Reflexiones sobre el proceso de producción de un informe histórico antropológico para la comunidad Newen Mapu, Río Negro, Argentina

Reflections on the process of producing a historical-anthropological report for the Newen Mapu Mapuche-Tehuelche community, Río Negro, Argentina

Reflexões sobre o processo de produção de um relatório histórico-antropológico para a comunidade Newen Mapu, Río Negro, Argentina

Resumen:

Este artículo toma como objeto de reflexión el proceso de producción de un informe histórico antropológico solicitado por la comunidad mapuche-tehuelche Newen Mapu, como parte de un trabajo de investigación acerca de las conflictividades y procesos de agencia colectiva en torno al acceso, uso y manejo de la tierra en la localidad de Catriel (departamento General Roca), ubicada al noroeste de la provincia patagónica argentina de Río Negro. El informe producido tuvo por objetivo dar cuenta de la relación de referida comunidad con su territorio. Su elaboración implicó desafíos profesionales, como un modo de construcción de conocimientos y de presentación de resultados cuyos destinatarios no son exclusivamente de un ámbito como el académico, estableciendo entre éste y las referidas comunidades una modalidad específica de relación.

Palabras clave:
Patagonia; informe; conflicto; Mapuche

Abstract:

This article reflects on the process of profucing a historical-anthropological report requested by the Mapuche-Tehuelche community Newen Mapu, as part of research Project on conflicts and procees of collective agency related to access, use, an management of land in the locality of Catriel (General Roca department), located in the northwest of the Patagonian province of Río Negro, Argentina. The report aimed to account for the relationship of this community with its territory. Its elaboration entailed professional challenges, as a mode of knowledge construction and presentation of result whose recipients are not exclusively fron the academic sphere, thereby establishing a specific type of relationship between the latter and the referred communities.

Keywords:
Patagonia; Report; Conflict; Mapuche

Resumo:

Este artigo tem como objeto de reflexão o processo de produção de um relatório histórico antropológico solicitado pela comunidade mapuche-tehuelche Newen Mapu, como parte de meu trabalho de pesquisa sobre os conflitos e processos de agência coletiva em torno do acesso, uso e manejo da terra na localidade de Catriel (departamento General Roca), localizada ao noroeste da província de Río Negro, Patagônia, Argentina. O relatório produzido teve por objectivo dar conta da relação da mesma com o seu território e a sua elaboração implicou desafios profissionais como modo de construção de conhecimentos e de apresentação de resultados cujos destinatários não são exclusivamente da academia e no que estabelece uma modalidade específica de relação entre a academia e as comunidades.

Palavras-chave:
Patagônia; relatório; conflito; Mapuche

INTRODUCCIÓN

Para que quien investiga pueda describir la vida social que estudia, incorporando la perspectiva de los/as actores que participan de esa vida, es necesario integrar la práctica de reflexividad inherente al trabajo de campo, consistente en el proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente -sentido común, teoría, modelos explicativos- y la de los actores o sujetos de investigación. Esto es, someter a un continuo análisis las tres dimensiones que están permanentemente en juego en el trabajo de campo: la reflexividad del/la investigador/a en tanto miembro de una sociedad; la reflexividad del/la investigador/a en tanto tal, con su perspectiva teórica, sus interlocutores académicos, sus habitus disciplinarios y su enfoque epistemológico; y las reflexividades de la población que estudia (Guber 2011).

En tal sentido, en este artículo me dispongo a analizar el proceso de producción del informe histórico antropológico solicitado por la comunidad mapuche-tehuelche Newen Mapu, como parte de mi trabajo de investigación acerca de las conflictividades y procesos de agencia colectiva en torno al acceso, uso y manejo de la tierra en la localidad de Catriel (departamento General Roca), ubicada al noroeste de la patagónica provincia argentina de Río Negro. Partiré de una reflexión sobre la práctica y su complejidad, esto es, la construcción del campo, el contexto político y social en que está inserta, las estrategias metodológicas y el marco teórico escogidos, y los posicionamientos éticos políticos construidos. En este sentido, la elaboración de informes técnicos constituye en sí una práctica de producción de conocimientos antropológicos para la gestión de problemáticas socioculturales que supone sus propios desafíos, ya que requiere establecer diversos acuerdos teóricos y metodológicos para su confección (Guiñazú & Tolosa 2020).

Intentaré responder las preguntas que motorizan el desarrollo de las páginas siguientes: ¿Por qué y para qué la comunidad Newen Mapu solicita un informe histórico antropológico? ¿Qué contextos sociales habilitaron ese pedido? ¿Qué sentidos y expectativas subyacen desde la perspectiva de los/as interlocutores/as? ¿Qué relación se estableció con los/as interlocutores/as en distintas instancias de participación, negociación y consensos? ¿Qué utilidad tiene este producto? ¿Quiénes están implicados/as o se verán afectados/as por lo expuesto en el informe? ¿Cómo se llevó a cabo la producción de este informe técnico en sus distintas fases y de qué manera intervinieron los/as interlocutores? ¿Qué particularidades tiene la escritura de este tipo de textos? ¿Qué compromisos y posicionamientos ético-políticos fui asumiendo a partir de la producción de este informe?

