Barreras institucionales en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en España

Institutional barriers to access to voluntary termination of pregnancy in Spain

Resumen

Resumen  Los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para garantizar la igualdad de género, la salud y el bienestar y promover el desarrollo humano. Estos incluyen el acceso universal a servicios de salud reproductiva, así como la autonomía en la toma de decisiones sobre el propio cuerpo. El objetivo de la investigación consistió en identificar los factores institucionales que influyen en el acceso a los servicios de interrupción del embarazo en España. Se realizaron 30 entrevistas semiestructuradas a mujeres que interrumpieron un embarazo entre 2013 y 2023. La ausencia de clínicas y centros de titularidad pública, los costes económicos y los costes temporales y burocráticos son identificados como las principales barreras de acceso a los servicios de aborto de manera gratuita, accesible y próxima. Todo ello tiene un impacto en el bienestar físico, psicológico y emocional de las mujeres. Los hallazgos revelan la necesidad de que el Estado español y las comunidades autónomas implementen medidas para garantizar este derecho y evitar desigualdades de acceso que afectan especialmente a los grupos más vulnerables.

Palabras claves:
barreras institucionales; derechos sexuales y reproductivos; igualdad de género; interrupción voluntaria del embarazo; España

Resumo

Abstract  Sexual and reproductive rights are fundamental to ensuring gender equality, health, and well-being, as well as promoting human development. These rights encompass universal access to reproductive health services and autonomy in making decisions about one’s own body. This study aimed to identify the institutional factors influencing access to abortion services in Spain. Thirty semi-structured interviews were conducted with women who had undergone a termination of pregnancy between 2013 and 2023. The findings highlight key barriers to free, accessible, and proximate abortion services, including the absence of public clinics, economic costs and bureaucratic and time constraints. These obstacles significantly impact women's physical, psychological, and emotional well-being. The results underscore the need for the Government of Spain and autonomous communities to implement measures that safeguard this right and prevent inequalities in access, particularly among the most vulnerable groups.

Keywords:
institutional barriers; sexual and reproductive rights; gender equality; voluntary termination of pregnancy; Spain

1. Introducción¹

Los derechos sexuales y reproductivos son parte integral de los derechos humanos. Incluyen el derecho de todas las personas a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad y reproducción, sin coerción, discriminación ni violencia. Hablar de derechos implica, en todos los casos, reconocer la capacidad de las personas para tomar decisiones libres, asumir sus responsabilidades y atender tanto sus necesidades individuales como las de la comunidad (Corrêa, 1997). Esta perspectiva fue clave en las discusiones de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en 1994 en El Cairo, donde autoras como Corrêa y Petcheskyp (1996) jugaron un papel destacado en la formulación de los marcos conceptuales que vinculan los derechos sexuales y reproductivos con los derechos humanos. Así, estas afirman:

Definimos el terreno de los derechos sexuales y reproductivos en términos de poder y recursos: poder tomar decisiones con base en informaciones seguras sobre la propia fecundidad, embarazo, educación de los hijos, salud ginecológica y actividad sexual, y recursos para llevar a cabo tales decisiones de forma segura. (Corrêa y Petcheskyp, 1996, p. 149).

No obstante, en la actualidad, “los obstáculos para acceder a la atención, información y enseñanza sobre salud sexual y reproductiva persisten debido a la falta de leyes positivas o a la presencia de leyes negativas, en particular en relación con el aborto” (Naciones Unidas, 2023, p. 22). A nivel global, las mayores limitaciones en el acceso al aborto se observan en países de bajos ingresos (Center for Reproductive Rights, 2023; Organización Mundial de la Salud [OMS], 2024). Sin embargo, en zonas de renta alta también existen barreras que impiden u obstaculizan el acceso, ya sea por restricciones legales o dificultades en la atención sanitaria (Wollum et al., 2024).

En el caso de España, el Sistema Nacional de Salud (SNS) es el conjunto de servicios de salud público que garantiza la atención sanitaria a toda la población, caracterizado por los principios de universalidad, gratuidad y el acceso a una cartera básica común de servicios sanitarios – entre los que se encuentra la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) –. Desde la aprobación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la gestión de los servicios sanitarios se ha ido transfiriendo progresivamente a las comunidades autónomas (CC. AA.). Esto significa que cada comunidad autónoma (C. A.) tiene la facultad de organizar y gestionar la prestación de los servicios, aunque el Estado mantiene competencias en materia de coordinación general, legislación básica y sanidad exterior.

Con respecto al aborto, este fue despenalizado en la década de 1980, con la promulgación de la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, en los casos de violación, malformación fetal y riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Sin embargo, el mayor avance se produjo con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que supuso una mejora al abordar de manera integral la protección y garantía de los derechos relacionados con esta cuestión y cambió el enfoque de una ley que solo permitía el aborto en determinados casos a otra que lo autoriza dentro de ciertos plazos.

Este proceso de normalización se refleja en los datos disponibles, que muestran un incremento gradual del número y la tasa de abortos voluntarios a lo largo del tiempo (Gráfico 1). Entre 1987 y 2023, se han practicado más de 2,8 millones de abortos voluntarios en España, pasando de un total de 16.766 IVE y una tasa de 1,79 por 1.000 mujeres en 1987 (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1989) a 103.097 IVE y una tasa de 12,22 en 2023 (Ministerio de Sanidad, 2024a).

Gráfico 1
Evolución número de abortos y tasa de abortos por cada 1000 mujeres en España (1987 a 2023)

Nota: Los datos referentes al periodo de 1987 a 1989 hacen referencia a mujeres de menos de 15 años hasta 50 años y más. Para el periodo de 1990 a 2023, los datos hacen referencia a mujeres de 15 a 44 años.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad (2024a), Ministerio de Sanidad y Consumo (1989 , 1995, 2005) y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2016).

En el año 2023 se promulgó la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (Ley Orgánica 1/2023). Esta ley incorporó novedades: se eliminó el plazo de reflexión de tres días y la obligatoriedad de recibir información sobre los recursos y las ayudas disponibles para continuar con el embarazo. Dicha información solo debe proporcionarse si la mujer lo solicita.

Además, se reguló la objeción de conciencia mediante la creación de un registro de profesionales objetores para garantizar la seguridad jurídica y asegurar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y del personal sanitario a negarse a realizar la intervención por convicción personal (Ministerio de Sanidad, 2024b). Por otra parte, una de las cuestiones más relevantes de esta ley aparece recogida en su preámbulo, donde se establece:

La obligación de las administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, de garantizar la prestación en los centros hospitalarios, de acuerdo con criterios de gratuidad, accesibilidad y proximidad, estableciendo los dispositivos y recursos humanos suficientes para la garantía del derecho en todo el territorio en condiciones de equidad (Ley Orgánica 1/2023, p. 6).

