Sexo en las calles de Montevideo: espacios disputados, reglas e ilegalismos

Resumen

La oferta de sexo en la vía pública en Uruguay es legal desde 2002. La norma establece derechos y obligaciones que no se cumplen. El incumplimiento de la ley habilitó que un grupo de vecinas/os de dos barrios de Montevideo se organizara en pos de expulsar a las trans de las puertas de sus casas. En este trabajo se dará cuenta de las narrativas que este grupo construyó y cómo estas se montaron sobre los incumplimientos de la ley. La brecha entre lo que todos los grupos implicados deberían hacer y lo que realmente practican es analizado a partir del concepto de ilegalismos que es útil para dar cuenta de cómo ciertos espacios se (re)producen al margen del marco normativo.

Palabras clave
espacio urbano; conflicto urbano; oferta de sexo; ilegalismos; barrio

Abstract

The offer of sex in public places in Uruguay has been legal since 2002. The law establishes rights and obligations that are not met. Failure to comply with the law has enabled a group of residents from two neighborhoods in Montevideo to organize themselves and expel transgender women from the doors of their homes. This study approaches the narratives developed by this group and reveals how they were based on non- -compliance with the law. The gap between what all the groups involved should do and what they actually practice is explained analytically using the concept of illegalities, which is useful to account for how certain spaces are (re)produced outside the regulatory framework.

Keywords
urban space; urban conflict; offer of sex; illegalities; neighborhood

Introducción

La oferta de sexo en las calles de las ciudades suele ser un problema por resolver cuando ciertos grupos sociales logran colocar la temática en la agenda pública y política. En torno a la oferta de sexo a escala barrial surgen discusiones entre vecinas/os, funcionarias/os públicas/os y trans sobre cuáles son los usos (i)legítimos del barrio, para quién está destinado y, finalmente, quién merece la ciudad tal como ya lo planteó Oszlak (2019) a comienzos de la década de 1980. En estas disputas, los marcos normativos existentes de corte municipal o nacional con respecto a esta actividad son parte constitutiva de los procesos de negociación que devienen en conflictos de corte urbano.

En este artículo se dará cuenta de un conflicto específico en dos sectores de los barrios Larrañaga y Jacinto Vera de la ciudad de Montevideo, Uruguay. De acuerdo con lo relevado, hace más de cuarenta años se oferta sexo en los alrededores del Bulevar Artigas y hace veinticinco llegaron las trans a las veredas y calles del área a ofrecer sus servicios sexuales. Esta situación despertó la inquietud de un grupo de vecinos/as que intentan expulsarlas por diferentes motivos que serán reconstruidos en este artículo. En el marco de un trabajo de campo más amplio, en esta ocasión se recuperará el marco normativo existente en la ciudad de Montevideo en particular, y en Uruguay en general, para dar cuenta de las diferentes tácticas que las/os vecinas/os, funcionarias/os públicas/os y trans elaboraron para conquistar los trozos de barrios disputados. Tal como se afirmó en otra oportunidad (Boy, 2020), estos espacios serán pensados como trozos urbanos y no como fragmentos de la ciudad ni como barrios enteros ya que interpreto que la palabra “fragmento” representa a una porción urbana que tiene límites o fronteras con respecto a otros fragmentos prolijamente extraídos, delimitados o recortados. En cambio, la figura de trozo urbano me habilita a concebir al territorio desde lo arrancado, lo desprolijo, lo borroso, lo nómade, lo movible, lo poroso, lo dinámico, lo (i)legítimo. Este movimiento dinámico habla de lo inacabado del espacio (Massey, 1994), de la construcción permanente que los diferentes grupos ponen en juego a partir de los relatos, prácticas y tramas de relaciones que construyen. Dicho todo esto, este artículo analizará a la oferta de sexo en la vía pública como un conflicto espacial que será problematizado desde la perspectiva de los estudios urbanos, del género y de la sexualidad, teniendo en cuenta la importancia del marco normativo nacional y local.

La oferta de sexo en el contexto uruguayo

En la década de 1920, Uruguay legaliza la oferta de sexo en espacios privados (cabarets, whiskerías, casas de masajes, entre otras posibilidades) y la normativa se extendió al espacio de uso público en 2002. En 2002, el parlamento uruguayo aprobó la Ley n. 17515 que habilita bajo ciertas condiciones el sexo comercial en la vía pública. Así, Uruguay se posicionó como un país reglamentarista y, de esta forma, concibe que el sexo comercial ejercido de manera autónoma es un trabajo y que quienes lo practican son “trabajadores sexuales”, en masculino. La ley nacional obliga a las diferentes administraciones departamentales a crear lo que se suele conocer como “zonas rojas”, es decir, áreas destinadas a la oferta de sexo en la vía pública y otorga ciertos derechos laborales a quienes ejercen el trabajo sexual. Así, el régimen tributario uruguayo (monotributo) agregó la categoría “trabajadores sexuales” para que puedan realizar aportes jubilatorios, acceder a la seguridad social y a derechos laborales contemplados para las/os monotributistas. Quienes ofrecen sexo comercial, a su vez, poseen obligaciones comprometidas en la Ley: tienen que llevar consigo una libreta sanitaria en la cual consten los estudios médicos mensuales al día, hay que respetar horarios y no pueden exhibir sus cuerpos desnudos. El control de la portación de esta libreta no lo realiza la policía sino el personal del Ministerio de Salud.