Para llevarlo a cabo, encuentro en el (auto)análisis discursivo una herramienta de reflexividad de la práctica antropológica que me permite revisar cuál es el contexto de producción, esto es, las condiciones que posibilitan/constriñen la práctica y la gramática de escritura específica del discurso que producimos. Desde una perspectiva teórica de análisis de los discursos sociales, Eliseo Verón (1993) ha planteado que la noción de discurso es una configuración espacio-temporal de sentido, identificada sobre soportes materiales diversos (materias significantes) que son fragmentos del proceso de producción, construidos en la infinita red interdiscursiva denominada semiosis social. Esta idea parte de la hipótesis que concibe el doble anclaje de los discursos sociales: el sentido en lo social, y lo social en el sentido.¹ Es decir, toda producción de sentido es necesariamente social y no se puede describir ni explicar satisfactoriamente un proceso significante sin explicar sus condiciones sociales productivas y, a la vez, todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proceso de producción de sentido. Así, el informe devenido de la intervención, en tanto discurso materializado, debe explicarse, por un lado, mediante el análisis de la dimensión significante de los fenómenos sociales situados en contextos concretos que demarcan las posibilidades de cómo y qué puede ser expresado.

ESCUCHAR AL CAMPO, ATENDER LA DEMANDA

Comencé mi investigación en abril de 2019, a partir de una beca doctoral otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), en el marco de los Proyectos de Investigación de Unidades Ejecutoras, en este caso, el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa).² Esta instancia de formación fue lo que definió, en términos generales, el campo de investigación y lo que me motivó a explorar las problemáticas relacionadas al uso, acceso y disputas en torno a la tierra en la localidad rionegrina de Catriel.

Al comenzar el trabajo de investigación dos desafíos se me presentaron. En primer lugar, llevar adelante un proyecto que, aunque fuera de mi interés, no había sido elaborado por mí. Eso no implicaba que no pudiera darle mi propia perspectiva, pero existía un recorte a priori que no fue mi elección. En segundo término, esto condicionaba de varias formas mi tarea: por un lado, en el momento desconocía la ciudad de Catriel; por otro, la localidad se ubica a 750 km de mi lugar de residencia, por lo que debía comenzar a explorar el campo a la distancia y planificar con anticipación las actividades a realizar en cada viaje, ya que la permanencia allí era económicamente costosa. Por esta razón, pedí al equipo de investigación algún contacto en Catriel y llegué a un email con una solicitud, enviada al director IIDyPCa el 20 de noviembre de 2018, para que investigadores realizaran un informe histórico antropológico para una comunidad que estaba en conflicto territorial y con orden de desalojo. En dicho correo electrónico pude encontrar el contacto de la Consejera Indígena de la Zona Alto Valle del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI).³ Así, consideré contactarme con la Consejera por su carácter institucional, para, por su intermedio, poder llegar a las comunidades mapuche con conflictos territoriales de la zona. Tuvimos con ella un primer contacto telefónico, para presentarme, contarle del trabajo de investigación y preguntarle si era posible encontrarnos para que me interiorizara sobre “la realidad de las comunidades mapuche de Catriel”. Me explicó que había cuatro comunidades en conflicto por distintas causas e hizo énfasis en una de ellas que “tenía conflictos con muchas petroleras” (Consejera, comunicación personal, 02/08/2019). Así fue que nos encontramos una semana después, mi codirectora y yo, en el territorio de una de las comunidades, sobre la ruta N° 151, a unos 30 kilómetros de Catriel. Mientras algunos de los presentes en la reunión se disponían a cocinar, y otros a darle de comer a los animales, tuvimos una breve pero significativa conversación con la Consejera. Le pregunté si era por esa comunidad que ella había solicitado el informe al IIDyPCa:

Consejera: Sí, el informe histórico antropológico.

Investigadora 1: Yo pensé que ya estaba resuelto.

Consejera: Quedó ahí porque hay solicitud de 3, 4 informes históricos antropológicos en las otras zonas también. Creo que salió uno o está por salir, pero re lento, viste.

Investigadora 1: ¿Y eso a quién le toca?

Consejera: Y… al Ministerio de Gobierno [de la provincia] que es el que da los fondos, y ustedes habían pasado un monto que era por 15 días y nosotros le explicamos 200 veces que el monto iba a cambiar, pero presentamos todo y quedó pendiente […] yo lo que quería preguntar era si, ahora que están acá y vieron esto, si ustedes pueden hacer como una solicitud para que salga esto, la plata. Yo decía algo así como en el marco de este trabajo de investigación y visitando y viendo la situación de urgencia.

Investigadora 2: Una nota para que adjunte al pedido de ellos que hicieron en noviembre.

Consejera: Es re feo estar así, porque uno está siempre pendiente de los fondos de los demás, viste.

(Entrevista a consejera del CODECI, 07.08.2019)

Nuestra presencia había generado en los miembros de las comunidades y en la Consejera la expectativa de que accionáramos de alguna forma para que avanzara el pedido de informes. El presupuesto presentado por el IIDyPCa implicaba, entre otros ítems, el traslado y la estadía de cuatro antropólogas, desde distintas ciudades (Bariloche, Buenos Aires, Neuquén) para hacer trabajo de campo durante cinco días; honorarios por la producción del informe y la cartografía; a más de otros gastos para insumos técnicos y administrativos. Por ende, el costo final de la producción era superior al que podían llegar a sufragar a través de los subsidios otorgados por el Ministerio de Gobierno.