Un análisis sistemático de la literatura internacional de la última década muestra que, a pesar de la proliferación de estudios centrados en el fenómeno de la IVE en países desarrollados, es menor el interés por analizar las barreras de acceso desde la perspectiva de las experiencias de las mujeres (Crespo-Rodríguez et al., 2025). Así, de los 31 artículos seleccionados, la mitad describe las dificultades que las mujeres encuentran para acceder a los servicios de aborto una vez tomada la decisión de no continuar con el embarazo. De estos, menos de una decena abordan barreras de índole institucional y solo tres se ubican en España (De Zordo, 2017; Ferrer y Solsona, 2018; Lapresa-Alcalde et al., 2023).

De esta evidencia científica se concluye que, incluso en los contextos más favorables (países con sistemas de salud desarrollados y mayores garantías legales en el acceso al aborto), existen barreras de índole institucional en el acceso a la IVE. Así, las limitaciones de accesibilidad producidas por los tiempos de espera y las gestiones burocráticas no solo provocan dificultades para someterse al procedimiento y hacerlo en las primeras semanas de gestación (Cameron et al., 2015; Cano y Foster, 2016; Bohórquez, 2024), sino que también pueden intensificar las desigualdades sociales (Fuentes y Jerman, 2019; Amnistía Internacional, 2025) y afectar a las experiencias vividas (Ferrer y Solsona, 2018; Tiseyra et al., 2022).

En otras ocasiones, la existencia de estos problemas en la provisión de servicios está relacionada con la objeción de conciencia por parte de algunos/as profesionales de la salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014; Ferrer y Solsona, 2018; L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, 2020; Veldhuis et al., 2022), lo que obliga a las mujeres a buscar otros proveedores y alargar el proceso del aborto (Ministerio de Salud Pública, 2019; Autorino, Mattioli y Mencarini, 2020). De Zordo (2017) analizó las experiencias y actitudes de obstetras y ginecólogos/as hacia el aborto en Italia y España. Encontró que en los discursos de los/as profesionales/as de ambos países surgen clasificaciones médicas y morales, diferenciando entre abortos voluntarios – aquellos que podrían prevenirse – y terapéuticos o legales – en caso de malformaciones fetales graves –. En consecuencia, si el personal médico se niega a brindar atención médica para el aborto puede contribuir a reproducir y reforzar el estigma en torno a este procedimiento.

Por otro lado, la falta de proximidad de los servicios de IVE conlleva el desplazamiento o pernoctación en otros territorios, lo que dificulta, a su vez, la conciliación laboral y familiar (Tiseyra et al., 2022; Veldhuis et al., 2022). Así, Lapresa-Alcalde et al. (2023) encuestaron a mujeres que habían utilizado los servicios de aborto en Castilla y León (España). El 10 % consideró que viajar a otra ciudad les había supuesto mayores dificultades en su acceso. Esto afecta especialmente a mujeres con menores recursos socioeconómicos o residentes en zonas aisladas o rurales (O’Donnell et al., 2018; Cashman, Downing y Russell, 2021; Veldhuis et al., 2022; Bohórquez, 2024). Lindig, Heger y Zill (2024) encontraron que en muchas regiones de Alemania (sobre todo en zonas rurales y regiones católicas del sur) el acceso a servicios de aborto legales y de alta calidad era limitado. Así, las mujeres debían viajar cientos de kilómetros para recibir atención.

Los factores económicos también pueden representar una barrera en aquellos países en los que no se produce la gratuidad de la prestación. Por ejemplo, en el trabajo realizado por Nickerson, Manski y Dennis (2014) se muestra cómo, en numerosas ocasiones, las mujeres que desean abortar en Estados Unidos y no cuentan con seguros médicos que financien el procedimiento se ven obligadas a hacer sacrificios. Entre las prácticas más comunes destacan pedir dinero a sus familiares sin revelar el verdadero motivo por el que lo necesitan, solicitar préstamos, donar plasma o vender pertenencias personales. En otros casos puede producirse un retraso en el acceso al aborto debido a la espera para que las aseguradoras médicas confirmen que cubren el gasto (Lindig, Heger y Zill, 2024).

Además, las restricciones institucionales, como la existencia de un período de reflexión obligatorio y el asesoramiento previo en algunos países, pueden alargar el proceso. De este modo, en la investigación de Ferrer y Solsona en España, algunas de las mujeres entrevistadas consideraron este periodo como “un obstáculo (una molestia en mayor o menor medida), pero no una barrera insalvable” (Ferrer y Solsona, 2018, p. 1098). Esta situación puede poner en riesgo la posibilidad de efectuar la IVE en aquellos casos en los que el embarazo ha sido detectado de manera tardía.

En este contexto, el objetivo del presente estudio es identificar los factores institucionales que influyen en el acceso a los servicios de IVE en España. Para ello, se llevaron a cabo 30 entrevistas semiestructuradas a mujeres que se habían sometido a una IVE durante el periodo 2013-2023 en España. La relevancia de esta investigación se justifica desde diferentes ámbitos. En primer lugar, se centra en las barreras institucionales en España. Como se ha demostrado, existen pocos estudios previos sobre esta realidad y menos aún que profundicen en los factores institucionales del contexto español. En segundo lugar, y a diferencia de las investigaciones centradas en datos secundarios o en el análisis normativo, este estudio utiliza entrevistas con mujeres que han abortado. De este modo, centra el análisis en las experiencias y percepciones de las propias mujeres afectadas e identifica nuevas barreras que han sido poco exploradas en el caso español. En tercer lugar, se considera que este trabajo aporta evidencia al debate sobre las políticas públicas y los derechos reproductivos, dado que examina el grado de cumplimiento de las obligaciones del Estado en la prestación de este tipo de servicios.

2. Metodología

El presente trabajo recoge los resultados obtenidos en una investigación más amplia enmarcada en el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). Esta fue aprobada por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Salamanca, España (n.º de registro 919).

El diseño metodológico parte de una epistemología feminista. Esta teoría (Harding, 1987; Silvestre, López y Royo, 2020) defiende que las vivencias y experiencias de las mujeres les permiten tener una perspectiva única sobre la realidad social. Por tanto, en esta investigación de carácter exploratorio, las mujeres que han accedido a una IVE se han convertido en las protagonistas activas de sus historias.

