Pichari, la ciudad cocalera: mercados ilegales y urbanización amazónica peruana¹

Pichari, a cidade cocaleira: mercados ilegais e urbanização amazônica peruana

Pichari, the cocalera city: illegal markets and Peruvian Amazonian urbanization

Resumen

Este artículo discute el papel de las economías ilegales en la urbanización amazónica, a partir del caso de Pichari en la Amazonia peruana. Usando la etnografía enfocada exploro el proceso de expansión urbana durante el segundo boom cocalero en la zona. Analizo dos tipos de relación entre urbanización y economías ilegales. Por una parte, la economía ilegal como motor económico que convirtió a Pichari en un centro urbano conectado con la economía global. Por otro lado, la presencia del Estado en la lucha contra las drogas que contribuyó al crecimiento de la ciudad con infraestructura y una burocracia pública permanente. Así, el proceso de urbanización impulsado por un commodity ilegal crea una ciudad próspera, aunque estigmatizada, que denomino “ciudad cocalera”. Comprender su desarrollo permite comprender otro motor de la urbanización amazónica, así como introducir el elemento urbano en la discusión del futuro de la política de drogas en dicho espacio.

Palabras clave:
Espacio Urbano; Urbanización; Desarrollo Urbano; Amazonía; Perú; Tráfico de Drogas

Resumo

Este artigo discute o papel das economias ilegais na urbanização amazônica, com base no caso de Pichari na Amazônia peruana. Utilizando a etnografia focada, exploro o processo de expansão urbana durante o segundo boom da coca. Analiso dois tipos de relação entre urbanização e economias ilegais. Por um lado, a economia ilegal como motor econômico, que transformando Pichari num centro urbano ligado à economia global. Por outro lado, a presença do Estado no combate às drogas que contribuiu para o crescimento da cidade com infraestrutura pública e com uma burocracia local permanente. Assim, o processo de urbanização impulsionado por uma commodity ilegal cria uma cidade próspera, embora estigmatizada, que chamo de “cidade cocalera”. Compreender seu processo de desenvolvimento permite compreender outro motor da urbanização amazônica, bem como introduzir o elemento urbano na discussão do futuro da política de drogas nesse espaço.

Palavras-chave:
Espaço Urbano; Urbanização; Desenvolvimento Urbano; Amazônia; Peru; Tráfico de Drogas

Abstract

This article discusses the role of the illicit economy in the urbanisation of Amazonia using the case of Pichari in Peru. Using focused ethnography, I examine urban expansion during the second coca boom. I analyse two types of relationships between urbanisation and the illicit economy. On the one hand, the illicit economy as an economic engine that transformed Pichari into an urban centre connected to the global economy. On the other hand, the presence of the state in the war on drugs contributed to the growth of the city with public infrastructure and a permanent bureaucracy. In this sense, the urbanisation process driven by an illicit commodity created a prosperous, albeit stigmatised, city that I call the “cocalera city”. Understanding this process allows us to understand another driver of urbanisation in Amazonia and to bring the urban element into the discussion about the future of drug policy in this space.

Keywords:
Urban Space; Urbanization; Urban Development; Amazon; Peru; Drug Trafficking

Introducción: Más allá del tabú de la ilegalidad, la cocaína como commodity

La cadena de valor global de la cocaína conecta diferentes paisajes rurales y urbanos, entre ellos y con los mercados globales, a través de la explotación de un producto ilícito: el alcaloide de cocaína. A lo largo de la historia hemos sido testigos del impacto que la explotación de diferentes commodities tuvo en los procesos de urbanización, tanto en el Norte como en el Sur Global, con procesos de urbanización relacionados con las materias primas en África (Chirisa, 2010; Jønsson; Bryceson, 2017) y las Américas (Abers, 1992; Richards; VanWey, 2015; Arboleda, 2016). Perú también ha conocido procesos de urbanización relacionados con la explotación de materias primas, por ejemplo, en la ciudad minera de La Oroya (Chuquimantari, 1992; Vega-Centeno, 2011), o la ciudad amazónica de Iquitos que ganó importancia durante el auge del caucho (1860-1920). Las actividades criminales también han sido discutidas por la literatura como motor de la urbanización (Carrión, 2013), la mayoría de las líneas de investigación se han centrado en zonas fronterizas y ciudades de mediana y gran escala donde convergen diversas economías ilícitas. Sin embargo, el papel de las economías ilícitas ha sido menos explorado en casos de urbanización a pequeña escala o en etapas tempranas de urbanización, particularmente en el espacio pan-amazónico.