Al día siguiente, tuvimos una reunión con otras tres comunidades mapuche que presentaban, con diferencias, situaciones conflictivas en sus territorios. La insistencia en la solicitud de sus respectivos informes nos tomó por sorpresa nuevamente:

Consejera: Yo quería preguntarles, ¿ustedes lo van a trabajar por comunidad, lo van a trabajar por región, por zona, como Catriel? ¿Dan un informe general?

Investigadora 2: ¿El trabajo éste nuestro? Y ahora está más orientado a la investigación de Ana que es exploratoria, una investigación propia, y yo estoy explorando la producción de hidrocarburos. O sea, no estamos pensando en formas regionales, lo que sí podemos hacer es un pequeño pre-informe para ustedes.

Consejera: Como una devolución.

Investigadora 2: Claro, sí.

Consejera: ¿Y eso serviría por ejemplo para formar un expediente o algo?

Investigadora 2: Eso no lo sé. […] Ahora nosotras lo que podemos hacer es un escrito a la comunidad haciendo una síntesis de estas cosas que ustedes nos contaron. Que en realidad tiene que ver también con algunas reconstrucciones históricas. A corto plazo no puede ser muy extenso porque no vamos a hacer ahora trabajo de archivo, ni vamos a ir atrás en el tiempo […] pero sí argumentar el conflicto y mostrar, discutir esto que se dice de que acá no había gente. Eso sí se puede decir porque eso se toma sobre la base de esos materiales y se puede dirigir a ustedes.

(Entrevista a consejera del CODECI, 07.08.2019)

Nuestros supuestos sobre lo que íbamos a hacer, vinculados con una investigación de carácter más académico, se confrontaron de entrada con las expectativas de las comunidades, en función de sus propias necesidades y urgencias, de y lo que podía gestionar su Consejera. Estas expectativas expresabas además el formato deseado de presentación de los resultados (los informes) y un uso al que estarían destinados: como documentación para adjuntar al expediente de cada comunidad registrada con personería jurídica o con solicitud de conformación. ⁴

En este sentido la demanda, como acto fundador de la intervención, se manifiesta a través de relatos que poseen una faz material y una simbólica, y se constituyen de manera histórico-social como forma de expresión del núcleo significativo de diferentes actores sociales (Carballeda 2012). Dilucidar cuáles son esos sentidos asociados posibilita, en términos de la práctica profesional, establecer la intervención desde un marco teórico y la utilización de diferentes instrumentos, y categorías de análisis, por los cuales se interpretan las situaciones, se captan las motivaciones e intenciones de los demás, a fin de lograr entendimientos intersubjetivos y actuar coordinadamente dentro de un universo social. En este caso, si bien la demanda se expresó como un pedido en nombre de las comunidades, es cierto también que para sus miembros no quedaba claro qué era la antropología y -no tenían por qué saberlo- cuál era nuestra experticia.

Dicha situación puso de manifiesto saberes diferenciados, entre la Consejera y los integrantes de las comunidades, sobre los procedimientos institucionales para lograr, como objetivo primordial, el reconocimiento de los territorios comunitarios y, consecuentemente, la solución a su favor de las disputas con distintos actores. El sentido que orientaba la solicitud de informes, tenía más relación con su utilización práctica en la resolución de conflictos que con su contenido, un saber que circulaba entre organizaciones, comunidades y personas auto reconocidas mapuche-tehuelche. Sin ser una pericia, el escrito estaba imbuido de un sentido jurídico, ya que podía ser empleado como instrumento por parte de abogados asesores de los organismos indígenas en procedimientos tendientes a la defensa de las comunidades.

Por otro lado, siguiendo a Carballeda:

La intervención implica que existe una autoridad ya que, quien interviene, lo hace porque está legitimado a partir del reconocimiento del ejercicio de un derecho, o porque hay un estatuto que reglamenta su gestión, de modo que la intervención se estaría autorizando a sí misma, a partir de un status legal constituido (Carballeda 2012:99).

Desde mi experiencia, más que una facultad consciente, esa autoridad y legitimidad fue una potestad que me estaba siendo adjudicada. En el proceso de investigación, tuve que negociar entre mis expectativas sobre la práctica académica que estaba llevando a cabo, por un lado -que en ocasiones llevó a la decepción de los/as interlocutores/as por no verle una utilidad práctica-; y por otro, las expectativas comunitarias acerca de lo que esperaban que hiciera, en función de sus intereses y necesidades.

Estos pasos iniciales permiten pensar que el compromiso en términos políticos con los/as interlocutores/as no se establece a priori, sino que se construye en el campo de manera situada y en los términos locales (Trentini & Wolanski 2018). Si bien el término “compromiso” ha sido ampliamente discutido desde mediados de los años 1960 y 1970 en Argentina (Guber 2008), considero que es posible hacer un trabajo con rigurosidad teórica y metodológica, y con un compromiso político; a la vez que es válido tomar un distanciamiento crítico. Intervenir a partir de una demanda es una decisión, pero también requiere asumir determinada responsabilidad, asignada desde -y a propósito de- nuestra disciplina. Tenemos un saber (y un poder) socialmente legitimado que puede hacer una diferencia significativa para que los/as sujetos con quienes trabajamos accedan o no a sus derechos. Pienso que hay que asumir que esa forma de conocimiento específico nos coloca en un lugar donde intervenir o no es, en cualquier caso, tomar posicionamientos ético-políticos.