Para ello, a través de un enfoque metodológico cualitativo, se diseñaron y llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas. Dada la inexistencia de un marco de muestreo y debido a la dificultad de acceso a la población objeto de estudio, se aplicó un muestreo no probabilístico de carácter intencional y por conveniencia, habitual en metodología cualitativa (Cea D’Ancona, 1996). Esta estuvo compuesta por 30 mujeres que habían experimentado una IVE entre 2013 y 2023 en España. El tamaño de la muestra se acordó por saturación teórica: el proceso de selección concluyó cuando las nuevas entrevistas dejaron de aportar nueva información desde el punto de vista analítico (Cea D’Ancona, 1996; Glaser y Strauss, 2017).

Sin embargo, aunque la muestra fue por conveniencia, se consideró la existencia de una serie de variables que podrían afectar a las experiencias de las mujeres: edad, nivel educativo en el momento de realización de la IVE y C. A. en la que esta fue realizada (Tabla 1). Por lo tanto, basándose en la evidencia empírica previa y en lo que se esperaba que pudieran aportar al estudio, se hizo un esfuerzo por lograr una variedad en los perfiles sociodemográficos entre las entrevistadas.

Tabla 1
Perfil sociodemográfico de la muestra

Código	Nombre ficticio	Edad	Nivel educativo	C. A.	Método de IVE
E1	Ana	26-35	Superior	Grupo 2	Quirúrgico
E2	Beatriz	<26	Medio	Grupo 2	Farmacológico y quirúrgico
E3	Camila	<26	Superior	Grupo 2	Quirúrgico
E4	Daniela	<26	Básico	Grupo 2	Quirúrgico
E5	Elena	26-35	Superior	Grupo 3	Farmacológico
E6	Fernanda	<26	Superior	Grupo 1	Quirúrgico
E7	Gabriela	<26	Superior	Grupo 3	Farmacológico
E8	Hortensia	<26	Superior	Grupo 1	Quirúrgico
E9	Isabel	>36	Medio	Grupo 1	Quirúrgico
E10	Julia	<26	Básico	Grupo 1	Quirúrgico
E11	Karina	>36	Medio	Grupo 1	Quirúrgico
E12	Laura	<26	Superior	Grupo 1	Quirúrgico
E13	Mariana	26-35	Superior	Grupo 1	Farmacológico
E14	Natalia	<26	Básico	Grupo 1	Quirúrgico
E15	Olga	26-35	Superior	Grupo 1	Quirúrgico
E16	Paula	<26	Medio	Grupo 1	Quirúrgico
E17	Rosa	>36	Superior	Grupo 2	Farmacológico
E18	Sofía	<26	Básico	Grupo 2	Quirúrgico
E19	Teresa	<26	Básico	Grupo 2	Quirúrgico
E20	Úrsula	<26	Básico	Grupo 2	Quirúrgico
E21	Valentina	26-35	Superior	Grupo 3	Farmacológico
E22	Yolanda	26-35	Superior	Grupo 1	Quirúrgico
E23	Zulema	>36	Superior	Grupo 3	Quirúrgico
E24	Alba	<26	Medio	Grupo 2	Quirúrgico
E25	Bárbara	26-35	Superior	Grupo 3	Quirúrgico
E26	Clara	<26	Superior	Grupo 3	Quirúrgico
E27	Diana	<26	Básico	Grupo 3	Quirúrgico
E28	Eva	26-35	Superior	Grupo 3	Farmacológico
E29	Flavia	>36	Superior	Grupo 3	Farmacológico
E30	Gisela	26-35	Superior	Grupo 3	Quirúrgico

• Nota: Nivel educativo: Básico (niveles de educación obligatoria), Medio (bachillerato y formación profesional de grado medio), Alto (formación profesional de grado superior y estudios universitarios). C. A.: Grupo 1 (Asturias, Andalucía, Canarias, Extremadura, País Vasco, Valencia), Grupo 2 (Castilla y León), Grupo 3 (Cataluña, Cantabria e Islas Baleares).
• Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la edad (Md = 26,8; SD 6,71), el 53,3 % de las participantes tenía menos de 26 años, el 30 % entre 26 y 35 años y el 16,7 % más de 36 años. Además, el 60 % contaba con estudios superiores cuando se sometieron a la IVE. Por último, se establecieron tres grupos de CC. AA. atendiendo a los datos para el año 2021 sobre el tipo de centro en el que se practicaron las IVE (público/privado) y si estas contaron o no con financiación pública (Ministerio de Sanidad, 2022):

• Grupo 1: CC. AA. donde más del 65 % de las IVE se realizaron en centros de titularidad privada, financiadas públicamente.

• Grupo 2: CC. AA. donde más del 40 % de las IVE se realizaron en centros de titularidad privada, no financiadas públicamente.

• Grupo 3: CC. AA. donde entre el 39 % y el 60 % de las IVE se realizaron en centros de titularidad pública, financiadas públicamente.

En cuanto al método utilizado para el aborto, se distingue entre métodos farmacológicos y quirúrgicos o instrumentales. En el primer caso, se utiliza una dosis combinada de mifepristona, seguida de una dosis de misoprostol en un intervalo de 24-48 horas. Este tipo de procedimiento se puede realizar hasta la semana 9 de gestación, aunque en algunas CC. AA. se suministra hasta la semana 7. El 23,3 % de las mujeres encuestadas utilizó esta técnica para interrumpir el embarazo. En uno de los casos, no fue eficaz y se tuvo que realizar un procedimiento instrumental. Este puede consistir en dilatación y aspiración, acompañada o no de legrado uterino (raspado), aunque esta última es una práctica no recomendada por la OMS. Para realizar estas técnicas se utiliza anestesia local, sedación o anestesia general. Se realiza de forma ambulatoria en una clínica u hospital, es decir, sin necesidad de hospitalización. La mayoría de los abortos realizados entre las semanas 7 y 14 se realizarán de este modo, sin posibilidad de elección en la mayoría de las comunidades de España.

El guion de la entrevista estuvo compuesto por diversos bloques correspondientes a las diferentes etapas del proceso de la IVE (desde la noticia del embarazo hasta el impacto posterior) y otros aspectos relacionados, como la situación en el momento del embarazo o la percepción general sobre el aborto. En el presente estudio, de acuerdo con el objetivo general, se presentan los resultados obtenidos en relación con el acceso a los servicios de aborto. En este sentido, los temas abordados en las entrevistas fueron:

1. Vía de acceso a los servicios de aborto.

2. Experiencia en el acceso a los servicios de aborto en el SNS.

3. Elección de servicios privados: factores decisivos.

El procedimiento de captación de la muestra se realizó a través de una estrategia múltiple. Por un lado, se desarrolló una amplia campaña de difusión de la investigación a través de redes sociales como Facebook, Instagram y Telegram, donde se presentó el proyecto, sus objetivos y el equipo de investigación. Además, se facilitó un enlace de registro para que las mujeres interesadas pudieran dejar sus datos de contacto. Por otro lado, se pidió apoyo en la difusión de la información al asociacionismo activista feminista, a otras organizaciones del tercer sector y a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo. Una vez que las mujeres expresaron su interés en colaborar en la investigación, se les llamó por teléfono para proporcionarles más información, resolver posibles dudas y confirmar su disposición a participar en el estudio.