Así, a partir de una mirada de economía política, este articulo tiene por objetivo comprender de que forma la economía ilegal de la cocaína, entendida como commodity global, ha promovido el proceso de urbanización de aquellas áreas localizada en el primer eslabón de la cadena de valor: los valles cocaleros. La coca es un motor de integración espacial (Harvey, 2013) que permite la conexión de enclaves productivos con mercados globales para producir acumulación y circulación de flujos ilegales y legales entre las diversas configuraciones espaciales de la red. En el caso de la cocaína, la mayoría de estas ciudades pequeñas y medianas están ubicadas dentro de la Amazonia o en zonas de amortiguamiento ambiental que rodean el área amazónica. Particularmente, en el caso de las zonas amazónicas de Cusco, desconectadas en grande medida del sistema de ciudades amazónicas en el norte y centro del Perú, la coca promovió una economía destinada a la agroexportación de un commodity ilegal, genera también un tipo de desarrollo urbano particular, el desarrollo urbano amazónico de pequeña escala (Schor; Oliveira, 2011). En esas ciudades, la economía ilícita se convierte no sólo en la fuente de empleo directo, sino que también se convierte en un motor económico para los negocios locales, e incluso genera empleo legal dentro de las comunidades, así como en el sector público, particularmente en las instituciones vinculadas con las políticas de drogas. Por supuesto, este proceso también conlleva a problemas relacionados con la naturaleza ilícita del producto. Por un lado, este proceso está marcado por la difusión de valores urbanos globales en enclaves territoriales que de otro modo estarían desconectados de estos circuitos globales, acelerando el proceso de urbanización y las olas migratorias hacia estos enclaves. Por otro lado, las características de la actividad agroexportadora ilícita crean serios problemas como deforestación, contaminación y violencia en la formación de estas ciudades pequeñas y medianas.

La paradoja que rodea a estos procesos de urbanización evidencia la necesidad de explorar más a fondo su desarrollo y resultados. Discutiré esta paradoja, utilizando etnografía enfocada e investigación documental, el caso de la urbanización de Pichari, una ciudad de pequeña escala en el corazón del valle cocalero más importante del Perú conocido como VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro). El VRAEM es el origen de casi 70% de las exportaciones de drogas cocainicas producidas en Perú. Además, es una zona donde aún hay presencia de actores armados, como el Partido Comunista Militarizado del Perú (MPCP), una facción disidente de la organización terrorista Sendero Luminoso que fue el principal actor del conflicto armado interno en el Perú durante las décadas de 1980 y 1990. El VRAEM fue un teatro importante de este conflicto, muchos de sus habitantes tuvieron que huir o armarse para combatir amenazas tanto de grupos criminales como del Estado. Fue en ese contexto, que la primera ola de cultivo de coca se extendió en la zona. Durante este primer momento, las ganancias del mercado ilícito fueron utilizadas para financiar la autoorganización comunal en el combate contra Sendero Luminoso (Monteagudo, 2013). En ese sentido, la historia temprana de la coca destinada al narcotráfico en el VRAEM está relacionada con una historia de construcción de paz y el establecimiento de condiciones de reasentamiento para los civiles. A partir de los efectos producidos por ese primer auge, comienza la historia moderna del narcotráfico en la zona. Es durante el segundo boom, luego de la redemocratización, que Pichari va a vivenciar un rápido proceso de urbanización. Pichari se torna una pequeña ciudad donde los bienes de consumo globales están disponibles para la población local, donde la dinámica económica se sustenta en una red de actividades legales e ilegales, y se mantiene un orden pacífico y tácito, incluso con la participación reacia de burocracias locales que fueron contratadas para combatirlos. Una ciudad que desempeña el papel de centro administrativo funcional y articulador de la zona del VRAEM.

Utilizo la denominación de “ciudad-cocalera” en el caso de Pichari no para estigmatizar a la ciudad, sino para resaltar la compleja relación entre la planta de coca y los procesos de formación de identidad y urbanización de Pichari. Como he explorado en otras ocasiones, Pichari ha construido una marca de ciudad en torno a la sagrada hoja de coca (Vizcarra Castillo, 2018a). En este artículo, exploro cómo el papel de la hoja de coca va más allá de una construcción simbólica y tiene consecuencias prácticas para el desarrollo de un centro urbano. Las siguientes secciones se centran en la historia de la ciudad y su relación con la economía ilícita. Luego describiré los diferentes circuitos burocráticos ilegales/informales y legales/públicos que coexisten en la ciudad mientras examino la producción de una dinámica urbana contradictoria pero viable. Finalmente, abordo cómo el caso de Pichari también puede servir como base para una discusión más amplia sobre políticas de drogas en la Amazonia con enfoques tanto rurales como urbanos.

1. Etnografía enfocada en un centro glocal de la cadena de valor de la cocaína

Pichari, como se muestra en la Figura 1, es una pequeña ciudad en el corazón del VRAEM, una zona que originalmente no es una división administrativa del Estado peruano, es decir agrupa diferentes distritos de diferentes departamentos, que se encuentran continuamente en Estado de emergencia desde el año 2003, debido tanto a la presencia del MPCP como de actividades de narcotráfico. Son las sucesivas declaratorias de estado de emergencia lo que le ha dado a esta zona una cierta cohesión territorial. Según el Decreto Supremo n° 112-2017-PCM (Perú, 2017), el ámbito geográfico del VRAEM incluye 69 distritos en 10 provincias ubicadas en 5 departamentos (Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín). Entre esos distritos, 31, incluido Pichari, están clasificados como áreas de intervención directa (alta prioridad para las intervenciones del Estado). Desde 2001, Pichari ha pasado de ser un poco pueblo de 1.500 habitantes a una ciudad completa de más de 14.000 habitantes (Inei et al., 2020).

