavras-chave:
drogas; gênero; políticas públicas; abordagens

Introducción

El presente artículo tiene como objetivo analizar las configuraciones de género en la elaboración de políticas públicas y el diseño de abordajes del consumo problemático de drogas. Para ello, se analizaron diecinueve entrevistas en profundidad hechas en el marco de una investigación colectiva¹ que estudia las políticas públicas sobre drogas en el Área Metropolitana de Buenos Aires en el período 2003-2015. Las personas entrevistadas fueron informantes clave y decisores políticos de la temática de drogas, que pertenecen o pertenecieron a organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil durante los años bajo estudio. Entendemos que las miradas y discursos de estos informantes son valiosas en tanto tuvieron un rol significativo en dicha elaboración de políticas y abordajes. De esta forma, relevamos de qué manera aparece la dimensión de género, orientación y/o identidad sexual en sus perspectivas y en las instituciones que representan. Para esto último, complementamos el análisis de las entrevistas con un rastreo de documentos elaborados por los organismos competentes e instituciones a las que pertenecen las personas entrevistadas.

Cabe mencionar que al momento de realizar las entrevistas estas dimensiones no fueron contempladas entre los ejes a indagar, es decir, no se incluyeron preguntas específicas para profundizar la mirada de las personas entrevistadas sobre el género y las sexualidades en relación con los consumos. Por esta razón, la dimensión de género solo aparece explícita en algunas entrevistas. Sin embargo, partimos de asumir que las presunciones de género se encuentran siempre presentes, aunque estas no sean asumidas como compromiso político para erradicar las desigualdades y promover una agenda de derechos específica hacia mujeres cis² y población LGBTIQ+³. Estas miradas en torno al género, la identidad y orientación sexual –aunque no estén explicitadas o sean reconocidas– definen tipos de abordajes y políticas públicas focalizadas que pueden resultar insuficientes para dar una respuesta a quienes la demandan.

Comenzamos el artículo haciendo una breve historización de “la drogadicción” como problema público en la Argentina, para luego problematizar esta historia desde un análisis de género. A continuación, presentamos algunos resultados del estudio de las entrevistas. Estos se organizan en dos planos: en primer lugar, el diseño de las políticas públicas; y en segundo lugar, la implementación de los abordajes terapéuticos. A la par del desarrollo de estos resultados, nos proponemos analizar problemáticas emergentes que se derivan de una mirada de género sesgada, es decir, que no contempla cómo el género impacta en las trayectorias biográficas y de consumo de las personas. De esa manera, podremos dar cuenta de la relevancia de estas dimensiones para pensar políticas y abordajes integrales.

Una historia de “la drogadicción” en la Argentina

La construcción social del problema de las drogas en Argentina se remonta a principios del siglo XX, cuando diversas corrientes del pensamiento positivista -el higienismo, la medicina legal y la doctrina de defensa social- comenzaron a demandar la penalización del uso indebido de sustancias y de su comercialización sin prescripción médica (Corda et al. 2014). Sin embargo, hasta la década de 1960, el consumo de drogas no era un tema de agenda estatal en Argentina (Camarotti y Güelman 2017). El Estado argentino comenzó a dar respuestas institucionales al consumo de drogas desde el ámbito médico. Los primeros organismos creados con ese propósito —el Fondo de Ayuda Toxicológica (FAT) en 1966 y el Centro de Prevención de la Toxicomanía (CEPRETOX) en 1971— dependían de la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, lo que revela el marco disciplinar desde el cual se concibe inicialmente la problemática. Un hito en este proceso fue la creación, en 1973, del Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO). Se trató de la primera institución especializada, residencial y monovalente destinada específicamente al abordaje del uso de drogas en el país. En 1974 se sancionó la Ley 20.771 que penalizaba la tenencia de sustancias, aún para uso personal. Desde entonces comenzó en el país una escalada hacia el endurecimiento de las leyes sobre drogas. Durante esta década y sobre todo durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) se profundizó la represión y estigmatización de las personas usuarias de drogas al establecerse un imaginario social que vinculaba jóvenes, drogas ilegalizadas y subversión política (Camarotti y Güelman 2017).