El trabajo de campo fue realizado en el periodo comprendido entre abril de 2023 y julio de 2024. Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 60 minutos. Antes de las entrevistas, se explicó a las participantes los objetivos y el procedimiento del estudio, incidiendo en que su participación era voluntaria y que podían revocar su consentimiento en cualquier momento. Asimismo, se garantizó la protección de datos y la confidencialidad y se proporcionó una explicación detallada sobre la política de privacidad. Después de ello, se solicitó la firma del documento de consentimiento que autorizaba el tratamiento de la información obtenida para la investigación.

Todas las entrevistas fueron grabadas en audio con el permiso previo de las participantes. Además, las investigadoras tomaron notas sobre otros aspectos que pueden ser interesantes para el análisis (comunicación no verbal o silencios ante determinadas preguntas). Posteriormente, se transcribieron con la ayuda del software Happy Scribe y se revisaron. Se realizó un análisis del contenido cualitativo inspirado en la teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 2017), con apoyo en el programa de análisis cualitativo Atlas.ti.

3. Resultados

Los factores institucionales hacen referencia a aquellas barreras que las mujeres deben superar para acceder a la IVE a través del SNS y que emanan del propio sistema sanitario. Pueden influir en la garantía efectiva del derecho de las mujeres a abortar, provocando que estas decidan continuar con un embarazo no deseado o dificultando el acceso a la IVE. En las entrevistas realizadas se han podido identificar los siguientes factores: (1) ausencia de servicios en el SNS, (2) costes económicos y (3) costes temporales y burocráticos. Todos ellos influyen, por un lado, en la posible elección de servicios privados por parte de las participantes y, por otro lado, en el bienestar físico, psicológico y emocional de estas.

3.1. Ausencia de servicios en el Sistema Nacional de Salud y costes económicos

La falta de acceso a la IVE a través del SNS en el lugar de residencia de las participantes es una de las cuestiones señaladas en mayor medida durante las entrevistas. Esta situación es referida principalmente entre aquellas mujeres que realizaron la IVE en Castilla y León: “no había clínicas aquí. No había clínicas en [nombre de una ciudad de Castilla y León]. Era todo de pago” (<26 años. Educación básica. Grupo 2) (Daniela, 2023).²

Esta problemática se produce incluso en aquellos territorios en los que existen hospitales públicos y profesionales sanitarios capacitados para practicar IVE, pues en ocasiones estos últimos se declaran objetores/as de conciencia y no se asegura la presencia de un/a médico/a dispuesto/a a realizar este procedimiento: “porque [nombre de su ciudad en Castilla y León], puesto que el, el departamento entero de ginecología del Hospital Clínico se declara objetor de conciencia, no lo realizan” (<26 años. Educación básica. Grupo 2) (Úrsula, 2024). La principal consecuencia de esto es que las mujeres son derivadas a otras provincias, o incluso CC. AA.: “en el caso de querer interrumpir el embarazo, te mandaríamos a Madrid’. Porque me imagino que aquí no habría quien lo hiciera” (>36 años. Educación media. Grupo 1) (Karina, 2023).

En otras ocasiones, y como consecuencia también de la objeción de conciencia del personal sanitario, aunque no se produzca la derivación a otras regiones, las mujeres optan por acceder a la IVE en aquellas ciudades donde consideran que les será más accesible. Así, una de las entrevistadas que intentó acceder a la IVE en Extremadura, donde se encontraba residiendo temporalmente, finalmente decidió desplazarse hasta Cataluña – ciudad de residencia habitual – debido a las dificultades encontradas por parte del médico que la atendió, quien se negó a proporcionarle información sobre los servicios de aborto:

Y el señor [el médico que la atendió] automáticamente me dijo: “Enhorabuena, estás embarazada. Lo que tienes que hacer ahora es irte a planificación. Esto en el Hospital de [ciudad de Extremadura], el [nombre de hospital] se llama, creo, lo que tienes que hacer ahora es irte a la planta -no sé cuál me dijo-, a Planificación Familiar porque te van a ayudar con todo, con todo lo que respecta con tu embarazo”, ¿no? Y claro, yo estaba blanca. Y yo le dije al señor, y junto a él había una enfermera, una chica muy joven que no dijo nada, ¿no?, entonces yo le dije: “¿Y si no quiero tenerlo?”. Y el señor literalmente me dijo: “Yo no te puedo ayudar con eso, tienes que buscar ayuda en otras fuentes, pero yo no te puedo dar información al respecto. Buenas tardes”. Y literalmente me echó de la consulta, prácticamente (26-35 años. Educación superior. Grupo 3) (Valentina, 2024).

Consecuentemente, los gastos de transporte pueden representar otra barrera para las mujeres que deben desplazarse a otras ciudades o comunidades. En estas situaciones, disponer de una red de apoyo se constituye como una cuestión fundamental, tal y como una de las entrevistadas refería:

Finalmente me tuvo que llevar mi madre porque era imposible. O sea, no había transporte público, un taxi ida y vuelta a [ciudad de Castilla y León] era un precio que probablemente yo tampoco habría podido hacer cara a ese gasto. Así que me llevó mi madre en el coche (<26 años. Educación superior. Grupo 2) (Úrsula, 2024).

Además del coste económico del transporte, las mujeres también comentaban la dificultad añadida que supone tener que conducir o viajar tras el procedimiento, debido al malestar físico, psicológico y/o emocional:

Yo no sé si ahora en [ciudad de Castilla y León] se puede hacer, pero ya solo el hecho de, pues yo qué sé, tía, poder hacerlo aquí o poder hacerlo en [ciudad de Castilla y León], que está al lado, pues te evita muchos problemas. Porque yo tuve que ir hasta Madrid. Yo tengo una amiga que tuvo que ir sola en el bus y volverse, ¿sabes? Que yo tuve la suerte que me llevaron. Y vienes jodida. Porque acabas de salir de una anestesia general y de un quirófano (<26 años. Educación básica. Grupo 2) (Daniela, 2023).