Figura 1
Localización de Pichari

A primera vista, Pichari parece estar justo en medio de una zona rural, en la frontera entre la Amazonia y los Andes. Necesitamos observar con mayor atención para identificar que Pichari es el centro administrativo de una red de ciudades de pequeña escala situadas en el VRAEM, como se observa en la Figura 2, conectadas entre sí por el eje fluvial del Rio Apurímac. Hasta inicios de los años 2000 estas ciudades eran tan solo pequeños centros poblados con baja densidad poblacional, que habían sido despobladas por los impactos del conflicto armado interno en la zona.

Figura 2:
Red de pequeñas ciudades en el VRAEM (Ayacucho, Cusco y Junín) articuladas a lo largo del Río Apurímac

En la actualidad, este eje de ciudades del Rio Apurímac están conectadas por carreteras a dos ciudades medianas del Perú: Ayacucho y Huancayo, así como a la ciudad de Quillabamba en el departamento de Cusco, como se observa en la Figura 3. En esta figura también se evidencia que la conexión de este valle con el resto del sistema de ciudades Amazónicas peruanas es mínima. La única vía de acceso hacia ciudades amazónicas intermedias como La Merced es la vía fluvial, saliendo de Puerto Mayo hacia Puerto Ocopa subiendo el rio Apurímac, y llegando a la ciudad de San Martin de Pangoa. Pichari es una de las 63 ciudades amazónicas de más de cinco mil habitantes existentes en el Perú, y se encuentra en una zona donde existe poca densidad urbana Amazónica (Moschella, 2023). Es decir, es una zona que está relativamente desconectada de las ciudades amazónicas más grandes (como Puerto Maldonado, Pucallpa o Iquitos), pero que tiene una conectividad fluvial con la selva central (con ciudades como Satipo y La Merced), además de ser una vía de entrada hacia el Parque Nacional Otishi, en el departamento de Junín, área protegida en la que habitan Pueblos en Aislamiento Voluntario (PIACI).

Figura 3:
Localización del sistema de ciudades del VRAEM con relación a las ciudades de Ayacucho y Huancayo

La proximidad del sistema de ciudades del VRAEM a los centros urbanos andinos y la migración desde áreas rurales andinas han promovido la presencia de colonos en el área que originalmente fue habitada por indígenas asháninka. La distancia que separa a Pichari de los habitantes de la capital no es sólo física, más de 15 horas para llegar de Lima a Pichari en auto, sino también simbólica. Pichari y el VRAEM están estigmatizados como una zona rural “liberada” con una limitada presencia estatal, donde en el imaginario de los habitantes de Lima, los terroristas y narcotraficantes pueden entrar y salir cuando quieran (Vizcarra Castillo, 2019).

Sin embargo, la dinámica cotidiana de Pichari dista mucho de esa imagen caricaturizada de enclave criminal rural. Por el contrario, Pichari, con sus 14.633 habitantes urbanos (71,9% de su población total) (Inei et al., 2020) es una ciudad pequeña y vibrante. La vida cotidiana en Pichari es tranquila, como lo demuestran los registros de la policía local. El problema criminal más importante para las autoridades locales son los delitos menores y los accidentes de tránsito. Los asesinatos relacionados con actividades delictivas ocurren, pero son bastante raros en el área urbana. Para comprender los rasgos de la relación local con la violencia, podemos referirnos a las reacciones de indignación y miedo ante la “masacre de Vizcatán del Ene” ocurrida en mayo de 2021², en una zona ribereña ubicada a dos horas del centro urbano de Pichari. La violencia extrema empleada por desconocidos que acabó con la vida de dieciséis civiles, entre ellos cuatro niños, era algo que no se había presenciado en el VRAEM, desde los años noventa. Lejos de normalizar la convivencia con actores violentos, en Pichari existen reglas tácitas que aún limitan en gran medida, el uso de la violencia entre civiles de la zona (Vizcarra Castillo, 2019).

Las más de dos décadas de coexistencia pacífica entre los actores locales crearon las condiciones para el desarrollo de un centro urbano donde florecieron negocios, como hoteles, restaurantes y farmacias. Esta relativa paz también se vio reforzada por la presencia de autoridades oficiales, tanto civiles como armadas. Pichari es también la ubicación del Comando Militar Conjunto y del cuartel general de la Policía, así como la ubicación de la oficina de coordinación de la presencia del Estado en la zona, alguna vez conocida como el “Plan VRAEM” (Zevallos, 2016; Vizcarra Castillo, 2019).