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y el retorno de la democracia el fenómeno del consumo de drogas tomó más visibilidad y se produjo un traspaso desde la representación de la persona usuaria de drogas como “delincuente” hacia la de “enferma”. Sin embargo, como explican Ana Clara Camarotti y Martín Güelman, “[…] las políticas que se formulaban para abordar la problemática muchas veces tenían más líneas de continuidad que de ruptura con el gobierno dictatorial” (Camarotti y Güelman 2017, 44). La dimensión represiva se profundizó durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) con el modelo de “tolerancia cero” de la mano de la aún vigente Ley Penal de Estupefacientes 23.737 de 1989. En este periodo emergieron dos aspectos que contribuyeron a la proliferación de instituciones dedicadas a abordar los consumos problemáticos de drogas: 1) la introducción de las “medidas de seguridad curativas” en la Ley 23.737 que permite reemplazar la pena de prisión por un “tratamiento de desintoxicación y rehabilitación” para aquellas personas que dependan física o emocionalmente de las sustancias y 2) la creación del Programa de Subsidio para Asistencia Individual en el Tratamiento de Adictos con Internación en Institutos No Gubernamentales por parte de la Sedronar en 1992 (Garbi 2020). Las regulaciones que impuso la Sedronar en ese entonces se basaron en normas mínimas con escaso control y favoreció la exposición de las personas usuarias de drogas a situaciones de maltrato en el marco de sus tratamientos (Garbi 2020).

A comienzos de la década de los 2000, frente al evidente fracaso de los intentos por eliminar la oferta de drogas y el aumento sostenido de consumidores de sustancias, comienzan a implementarse los primeros programas de reducción de riesgos y daños financiados por organismos internacionales y en franca oposición a las respuestas abstencionistas que ofrecía el Estado mediante la Sedronar. Durante los gobiernos de Nestor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) existieron avances hacia un paradigma de abordaje basado en derechos humanos y salud pública. Esto último se vio reflejado con la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 en 2010, que incluye a las adicciones como una dimensión a abordar en el marco de las políticas de salud mental y reconoce a las personas usuarias como sujetos de derecho; y la Ley 26.934, de 2014, que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (en adelante, Plan IACOP) de drogas e insta a la construcción de Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos, que promuevan en la población instancias de desarrollo personal y comunitario. Un punto central de esta segunda ley es que plantea la incorporación del modelo de reducción de daños⁴.

Como hemos visto, a lo largo de los años se modificó la concepción sobre cómo comprender y abordar el “problema” de la drogadicción. Estas perspectivas se ven asentadas por modificaciones en las leyes y en las políticas. Las normativas nacionales en materia de drogas dan cuenta de los cambios en la imagen de las personas que consumen y en su percepción social, además del marco legal en el que se encuadran las diferentes respuestas socio-terapéuticas (Camarotti y Güelman 2017). En la actualidad, las respuestas a los consumos de drogas son variadas y se organizan fundamentalmente desde dos actores predominantes: las organizaciones de la sociedad civil –religiosas y no religiosas– y el Estado. Aquellas que se orientan a mejorar la inclusión social de las personas que usan drogas son mayoritarias, especialmente en el trabajo con sectores vulnerados. Sin embargo, la inclusión de una perspectiva de género que favorezca la equidad entre distintas identidades, expresiones de género y sexualidades no fue inmediata, sino que se fue incorporando de manera gradual y desigual. En los espacios donde fue posible avanzar, este proceso estuvo impulsado principalmente por organizaciones feministas y del movimiento LGBTIQ+, y supuso tensiones y resistencias al interior de las instituciones, así como la revisión de marcos conceptuales, prácticas y lenguajes históricamente construidos desde una mirada androcéntrica y heteronormativa. A lo largo del artículo nos detendremos en esta cuestión.

Un analisis feminista de la cuestión de las drogas

Analizamos las políticas desde una perspectiva foucaultiana, asumiendo que estas son reproductoras de relaciones de poder e intervienen construyendo, por un lado, los “problemas” que se abordan y, por el otro, las “poblaciones” sobre las que se actúa (citado en Del Río Fortuna et al. 2013, 55). Lo primero puede observarse en el apartado anterior, donde se analiza cómo se transformó la conceptualización del "problema" de la drogadicción en nuestro país. En cuanto a las personas a las que las políticas públicas pretenden alcanzar, como veremos en nuestro análisis, las representaciones que se construyen asocian el consumo de drogas con los sujetos masculinos, lo que representa un sesgo androcéntrico. El género como factor de análisis es olvidado con frecuencia. El Estado y sus políticas se encuentran teñidas por las relaciones de género dominantes en la sociedad, en tanto “[…] organizan, producen y reproducen lo que se entiende por femenino y masculino” (Del Río Fortuna et al. 2013, 54). Aunque no estén explicitadas, las configuraciones de género subyacen siempre, y esto también aplica en cuanto a las políticas de drogas.