El trabajo de campo realizado y las fuentes consultadas evidenciaron que pocos aspectos sostenidos por la ley se cumplen: a menudo las trabajadoras sexuales trans no se inscriben al monotributo por desconocimiento, costos económicos o por la estigmatización que trae consigo la categoría “trabajadores sexuales”;¹ los chequeos de salud no se realizan en forma mensual y la tenencia efectiva de la libreta sanitaria es poco controlada y, finalmente, los horarios de oferta de sexo y la exhibición de parte de los cuerpos desnudos transgreden lo normado. Más allá de esto, el reconocimiento estatal que tienen las trans como trabajadoras sexuales las hace portadoras de derechos y la policía queda con poco margen para accionar en detenciones, multas o extorsiones a quienes ofertan sexo, tal como sucede en otras ciudades y países de la región. Y, por ende, limita la capacidad de acción de las/os vecinas/os para organizar prácticas de expulsión de las trans a través de las redadas policiales, tan común en otras ciudades.

Aproximación teórica: primeras aclaraciones

El abordaje del sexo comercial desde una perspectiva del conflicto urbano trae consigo la necesidad de definir qué se comprende por espacio. En este artículo se retomará el concepto de espacio urbano de uso público definido como el “conjunto de las calles, veredas, fachadas de edificios, estaciones de transporte público, plazoletas, plazas, parques y cualquier exterior urbano dentro de la ciudad” (Vazquez y Berardo, 2023, p. 60). A su vez, la noción del conflicto permite dar cuenta de que todo espacio compartido está atravesado por la disputa de los diferentes grupos sociales que luchan por obtener los mayores beneficios de la dotación de infraestructura urbana desigualmente repartida a lo largo del territorio (Oszlak, 2019). Esta disputa le da un dinamismo muy marcado al espacio y este, de esta manera, se encuentra en una hechura permanente. El incumplimiento de las normas es uno de los factores que motorizan el conflicto en los trozos urbanos elegidos para analizar el conflicto montevideano en torno a la oferta de sexo en las calles.

La distancia que se observa entre lo que garantiza la ley y lo que realmente sucede noche a noche en el barrio, deviene en la formulación de un conjunto de preguntas que este trabajo intentará resolver: ¿Cómo se puede problematizar la brecha existente entre la norma y las prácticas sociales? ¿Cómo puede ser que una actividad como la oferta de sexo en la vía pública que se caracteriza por estar a la vista de todas/os evada todo el marco normativo? ¿Cómo se organizan y a quiénes recurren las/os vecinas/os que intentan alejar esta actividad de las puertas de sus casas y del barrio en un contexto en el cual la oferta de sexo está legalizada? ¿Cuáles son las narrativas que las/os vecinas/os construyen para ganar en el conflicto con las trans? Estas son algunas de las preguntas que guiarán este trabajo y que intentarán responderse con la mayor solvencia.

Breves aclaraciones metodológicas

Este artículo parte del análisis de diferentes documentos que revelan los diferentes posicionamientos del grupo de vecinas/os que se organizaron para desplazar a las trans que ofertan sexo en las puertas de sus casas a partir de un marco normativo que, en principio, limita su capacidad de acción. Las denuncias presentadas ante la policía y las transcripciones de debates en comisiones parlamentarias de vecinas/os con funcionarias/os públicas serán el punto de partida para este trabajo. Y solo por momentos se apelará a información que fue construida en un trabajo de campo más amplio en el que se usaron otras técnicas como entrevistas y observación participante. Es necesario dar cuenta del recorte temporal y espacial y, para esto último, es necesario presentar algunas características de los barrios trabajados.

El conflicto estudiado da cuenta de un proceso que se inicia públicamente con las primeras denuncias presentadas en 2005 por las/os vecinas/os y que continuó hasta el momento en el que culminó mi trabajo de campo en 2017. En cuanto a lo espacial, puede decirse que los barrios estudiados se caracterizan por ser residenciales, con casas en formato chalet con jardín delantero y trasero y por contar, mayormente, con poco tránsito vehicular. El Bulevar Artigas atraviesa los dos barrios y sí es muy transitado ya que es la vía para llegar al centro de Montevideo en 15 minutos. En las denuncias y en las transcripciones analizadas, en diferentes ocasiones las/os vecinas/os nombraron al barrio como “El Carrasquito”. Es importante dar cuenta que el barrio de Carrasco se encuentra en las afueras de la ciudad, frente a la costa, y es donde residen los grupos sociales históricamente más adinerados. De esta manera, las/os vecinas/os de estos dos trozos de barrio miran a Carrasco como un horizonte aspiracional.

A continuación, se analizarán las tres narrativas principales que el grupo de vecinas/os expuso a medida que el conflicto alrededor de la oferta de sexo en los barrios de Jacinto Vera y de Larrañaga se fue desarrollando. Cabe aclarar que estas narrativas se nutren de argumentaciones que tienen origen en los incumplimientos de los contenidos de las regulaciones existentes sobre la oferta de sexo en la vía pública.

Narrativa 1

Con los chiquilines y la propiedad privada no

Dos denuncias fueron presentadas por un grupo de vecinas/os de los barrios de Jacinto Vera y Larrañaga: una en 2005 y otra en 2012. En estas dos presentaciones pusieron énfasis en el incumplimiento de dos artículos presentes en el Decreto que reglamentó la Ley n. 17515 de Trabajo Sexual aprobada en 2002: el Artículo n. 11 y n. 12. El Art. 11 de dicho decreto argumenta que “la vestimenta y el comportamiento del trabajador sexual en la vía pública no deberán afectar la sensibilidad de las familias de la vecindad, ni resultar lesivos para niños o adolescentes […]” (Art. 11 del Decreto reglamentario 480/003).