Fue gracias a esta presencia oficial que fui por primera vez a Pichari, haciendo prácticas profesionales en una oficina gubernamental. Esta primera experiencia en la zona me mostró una ciudad próspera, lejos de los clichés violentos, donde la vida cotidiana pacífica era relativamente segura. Pero también me dio una idea de las diferentes contradicciones de un proceso de urbanización impulsado por el narcotráfico.

En ese sentido, la selección de Pichari como caso de estudio fue orientada por el acceso previo y la familiaridad con el área, pero también en términos analítico por el rol administrativo de la ciudad. Como lo ha demostrado la literatura sobre ciudades amazónicas (Schor; Oliveira, 2011; Trindade Júnior et al., 2011), para comprender la importancia de una ciudad en esta zona, no necesariamente debemos guiarnos por criterios demográficos. Tanto los criterios funcionales como los criterios subjetivos relacionados con los valores urbanos dominantes son igualmente útiles para comprender el papel de un asentamiento urbano particular como centro global y para describir las características del proceso de urbanización.

Para comprender los efectos de la presencia de la economía ilícita dentro de la dinámica urbana realicé una etnografía enfocada (Montes de Oca, 2015) durante los años 2015 a 2018 y la complementé con revisión documental de fuentes periodísticas y académicas. La etnografía enfocada es una técnica que adapta la etnografía clásica a un contexto donde las estancias prolongadas no son recomendadas, como en Pichari³. La etnografía se enfocó en seguir las prácticas económicas y dinámicas sociales dentro de la ciudad para reconstruir la relación entre la dinámica urbana y la economía ilícita. El trabajo de campo se realizó en varios viajes cortos donde acompañé de forma prolongada a tres habitantes de Pichari, un transportista, una dueña de negocios y una funcionaria pública en sus actividades diarias y en sus diversas interacciones cotidianas. Asimismo, en las visitas de campo realice dieciocho entrevistas a fuerzas del orden (ejército y policía), funcionarios públicos, ronderos, transportistas y comerciantes locales.

El uso de técnicas de etnografía urbana me permitió acercarme a la ciudad desde una perspectiva interactiva. En ese sentido, no implicó seguir estrictamente a un grupo social específico sino acercarse a un espacio identificando actores que conviven y circulan en él. La noción de circuitos (Magnani, 2012, p. 97) permite esbozar una clasificación de espacios, no necesariamente contiguos pero relacionados con una misma actividad o prácticas donde los actores circulan e interactúan, produciendo identidades y significados específicos. Es decir, la elección de una aproximación etnográfica permite una aproximación dialógica a la construcción de teoría a partir de lo empírico (Peirano, 2014), es haciendo etnografía urbana que las categorías sobre desarrollo urbano y rural pueden ser repensadas y adaptadas a los diferentes tipos de realidades amazónicas, pensando así esto territorios tanto como espacios urbanos y rurales conectados a circuitos globales de comercio, más allá de una separación dicotómica entre ambos tipos de espacios. Asimismo, la etnografía, en su dialogo con otras ciencias como la sociología, el urbanismo la ciencia política y la economía política, permite pensar categorías teóricas de esos campos a partir de datos empíricos, analizados de forma reflexiva, que no siempre son el insumo inicial de reflexión de estas disciplinas.

2. El desarrollo de una ciudad dual

Desde una perspectiva histórica, podemos observar que la expansión urbana de Pichari coincide con el segundo auge de la coca en el Perú como commodity ilegal iniciado a principios de los años 2000. Este auge, corresponde al segundo boom cocalero ilegal en el país. El primer boom orientado al mercado ilegal se desarrolló durante los años setenta del siglo pasado en el Perú, específicamente en la cuenca del Alto Huallaga, relacionada a las actividades de los carteles colombianos (Gootenberg, 2009; Kernaghan, 2009). Asimismo, como mencionan Gootenberg (ibid.) y Restrepo (2018), en el siglo XIX e inicios del XX, antes de su prohibición, la cocaína llegó a ser una commodity con el potencial de substituir al guano, en aquel momento ya en declive, por lo que se establecieron instalaciones para su producción en el Alto Huallaga. No obstante, presiones externas llevaron a abandonar dicho proyecto, y la cocaína se consolidó definitivamente en el siglo XX como una commodity ilegal.

Como se mencionó anteriormente, durante el segundo boom, la ciudad pasó de ser un pequeño pueblo a una ciudad completa de más de 14.000 habitantes. El segundo boom cocalero se inició en el VRAEM con el fin del régimen de Fujimori y la redemocratización del Perú. Sin embargo, los niveles de cultivo del segundo boom no fueron comparables con los del primero (finales de los 80 y principios de los 90). En 1992, la superficie total cultivada de coca era de 129.900 hectáreas (Perú, 2016). En ese contexto, el dinero vinculado a la economía ilegal ya no se utilizó para financiar el conflicto interno, sino que surgió como la principal alternativa económica en una tierra devastada. La economía ilícita fue un motor para la reconstrucción. Como podemos observar en el Gráfico 1, aun cuando la superficie total de cultivo de coca se redujo en escala nacional hasta 2017 y luego comenzó a aumentar, la superficie cultivada en el VRAEM se ha mantenido estable e incluso está aumentando desde 2016 (Perú, 2024).