Como ejemplo de esto, tomamos el estudio hecho por Emma Wincup (2016) en Gender, recovery and contemporary UK drug policy. La autora analiza la estrategia de drogas elaborada en 2010 por el Reino Unido, el nuevo paradigma de recuperación (recovery) sobre el que se fundamentó, la fuerte omisión de este sobre la dimensión del género y sus implicancias para consumidoras de población femenina. En este sentido, en este artículo evidenciamos cómo los presupuestos de género que subyacen en toda perspectiva tienen consecuencias directas a la hora de pensar políticas públicas y abordajes. Entendemos el no reconocimiento de aquello como un sesgo a la hora de planificarlas.

Al igual que en el Reino Unido, en Argentina se ha trabajado mayormente desde un modelo hegemónico del consumidor. Además de ser racializado (Tomasini et al. 2017) y proveniente de clases populares –si se lo intersecta con las dimensiones de clase social y raza–, este sujeto hegemónico de consumidor es varón (Romo Avilés y Camarotti 2015) y hetero-cis⁵. Existe una fuerte omisión de estas dimensiones –tanto a nivel académico como en la elaboración de políticas y abordajes de consumos–, lo cual refuerza la presunción de heterosexualidad y cisgeneridad en la población consumidora. Como consecuencia de este modelo hegemónico, se obvian las necesidades distintivas que requieren tanto las consumidoras mujeres cis (Neale 2004) como la población LGBTIQ+.

En cuanto a los abordajes, cabe preguntarse qué relación existe entre los estereotipos de género y el tratamiento de los consumos de drogas, y qué barreras de acceso enfrentan las personas según su identidad de género u orientación sexual. Los sesgos androcéntricos orientan el diseño de los dispositivos terapéuticos hacia la reproducción de estereotipos de género tradicionales, de modo que las regulaciones impuestas desde los espacios de tratamiento tienden a promover la reconstrucción de un modelo de feminidad ajustado a un ideal tradicional de mujer (Romo Avilés 2010; Galaviz Granados 2015; Jones y Dulbecco 2018). Por otro lado, Jimena Parga (2015) propone medir la perspectiva de género en la atención a través de cuatro ejes: integralidad, ciudadanía, autonomía y equidad. En su investigación en un hospital público de la Provincia de Buenos Aires especializado en consumos problemáticos de sustancias, identifica como dato significativo la presencia de presupuestos morales que intervienen en los abordajes y que despojan de agencia a la persona usuaria. En esta línea, el tratamiento es concebido como un proceso orientado a alcanzar “[…] un tipo ideal de persona, signada por ciertas cualidades asociadas al autocontrol, a determinados estilos de vida normatizados y a un 'proyecto de vida' vinculado con la realización personal” (Parga 2015, 11). En el caso de las mujeres, estas lógicas se traducen en abordajes centrados en el re-aprendizaje de roles femeninos que el consumo problemático habría desdibujado, con especial énfasis en el impacto negativo sobre las obligaciones que les son socialmente asignadas, como las tareas de crianza y maternidad. En años más recientes, estos sesgos se están comenzando a poner en tensión. Esto se evidencia con la emergencia de cada vez más investigaciones en el país sobre la experiencia de consumos en mujeres cisgénero (Epele 2001; Camarotti et al. 2016; Sánchez Antelo 2020). A continuación, analizaremos cómo se plasman estas transformaciones en el campo de las políticas públicas y los abordajes terapéuticos.

Resultados

Configuraciones de género en la elaboración de políticas públicas

Del total de las personas entrevistadas en el marco del proyecto, siete han tenido cargos de gestión en el gobierno nacional o provincial, con una inserción directa en la elaboración, implementación o coordinación de políticas públicas. De aquellas personas, sólo una reconoció explícitamente la necesidad de incorporar una perspectiva de género. En dicha entrevista –hecha a un funcionario público nacional– se habló de la necesidad de la elaboración de un Plan Nacional de drogas, privilegiando a los sectores más vulnerables y “[…] cumpliendo las cosas que se definieron en el documento de UNGASS⁶: con perspectiva de género, con definiciones basadas en evidencias científicas”.