Por otro lado, las mujeres a veces tienen que asumir los costes económicos del procedimiento realizado en una clínica privada o de servicios asociados al mismo, como la posibilidad de recibir sedación o anestesia general o medicación, como analgésicos. Según las participantes señalan, el precio de la IVE comprende entre los doscientos cincuenta y setecientos euros, dependiendo del tipo de aborto (farmacológico o quirúrgico). Por su parte, el acceso a la sedación o anestesia general durante el aborto quirúrgico puede suponer un coste adicional de entre cincuenta y doscientos euros, incluso si el procedimiento está financiado por el SNS. La mayoría de las mujeres entrevistadas que aludieron a esta cuestión expresaron su malestar con no haber podido acceder a este servicio debido a su situación económica:

Sé que, si tú pagas la intervención en la clínica, puedes pagar para que te pongan anestesia general, pero si lo haces por la seguridad social [SNS], la seguridad social no lo cubre. Y a mí es algo que me hubiera encantado que me pusieran anestesia general como para no enterarme de nada de lo que pasaba. Aunque hubiera sido algo, hubiera tenido que estar mucho más tiempo en la clínica o lo que fuera, pues la habría agradecido un montón. […] Yo no tenía quinientos euros para gastarme en ese momento, que me hubiera encantado y lo hubiera hecho 100% si hubiera tenido ese dinero. Pero no (<26 años. Educación básica. Grupo 2) (Teresa. 2023).

Además, aquellas mujeres más jóvenes en el momento de la IVE (menores de 26 años) mostraban su preocupación y expresaron sentimientos de culpa y responsabilidad debido a que fueron sus progenitores y/o los progenitores de la pareja quienes asumieron los gastos del procedimiento. Esto provocó que algunas de ellas escogieran la anestesia local, debido a que su precio es más reducido:

Nos dieron dos opciones. Una era anestesia local y otra anestesia total. La anestesia total por aquel entonces eran seiscientos euros. La anestesia local eran cuatrocientos euros. Teniendo en cuenta que nos lo iban a pagar nuestros padres… […] Yo no elegí anestesia total, además de por el dinero, porque te sentías, claro, era mitad y mitad. Para mis padres esos doscientos euros ya era un esfuerzo económico. Que habrían sido cien euros más, pero yo me sentía fatal (<26 años. Educación superior. Grupo 2) (Camila, 2023).

3.2. Costes temporales y burocráticos

Más de la mitad de las mujeres entrevistadas hizo referencia a la existencia de barreras temporales y burocráticas. Estas señalaron dificultades para conseguir concertar una cita con los servicios públicos de salud, así como la excesiva burocracia y derivación entre diferentes organismos públicos (centro de atención primaria, matrona, Gerencia Regional de Salud, clínica, etc.). De media, el procedimiento completo se prolonga aproximadamente más de quince días, desde que son atendidas por primera vez por el personal sanitario de atención primaria hasta que se lleva a cabo la IVE: “que es una cosa que, encima, se alarga muchísimo porque piensa que igual ahí hay mínimo veinte, veinticinco días de citaciones y de que te den una cita, de que vayas, de que tengas que hacer…” (<26 años. Educación básica. Grupo 2) (Úrsula, 2024).

En España, el SNS se basa en el principio de atención sanitaria universal. Sin embargo, para acceder a los servicios públicos de salud (excepto en casos de urgencia) es necesario estar registrado/a (empadronado/a) en la ciudad donde se solicita la atención y disponer de una tarjeta sanitaria. En ocasiones, algunas mujeres viven temporalmente en otra comunidad autónoma (motivos laborales, educativos o familiares), pero no están empadronadas allí al no ser su residencia habitual. En estos casos, pueden solicitar un desplazamiento médico temporal, gestionado en el centro de salud de la ciudad donde residen. Este documento les permite recibir asistencia sanitaria gratuita en su lugar de estancia temporal sin tener que regresar a su comunidad de origen. No obstante, es importante señalar que la tarjeta sanitaria por desplazamiento, en algunas CC. AA., no garantiza el acceso a la IVE. En este sentido, una de las entrevistadas relataba:

Entonces yo lo que hice fue, pues cuando volví a [nombre de una ciudad de la Comunidad Valenciana] fui al médico y fue, la verdad, un caos a nivel de todo, porque me dijeron que con la tarjeta de desplazado no podía hacer eso allí. Que para eso tenía que estar empadronada en [nombre de una ciudad de la Comunidad Valenciana], porque había determinadas cosas que con la tarjeta de desplazado no me permitían. Entonces, a mí ahí fue la de “ostia”. […] Y me dijeron que si quería hacerlo allí tenía que empadronarme. Claro, yo, mi rayada mental era de decir: “Joder, es que a ver si se va a demorar mucho lo del empadronamiento, no lo puedo hacer, ¿qué hago?” (<26 años. Educación superior. Grupo 1) (Laura, 2023).

Las entrevistadas hacían referencia a que el tiempo de espera para ser atendidas a través del SNS puede poner en riesgo la posibilidad de efectuar la IVE debido a los plazos normativos contemplados. Ello también supone un obstáculo para poder elegir el método de interrupción:

Pero, es cierto que, joder, por la seguridad social [SNS] te deberían de atender y no te atienden. Entonces, es imposible que tú entres dentro de un plazo, porque es que antes no te vas a enterar que estás embarazada, no te puedes enterar en la semana uno que te quedas embarazada. Y si el plazo que hay son entre cinco y siete semanas… [para acceder a aborto farmacológico] (>36 años. Educación superior. Grupo 2) (Rosa, 2023).

Entre las mujeres que se sometieron a la IVE antes de 2023, este tiempo de espera se vio prolongado debido al periodo de reflexión obligatorio de tres días entre la consulta inicial y el procedimiento. Como comentó una de las entrevistadas:

Me dijo, “Oye, tengo que darte esto porque hay una ley, etcétera, que no puedo darte una cita para que abortes hasta que yo no te haya dado esta información y hayan pasado cuarenta y ocho horas desde que tú has firmado que te he dado esta información. Entonces firma aquí”. Lo dobló, me dio el sobre y me dijo: “Si lo tienes claro, te recomiendo que no lo leas” (26-35 años. Educación superior. Grupo 3) (Valentina, 2024).