EL CONTEXTO SOCIAL DE PRODUCCIÓN

La elaboración del informe, su materialización, fue posible gracias al trabajo conjunto del equipo que integro, denominado Grupo de Investigación sobre Territorializaciones, Alteridades y Agencia Colectiva en Nor-Patagonia (en adelante, GITAAC) que coordina la Dra. Laura Kropff y del cual participan investigadores/as de distintas disciplinas, becarias y estudiantes, de grado y de posgrado.⁵ Su constitución ocurrió en el marco de procesos políticos calientes, definidos como aquellos de alta tensión y exposición pública para la mirada militante y académica, que se han ido dando en simultáneo con nuestras investigaciones (Fernández 2017). La voluntad de injerencia en la agenda pública del equipo de trabajo, y la búsqueda de financiamiento para hacerla realizable, motivó la presentación de proyectos científico-tecnológicos suscitados por coyunturas políticas en las que es central la disputa por la propiedad, el acceso y el uso de la tierra, en el marco del avance directo de intereses privados y públicos sobre los territorios de comunidades mapuche-tehuelche de la provincia de Río Negro. El desafío, entonces, fue cómo hacer etnografía en procesos donde nos vemos compelidos/as a dialogar y confrontar posiciones con los/as interlocutores; a negociar los términos, alcances y posibilidades del trabajo de campo; a reflexionar acerca de qué decir o no, para no obstaculizarlos y sobre todo a preguntarnos sobre las implicancias de nuestra práctica.

El contexto político y económico provincial, que da sentido a la elaboración de informes, tiene que ver con el avance de proyectos capitalistas (de minería, hidrocarburos, inmobiliarios, turísticos, entre otros), la apertura a la privatización y extranjerización de la tierra mediante programas de desarrollo privado, público o mixtos, sobre tierras que ocupan de forma precaria pequeños productores agrarios y comunidades originarias, quienes aún no han accedido a la propiedad comunitaria de sus territorios. En contraposición a este avance, el relevamiento estipulado por la Ley de Emergencia Territorial Indígena Nº 26.160 vigente desde 2006, se frenó en 2013 por decisión de los sucesivos gobiernos provinciales.⁶ En 2017, además, diversas políticas en consonancia entre el gobierno nacional y provincial establecieron un marco de conflictividad, persecución y criminalización del Pueblo Mapuche en Norpatagonia. Los hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad nacional que cobraron mayor relevancia en medios de comunicación, discursos políticos y opinión pública, se desarrollaron en las provincias de Chubut y Río Negro.⁷

Ante este panorama adverso para las comunidades mapuche, y con el cambio de gobierno nacional, a fines de 2019, el GITAAC fue convocado a asesorar en el proceso de conformación de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos con Pueblos Originarios, constituida por los ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, y Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. La participación del equipo fue requerida para el abordaje de casos ubicados en la provincia de Río Negro, y el aporte específico consistió en contextualizar histórica y etnográficamente los conflictos. Este trabajo se produjo en colaboración con representantes de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro (en adelante, la Coordinadora) y con el CODECI. En ese marco, en noviembre de 2020 se reunió la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos con los Pueblos Originarios en Viedma, convocada por la gobernadora de Río Negro. En este encuentro, la Coordinadora reconstruyó históricamente el conflicto territorial en la provincia y expuso el marco legal de protección de los derechos de los pueblos originarios a nivel nacional y provincial, enfatizando su falta de aplicación y dando cuenta de la dimensión estructural del conflicto, con más de 20 comunidades que requerían respuesta, muchas de ellas con causas judiciales y desalojos pendientes.

A partir de ese planteo, la propuesta fue avanzar sobre los casos en los que el gobierno nacional tuviera competencia directa, y la Coordinadora solicitó al GITAAC la realización de informes sobre la situación histórica y actual de cuatro comunidades (GITAAC 2021). Este convenio se consolidó institucionalmente a través del Proyecto de Desarrollo y Transferencia de Tecnología titulado “Relevamiento territorial de comunidades mapuche en conflicto”. Así, resolvimos el problema de los fondos para viabilizar los informes que se manifestara como preocupación por parte del CODECI y las comunidades ya en mi primer encuentro. Con este proyecto, pudimos financiar parte de la producción de los informes (diseño e impresión); por otra parte, nuestro trabajo no fue remunerado más que por lo que percibimos de las funciones que ya cumplimos (docencia, becas, investigación, etc.).

Cuando comenzamos a producirlos, a inicios de 2020, debido a la emergencia de la pandemia por Covid-19 se había decretado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), lo que interrumpió el trabajo de campo, obligando a repensar y reconvertir prácticas de la disciplina. Ante esta coyuntura, la selección de cuáles serían las comunidades con las que podríamos producir los escritos se realizó en base a un criterio más práctico que político: en las zonas definidas por la Coordinadora a partir de la reunión de la Mesa en Viedma, se abordarían los casos en los que la información de campo y archivo con la que contábamos fuera suficiente.

LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO

A fin de lograr el objetivo general del informe, el marco teórico elaborado tuvo la complejidad de partir de categorías ya definidas en el campo jurídico, reinterpretándolas, para hacer un uso creativo de las mismas. Esto es, partir de la idea de genocidio indígena en Argentina y definir la relación entre territorio, territorialidad y territorialización. Como base, estos conceptos nos permitieron abordar de manera procesual y relacional los diversos conflictos territoriales en torno a la propiedad, uso y acceso a la tierra y otros bienes comunes de las comunidades con las que trabajamos.