Esto no significa que las dimensiones del género, la orientación y/o la identidad sexual no aparezcan en las demás personas entrevistadas. En otras tres entrevistas, de las siete mencionadas, estas dimensiones se presentan en forma de: a) críticas a la influencia religiosa a nivel legislativo; b) críticas a las perspectivas presentes en los abordajes por parte de organizaciones religiosas sobre temas como el aborto, la homosexualidad o la población trans; c) comparaciones de la problemática de las drogas con otras problemáticas, tales como la violencia de género. Son aspectos que se ponen en juego en los discursos de las personas entrevistadas, aunque esto no se traduzca en un reconocimiento de la importancia para el diseño de políticas y/o abordajes.

Otro punto importante surgió en las entrevistas a una funcionaria de un hospital público especializado en salud mental en relación con la problemática de las situaciones judiciales a las que se enfrentan muchas veces lxs consumidorxs, específicamente las mujeres. En una primera entrevista del 2015 esta funcionaria narra una situación que ocurrió en el hospital con una paciente mujer a la cual un juez le sacó la tenencia de una hija por ser consumidora, y amenazó con que había que “ligarle las trompas” porque ya no podía seguir teniendo más hijos/as. En una segunda entrevista de 2019 a esta misma persona, se compara la Ley Micaela⁷ y la formación del poder judicial en perspectiva de género con la necesidad de que, a su vez, se formen en materia de drogas. El rol que cumple la justicia en ciertas situaciones nos lleva a reflexionar sobre su incidencia en el terreno de los consumos y cómo afecta más a algunos sujetos que a otros. A continuación, en relación con las afirmaciones hechas por otrxs entrevistadxs, se hará notorio cómo las políticas de criminalización en materia de drogas se acentúan en las mujeres cis y población LGBTIQ+.

En la entrevista realizada a una investigadora integrante del CELS⁸, se cuenta que los trabajos sobre drogas de la asociación comienzan con una investigación en cárceles de mujeres a nivel nacional en el año 2007. Originalmente no tenían previsto abordar la problemática, pero a lo largo de la investigación un dato emergente fue que, en ese momento, el 70% de la población penal femenina estaba detenida por cuestiones vinculadas al consumo y el “microtráfico”. Esto despertó un interés por profundizar los impactos de las políticas de drogas:

Entonces bueno, empezamos a hacer una barrida de... temas que afectaban a la policía y a las drogas, y a las detenciones policiales... hicimos, empezamos a ver, hicimos campos de poblaciones y empezamos a ver el hostigamiento a trabajadoras sexuales... a personas trans... a usuarios... bueno, empezamos a ver un montón, las causas armadas, a... un montón de dinámicas que tienen que ver con temas de la agenda histórica nuestra que, estaban muy íntimamente relacionados e incluso, digamos, la policía usando la ley de drogas, yo siempre lo interpreté casi como un reemplazo de los edictos policiales. Ehhh como una herramienta de control poblacional. Que bueno, que se aplica a las poblaciones que tradicionalmente la policía está vigilante, entonces antes eran los edictos que les daban estos poderes, ahora es la ley de drogas.

La entrevistada compara la ley de drogas con los edictos policiales, es decir, aquellas normas creadas por el sistema policial a espaldas de las garantías constitucionales y que décadas atrás se usaban para la persecución de las sexualidades disidentes, la prostitución y todo “[…] lo que se consideraba franca perturbación de las buenas costumbres” (Barrancos 2014, 24).

Esta afirmación se condice con otros informes específicos sobre la población travesti-trans. El informe “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina” (Argentina 2016b) nombra a la Ley de Estupefacientes 23.737 como una de las leyes que indirectamente criminalizan a la población travesti-trans en la Argentina, y señala que, según datos de la Sala IV de la Cámara de Garantías de La Plata, el 91% de las mujeres trans y travestis bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se encuentran detenidas por su infracción. Este porcentaje asciende al 100% en el caso de las mujeres trans y travestis migrantes. OTRANS (2019) publicó el informe “Personas travestis y trans en situación de encierro” donde también se señala que la tenencia de drogas es la principal causa de detención de las mujeres trans y travestis privadas de la libertad en las cárceles ubicadas en la Provincia de Buenos Aires. Además, la mayoría está detenida sin condena.