En este sentido, algunas entrevistadas señalaron el riesgo que el periodo de reflexión obligatorio conlleva para efectuar el aborto o realizarlo farmacológicamente en aquellos casos en los que el embarazo se había detectado en etapas avanzadas de gestación:

El tema fue que me enteré tres días antes de hacer las ocho semanas, pero, claro, como en ese momento era necesario, que estaba lo de que tienes que pensártelo tres días, no pude abortar con la pastilla, tuve que ya ir a quirófano porque esos tres días me hicieron ya pasar las ocho semanas y con ocho semanas tienes que abortar así (<26 años. Educación básica. Grupo 3) (Diana, 2024).

El tiempo de espera una vez que se ha tomado la decisión de abortar, debido tanto al periodo obligatorio de reflexión como a la burocracia y la demora en la atención por parte del SNS (acudir a diferentes citas o repetir pruebas), genera en las mujeres consecuencias físicas – como pérdida de peso y náuseas –, psicológicas y emocionales – como frustración, estrés, miedo y ansiedad –, que pueden mantenerse incluso durante la etapa del post-aborto. Además, esto también provoca un impacto en el desarrollo cotidiano de sus vidas personales y profesionales:

Y lo pensaba que era igual el proceso aquí que en Madrid. Y ese era mi, no mi miedo, pero era como de “jolines, que voy a tener que hacer todo esto porque son, de hecho, varios días”. Y decir que voy a perder, que encima voy a tener que perder el día que tenga que hacer esto, esto, esto, esto (<26 años. Educación básica. Grupo 1) (Julia, 2023).

3.3. Elección de un servicio privado

Los factores institucionales anteriormente expuestos influyeron en la elección de un servicio privado para la realización de la IVE por parte de doce de las entrevistadas, a pesar de que ello implicaba tener que sufragar los costes del procedimiento. Entre las razones señaladas en las entrevistas destaca la agilidad en los trámites – que permite no acudir a diferentes servicios públicos –. Tal y como manifestó una de las participantes: “era a donde podía ir, porque: pide cita en el médico; el médico a la trabajadora, no sé qué…” (26-35 años. Educación superior. Grupo 2) (Ana, 2023). Así, la rapidez en el acceso y realización del procedimiento es señalado por otra de las mujeres:

Entonces, yo me fui a recepción y me dijeron que la primera cita que tenía era al cabo de dos días, o perdón, de dos semanas. Y a mí eso se me hizo un mundo entero porque yo quería hacerlo ya. Y justo tengo una amiga que había pasado por un IVE un par o tres de meses antes. La llamé, le dije: “Estoy desesperada, no puedo con esto”. Ella pasó por un caso similar y me dijo: “Pues llama a una clínica privada”. Entonces yo llamé a una clínica privada ese mismo día. Al día siguiente ya tenía cita y lo hice todo por una clínica privada, porque, como te he dicho al principio, yo tenía bastante dinero ahorrado. Entonces para quitarme el quebradero de cabeza lo hice así y, nada, eso, eso hice (26-35 años. Educación superior. Grupo 3) (Valentina, 2024).

En otras situaciones más extremas, la imposibilidad de acceder a servicios de aborto próximos en el SNS y la avanzada etapa de gestación hacen necesario el procedimiento inmediato, dejando como única alternativa la opción de un servicio privado:

Yo siento que estuve bastante en peligro porque si hubiese ido por la seguridad social [SNS] y, yo andaba pillada de tiempo, si me hubiesen dicho que no en ese momento, me hubiese tocado tener un hijo que yo no quería. Mi vida hubiese cambiado drásticamente y yo realmente tengo el derecho de poder realizar un aborto. Entonces, la única conclusión que saco, así, más importante de todo esto, que hay muchas personas que probablemente hayan pasado por lo que he pasado yo y que hayan tenido que tener un hijo (<26 años. Educación básica. Grupo 2) (Sofía, 2023).

Otro de los factores determinantes al acceder a un servicio privado para la realización de la IVE es la posibilidad de elegir el tipo de técnica utilizada, especialmente en el caso de las mujeres más jóvenes:

Primero fui al centro de salud y ahí me explicaron un poco, porque no tenía ni idea. Me dijeron que tenía que ir a [ciudad de Castilla y León] y me dijeron que solo me iban a poner como... No, como que prácticamente iba a estar despierta en la intervención. Y a mí eso me pareció como algo realmente aterrador. O sea, es que me parece escalofriante. Y yo, claro, vi el percal, y ya fue cuando mi amiga [nombre] se puso a buscar clínicas privadas en [nombre de una ciudad de Castilla y León], y a informarse ya absolutamente de todos los métodos y demás, y como que me lo dio hecho, prácticamente. Y pues fui a la clínica y yo quería lo de las pastillas porque me daba miedo la intervención. (<26 años. Educación media. Grupo 2) (Beatriz, 2023).

A esto se suma la sensación de mayor privacidad y confidencialidad, debido a que la IVE no queda registrada en sus historiales médicos. Esto se observa especialmente entre las participantes que residen en ciudades con menor población:

Sí, mi madre desde un primer momento me dijo que por la seguridad social no iba a ser. Ella me dio la explicación de que al ser un pueblo había que contárselo a las personas que trabajaban ahí, que eran personas conocidas, y ella no quería. O sea, me dijo que no quería que se enterase todo el pueblo (<26 años. Educación básica. Grupo 2) (Sofía, 2023).

4. Discusión y conclusiones

La normativa española establece la obligación de las administraciones públicas sanitarias de garantizar el derecho a la IVE en los centros hospitalarios, de acuerdo con criterios de: a) gratuidad, b) accesibilidad y c) proximidad. Partiendo de esta premisa, el objetivo del presente trabajo consistió en identificar los factores institucionales que influyen en el acceso a los servicios de IVE en España. El principal hallazgo obtenido permite constatar el incumplimiento de la legislación por parte de algunas CC. AA. Las estadísticas oficiales evidencian que la mayor parte de las IVE se realizan en centros de titularidad privada. Así, en 2023, solo el 7,95 % de las IVE tuvo lugar en establecimientos hospitalarios públicos (Ministerio de Sanidad, 2024a, p. 15). Esta situación se ve reflejada en los resultados: la mayoría de las entrevistadas fueron derivadas por el SNS a clínicas privadas acreditadas con convenio público.

En segundo lugar, el criterio de gratuidad se cumple de manera limitada. Así, es cierto que el servicio es gratuito para aquellas mujeres que acceden a los servicios de aborto a través del SNS. Sin embargo, otros servicios asociados al procedimiento quirúrgico, como el uso de anestesia general o sedación, no se encuentran cubiertos en todas las CC. AA. Esta situación, además de generar desigualdades territoriales, provoca que aquellas mujeres jóvenes, con menores recursos económicos y sin apoyo familiar, tengan que pasar por experiencias más dolorosas, tanto física como psicológicamente.