En cuanto al concepto de genocidio -del griego genos (‘raza’, ‘pueblo’) y del sufijo latino cide (de cadere, ‘matar’)-, al no haber surgido de la práctica de la investigación social sino del campo jurídico y la acción política, incide en las ciencias sociales aunque de manera particular.⁸

En los últimos diez años, los enfoques que analizan el genocidio en relación con la política indigenista argentina, principalmente desde la historia y la antropología, se han centrado en evaluar y demostrar cómo el proyecto de Estado-nación y la ocupación del territorio reestructuraron las relaciones sociales durante las ‘Campañas del Desierto’ en la Pampa y la Patagonia (1878-1884), y en el Chaco (1884-1917) (Bayer 2010; Delrio 2015; Delrio & Ramos 2011; Delrio et al. 2018; Lenton 2011; Lenton et al. 2012; Nagy 2018; Pérez 2011). Estos autores se contraponen, entonces, a la idea de “guerra” producida por la historiografía oficial, ya que entienden que estas categorías evocan sentidos mutuamente excluyentes. Mientras el genocidio trae a colación la gran asimetría entre perpetradores y víctimas de prácticas dirigidas al exterminio total o parcial de una de las partes; la guerra, en cambio, destaca la agencia de ambos como contendientes, y al hacerlo, invoca implícitamente un plano de simetría (De Jong 2019). A su vez, discuten con los discursos negacionistas que construyen imaginarios donde los pueblos originarios aparecen extintos, propios del pasado, o extranjeros, cuya desaparición se justifica en pos del proceso propio del avance de la civilización sobre sociedades salvajes o bárbaras (Lenton 2014).

El incremento de denuncias por parte de las organizaciones indígenas nacionales, a fines de 1980, impulsó el diálogo entre la producción académica y el derecho, con impacto en los procesos judiciales en los cuales se demanda a los Estados por la reparación histórica por estos hechos.⁹ De este modo, el marco conceptual del genocidio nos permitió reconocer las distintas dimensiones de la violencia estatal (el despojo de tierras y bienes, apresamientos, desmembramientos familiares, la reclusión en campos de concentración, el cautiverio de mujeres indígenas, la persecución a las prácticas ceremoniales y culturales, etc.) y reconstruir históricamente un proceso de larga duración con efectos hasta el presente.

El segundo corpus teórico, que va ligado al anterior, es el que componen la tríada conceptual territorio-territorialidad-territorialización. Estas nociones aportadas desde la geografía crítica a las ciencias sociales desde los años 1980s, tienen una extensa discusión entre distintos autores y sus perspectivas (Haesbaert 2011; Harvey 1998; Massey 2005; Porto-Gonçalves 2002; Raffestin 2011; Sack 1983; Santos 2005; Soja 1995). Aun con sus diferencias, estos autores coinciden en plantear una mirada crítica a la concepción, clásica y vigente, que considera al territorio como soporte material y recurso natural sobre el cual ejerce soberanía un Estado, ya que entienden el territorio, siguiendo los preceptos de Henri Lefebvre (2013), como proceso de producción social del espacio.

Además, el desarrollo de las teorías sobre el nacionalismo y la formación del Estado nacional resultaron también un aporte para discutir la representación del mismo como una entidad unívoca, coherente, trascendente y separada de la sociedad, y permiten pensar que tanto el territorio como las identidades territoriales son procesos abiertos, relacionales, contingentes e inacabados (Alonso 1994; Anderson 1993; Corrigan & Sayer 2007; Joseph & Nugent 2002; Malkki 1992).

Sin dudas, la idea de territorio como práctica de producción social ha permeado los basamentos jurídicos que amparan el derecho de las comunidades indígenas. El marco normativo que tomamos como referencia, y que define los conceptos señalados, está compuesto por la Constitución Nacional de 1994 (Art. 75, incs. 22 y 17); la Ley Nacional 26.160; y la Ley Provincial 2.287.¹⁰ En primer lugar, la Constitución Nacional sostiene que se les debe a los Pueblos Indígenas el reconocimiento de la posesión y la propiedad de la tierra que “tradicionalmente ocupan”. En este sentido, por su adhesión al Convenio Nº 169 Organización Internacional del Trabajo (OIT), este reconocimiento implica resguardar

[…] la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esta relación (Convenio Nº 169 OIT, art.13.1).

En segundo lugar, recuperando los objetivos del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI), encargado de cumplir la Ley 26.160, reglamentada mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1.122/07, se especifica que es necesario verificar la ocupación, “respetando las modalidades de uso de las tierras y sus prácticas culturales” (objetivo específico 6). Esta verificación debe realizarse contando con la participación de las comunidades. El RETECI afirma que deben ser tenidas en cuenta las múltiples modalidades de relación entre los pueblos indígenas y sus espacios territoriales. En esa dirección, dicho programa define al espacio como “una construcción social resultado del tipo de relaciones sociales y de producción existentes. Los procesos sociales imperantes en cada pueblo son los que definen el tipo de organización espacial y las formas de apropiación del territorio” (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación e Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, 2007:19). Asimismo, sostiene que el territorio “es esencialmente un espacio socializado y culturalizado, portador de significados que sobrepasan su configuración física (2007:20).