Por último, recuperamos lo dicho en la entrevista a un integrante de RESET. Esta organización de la sociedad civil explicita entre sus perspectivas la importancia de la dimensión del género y la sexualidad –y otras de los derechos humanos– en el abordaje de la problemática de las drogas⁹. En la entrevista existieron múltiples referencias al género, la orientación y/o la identidad sexual. Por ejemplo, se hicieron paralelismos entre las militancias de organizaciones de usuarixs con las militancias del colectivo LGBTIQ+. Sobre la trayectoria del entrevistado se puntualizan trabajos de conjunto con una reconocida militante de la diversidad sexual y, a partir de esa cercanía, relata cómo se comenzó a abordar la problemática de drogas en el movimiento LGBTIQ+. En la entrevista se refuerza la idea de que la criminalización al consumo y al narcomenudeo¹⁰ se acentúa cuando involucra a trabajadoras sexuales¹¹ y a la población trans, y que la Ley de Estupefacientes es utilizada por parte de las fuerzas de seguridad como “excusa” para criminalizar a estas poblaciones específicas. Como posibles respuestas a esta problemática el entrevistado postula que:

[…] hay proyectos de Ley presentados para bajar el mínimo penal de 4 a 3 años como para brindarles más flexibilidad al sistema punitivo para que estas conductas sean excarcelables, principalmente cuando están vinculadas a personas que cometen estas conductas por hechos de supervivencia económica, como son las chicas trans y otros tantos colectivos. También una agenda que empieza un poco más adelante me parece pero transversal con lo que serían las peticiones del feminismo y de las políticas de género. La vinculación también de esta conducta, narcomenudeo principalmente y también de las mal llamadas mulas, las personas que son utilizadas como correo humano también contemplar las políticas de atenuación de la sanción penal si es que no llegamos a una despenalización o una no punibilidad de esas conductas cuando son desarrolladas en determinados contextos como en el caso de las mujeres que son utilizadas como correo humano que son desarrolladas a veces en contextos de trata de personas.

Esto último puede vincularse con otro dato surgido en la entrevista a la integrante del CELS. En ella se comenta el caso de una cárcel de mujeres de Jujuy, en donde el 100% de las detenidas era por razones de microtráfico en la frontera. Esto nos lleva a destacar la importancia de una perspectiva interseccional, que dé cuenta de las formas en que distintas dimensiones de desigualdad se cruzan dando lugar a configuraciones particulares en las experiencias concretas de las personas (Jelin 2014). En este caso –al igual que con las mujeres trans y travestis migrantes detenidas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)–, además de la dimensión del género, se pone de relieve la dimensión de la migración y de la clase social, entre otras.

En su investigación sobre mujeres consumidoras de crack en el centro de Salvador, Brasil, Luana Malheiro (2018) analiza cómo las estrategias de “guerra contra las drogas” se configuran como una “guerra contra las mujeres” al reforzar las violencias cotidianas y las opresiones de raza, género y clase que viven las usuarias. Esta misma afirmación puede hacerse a partir de los datos y fragmentos de entrevistas recién citados en el caso de Argentina. Entendemos entonces que a mayores niveles de vulnerabilidad y desigualdad social de las poblaciones, más se acentúa sobre ellas la criminalización en materia de drogas.

Configuraciones de género en los abordajes a los consumos de drogas

En las diecinueve entrevistas realizadas, la perspectiva de género en abordajes terapéuticos se hizo presente de manera explícita en seis de ellas. Las trayectorias de lxs entrevistadxs que consideran el género como una dimensión clave para el diseño de los abordajes terapéuticos se encuentran signadas por el desarrollo profesional en dispositivos del Estado y/o organizaciones sociales donde se destaca enfáticamente el trabajo en red con el territorio.

Un primer obstáculo que identificamos en nuestro analisis, y que constituye una barrera de acceso a los tratamientos para mujeres cis y población LGBTIQ+, es la ausencia de campañas de promoción de derechos y reducción de daños destinadas específicamente para estos sectores. Al considerar a los varones los destinatarios principales de estos abordajes subyace la idea de que los consumos problemáticos de sustancias no alcanzan a mujeres cis y población LGBTIQ+. La consecuencia directa de esta presunción es la constitución de un sesgo androcéntrico que no permite abarcar el asunto en su totalidad.