Y el Art. 12 señala que

ningún trabajador sexual podrá causar alteraciones a la tranquilidad pública frente a viviendas particulares con motivo u ocasión del ejercicio del trabajo sexual y como resultado de su concentración, de ruidos o perturbación de tránsitos de personas o vehículos o con hostigamiento. Tampoco podrá el trabajador sexual manchar, ensuciar o dañar bienes de propiedad pública o privada durante el ejercicio de su trabajo. (Art. 12 del Decreto reglamentario 480/003)

Estos dos artículos promueven la defensa de dos valores fundamentales en culturas occidentales y capitalistas: por un lado, la familia y su prole y, por el otro, la defensa de la propiedad privada. La recuperación de estos dos valores resulta fundamental para este artículo ya que dan soporte a muchos de los reclamos presentados por las/os vecinas/os organizadas/os contra la oferta de sexo en la vía pública de sus barrios. Dicho esto, la primera denuncia presentada en 2005 sostiene lo siguiente:

[…] queremos manifestarle que un grupo de trabajadores sexuales (travestis)² se encuentran alterando el orden al transitar semidesnudos por las calles mencionadas, este hecho motiva una violencia extrema sobre todo para los niños y adolescentes, para familiares y amistades que concurren a nuestros domicilios y se encuentran con este espectáculo poco grato. (Denuncia presentada en Seccional 13ª de Policía, 25 de octubre de 2005)

En primer lugar, las trans que ofertan sexo callejero son representadas a partir del concepto de “trabajador sexual” y “travestis”. Y siempre en masculino.³ Al mismo tiempo, la presencia de sus cuerpos semi-desnudos es concebida como un riesgo que atenta contra la inocencia de niños/as y adolescentes. A su vez, la existencia de corporalidades abocadas al ejercicio de la sexualidad implicaba, según los relatos, que

nuestros hijos y nietos vean cercenadas sus posibilidades de realizar juegos y actividades deportivas en nuestras veredas, en las placitas e inclusive en los propios jardines o frentes de nuestros domicilios. (Denuncia presentada en la Seccional 13ª de Policía, el 18 de junio de 2014)

De esta forma, la oferta del sexo comercial es marcada como la responsable de la vulneración del derecho al acceso al espacio urbano de uso público y de la quita de libertades para las infancias a la hora de hacer uso del barrio donde residen. A su vez, el espacio urbano (calle, vereda y plaza) en las denuncias es representado como el lugar donde se desarrollan ciertas actividades espurias que relegan al juego y al deporte que traen consigo recreación y salud.

La convivencia espacial con corporalidades trans pone en evidencia la imposibilidad que tienen las/os adultas/os para narrar la abyección (Butler, 2002), lo que aparece como inenarrable. La ruptura de la regla cultural que asocia y asigna binariamente una genitalidad a una identidad de género, coloca a madres, padres y abuelas/os en una posición donde tienen que dar explicaciones a las niñeces a cargo. Explicaciones que no saben y no desean dar. En esta dirección, uno de los vecinos sostuvo que

jamás les alcé la voz ni jamás les pegué un grito (a las trans), a pesar de que mi hija de nueve años – en aquel momento tenía ocho años – estaba jugando a la escondida adentro de mi casa y al ocultarse detrás de una columna tuvo que ver cómo un travesti se bajaba todo y se arreglaba sus genitales. Creo que harta paciencia tenemos”. (Vecino en la Comisión de Medio Ambiente y Salud. Sesión celebrada el 15 de noviembre de 2005, p. 16)

Le doy otro ejemplo. ¿Cómo explico a una cantidad de niños del Interior que vinieron a jugar a la canchita del Urreta qué es un travesti? Dos travestis se pusieron a orinar al lado de un ómnibus, y uno de los niños dijo: ‘¡Mirá, mamá, hay una mujer orinando, pero tiene un pito!’. ¿Qué les decimos nosotros?. (Vecino en la Comisión de Medio Ambiente y Salud. Sesión celebrada el 15 de noviembre de 2005, p. 17)

En síntesis, los artículos n. 11 y 12 del decreto que reglamenta la ley n. 17515 de Trabajo Sexual aprobada en 2002 en Uruguay promueven la defensa de la familia y la niñez como institución y reconfirma la salud de la propiedad privada. Las/os vecinas/os organizadas/os construyen sus narrativas a partir de estos valores y de los incumplimientos que existen del marco normativo aprobado en 2002. Este grupo concibe a la presencia de trans en la vía pública como una amenaza al núcleo familiar y, sobre todo, una amenaza a la “inocencia” de los/as niños/as. Las corporalidades trans aparecen así como cuerpos que no pueden explicarse ya que rompen la “matriz heterosexual” (Butler, 2002) anclada en el binarismo de género.

Simultáneamente a lo mencionado, existe otro factor vinculado a la vivienda que afecta a las/os vecinas/os. La existencia de las trans ofertando sexo en sus puertas es señalada como la causante de la disminución del valor de los inmuebles ya que estas corporalidades actúan como una mancha que convierte a ciertos territorios en indeseables para la mayoría de los/as citadinos/as. Una de las vecinas en una sesión pública de 2005 expresó frente a los/as ediles/as de la Intendencia de Montevideo lo siguiente:

Además, ha bajado un disparate el valor de las propiedades. La casa que menciona M. en otro momento se podía vender en no menos de U$S150.000; hoy piden U$S80.000, y nadie la compra porque saben lo que sucede allí. (Vecina en la Comisión de Medio Ambiente y Salud. Sesión celebrada el 15 de noviembre de 2005, p. 3)

Así, la salud de la propiedad privada también se ve amenazada por la pérdida de su valor. Es decir, la defensa de este sistema se puede medir a través de dos indicadores: a) los daños materiales que las viviendas pudieran contraer por las características de la oferta de sexo en la vía pública y b) el valor de cambio que estas cotizan en el mercado inmobiliario.