En tercer lugar, la Ley Provincial Nº 2.287 establece que debe adjudicarse en propiedad “la tierra cuya actual posesión detentan los pobladores y/o comunidades indígenas existentes en la Provincia” (Art. 11º). Y define a estos pobladores, “de probada antigüedad de asentamiento en el territorio de la Provincia”, como aquellos “cuyas formas de vida estén regidas total o parcialmente por sus propias costumbres y tradiciones” (Art. 2º). Aquí, la noción de territorio responde a una visión materialista, ampliamente desarrollada por la geografía política clásica (Benedetti 2011), ya que no refiere a la relación de la población indígena con el espacio, sino a pobladores que ocupan una porción de la superficie terrestre sobre la cual el Estado provincial ejerce soberanía.

Los términos “cultura” y “cosmovisión”, utilizados en el informe, no pretenden ser ideas unívocas o íntegramente coherentes; fueron empleados justamente por su carácter multiacentuado, cuyos significados en el campo político y jurídico se institucionalizan al definirse en las normativas. Este hecho conlleva procesos conflictivos de demarcación de prácticas, símbolos y reglas que los actores sociales desafían, fuerzan o reinterpretan, también como parte de la disputa por quién tiene el poder de nominar (Wright 2007). En este caso su uso, más pragmático que teórico, es parte de la estrategia argumentativa y retórica del texto, pues ambos son signos que operan como significantes flotantes (Laclau & Mouffe 1987), es decir, que se hacen inteligibles en contexto, incluso desde sentidos antagónicos, para diversos destinatarios.

A modo de reflexión, si bien el Estado fue construyendo el marco significativo y un modo de hablar común, a partir de imponer ciertas palabras y definiciones a través de la legislación, estas nociones son pasibles de ser resignificadas, reapropiadas, reutilizadas en el campo social. Así, tanto las nociones de genocidio, territorio, cultura, cosmovisión y el relevamiento mismo en el marco de la ley 26160, se vuelven hoy “lenguaje de contienda” (Roseberry 2002; Tozzini & Sabatella 2019) desde donde disputar hegemonía en los ámbitos jurídicos, académicos y políticos. Poner a dialogar la ley a la luz de las discusiones académicas y de las luchas políticas de los pueblos originarios, en un contexto situado, demuestra que, lejos de tener simplicidad teórica y poca capacidad de problematización, la construcción del informe técnico supone una práctica de investigación compleja. Justamente, su sofisticación (Kropff 2014) radica en las múltiples estrategias puestas en juego para introducir referencias a conceptos teóricos, como parte efectiva de la argumentación (Guiñazú & Tolosa 2020).

EL TRABAJO GRUPAL Y EN COLABORACIÓN

En cuanto al enfoque metodológico, intenté producir datos con los/as interlocutores/as como esfuerzo político-intelectual de construir y concebir alianzas. Este marco epistémico, desde donde se tiene en cuenta la participación de los/as interlocutores/as en los distintos procesos de la investigación, implica un movimiento hacia una antropología políticamente comprometida con los sujetos (Fals-Borda 1993; Lamas 2018; Lassiter 2005; Leyva 2010; Scheper-Hughes 1995; Speed 2006). En este sentido, entiendo que las contradicciones y tensiones que se dan en esa construcción conjunta no son el límite de las investigaciones, sino que buscan hacer de esa colaboración un aporte a las comunidades y organizaciones, y una “mejor etnografía” desde donde pueden generarse análisis creativos e innovadores, desde la co-teorización (Hale 2006; Rappaport 2007). Considero, entonces, necesario explicitar las condiciones de producción del discurso plasmado en el informe, dando cuenta de este intercambio como resultado de dos -entre muchos otros- procesos dialógicos: el trabajo en grupo en el GITAAC y la colaboración con integrantes de la comunidad Newen Mapu.

En relación con el primero de ellos, el trabajo grupal implicó el abordaje de la problemática planteada no sólo desde un enfoque antropológico, sino también histórico y jurídico, es decir, se trató de un abordaje interdisciplinario. A partir de reuniones semanales, durante al menos cinco meses fuimos organizando el informe, en función de un formato estandarizado para las cuatro comunidades. Al respecto, en la búsqueda no sólo nos deparamos con la escasez de modelos disponibles, sino también con la variedad de estructuras, organización y tipo de información. Por esta razón, decidimos tomar ejes de análisis semejantes a los de las carpetas técnicas confeccionadas por el INAI en el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, constituido por diversos apartados: “objetivos”; “metodología”; “marco normativo vigente”; “análisis histórico general”; “trayectoria histórica de la comunidad”; “situación actual”; “situaciones conflictivas” y “cartografía”; cada uno de ellos, elaborados en conjunto con las integrantes del GITAAC.

Más allá de la redacción individualizada de cada una de sus partes, ya desde los borradores del informe se mantuvo un diálogo constante. Las ediciones, revisiones, los comentarios al margen y los resaltados en el documento compartido fueron un aporte importante, ante la imposibilidad de reunirnos presencialmente y acordar o intercambiar criterios. Estas marcas ayudaron a pensar cómo ordenar la información en los distintos apartados, a establecer coherencia, mejorar la redacción (utilizar terminologías apropiadas, evitar la reiteración), producir datos relevantes, leer bibliografía específica sobre determinados temas, y privilegiar un lenguaje técnico comprensible para destinatarios no especializados en el lenguaje académico.

Asimismo, a partir de las revisiones surgieron interrogantes que nunca había considerado, que interpelaban lo ya escrito, que daban cuenta de conocimientos y saberes que necesitaba profundizar, preguntar a los/as miembros de la comunidad, reflexionar y estudiar. Los aportes, preguntas, modificaciones al escrito, referidos a conocimientos previos que me invitaban a explorar nuevos conceptos, categorías, saberes, contribuyeron a los fines de que el argumento producido en el informe tuviera la consistencia suficiente para la utilidad que le diera la comunidad.