La construcción de los estereotipos de género en salud conforma el estándar de atención de las instituciones. El reconocimiento de las asimetrías existentes de género –así como de clase social y raza– en los estudios sobre drogas ayudaría a “[…] explicar las motivaciones específicas entre las mujeres para iniciarse, continuar en el uso, o en las consecuencias tras el uso” (Romo Avilés 2010, 272). En contraposición, el desconocimiento del modo en que se relacionan las mujeres cis y la población LGBTIQ+ con las sustancias y el contexto en el que se dan los consumos genera barreras que impactan en el acceso y calidad de la atención en salud y en la adherencia al tratamiento. Este desconocimiento se puede observar, por ejemplo, en el siguiente extracto de una entrevista realizada a un representante de organizaciones de la sociedad civil:

Este…y de 2001 en adelante, todo el laburo con niñez y adolescencia es un tema…y mujeres, porque empieza a haber una mayor demanda...no es que ahora las mujeres se drogan más, pero hay una mayor demanda de mujeres en los tratamientos...Que ahí tenés un problema porque el enfoque de género…el mundo de la droga es machista, el mundo de la atención a las drogas es machista y casi nadie sabe cómo trabajar. Lo que vas a escuchar es: “No, trabajar con mujeres es un quilombo, es muy difícil”. Y, de hecho, hoy no tenés en la Argentina un lugar para trabajar con mujeres embarazadas [que consumen drogas] o con hijos. Encontrás alguno que llamás y le decís: “Che, loco, haceme el favor”, “Bueno, dale”.

La red afectiva y de contención familiar es un factor determinante a la hora de lograr la adherencia. En el caso de los consumos de drogas, las familias en general –y las madres en particular– son el centro de los discursos expertos en el proceso de estrategias terapéuticas institucionales e informales (Castilla et al. 2012). En este sentido, en el análisis de las entrevistas identificamos tres nudos problemáticos: a) la escasa oferta terapéutica que contemple el rol de cuidados que ejercen las mujeres cis en sus familias y que muchas veces no puede interrumpirse durante el tratamiento; b) la responsabilización de las madres de personas usuarias de drogas por el consumo problemático de su hijo o hija; c) la imposibilidad de las mujeres usuarias de drogas de ejercer la maternidad según los parámetros socialmente esperados. En estos tres aspectos se cristaliza el rol de cuidado que asumen (o se espera que asuman) las mujeres en sus familias. En caso de que eso no suceda, el disciplinamiento al que se exponen es notable. La existencia del pánico moral contra las mujeres que consumen drogas (Romo Avilés 2006) construye sentidos sociales que contaminan los discursos expertos, como podemos ver en el relato, ya referido en el apartado anterior, de una directora de un hospital público sobre la intervención de la justicia:

...una jueza llegó a decir a una paciente nuestra que “esta drogadicta no está en condiciones de cuidar a sus hijos, ya tuvo 4, así que” y le sacó la bebe, se la sacó... la última bebita que tuvo…

Esta mirada existe también entre los profesionales de la salud: el estigma con que atraviesan sus consultas de salud las mujeres que consumen drogas se incrementa si se encuentran embarazadas o en periodo de lactancia (Saavedra y Sánchez Antelo 2019). El resultado es el desarrollo de prácticas simbólicas que definen las posiciones de las personas usuarias de drogas y las instituciones de salud basadas en la represión y la persecución (Epele 2007). Las consecuencias de esta práctica se reflejan en la reticencia a realizar consultas por temas vinculados a consumos problemáticos de drogas. La estigmatización hacia las mujeres que consumen drogas –asociadas desde los sentidos sociales a prácticas vinculadas a la masculinidad– constituye un obstáculo simbólico y material a resolver para garantizar accesibilidad y adherencia a mujeres cis y población LGBTIQ+.

En el abordaje con mujeres de sectores populares, la emergencia de problemáticas relacionadas a la violencia de género, maternidades y crianzas requieren respuestas en las que intervengan dispositivos del Estado vinculados a la atención de mujeres, niños, niñas y adolescentes. La mirada construida sobre estas mujeres, que proyecta una idea de las usuarias de drogas como “desviadas” de los cánones típicos de la feminidad, se articula con presupuestos de clase en lo que podemos llamar respuestas punitivas a las consecuencias del consumo problemático de drogas. En los ejemplos mencionados en las entrevistas se destacan cuestiones de minoridad y de salud sexual y reproductiva. En las intervenciones subyacen prejuicios de género y de clase que atentan contra la autonomía de las mujeres.