El tercer hallazgo revela que, en la mayor parte de las ocasiones, no se está garantizando el criterio de accesibilidad. Esta situación se produce especialmente entre las mujeres residentes en Castilla y León. Los resultados obtenidos coinciden con el estudio de Lapresa-Alcalde et al. (2023), en el que las entrevistadas señalaron la objeción de conciencia por parte de la totalidad del personal sanitario de los centros hospitalarios públicos como una de las principales causas de esta situación. La cuestión se repite en Uruguay, donde la objeción de conciencia es a veces empleada por parte de los/as ginecólogos/as como una herramienta para oponerse a la ley o al gobierno, sobre todo en zonas del interior, donde las mujeres deben desplazarse hasta otras ciudades o a Montevideo para poder abortar (Ministerio de Salud Pública, 2019). De este modo, el ejercicio de la objeción de conciencia supone un obstáculo importante en el acceso a la IVE (Autorino, Mattioli y Mencarini, 2020; Veldhuis et al., 2022).

Además, otros factores que influyen en la accesibilidad son los relacionados con las gestiones burocráticas y administrativas, que suelen conllevar un aumento en los tiempos de espera en el acceso a la primera cita, así como para la realización del procedimiento (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014; Tiseyra et al., 2022). Este problema afecta en mayor medida a aquellas en las que el embarazo se ha detectado tarde, ya que pone en riesgo la realización del aborto. La situación española coincide con la de otros países. Por ejemplo, un informe de Amnistía Internacional (2025) señala la existencia de retrasos y/o demoras injustificadas en el acceso al aborto en Argentina, donde el 62 % de las mujeres no tuvo acceso dentro del plazo legal estipulado en la normativa (10 días). Ello genera una situación de incertidumbre y angustia para las mujeres. La situación se repite en Colombia, donde el 30 % de las mujeres indica esperas injustificadas superiores a los 5 días establecidos en la legislación vigente (Bohórquez, 2024).

Asimismo, según las directrices de la OMS, “el respeto por la elección de la mujer entre los diferentes métodos de aborto sin riesgos y eficaces es un aspecto importante en la prestación de servicios de salud” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2012, p. 67). Sin embargo, las mujeres de nuestra investigación hacían referencia a cómo el tiempo de espera puede interferir en esta cuestión, lo que coincide con el estudio de Veldhuis et al. (2022) en el contexto mexicano. Solo siete de las treinta participantes habían interrumpido el embarazo de manera farmacológica, la mayoría de ellas pertenecientes a las CC. AA. de Cataluña, Cantabria e Islas Baleares (grupo 3). Los resultados muestran diferencias territoriales en el método aplicado de forma preferente, así como en el límite gestacional establecido para practicar una IVE farmacológica en cada comunidad (L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, 2020).

Por otro lado, las restricciones institucionales – como la imposición de un período de reflexión obligatorio y el asesoramiento previo en algunos países – se consideran un obstáculo debido a que pueden prolongar el proceso, poniendo en riesgo la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento, generando estrés y preocupación en las mujeres (Cano y Foster, 2016; Ferrer y Solsona, 2018; Kjelsvik et al., 2018). Además, este periodo “es contrario a las obligaciones jurídicas específicas que el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala en los estados partes, relativas al derecho a la salud sexual y reproductiva” (Bodelón e Igareda, 2019, p. 37).

En cuarto lugar, la falta de proximidad de los centros públicos en el territorio de residencia también dificulta el acceso a los servicios de IVE en algunas zonas geográficas. Ello conlleva la obligación de desplazarse hasta otras ciudades o CC. AA., lo que genera diferentes implicaciones sociales (O’Donnell et al., 2018; Tiseyra et al., 2022). Los resultados coinciden con las conclusiones alcanzadas por investigaciones realizadas en otros países como Australia, Colombia, Estados Unidos o Escocia: una mayor distancia a las instalaciones de aborto se asocia con mayores costes económicos, salud mental negativa y atención tardía (Cameron et al., 2015; Fuentes y Jerman, 2019; Cashman, Downing y Russell, 2021; Bohórquez, 2024).

En consecuencia, contar con el apoyo material y emocional de familiares y amistades se convierte en una cuestión fundamental, tanto para afrontar los gastos de transporte – sobre todo entre aquellas mujeres más jóvenes y vulnerables económicamente –, como para realizar el desplazamiento acompañadas y/o en vehículo privado en aquellos casos en los que no existe o no es adecuada la conexión de transporte público. Esta situación es especialmente relevante en aquellos países donde las mujeres deben viajar a otros estados – como Ciudad de México – o países – como Estados Unidos – para abortar (Veldhuis et al., 2022). Se debe considerar, además, que el estado físico y/o emocional de las mujeres tras el procedimiento quirúrgico puede impedirles la conducción de un automóvil.

En conclusión, el incumplimiento de los criterios de gratuidad, accesibilidad y/o proximidad en el SNS crea una red de obstáculos para el acceso de las mujeres a servicios de aborto seguro. Por otra parte, las condiciones en las que se produce el acceso afectan negativamente a las experiencias de las mujeres y generan un impacto en su bienestar físico, psicológico y emocional. Como resultado, casi la mitad de ellas decidieron pagar los gastos asociados al acceso a los servicios de aborto en centros privados. En esta línea, en un estudio realizado en Colombia se encontró que el 66,7 % de las mujeres que realizaron la IVE a través de un proveedor público manifestaron la existencia de barreras en el acceso, frente al 27,7 % de los casos en donde acudieron a un proveedor de servicios privado para interrumpir el embarazo (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).

Además, se observa una situación de desigualdad territorial y social. Los hallazgos enfatizan la necesidad de que el Estado español y las CC. AA. apliquen medidas para garantizar el derecho al aborto, evitando las desigualdades en el acceso, especialmente entre los grupos más vulnerables. El cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos no solo repercute en la salud y el bienestar de las personas, sino que también refuerza la igualdad de género, la educación y la reducción de desigualdades, promoviendo un desarrollo sostenible e inclusivo para todos. Por ello, es esencial que los/as responsables de las administraciones públicas a nivel nacional y autonómico colaboren en el desarrollo de un protocolo común nacional de atención al aborto que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso al derecho al aborto, sin distinción por territorio (Ferrer y Solsona, 2018).

• 1
  Investigación financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (PID2021-128108OB-I00).
• 2
  Cada verbatim incluye la edad y el nivel educativo de la entrevistada en el momento de realización de la IVE, y grupo de CC. AA. donde la IVE fue realizada.
• Declaración de disponibilidad de datos:
  Los datos que respaldan los resultados de este estudio no pueden compartirse públicamente debido a restricciones éticas relacionadas con la confidencialidad de las participantes. Sin embargo, pueden obtenerse previa solicitud razonable a la autora correspondiente y con la aprobación del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Salamanca (España).