El concepto de comunidad organizada planteado por Svampa (2001) puede ser muy útil para comprender cómo ciertos grupos sociales colocan todo lo indeseado en un afuera del que quieren diferenciarse y que refuerza la identidad grupal vecinal. La autora define a la comunidad organizada “en contraposición a otra sociedad en la que se percibe claramente el abandono de las reglas, la ausencia de orden, de pulcritud, de transparencia: más aún, la desaparición de aquellos valores ligados al respeto del otro y las ‘buenas costumbres’” (Svampa, 2001, p. 178). La existencia de una comunidad organizada permite visibilizar dos aspectos: por un lado, se encuentra amenazada por el caos externo, pero a su vez, este caos es lo que le permite pensarse como un “nosotros” homogéneo que se encuentra atravesado por valores comunes asociados a la armonía, la civilidad, los valores familiares y la salud. Los modos de vida éticos y de bienestar defendidos por las/os vecinas/os se ponen en juego cuando promueven la retirada de las trans de “sus” veredas, jardines y plazas. En el próximo apartado se avanzará con esta idea.

Narrativa 2

La promoción de la salud del vecindario

A pesar de que el marco legal uruguayo reconoce a la oferta de sexo como trabajo sexual, en las denuncias esta es concebida como un espectáculo, nunca como una estrategia de supervivencia o, inclusive, un empleo. Las denuncias dan cuenta de cómo este espectáculo deviene en escándalo y modifica la dinámica barrial a partir de la llegada de los clientes en vehículos. En las denuncias, el barrio de noche es representado por los ruidos molestos, las bocinas, los gritos, las corridas y los taconeos que alteran la anhelada tranquilidad, la comunidad organizada. La denuncia presentada en 2005 afirmó que

al salir a temprana hora a trabajar o estudiar (liceo o escuela) nos encontramos en nuestros jardines o frentes de nuestros domicilios: materia fecal, preservativos, papel higiénico, botellas rotas, lo que puede poner en riesgo nuestra salud. (Denuncia presentada en Seccional 13ª de Policía, 25 de octubre de 2005)

también son invadidos la intimidad de nuestros domicilios (jardines, zaguanes y corredores, se adjuntan documentos gráficos)⁴ donde se practican actos aberrantes y más de uno de nosotros al abrir la puerta de nuestro domicilio, nos hemos encontrado con estos hechos desagradables y reñidos con la moral. (Personas manteniendo relaciones sexuales de todo tipo). (Denuncia presentada en la Seccional 13ª de Policía, el 18 de junio de 2014)

[…] Además de percibir un olor nauseabundo (un foco infeccioso al cual se le debería prestar muchísima atención). (Denuncia presentada en la Seccional 13ª de Policía, el 2 de mayo de 2016)

El análisis de los fragmentos recuperados puede nutrirse de los aporte de Noel (2011) quien reconoce y problematiza los repertorios morales que construyen dos grupos opuestos y constitutivos entre sí: el primer grupo es merecedor de dignidad social y se encarna en “trabajadores” y “estudiantes” y, el segundo, que no es nombrado explícitamente pero son representados por sus desechos que son asociados a los vicios (botellas), la promiscuidad (preservativos) y lo escatológico (materia fecal y papel higiénico usado). Estos cuatro elementos tan apreciados en el espacio doméstico, en la vía pública son representados como residuos indebidos que se encuentran en lugares inapropiados. Las denuncias dan cuenta de que, tal como sostiene la canción infantil de María Elena Walsh, hay lugares para cada cosa, que cada cosa tiene su lugar. Y si esto no se cumple, es plausible de sanción. Dicho en otros términos, cuando “lo privado” se ejerce en el espacio urbano de uso público, se convierte en una transgresión y se vive como una amenaza a la salud de las/os vecinos/as. Tal como sostuvo uno de los testimonios,

Yo trabajo en (menciona centro de salud), en el que muchas veces aparecen focos de hepatitis y no sabemos cómo ni por qué. Un día me puse a conversar con un hurgador⁵ que tenía dos hijos con hepatitis […] y le pregunté si alguna vez pasaba por la calle Quijote y si tenía contacto con materia fecal. Me dijo que sí […] La preocupación que todos tenemos con el tema del VIH-sida y otras enfermedades de transmisión sexual es muy importante […] Es lamentable ver cómo a veces vienen hurgadores con muchachitos jóvenes que, de repente, se hicieron algún pesito y son tentados por este tipo de gente. A veces terminan teniendo relaciones sin ningún tipo de protección y después vemos que se terminan infectando […] él infecta a otros, y después tenemos que atenderlos a todos en la policlínica de VIH. Incluso atendemos niños que ya nacen con ese estigma. (Vecino en la Comisión de Medio Ambiente y Salud. Sesión celebrada el 15 de noviembre de 2005, p. 5)

Las corporalidades trans que ofertan sexo en las calles del barrio son representadas desde el riesgo que traen consigo. El cuerpo presumiblemente enfermo pone bajo amenaza, y a su vez constituye, a los que son sanos y corrompibles por la fuerza de la pulsión sexual. Estas argumentaciones reconfirman a una de las partes como sana (vecinos/as), a otra como enferma e inescrupulosa (trans) y a otra como víctima (los jóvenes hurgadores). En palabras de una de las vecinas,