Otro punto destacable que aparece en las entrevistas es la importancia del trabajo en red organizado por los dispositivos de abordajes con organizaciones de géneros y diversidad. Aparece aquí la dimensión del anclaje territorial como un factor indispensable a la hora de pensar abordajes terapéuticos que contemplen las necesidades específicas de la población destinataria. En el caso de la población travesti-trans, este desarrollo se ve ejemplificado en las experiencias de articulación que, tomando como punto de partida los saberes de todas las instituciones involucradas, realizan intervenciones situadas en el contexto. Así lo ejemplifica el extracto obtenido de una entrevista con una profesional del ámbito de la salud:

Desde mi experiencia, cuando una organización social te pide capacitación, se arma una cuestión asimétrica, que es lo que dicen los profesionales, los que y no se cambia nada, entonces, lo que yo les dije es “miren, todos tenemos cosas para aprender, todos tenemos cosas para enseñar... ¿por qué no nos juntamos y vemos que… intercambiamos?”... y ahí armamos el “mateando en el Cenareso”... venían todos los jueves, nos juntábamos en el auditorio a charlar, y, se fueron sumando distintas organizaciones… por ejemplo, con “La Paquito”, que es una de las organizaciones que está, eh, estamos trabajando como con otras trans, lo que es acá hacer hormonización, pero, no es acá... en el consultorio móvil hacer detección de VIH y Sífilis, en Constitución, donde las chicas están trabajando… ir a decirle “dos minutos, paras de laburar, te hacés”… ¿si? es esto de... empezar a vincular con algo que tiene que ver con salud y cuidado, y no con vigilancia y represión.

La emergencia de cuestiones que exceden al tratamiento de consumos problemáticos es uno de los puntos más relevantes en las entrevistas, ya que requiere una ampliación temática por parte de las organizaciones que trabajan en la prevención y reducción de daños:

...hay una cantidad de problemáticas complejas que... que ya el pensar, que es imposible pensarlo desde lo causa-efecto y necesitás pensar algun, desde la multicausalidad y ahí necesitas un abordaje integral. Y ahí el abordaje integral, la coordinación es el medio y no hay otra, o sea, ese es el camino que te va llevando. Por un lado, siempre el tema de consumo y droga estuvo en ese marco. Como otros temas complejos: trata, todo el tema de género, violencia de género, todos estos temas.

Un ejemplo relevante en ese sentido, que se menciona en una de las entrevistas, es la experiencia de los consultorios amigables¹² del Ministerio de Salud de la Nación como fruto de la articulación entre organizaciones de distintas trayectorias.

Conclusiones

Una de las conclusiones a las que arribamos es la forma sistemáticamente desigual en la que se aplican las leyes y políticas en materia de drogas, sobre todo en lo que es su penalización. Las mujeres cis y personas LGBTIQ+ se encuentran más propensxs a ser criminalizadxs, sobre todo cuando sus experiencias además están atravesadas por situaciones de desigualdad de clase, raciales o por origen migratorio. De esta manera, afirmamos que una política pública que no contemple estas formas de desigualdad tiene como consecuencia su acentuación de la mano de respuestas punitivas.

En cuanto a los abordajes, la desigualdad de género que refleja la asignación de los cuidados familiares constituye un obstáculo a la hora de sostener la adherencia al tratamiento: en general los varones cuentan con un mayor apoyo familiar durante el tratamiento –tanto de sus familias de origen como de sus parejas–, lo cual influye positivamente en la posibilidad de adherencia. En el caso de las mujeres, la alternativa existente para garantizar la adherencia al tratamiento está dada por la presencia de otras mujeres que acompañen el proceso terapéutico. Las dinámicas familiares no siempre se mantienen intactas durante los abordajes terapéuticos a los consumos. La falta de contención emocional por parte de los varones de la familia, el recelo de los familiares que no comprenden las etapas y tiempos del proceso, la desorganización de las lógicas familiares producto de la ausencia de la mujer encargada de proveer los cuidados generan que muchas mujeres deban transitar sus recuperaciones en soledad (Gómez Moya 2006). La socialización de los cuidados mediante la creación de redes comunitarias donde la responsabilidad no se centre exclusivamente en la familia nuclear se vuelve una cuestión de salud pública que podría impactar positivamente en la calidad de vida y el acceso y adherencia a tratamientos en mujeres cis y población LGBTIQ+.