El trabajo en colaboración con integrantes de la comunidad, fundamentalmente con la lonko (autoridad comunitaria), fue de suma relevancia. Fue necesario explicitar nuestra propuesta en cada etapa del proceso: a qué nos dedicamos, qué íbamos a hacer, cuáles eran los objetivos, cómo se iba a desarrollar el argumento del texto y cuál sería el soporte final, en libro impreso y documento digital.

La investigación colaborativa con los/as integrantes de Newen Mapu (lo más colaborativo posible, teniendo en cuenta las condiciones de aislamiento físico en contexto de pandemia), implicó desplazar la idea de los/as interlocutores/as, de sujetos de estudio a sujetos sociales, políticos y de derecho. En ese sentido, consideré lícito incorporar en la investigación, de forma permanente, el establecimiento del consentimiento previo, libre e informado de los actores (amparado en los derechos indígenas y declarado en diversas normativas internacionales y nacionales). Las preguntas me persiguieron constantemente durante el proceso de escritura: ¿debo consultarles esto? ¿Estarán de acuerdo en que ponga tal cosa? ¿Cómo conseguimos información sobre este tema? Para establecer los puntos de acuerdo fue fundamental la autorización por parte de los miembros de la comunidad, aunque no necesariamente por escrito, sino mediante actos de habla que los explicitaran. Estos actos no siempre fueron en castellano; en ocasiones, también en mapudungun (idioma de las diversas vidas de la naturaleza), a partir de la afirmación “feley” como expresión de aceptación.

En este caso, la socialización de los documentos del archivo propio de la comunidad, construido a lo largo de los años, fue fundamental para que la investigación se pudiera llevar a cabo. A la vez, proporcioné a la comunidad aquella información que fui consiguiendo por mis medios y armamos el rompecabezas (siempre incompleto) acerca de qué datos enunciar, en términos de relevancia, y qué quedaba afuera, teniendo en cuenta la economía del texto. En colaboración fue, también, la problematización y el análisis conjunto de los distintos datos producidos, en la medida en que acordamos aquello que para la comunidad era importante resaltar, a partir de su propia mirada. Luego de enviar el primer borrador por medios virtuales, y posterior a su revisión por parte de la comunidad, se marcaron aquellas correcciones que debían hacerse y se produjeron otros datos, faltantes o que aún no quedaban claros. Por momentos, cuando me sentía tentada de cerrar el informe, por los tiempos de entrega y el agotamiento propio de la actividad, la lonko me interpelaba nuevamente, para agregar o reformular datos significativos que se actualizaban en el mismo proceso de escritura, a partir de nueva información o nuevas preguntas.

Finalmente, el informe fue entregado en noviembre de 2021. Se imprimieron cinco copias, de las cuales tres pertenecían a la comunidad, una fue para el equipo de investigación, y la quinta fue destinada a ser entregada por la comunidad, con su consentimiento, al CODECI, para que formara parte del expediente en su gestión de personería jurídica. Otro tema que mereció reflexiones en el equipo de trabajo tuvo que ver con pensar los mecanismos para mantener el carácter confidencial del informe. Es decir, la información producida era de la comunidad y sólo ella podía hacer uso de ese trabajo y decidir a quién lo iba a destinar o con quién compartirlo.

PANDEMIA, TIEMPO Y ESPACIO

Las diferentes técnicas de investigación implementadas en distintos momentos del relevamiento territorial de la comunidad, y su selección, implicaron una combinación entre la búsqueda de bibliografía especializada, el trabajo de campo etnográfico, el análisis de documentación y fotografías de archivo, la elaboración de cartografía y -finalmente, por el contexto de pandemia- la obtención de información mediante medios de comunicación virtuales y/o digitales. En este sentido, fue fundamental en la estrategia metodológica el procedimiento de triangulación de la información, a partir de distintas fuentes y formas de registro (escrito, grabación de audio, audiovisual y fotográfico). Inicialmente, efectué el trabajo de campo presencial en la ciudad de Catriel en distintos momentos, entre mayo de 2019 y febrero de 2020.

La condición de aislamiento en el marco de la pandemia, fue una situación excepcional que, en un principio, generó un desconcierto generalizado acerca de cómo hacer lo que hacemos en antropología. En este contexto, a nivel académico surgieron infinidad de conversatorios, ponencias, exposiciones sobre el desarrollo de la práctica etnográfica en la virtualidad que, en sus versiones más extremas, pusieron sobre la mesa las bases mismas del fundamento antropológico del “estar allí” e impulsaron la necesidad de conversión de las metodologías “clásicas”. A partir de esto, uno de los aprendizajes que tuve fue que los contextos sociales más amplios condicionan (y, en este caso, prácticamente determinan) las posibilidades de elección y diseño de la ‘caja de herramientas’ a utilizar.

Ahora bien, cabe una aclaración: el trabajo de campo está mediado por las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC’s); no es lo mismo que hablar de etnografía virtual. No es etnografía virtual en el sentido de que difiere, principalmente, en los problemas de investigación, los objetivos planteados, en la delimitación geográfica de un campo etnográfico “real o físico”.¹¹ Entonces, lo que pude hacer fue una adaptación a medios virtuales de un proceso que había comenzado en forma de comunicación interpersonal (aunque no se puede negar que siempre hay mediaciones, sobre todo, en las formas de registro). Es decir que el trabajo de campo continuó a distancia, siguiendo la manera clásica pero ahora mediatizada. No obstante, la elaboración del informe no hubiera sido posible sin las instancias presenciales anteriores. En todo caso, la virtualidad complementó el proceso en marcha, de ninguna manera reemplazó el “estar allí” del campo. Inevitablemente, este punto de inflexión tuvo sus consecuencias en el desarrollo del trabajo que quisiera puntualizar.