Gráfico 1:
Superficie cultivada de hoja de coca a nivel nacional y en el VRAEM del 2000 al 2023

Si bien la actividad central relacionada con la economía ilícita que se desarrolla en Pichari es de tipo rural (cultivo de coca), esta ha funcionado como motor económico para el desarrollo de una serie de actividades urbanas. Primero como red de apoyo a las actividades ilícitas y luego por el crecimiento de la ciudad tanto tras la intensificación de las actividades legales como de las instituciones oficiales.

Para entender cómo las actividades de las redes de apoyo al cultivo de coca y el refinamiento de cocaína impactan el desarrollo urbano, necesitamos entender las características locales de los eslabones de la cadena global de valor de la cocaína presentes en el VRAEM (López Villanes; Vizcarra Castillo, 2012). Como explican los productores locales, el proceso de cultivo de coca es estacional y sólo requiere mucha mano de obra en los períodos de siembra y cosecha. En ese sentido, la estructura productiva basada en el minifundio de tierras no brinda oportunidades de empleo a tiempo completo (Bedoya Garland, 2016; Mendoza; Leyva, 2017). No obstante, permite la circulación de suficiente dinero para apoyar otras actividades, principalmente en el sector de servicios, lo que conllevó al desarrollo de varios asentamientos urbanos en el VRAEM.

En ese sentido, la economía ilícita generó un proceso de “explosión de espacios urbanos”, como lo conceptualizó Arboleda (2016, p. 2) utilizando la teoría de Lefebvre en el contexto del boom de las materias primas en América Latina. En el caso de la coca, podríamos entender esto como un proceso de urbanización del capitalismo ilegal. Esto significa que la dinámica política económica de una cadena de valor global de un producto ilícito basada en la lógica del mercado es productora de una lógica urbana que es funcional a la operación de esta cadena de valor. ¿Cuál es el resultado de este proceso Pichari? El surgimiento de una ciudad con funciones que se adaptan a las necesidades de la economía local a través de tres categorías de establecimientos: i) los que brindan condiciones de vida a los trabajadores; ii) aquellos negocios legales necesarios para el funcionamiento de la cadena de valor; iii) aquellos que proporcionan conectividad a circuitos globales de consumo.

Refiriéndose a la primera categoría, debemos recordar que la producción del commodity cocaína es intensivo en mano de obra. Pichari proporciona alojamiento y acceso a servicios básicos a quienes trabajan en la economía ilícita y a sus familias. Pichari ha conocido diversos flujos migratorios en la última década, esto se refleja en que casi el 40% de los habitantes de Pichari no nacieron allí (Inei et al., 2020). Esto creó tanto una necesidad habitacional, que condujo a un auge de la construcción urbana, como al desarrollo de una red de negocios orientados a satisfacer las necesidades básicas. Como podemos ver en el Gráfico 2, el número de restaurantes, negocios de venta de alimentos (como minimarkets), farmacias, centros médicos y negocios de transporte representan la gran mayoría de los negocios que existían en la ciudad en 2017. Los números presentados en el siguiente gráfico se obtuvieron contando físicamente el número de establecimientos comerciales en funcionamiento en agosto de 2017 en el casco urbano de Pichari. Opté por el recuento manual debido a la insuficiencia de registros oficiales.

Gráfico 2:
Establecimientos públicos y comerciales por tipo en el casco urbano de Pichari (agosto 2017)

El segundo ítem se refiere a una serie de comercios que tienen uso dual, tanto para el comercio legal como para proveer insumos a la economía ilícita, así como el lavado de dinero. En esta categoría se encuentran aquellas tiendas de agroquímicos, que suelen abastecer de pesticidas para el cultivo de coca, ferreterías y servicios diversos, donde se pueden comprar precursores químicos para el refinamiento. También encontramos una red de instituciones financieras como bancos y cooperativas financieras. Esto ha llevado a una progresiva financiarización de la vida urbana, aunque la mayor parte de la vida diaria e incluso compras costosas como las motocicletas aún se realizan en efectivo.

El tercer ítem se refiere al surgimiento de circuitos globales de consumo en Pichari que dan acceso a bienes globales, como teléfonos móviles, electrodomésticos, servicios de comunicación y autocuidado que califican a Pichari como un hub global. Como afirmó Bertha Becker (2005; 2018) sobre las ciudades del área amazónica, el carácter urbano debe entenderse como un proceso tanto relacional como cultural, donde la base material económica está en el centro de la producción y los valores urbanos son uno de los principales signos del proceso en curso. En ese sentido, lo que presencié en Pichari fue la vida cotidiana de una ciudad urbana, conectada al mundo a través de la televisión e internet, que mantenía tanto valores globales presentes en varias ciudades latinoamericanas (Castro; Ranincheski; Capistrano, 2015), como valores locales relacionados con la defensa del papel tradicional y sagrado de la hoja de coca como parte de la identidad de la ciudad (Vizcarra Castillo, 2018a). En resumen, vemos la glocalización de un proceso de urbanización en ciernes.