Es fundamental que el diseño de los dispositivos de abordaje terapéuticos incorpore la mirada de las personas usuarias en su totalidad en pos de atender los nudos problemáticos que operan como barreras de acceso y problemas en la adherencia al tratamiento, e identificar dimensiones clave que promuevan el tránsito de las personas usuarias de drogas por los dispositivos terapéuticos y aporten recursos para mejorar la calidad de vida. Para esto, se vio en las entrevistas que el anclaje territorial y el trabajo en red con organizaciones de la sociedad civil cobra una importancia central.

Teniendo en cuenta los problemas desarrollados a lo largo del trabajo –tanto aquellos que emergieron de los discursos de lxs entrevistadxs como los introducidos y profundizados mediante otros documentos y la bibliografía complementaria–, se pone de relieve la relevancia de la perspectiva de género para pensar políticas y abordajes integrales. Esta importancia no fue reconocida en la mayoría de las personas entrevistadas, y de ello puede derivarse que no ha sido central a la hora de pensar políticas y abordajes durante el período 2003-2015.

• 1
  Proyecto UBACyT: “Políticas públicas sobre drogas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Conflictos y alianzas entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil entre 2003 y 2015”.
• 2
  Mujeres cisgénero, es decir, mujeres cuya identidad de género se corresponde con el género asignado al nacer.
• 3
  Lesbiana, Gay, Transgénero, Transexual, Travesti, Bisexual, Intersexual, Queer, y “+” para incluir a todos los colectivos de disidencia sexual que no están representados en las siglas anteriores.
• 4
  Por reducción de daños se entiende a “aquellas acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de los sujetos que padecen consumos problemáticos, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes” (Argentina 2014, artículo 10°).
• 5
  Heterosexual y cisgénero. Esto último es una afirmación hecha en base a que la masculinidad hegemónica es de características heteronormadas (Fabbri 2013, 90). Sin embargo, casi no hay trabajos en nuestro país que destaquen la influencia de la orientación sexual o las diferencias entre identidades de género cis y trans en el consumo de drogas.
• 6
  Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas del 2016.
• 7
  La Ley Nacional 27.499, también conocida como Ley Micaela, promulgada en enero de 2019 establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.
• 8
  Centro de Estudios Legales y Sociales, reconocida organización en defensa de los derechos humanos, que en sus producciones en materia de drogas suele contemplar al género (Buxton 2017; Argentina 2011, 2016a, 2017).
• 9
  Se menciona en la presentación de la organización en su página web: “Por otra parte, es alarmante la afectación diferenciada que el impacto en la aplicación de estas medidas produce en mujeres e identidades disidentes; especialmente en lo que refiere a los índices de criminalización, prisionización y niveles de estigmatización” (RESET 2019, 6).
• 10
  Comercio de drogas ilícitas en pequeña escala.
• 11
  Se utiliza la categoría de “trabajadoras sexuales” no como una toma de postura frente a los debates existentes en torno al comercio sexual, sino porque fue la categoría utilizada por el entrevistado.
• 12
  Según la “Guía para la implementación de los consultorios amigables para la diversidad sexual” elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Argentina 2013, 12), son dispositivos del Ministerio de Salud de la Nación cuyo objetivo es constituirse “como una estrategia orientada hacia la población gay, bisexual y trans (GTB) en el contexto de un país que promovía desde su Ministerio de Salud Nacional políticas universales en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento en VIH-sida y leyes novedosas destinadas a garantizar los derechos sexuales y la salud de las personas de la diversidad sexual”.
• Declaración de datos:
  Los datos de la investigación están disponibles en el cuerpo del documento.

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Editado por

• Editor-chefe:
  Sérgio Carrara

• Editora Associada:
  Marina Fisher Nucci

Disponibilidad de datos

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  03 Ago 2026
• Fecha del número
  2026

Histórico

• Recibido
  04 Mayo 2021
• Acepto
  17 Abr 2026