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• O’DONNELL, Jenny; GOLDBERG, Alisa; LIEBERMAN, Ellice; BETANCOURT, Theresa. “I wouldn’t even know where to start”: unwanted pregnancy and abortion decision-making in Central Appalachia. Reproductive Health Matters, v. 26, n. 54, p. 98-113, nov., 2018. DOI: https://doi.org/10.1080/09688080.2018.1513270
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• ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD [OMS]. Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud. 2a edición, 2012. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/77079/9789243548432_spa.pdf
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• ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD [OMS]. Abortion. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion Acceso en: 17 may. 2024.
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• SILVESTRE, María; LÓPEZ, María; ROYO, Raquel. The application of Feminist Standpoint Theory in social research. Investigaciones feministas, v. 11, n. 2, p. 307-318, jun., 2020. DOI: https://doi.org/10.5209/infe.66034
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• TISEYRA, María Victoria; VILA ORTIZ, Mercedes; ROMERO, Mariana; ABALOS, Edgardo; RAMOS, Silvina. Barreras de acceso al aborto legal en el Sistema público de salud de dos jurisdicciones de Argentina: Rosario y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019-2020. Salud Colectiva, v. 18, e4059, oct., 2022. DOI: https://doi.org/10.18294/sc.2022.4059
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• VELDHUIS, Suzanne; SÁNCHEZ-RAMÍREZ, Georgina; DARNEY, Blair G. “Sigue siendo un sistema precario”. Barreras de acceso a abortos clínicos: la experiencia de acompañantes en tres regiones mexicanas. Cadernos de Saúde Pública, v. 38, n. 4, e00124221, abr., 2022. DOI: https://doi.org/10.1590/0102-311XES124221
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• WOLLUM, Alexandra; DE ZORDO, Silvia; ZANINI, Giulia; MISHTAL, Joanna; GARNSEY, Camille; GERDTS, Caitlin. Barriers and delays in access to abortion care: a cross-sectional study of people traveling to obtain care in England and the Netherlands from European countries where abortion is legal on broad grounds. Reproductive Health, v. 21, n. 7, p. 1-14, ene., 2024. DOI: https://doi.org/10.1186/s12978-023-01729-2
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Lista de Entrevistas

• Alba. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [abril/2024]. Castilla y León, España. Entrevista concedida a Aidée Baranda-Ortiz.
• Ana. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [abril/2023]. Castilla y León, España. Entrevista concedida a Estrella Montes-López.
• Bárbara. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [mayo/2024]. Cataluña, España. Entrevista concedida a Aidée Baranda-Ortiz.
• Beatriz. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [mayo/2023]. Castilla y León, España. Entrevista concedida a Alba Teresa González-Esteban.
• Camila. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [mayo/2023]. Castilla y León, España. Entrevista concedida a Ana Patricia Crespo-Rodríguez.
• Clara. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [mayo/2024]. Cataluña, España. Entrevista concedida a Aidée Baranda-Ortiz.
• Daniela. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [mayo/2023]. Castilla y León, España. Entrevista concedida a Alba Teresa González-Esteban.
• Diana. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [julio/2024]. Islas Baleares, España. Entrevista concedida a Aidée Baranda-Ortiz.
• Elena. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [mayo/2023]. Cataluña, España. Entrevista concedida a Nazareth Gallego-Morón.
• Eva. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [julio/2024]. Islas Baleares, España. Entrevista concedida a Aidée Baranda-Ortiz.
• Fernanda. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [junio/2023]. Asturias, España. Entrevista concedida a Estrella Montes-López.
• Flavia. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [julio/2024]. Islas Baleares, España. Entrevista concedida a Aidée Baranda-Ortiz.
• Gabriela. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [junio/2023]. Cantabria, España. Entrevista concedida a Nazareth Gallego-Morón.
• Gisela. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [julio/2024]. Islas Baleares, España. Entrevista concedida a Aidée Baranda-Ortiz.
• Hortensia. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [junio/2023]. Asturias, España. Entrevista concedida a Estrella Montes-López.
• Isabel. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [junio/2023]. Asturias, España. Entrevista concedida a Estrella Montes-López.
• Julia. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [junio/2023]. Asturias, España. Entrevista concedida a Nazareth Gallego-Morón.
• Karina. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [julio/2023]. Canarias, España. Entrevista concedida a Estrella Montes-López.
• Laura. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [agosto/2023]. Valencia, España. Entrevista concedida a Ana Patricia Crespo-Rodríguez.
• Mariana. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [septiembre/2023]. País Vasco, España. Entrevista concedida a Aidée Baranda-Ortiz.
• Natalia. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [noviembre/2023]. Andalucía, España. Entrevista concedida a Nazareth Gallego-Morón.
• Olga. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [noviembre/2023]. Extremadura, España. Entrevista concedida a Nazareth Gallego-Morón.
• Paula. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [noviembre/2023]. Andalucía, España. Entrevista concedida a Nazareth Gallego-Morón.
• Rosa. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [noviembre/2023]. Castilla y León, España. Entrevista concedida a Estrella Montes-López.
• Sofía. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [noviembre/2023]. Castilla y León, España. Entrevista concedida a Estrella Montes-López.
• Teresa. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [diciembre/2023]. Castilla y León, España. Entrevista concedida a Estrella Montes-López.
• Úrsula. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [enero/2024]. Castilla y León, España. Entrevista concedida a Estrella Montes-López.
• Valentina. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [enero/2024]. Cataluña, España. Entrevista concedida a Estrella Montes-López.
• Yolanda. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [enero/2024]. Asturias, España. Entrevista concedida a Estrella Montes-López.
• Zulema. Entrevista para el Proyecto I+D+i “Desigualdades Sociales en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (DESIVE). [marzo/2024]. Cantabria, España. Entrevista concedida a Aidée Baranda-Ortiz.

Editado por

• Editor Jefe:
  João Maia

• Editora Asociada:
  Mariana Barreto

Disponibilidad de datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio no pueden compartirse públicamente debido a restricciones éticas relacionadas con la confidencialidad de las participantes. Sin embargo, pueden obtenerse previa solicitud razonable a la autora correspondiente y con la aprobación del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Salamanca (España).

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  03 Nov 2025
• Fecha del número
  2025

Histórico

• Recibido
  17 Abr 2025
• Acepto
  28 Jul 2025