Estas tres categorías de establecimientos, que se alimentan directa o indirectamente de dinero ilegal, constituyen el circuito “ilegal/informal” de la ciudad. Uno en el que se hacen pocas o ninguna pregunta sobre el origen del dinero. Este es el circuito que permite la reinserción directa de dinero ilegal a la economía local y que constituye la base para la construcción de un apoyo más amplio a la economía ilícita. También incluye bares y algunos negocios informales de prostitución. No es casualidad que los dueños de los establecimientos de esos circuitos suelan financiar los movimientos de productores de hoja de coca, como pude comprobar durante el paro cocalero de 2017. La consciencia de la interdependencia de la economía legal e ilegal en la ciudad es muy clara entre la población local y los dueños de negocios locales, como Roberto, dueño de una farmacia que conocí en uno de mis viajes, que apoya financieramente esas protestas en contra de la erradicación forzada en el VRAEM. Como me dijo Mary, dueña de un restaurante, durante la huelga de cocaleros casi todos los dueños de negocios deben cerrar sus tiendas. Algunos de ellos lo hacen de mala gana, temerosos ante la posibilidad de ataques, pero muchos otros, lo hacen voluntariamente para apoyar al movimiento. Además, este circuito comercial informal/ilegal también ofrece oportunidades de empleo a los trabajadores de la coca, que de otro modo estarían desempleados en varios momentos del año. Es el empleo en pequeños negocios o en servicios de transporte informal lo que facilita su fijación en la ciudad.

Si consideramos que las ciudades son “entidades sociales creadas por procesos económicos” (Becker, 2018, p. 18), entendemos que la identificación de la base material de la urbanización, es decir, la identificación de los motores económicos, son clave para analizar el proceso. Si bien en Pichari el papel de la economía ilícita es innegable, está lejos de ser el único. La otra fuerza económica para la urbanización de la zona amazónica ha sido la presencia del Estado. El Estado peruano ha percibido históricamente la zona amazónica como una frontera agrícola y urbana a conquistar mediante la construcción de infraestructura pública y la presencia de servidores públicos (Aramburú, 1982; Walker, 1988). La presencia de burocracias públicas locales civiles ha sido un factor clave para la implementación de este proceso (Sala i Vila, 2006).

En esa perspectiva, vale la pena señalar que históricamente el primer momento en que el Estado promovió la presencia de una burocracia pública en Pichari fue durante los años sesenta en el contexto de la colonización de la Amazonía y posteriormente en el contexto de la reforma agraria. Como me dijo Don Pablo, uno de los habitantes más antiguos de la ciudad, Pichari fue originalmente una ciudad planificada diseñada por el Ministerio de Agricultura. Los espacios públicos y las futuras avenidas y áreas urbanas fueron diseñados en un plano que él vio en la oficina local del Ministerio de Agricultura, donde su padre trabajaba como técnico. Sin embargo, recuerda que aquellas primeras promesas de desarrollo urbano se desvanecieron rápidamente cuando el VRAEM se vio inmerso en la dinámica del conflicto armado interno.

El retorno del Estado al VRAEM, más allá de la presencia militar y policial, comenzó en 2006 con la adopción del Plan VRAE(M). Durante el gobierno de Fujimori (1990-2000), el Perú ya había creado una institución especializada para liderar a nivel nacional la “guerra contra las drogas” según los lineamientos del régimen prohibicionista internacional. Esa institución se llamó CONTRADROGAS y luego se convirtió en DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas). Esta institución fue la encargada de diseñar la Estrategia Nacional Antidrogas y como tal participó directamente en la priorización del VRAEM como zona de intervención del Estado. Sin embargo, no fue el único actor que promovió la declaración del estado de emergencia y la priorización del área en el presupuesto nacional. Las fuerzas armadas y los actores de la cooperación internacional también se mostraron interesados en contener y reducir el problema “narcoterrorista” del VRAEM (Calmet; Salazar, 2013; Villena; Annoni, 2016; Vizcarra Castillo; Heuser, 2019).

Esta priorización llevó a la multiplicación de las instituciones públicas en Pichari como podemos ver en el Gráfico 3. Además de ser la sede de las instituciones de las fuerzas del orden, Pichari también fue la sede de la oficina de enlace del primer ministro en el VRAEM, y de varias instituciones civiles como parte de la implementación de una estrategia para el desarrollo del VRAEM (Ceplan, 2012; Inei, 2012; Midis, 2013).

Gráfico 3:
Instituciones públicas presentes en el casco urbano de Pichari (agosto 2017)

La presencia de programas de desarrollo alternativo en el VRAEM también fue una fuente de ingresos para los habitantes locales, principalmente a través de los Programas de Impacto Rápido de DEVIDA que distribuyeron recursos financieros a los municipios locales para intervenciones públicas. El municipio local de Pichari también aumentó su capacidad de gasto al comenzar a recibir recursos presupuestarios del impuesto a la extracción de gas (conocido como “canon de gas” del proyecto CAMISEA, también ubicado en la Provincia de La Convención (Vizcarra Castillo, 2018b).