Hay una cosa que diferencia bastante la prostitución femenina de la masculina: son personajes completamente diferentes. Una prostituta está parada en una esquina, no molesta, no se desnuda delante de la gente, no insulta, no se alcoholiza, no se tira en las puertas de los vecinos ni se mete con cada persona que pasa. En cambio, en el caso de los hombres (refiere a las trans) […] se trata de un tipo de gente agresiva, con la que es muy difícil dialogar. Evidentemente están en otra, y a medida que avanza la madrugada se ponen peor […] Nosotros decimos que no queremos guetizar [sic], pero en cierta forma lo estamos haciendo con la mayor parte de la población que es normal, que lleva una vida común, de todos los días. Porque, en definitiva, nuestro barrio o cualquier otro barrio donde se produzca este tipo de agresión a su medio ambiente está siendo guetizado, estigmatizado. (Vecina en la Comisión de Medio Ambiente y Salud. Sesión celebrada el 15 de noviembre de 2005, pp. 12-13)

El fragmento citado puede problematizarse a partir de los aportes de Grimson (2005), quien sostiene que

[…] estudiar las identificaciones es estudiar sus límites. Es decir, los grupos y las identificaciones no pueden comprenderse en sí mismos, sino en relación con otros, en un entramado de relaciones que repone una situación de contacto, una situación de frontera. Estudiando límites podemos saber aquello que un grupo o una identificación incluyen y excluyen, así como los dispositivos a través de los cuales construyen esas diferencias, articulándolas en la mayor parte de los casos con formas de desigualdad. (Grimson, 2005, p. 127)

La práctica de la oferta de sexo encarnada en cuerpos cercanos espacialmente, pero lejanos simbólicamente (Boy, 2017), es representada por los/as vecinos/as que denuncian como una frontera que pone del otro lado lo inadmisible. Como toda construcción de otredad, constituye y fortalece la identidad vecinal grupal frente a las autoridades policiales y al sujeto amenazante. La otredad señalada en las denuncias y en las reuniones con los/as ediles/as es funcional a la conformación de una homogeneidad social dentro del colectivo de vecinas/os. Por añadidura, la familia y la propiedad para este colectivo representan los nichos donde prospera la salud ante un espacio urbano de uso público que aparece como perdido, ajeno, insalubre, peligroso y conflictivo. De acuerdo con lo que sostiene Cedeño Pérez, la disposición del espacio no es neutral, desconflictivizada, sino que se “desarrollan en él una serie de acontecimientos, entre ellos la confrontación de fuerzas, la lucha por el control y el uso desigual” (en Rodríguez, 2010, p. 195). Este espacio está constituido por “prácticas, representaciones simbólicas y discursos que realizan ciertos sectores para apropiarse material y simbólicamente de él” (Cedeño Pérez en Rodríguez, 2010, p. 195). De esta manera, los diversos actores sociales se identifican “con un área que interpretan como propia, y que se entiende que ha de ser defendida de intrusiones, violaciones y contaminaciones” (Delgado Ruiz, 1999, p. 30). En palabras de Pierre Mayol, el espacio barrial

puede considerarse como la privatización progresiva del espacio público. Es un dispositivo práctico cuya función es asegurar una solución de continuidad entre lo más íntimo (el espacio privado de la vivienda) y el más desconocido (el conjunto de la ciudad o hasta, por extensión, el mundo) […]. El barrio es el término medio de una dialéctica existencial (en el nivel personal) y social (en el nivel de grupos de usuarios) entre el dentro y el fuera. Y es en la tensión de estos dos términos, un dentro y un fuera que poco a poco se vuelven la prolongación de un dentro, donde se efectúa la apropiación del espacio. El barrio puede señalarse como una prolongación del habitáculo […] El barrio es la posibilidad ofrecida a cada uno de inscribir en la ciudad una multitud de trayectorias cuyo núcleo permanece en la esfera de lo privado. (Mayol, 1994, p. 10)

El sentimiento de apropiación que las/os vecinas/os presentan alrededor del espacio público aledaño a sus viviendas puede pensarse como el motor que las/os tracciona para organizarse, denunciar y promover un estilo de vida que las/os identifica colectivamente y que tiene como uno de sus pilares la domesticación del ejercicio de la sexualidad. La narrativa centrada en la salud del vecindario parte de un incumplimiento real del marco normativo vigente en la ciudad y el país. La diferencia entre la ley, lo que sucede y la preexistencia de ideas estigmatizadoras sobre la población trans alimentan la conflictividad en torno al espacio y las moralidades en pugna. En cuanto a la salud como valor, los testimonios de las/os vecinas/os son claros cuando depositan en las corporalidades trans el vector del contagio, la fruta podrida que vendría a tentar y contaminar a la comunidad sana de vecinas/os, la responsabilidad de haber modificado sustancialmente la vida en esas parcelas, en esos trozos urbanos. Estos trozos son tironeados, disputados y se encuentran cargados de recuerdos nostálgicos sobre las dinámicas vecinales que quizás algún día existieron y ya no. De esto último se hablará en el próximo apartado.