Tanto el dinero del canon como la guerra contra las drogas sustentaron una burocracia pública local que se integró a la vida cotidiana de la ciudad y contribuyó al crecimiento de las actividades administrativas y económicas. Esta burocracia construyó un circuito comercial legal específico donde pasaban el rato e interactuaban entre sí, así como con dueños de negocios y agricultores de conocidas cooperativas de café y cacao. La construcción tácita de este circuito diferenciado les permitió evitar “empresas e individuos sospechosos”, dándoles cierta seguridad de no verse comprometidos en su trabajo. Esta dinámica creó circuitos económicos urbanos paralelos dentro de la ciudad. Este circuito paralelo no significó que la burocracia local desconociera las prácticas económicas grises o incluso abiertamente ilegales que ocurren en la ciudad. Como mencionó uno de los ingenieros que trabaja para una agencia reguladora, “al final todos estamos involucrados”, mientras explicaba que era casi imposible evitar algunas relaciones “cuestionables” que necesita mantener para evitar conflictos en su vida diaria.

Estos circuitos paralelos tienen algunos espacios de intersección en la ciudad, principalmente en espacios públicos como escuelas, hospitales, instituciones religiosas, espacios públicos y días festivos. Son coproductores de la ciudad con todas sus paradojas. Coexisten mediante el uso de un mecanismo de desatención cortés (Goffman, 1963), según el cual son conscientes de la existencia del otro, pero ignoran voluntariamente la mayor parte de las dinámicas económicas y sociales que podrían indicar una evidencia de la presencia de la economía ilícita en la ciudad.

En resumen, un proceso de urbanización impulsado por el narcotráfico crea una ciudad próspera, estigmatizada por la presencia de la economía ilícita, pero donde los bienes de consumo globales están disponibles para la población local, la dinámica económica se sustenta en una red de actividades legales e ilegales, y se mantiene un orden pacífico y tácito, incluso con la participación involuntaria de las burocracias locales que fueron contratadas para erradicarlos. También crea una dinámica urbana interdependiente a la continuidad de la economía ilícita, donde diversos habitantes defienden abiertamente la no intervención del Estado en el control de los cultivos de coca.

Esta dinámica urbana ligada a la extracción de un bien ilegal también viene con una serie de impactos para el medio ambiente tanto en el área urbana como rural, que se encuentran en un espacio geográfico que tenía como función la protección y mitigación de los bosques amazónicos. Los impactos provienen tanto de un proceso acelerado, sin evaluación del impacto ambiental y social de la urbanización; como de las externalidades negativas del cultivo de coca como cultivo de agroexportación. Estas externalidades incluyen el uso intensivo de pesticidas, quema de bosques para cultivo y contaminación de suelos y aguas por precursores químicos utilizados para la obtención de alcaloides (Dávalos; Bejarano; Correa, 2009). Estos desafíos crean serias dificultades crean una tragedia local de los bienes comunes en el área amazónica (Bedoya Garland, 2016).

3. Lo urbano como base para la renovación de la política de drogas en la región amazónica

Considerando el contexto descrito anteriormente, podemos identificar una serie de factores que cuestionan la lógica detrás de la intervención del Estado para llevar desarrollo alternativo al VRAEM. Esta reflexión nos permitirá ubicar la situación de Pichari en el contexto más amplio de la discusión sobre el futuro de la política de drogas y los cambios respecto del enfoque prohibicionista del régimen internacional de drogas (Bewley-Taylor; Jelsma, 2012; IDPC, 2018).

Cada vez más se cuestiona el actual modelo punitivo implementado por Colombia y Perú respecto del control de los cultivos de coca tanto en sus formas como en sus consecuencias. La mayoría de las críticas se centran en el carácter coercitivo de las políticas sin la participación de las poblaciones locales (Ritter; Lancaster; Diprose, 2018), las limitaciones de la implementación de estas políticas tanto desde la perspectiva de la capacidad estatal como de la capacidad relacional de resistencia de los actores estatales (Grisaffi et al., 2020; Paredes; Pastor, 2021) así como las falsas premisas en las que se basan (Dávalos; Bejarano; Correa, 2009). También se han documentado sus efectos negativos, apuntando a la estigmatización, violaciones de derechos humanos, reproducción de la violencia y despojo de tierras, entre otros (Ciro Rodríguez, 2018). Los enfoques innovadores de control comunitario de la coca implementados en Bolivia han mostrado una mejora en la forma en que las políticas de drogas se relacionan con las prioridades e intereses locales (Pearson, 2016; Grisaffi et al., 2020).

Sin embargo, la mayoría de estos trabajos se centran en la relación entre el Estado y aquellos actores directamente involucrados en la economía ilícita, principalmente los agricultores cocaleros. Si bien reconocemos que esos actores son centrales en la economía ilegal, no son los únicos involucrados. El caso de Pichari muestra que, por el lado de las políticas de control de oferta, el tráfico de drogas ya no es sólo un problema rural, sino también urbano. Esta realidad implica pensar políticas alternativas de desarrollo que contemplen también alternativas para quienes están indirectamente vinculados a la economía ilegal, y son ciudadanos urbanos. En ese sentido, las políticas de drogas en el espacio amazónico ya no pueden centrarse en la sustitución de cultivos o incluso en las actividades de agroexportación como motor económico del desarrollo. Si, como afirmó Becker (2018), las ciudades son antes que el desarrollo, podríamos preguntarnos ¿qué tipo de desarrollo y de actividad económica se puede promover desde ciudades en el corazón de las economías ilegales amazónicas? Una posible respuesta podría estar vinculada a una discusión más amplia sobre las ciudades sostenibles, o incluso ir más allá de las ciudades como centros de protección y recuperación ambiental. El bien público a alcanzar en esta lógica no sería sólo el desarrollo sino también la protección del medio ambiente, lo que implica un cambio dramático en los valores urbanos.

Frente a la gravedad de la crisis climática, la conservación y recuperación de los bosques es una alternativa viable. Muchas de estas economías están situadas geográficamente en espacios que son clave para la respuesta al cambio climático. En ese sentido, las economías verdes, con programas que generen empleo en actividades de conservación y recuperación, la intensificación de la presencia estatal y del sector privado dirigida a la construcción de polos urbanos de investigación e innovación frente al cambio climático podrían constituir un nuevo motor de manutención de la urbanización. Por supuesto, estas alternativas también significan enmarcar la “cuestión de las drogas” no sólo como un problema de seguridad sino como un problema ambiental y de desarrollo. La recreación de sinergias sociales y ambientales, como las que existían con anterioridad a nivel local, como fue el caso de la comunidad asháninka en el VRAEM, que lucha por la conservación de sus tierras contra el narcotráfico (Alfaro Carhuamaca, 2021), podría ser una experiencia valiosa para pensar en alternativas.

Conclusión

Este artículo abordó la forma en que la dinámica del mercado de la cadena global de valor de la cocaína produce diferentes geografías y estudió el caso de la ciudad cocalera de Pichari. La ciudad es un ejemplo de la dinámica productiva detrás de una economía ilícita glocalizada y de la economía política y moral que la sustenta. También muestra en el campo la relación de las políticas estatales sobre drogas en la construcción de la ciudad. Si situamos la cuestión del suministro de drogas, específicamente de aquellas drogas de origen vegetal, como los cultivos de coca o la amapola, en la intersección de preocupaciones de seguridad, sociales y ambientales en contextos urbano, podríamos aportar nuevas miradas al problema de las drogas. El papel de las ciudades y una respuesta adecuada a la tragedia de los bienes comunes en términos ambientales están en el centro de estas nuevas perspectivas sobre la política de drogas en el espacio amazónico.

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• 1
  La autora agradece los comentarios de Aldo Panfichi Humán durante el desarrollo de la investigación doctoral, así como los colegas del doctorado en Sociología de la PUCP y a la beca Huiracocha de la PUCP que financió mis estudios de doctorado. La autora también agradece a los ciudadanos residentes en la ciudad de Pichari que le abrieron sus puertas para la realización de la investigación, la garantía del anonimato de su participación no permite agradecerles individualmente, sin embargo, su participación fue crucial para el desarrollo de la investigación y para la construcción conjunta de los significados sobre desarrollo aquí presentados.
• 2
  Se trata de un ataque armado durante el cual fueron asesinadas 16 personas, incluyendo 3 menores de edad en el Centro Poblado de San Miguel del Ene. Se atribuyó la responsabilidad a remanentes del MPCP, aunque oficialmente no se han determinado las responsabilidades penales al respecto. Para mayor información consultar el siguiente reportaje: ALFARO CARHUAMACA, Y. Impunidad en el Vraem: deudos de las 16 víctimas de la masacre de Vizcatán del Ene siguen sin justicia. OJOPÚBLICO, 22 mayo 2022. Disponible en: https://ojo-publico.com/3504/impunidad-el-vraem-un-ano-la-masacre-vizcatan. Acesado en: 23 jul. 2024.
• 3
  Pichari es una ciudad relativamente cara, en comparación con otras ciudades rurales del mismo tamaño, y los gastos de trabajo de campo podrían representar casi el valor total de la beca para un mes. Además, en su momento, algunos profesores que actuaban en escuelas cercanas a Pichari habían sido víctimas de agresiones porque fueron señalados como agentes de inteligencia.

• Editores da RBEUR
  Maria Encarnação Beltrão Sposito e Everaldo Santos Melazzo.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  03 Nov 2025
• Fecha del número
  2025

Histórico

• Recibido
  26 Jul 2024
• Acepto
  11 Ene 2025