Narrativa 3

La llegada de los raros al barrio

Tal como sostiene Delgado Ruiz (2011), el anonimato en las ciudades no es gozado por ciertos grupos sociales que son marcados socialmente por ciertos atributos que refuerzan su visibilidad. En palabras del autor,

siempre o con frecuencia quienes ostentan rasgos que los convierten, a los ojos de una mayoría social o el poder, en inaceptablemente raros, forasteros, diferentes, inválidos, inferiores, desviados, disidentes… y que no han podido o no han querido disfrazar quiénes son en realidad – es decir, en qué lugar de la estructura social asimétrica están situados – quedan colocados en un estado de excepción que los inhabilita total o parcialmente para una buena parte de intercambios comunicacionales. (Delgado Ruiz, 2011, p. 61)

Las marcaciones sociales que construyen jerarquías sociales colocan a ciertos grupos en una situación en la que les es muy dificultoso pasar desapercibidos. Al decir de Delgado Ruiz, nadie es indescifrable. En esta dirección, en las denuncias presentadas por los/as vecinos/as permanentemente se apeló a la amenaza que sienten ante la llegada de sujetos o cuerpos extraños. En palabras de los/as denunciantes,

con la llegada de esta gente se ha acercado al barrio un grupo de personas de raro aspecto y se han producido algunos hurtos menores e ingreso a domicilios (azoteas, jardines y zaguanes), como así también de automóviles. (Denuncia presentada en Seccional 13ª de Policía, el 17 de enero de 2012)

Así dicho, pareciera una situación experimentada en el barrio recientemente. La utilización del término “la llegada” remite al reemplazo de mujeres cis que ofertaban sexo hace más de cuarenta y cinco años en la zona por feminidades trans que se dedican a la misma actividad hace aproximadamente veinticinco. Esta marcación temporal permite dar cuenta que el conflicto no emerge siempre que haya oferta de sexo, sino que éste depende de quién lo ejerza y cómo. Así se suma una dimensión moral a la disputa en torno a la actividad. El concepto de “esta gente” refiere a las trans que ofertan sexo a cambio de dinero. Y las personas de “raros aspectos” se encarnan en los delincuentes que se aprovecharían del caldo de cultivo generado por la práctica marginal del sexo comercial. En una denuncia presentada en 2014, los/as vecinos/as sostuvieron que habían

notado que hay dos motos y algún taxímetro que se encuentran permanentemente acercándose trasladándolos e intercambiando bolsas y o paquetes con estas personas, podemos intuir de qué se trata. (Denuncia presentada en Seccional 13ª de Policía, el 18 de junio de 2014)

Avanzada la noche o por la madrugada, nuestro descanso se ve muchas veces interrumpido por los bocinazos, frenadas y aceleradas de los eventuales clientes de estos trabajadores sexuales que, a estas altas horas, se encuentran muchos de ellos en un estado de exaltación supremo (seguramente por los efectos del alcohol y/u otras sustancias). Este hecho motiva la disputa y riñas (gritos, taconeos, corridas) entre ellos por los clientes o espacios donde realizan su actividad. (Denuncia presentada en Seccional 13ª de Policía, 2 de mayo de 2016)

La comercialización y consumo de sustancias también son recursos a los que los/as vecinos/as apelan para construir una frontera. Según ellas/os, los estupefacientes habilitan a los hábitos indebidos de las trans que ofertan sexo y refuerzan la peligrosidad de las “personas de raro aspecto”. El consumo problemático de sustancias es depositado en el Otro. Tal como se trabajó en otro artículo, no todo consumo parece ser problemático: depende quién y dónde se lo practique (Boy, 2020). Nuevamente, el consumo de sustancias en el espacio urbano de uso público constituye una transgresión que despierta prácticas incivilizadas.

Diferentes autores problematizaron los rasgos presentes en las ciudades contemporáneas donde se tiende a delimitar fronteras entre los grupos que ocupan posiciones de normalidad o hegemónicas y aquellos que se encuentran en la periferia (Carballeda, 2012; Karsz, 2007). En ciudades cada vez más fragmentadas socialmente, el conflicto anclado en el espacio urbano de uso público se convierte en una excelente oportunidad analítica para identificar cómo las diferencias económicas, sociales, morales y simbólicas se siguen encontrando sobre todo en ciudades de trama abierta⁶ como Montevideo. En este nuevo contexto, en muchas ciudades fragmentadas comienza a desarrollarse la narrativa y la industria de la seguridad que se traduce en la construcción de espacios blindados o impermeables y seguros. Así, habitar el espacio doméstico es concebido como una práctica segura y, en contraposición a esto, el peligro y el miedo hacia un Otro cada vez más desconocido se localizan en la vía pública. En palabras de Amendola,

[…] más que la violencia, uno de los nuevos principios de organización de la gran ciudad contemporánea es el temor a la violencia. Es el miedo del hombre metropolitano de poder ser agredido en su persona y en sus bienes, en cualquier parte y en cualquier momento. (Amendola, 2000, p. 318)

En las denuncias presentadas por los/as vecinos/as reaparece constantemente la figura del sospechoso que acompaña a las trabajadoras sexuales y que termina de entorpecer la vida cotidiana del barrio. Poco se sabe de ellos, pero se les teme:

[…] A esto se le suma las personas que realizan “el aguante” o que son su custodia personal, dichos individuos son de aspecto extraño y con su llegada han ocurrido una serie de hurtos menores y daños a fincas y automóviles. Además, nos sentimos sumamente vigilados ya que observan absolutamente todos nuestros movimientos. (Denuncia presentada en Seccional 13ª de Policía, 2 de mayo de 2016)

Otra cosa muy habitual […] es la cantidad de muchachos en bicicleta que, más allá de si los están cuidando o tienen algún contacto con ellos (refiere a las trans), constantemente están ‘fichando,⁷ las casas; pasan un montón de veces, dan vueltas, van y vienen […] Vienen a traer drogas. (Vecina en la Comisión de Medio Ambiente y Salud. Sesión celebrada el 15 de noviembre de 2005, p. 13)

Bergman y Kessler (2008) analizan las raíces y las características del sentimiento de inseguridad. Este sentimiento no necesariamente responde a la concreción de delitos sino, más bien, al tono que toma esta problemática en la agenda social. Bergman y Kessler señalan:

El sentimiento de inseguridad o miedo al crimen, tal como se lo llama en el mundo anglosajón, se resiste a explicaciones simples. Nunca ha sido un reflejo de los índices de delito, está mediada por la diferente aceptabilidad del crimen en cada sociedad y exhibe una autonomía relativa: suele aumentar al incrementarse la victimización, pero una vez instalada como problema social, ya no disminuye, aunque las tasas de delito lo hagan. (Ibid., p. 210)

Este sentimiento de inseguridad cada vez más expandido trae consigo el recuerdo de un pasado que es recuperado como desconflictuado. Uno de los vecinos en un tono nostálgico y alarmado sostuvo lo siguiente:

Hemos perdido tantas cosas, hermano. ¿Qué quiere? ¿Qué sigamos viviendo para adentro? No; el Uruguay no era así cuando yo me crie. No sé cuántos años tiene usted. Yo tengo 44, y en esa época se sabía qué hacía cada vecino. No había lugar adonde no fuéramos; jugábamos a lo que fuera y conocíamos todo. Si ahora cada uno tiene que empezar a recluirse en su casa por este tema…, es jorobado. (Vecino en la Comisión de Medio Ambiente y Salud. Sesión celebrada el 15 de noviembre de 2005, p. 20)

La vivienda en el relato de los/as vecinos/as es recuperada desde el presente como un refugio que sostiene la salud y tranquilidad para el núcleo familiar. En contraposición a esto, el espacio urbano de uso público es concebido y sentido como un exterior caótico, donde se plasman valores y prácticas inmorales que, además, son peligrosos. Sin embargo, como ningún espacio en las ciudades actuales de trama abierta puede ser completamente blindado o impermeable, el espacio doméstico también se ve en jaque ante la llegada de las “personas de raros aspectos”, las trabajadoras sexuales trans, los clientes y los vendedores de sustancias ilegales.

Tal como se anunció, el marco normativo uruguayo habilita la oferta de sexo en la calle bajo ciertas condiciones bien explicitadas y la concibe como un trabajo. En este marco, se fijan derechos y obligaciones y se protege a la vida del vecindario y a la propiedad privada. La pregunta que surge entonces es: ¿cómo problematizar la diferencia entre lo que sostiene la ley y lo que realmente sucede en el barrio? ¿cómo es que la ley termina teniendo la fuerza de una sugerencia?

Ensayo de un cierre

El estudio de cómo un marco normativo regula una actividad en un territorio específico no da cuenta per se de las dinámicas ancladas en el espacio urbano de uso público. Por este motivo, es importante dar cuenta de la relación y de las brechas existentes entre la ley y las prácticas sociales espacializadas. En esta línea, y tal como se desarrolló, la oferta de sexo en la vía pública en Uruguay se encuentra regulada y esto implica derechos y obligaciones para las diferentes instituciones públicas y la población involucrada. Esta norma establece que los cuerpos deben ser vestidos de tal manera, que la oferta callejera de sexo solo puede llevarse a cabo en ciertos horarios y, además, quienes ofertan sexo deben contar con libretas sanitarias en pos de cuidar la salud pública. En cuanto a los derechos laborales que la norma otorga se puede afirmar que reconoce a quienes viven de esta actividad como “trabajadores sexuales” y, como tales, pueden acceder a prestaciones de salud y aportar al sistema jubilatorio siempre y cuando se registren como cuentapropistas/monotributistas. Y la norma también protege derechos de las/os vecinas/os al dejar su moral y buenas costumbres bajo la sombra de la protección legal.

Tal como se mencionó, la ley mencionada apunta a regular la actividad de la oferta de sexo a partir de la protección de la moral, la salud y las buenas costumbres. E intenta evitar los escándalos en la vía pública. Sin embargo, ni las obligaciones ni los derechos se cumplen. En la introducción de este trabajo se planteó un interrogante que apuntaba a dar cuenta de cómo podía explicarse la brecha entre lo que el marco normativo establece alrededor de la oferta de sexo y lo que realmente sucede en la dinámica de la vida cotidiana en una actividad que se encuentra a la vista de todas/os. Un concepto que podría ser útil para responder es interrogante es presentado por Renoldi (2015). La autora utiliza el concepto de ilegalismos para referirse al tránsito entre la legalidad y la ilegalidad de los diferentes grupos en torno a determinadas prácticas. Renoldi analiza cómo, en territorios de frontera, las/os habitantes desarrollan acciones que son (i)legales para sobrevivir y cómo el Estado es un actor preponderante porque prohíbe, pero a su vez, propicia con estas prohibiciones determinadas acciones que dan lugar a los ilegalismos. Tal como Renoldi los define, estos son la “combinación de acciones, objetos y decisiones que permiten esquivar el orden punitivo a partir de estrategias que no necesariamente están por fuera del dominio de los instrumentos legales” (Renoldi, 2015, p. 419), es decir, prácticas que se ejercen con cierta autonomía frente a la rigidez de las normas. Las personas o grupos viabilizan sus formas de vivir a través de iniciativas no legales que se tejen en connivencia de la administración estatal. Y, a menudo, las personas implicadas no viven sus experiencias como actos ilegales.

El concepto de ilegalismos permite comprender cómo la oferta callejera de sexo en Uruguay es legal, por otra parte, no implica en el cotidiano ni derechos ni obligaciones para ninguno de los grupos implicados (in)directamente. En esta dirección, tal como emergió en el trabajo de campo realizado, las/os vecinas/os agreden a las trans tirándoles agua, explosivos o verbalmente; las trans defecan y tienen relaciones sexuales en los jardines de las casas; la policía no aplica las normas que rigen sobre la actividad y, por último, el Ministerio de Salud no controla las libretas sanitarias que las trans deberían de tener al día y que tampoco cumplen. En cambio, la existencia de las normas inaplicadas que convierten a la oferta de sexo en un trabajo tiene su peso a la hora del desarrollo del conflicto entre vecinas/os y trans que disputan los trozos urbanos ya que su propia existencia hace viable que un grupo de vecinas/os se organice y presente denuncias en comisarías y se reúnan con ediles de la ciudad de Montevideo. Es decir, la ley no se aplica, pero sobre ella se montan las estrategias que los grupos deciden para intentar ganar en el conflicto que las/os tienen como protagonistas. Siguiendo esta línea, en este trabajo no es relevante indicar qué prácticas son legales y cuáles ilegales sino más bien comprender que el concepto de ilegalismos es útil para visualizar “el universo de posibilidades dadas en el movimiento real entre lo legal y lo ilegal, como acciones creativas y, en cierto modo, también alternativas” (Renoldi, 2015, p. 436).

A lo largo de este trabajo, quedó claro cómo ciertas conductas de las trans son denunciadas como ilegales como, por ejemplo, la suciedad generada, la desnudez y los ruidos molestos pero otras ilegalidades son toleradas por los propios vecinas/os como la falta de control sobre las libretas sanitarias. Los gradientes de tolerancia a las fallas de la implementación de la ley sobre unos aspectos por sobre otros dan cuenta de la dimensión moral del conflicto que excede a lo jurídico. Por este motivo, en este artículo no se problematiza a la oferta de sexo desde su reglamentación sino más bien desde los propios escenarios que los diferentes grupos crean y performan (Lindón, 2017) a medida que el conflicto urbano se dirime. Nadie cumple, todo sigue sucediendo y el espacio urbano se revitaliza con su recreación, noche a noche.

Los marcos normativos actuales van en contra de los intereses de las/os vecinas/os domiciliadas/os que desean expulsar a las trans por los motivos ya expuestos. En sus diferentes presentaciones de denuncias y de reuniones con ediles de la ciudad de Montevideo exponen su falta de tolerancia a ciertos incumplimientos de la ley, pero dejan pasar otros. Lo cierto es que el vecindario no vive como desea, las trans no acceden a derechos laborales, la policía no les exige y tampoco las protege de las agresiones de clientes ni de vecinas/os, el Ministerio de Salud no controla la vigencia de las libretas sanitarias. Entonces, el concepto de ilegalismos permite dar cuenta de una frase que una funcionaria pública me señaló: Uruguay, finalmente, no pareciera ser un país reglamentarista con respecto a la oferta de sexo en la vía pública, simplemente la despenalizó. Y este rasgo que se experimenta en los escenarios espacializados recreados a partir de la oferta de sexo le da características específicas a las dinámicas presentes en el conflicto urbano aquí estudiado.

Referencias

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Notas

• Declaración de disponibilidad de datos:
  Todos los datos que respaldan los resultados de este estudio se publicaron en el propio artículo.
• 1
  En 2017, el investigador uruguayo Pablo Guerra (2017) desarrolló un trabajo de campo en el que entrevistó a 63 trans. Solo el 20,6% manifestó estar haciendo aportes a la seguridad social como trabajadora sexual.
• 2
  Cabe aclarar que en Uruguay el concepto travesti tiene una alta carga peyorativa. El término aceptado es “trans”. Dar cuenta de esto es importante para poner en relieve ciertas intenciones en el léxico escogido por las/os denunciantes.
• 3
  El trato masculino de las feminidades trans perpetúa el binarismo anclado en la relación entre genitalidad e identidad de género (pene-varón; vulva-mujer) y no respeta la autopercepción de las personas trans.
• 4
  El resaltado se encuentra en la denuncia.
• 5
  Hurgador refiere a la persona que busca en los residuos elementos que pueden ser revendibles y, así, obtener una fuente de ingresos económicos que permitan la subsistencia. En otros países se utilizan conceptos como “cartonero” (Argentina) o “pepenador” (México).
• 6
  El concepto de trama abierta refiere al damero colonial donde la manzana es la unidad organizacional de la urbanización. Este tipo de tramas habilita una fácil circulación por el espacio público ante la inexistencia de fronteras naturales y/o construidas.
• 7
  Fichar significa observar para obtener una información valiosa y estratégica de otra persona o grupo.

Fuentes citadas

• Comisión de Medio Ambiente y Salud. Sesión del 15 de noviembre de 2005. Versión taquigráfica.
  Denuncia presentada ante Seccional 13 de Policía de Montevideo. 2 de mayo de 2016.
  Denuncia presentada ante Seccional 13 de Policía de Montevideo. 31 de mayo de 2015.
  Denuncia presentada ante Seccional 13 de Policía de Montevideo. 18 de junio de 2014.
  Denuncia presentada ante Seccional 13 de Policía de Montevideo. 25 de octubre de 2005.
  Denuncia presentada ante Seccional 13 de Policía de Montevideo. 17 de enero de 2012.
  Ley n. 17.515 “Trabajo Sexual” (2002), aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay en Asamblea General el 4 de julio de 2002.
  Notificación de denuncia y compromiso de acción de Seccional 13 de Policía de Montevideo. 28 de julio de 2014.

• Editores:
  Lucia Bógus
  Luiz César de Queiroz Ribeiro

Disponibilidad de datos

Todos los datos que respaldan los resultados de este estudio se publicaron en el propio artículo.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  15 Dic 2025
• Fecha del número
  Jan-Apr 2026

Histórico

• Recibido
  13 Dic 2023
• Acepto
  12 Ago 2024