El contexto habilitó nuevos medios de comunicación con los/as interlocutores/as, principalmente con la lonko. El dispositivo al que ambas teníamos acceso era el teléfono celular, y la forma más asequible de comunicarnos fue la utilización del software de mensajería instantánea whatsapp. El uso de este canal posibilitó aumentar significativamente la frecuencia de nuestras comunicaciones a la distancia. En el marco del aislamiento físico, entablamos conversaciones semanalmente, lo que antes sucedía sólo en los intervalos de tiempo (meses) en los que podía viajar presencialmente a Catriel. Esta asiduidad permitió modificaciones en la relación que tenía establecida principalmente con la lonko. El desapego, que en los primeros encuentros del trabajo de campo, generaba una sensación de incertidumbre por el desconocimiento mutuo y se presentaba como una dificultad de acceso a la información, paulatinamente mutó en una relación de rapport o empatía (Guber 2011).¹² Sumado a esto, la preferencia de los/as interlocutores/as de establecer la comunicación por mensajes de audio, me llevó a profundizar más en escuchar que en mirar u observar (Cardoso de Oliveira 1996).

Otra consecuencia en la práctica de investigación tuvo que ver con la restricción de acceso a archivos físicos, lo cual potenció la creatividad en la estrategia de búsqueda de fuentes, bibliográficas, periodísticas, catastrales y documentales de manera digital en redes sociales, páginas web y repositorios institucionales. Así, la diversidad de fuentes incluyó una gran variedad de material que se encuentra en circulación, como mapas históricos, fotografías, videos y folletos. Los integrantes de Newen Mapu, además de lo que ya me habían facilitado presencialmente, también me compartieron gran parte de la documentación de su propio archivo mediante mensajería instantánea. El desafío, en este caso, fue cómo organizar un corpus digital tan extenso como diverso para su posterior análisis, puesto que desconocía la lógica con la que estaba organizado inicialmente ese archivo.

Por último, acerca de la dimensión temporal de la investigación quisiera hacer algunas reflexiones, en dos sentidos: los plazos de entrega del informe en el marco de un proyecto cerrado y el ajuste/desajuste temporal entre trabajo de campo y producción escrita. En este caso, el trabajo de campo en sus comienzos fue pensado para una investigación académica, por lo que el lapso temporal para su realización era más amplio (años), así como los objetivos propuestos. La emergencia de un contexto adverso para las problemáticas territoriales indígenas en Río Negro; y la presentación -y aprobación-, del Proyecto de Transferencia como respuesta, establecieron nuevos (y acotados) plazos de entrega de resultados, diferentes a los iniciales.

Amorin, Alves & Schettino (2009) desmitifican la idea de que el material etnográfico en prácticas no académicas (específicamente, refiere a las pericias), nunca alcanzará un nivel de calidad aceptable debido al escaso tiempo disponible para el trabajo de campo; retomando esos planteos, debo decir a mi favor que esta circunstancia impuso el desafío de hacer que el trabajo de campo ya realizado fuera suficiente, en función de los vencimientos del proyecto; que respondiera a la demanda concreta y, a la vez, que se convirtiera en un escrito de calidad.¹³ En este sentido, gran parte de la información recolectada en el campo fue la misma, para una práctica como para la otra: lo que cambió fue la producción final.

Coincido, pues, con aquellos/as autores/as en que este falso antagonismo traducido en “tiempo vs. calidad” sería un mito, ya que para garantizar calidad y legitimidad del trabajo no es necesario un largo período de campo, sino que éste sea suficiente para cumplir los objetivos propuestos. Esta suficiencia temporal depende principalmente de la comprensión adecuada por parte del/a investigador/a de la demanda que dio origen a la producción de una investigación empírica. Depende también de las relaciones mantenidas entre el/la investigador/a y sus interlocutores/as a fin de permitirles a éstos comprender lo que está en juego, y que se pueda alcanzar un acuerdo en relación a la producción final, así como la disponibilidad para contribuir en su implementación.

El segundo eje de la dimensión espacio-temporal refiere al desajuste entre teoría y realidad, puesto que el ritmo de la realidad no es el mismo que el de la construcción conceptual. Este desfasaje tiene consecuencias profundas: si no resolvemos este problema, nos arriesgamos a incurrir en discursos y enunciados -o manejar ideas- que, pudiendo tener una significación en términos de la bibliografía o en el marco del conocimiento acumulado, no constituyan necesariamente una utilidad para los/as interlocutores/as (Zemelman 2005). Históricamente, en antropología se tradujo la diferenciación del proceso de producción etnográfico en dos etapas: por un lado, el “estar allí”, haciendo trabajo de campo en territorio (lo cual abarca un amplio espectro de actividades); y, por otro, el “estar aquí”, que da cuenta del trabajo de escritorio; lo que hace el “universitario entre universitarios, es lo que hace que la antropología se lea... se publique, se reseñe, se cite, se enseñe” (Geertz 1989:140). Aquí, el principal eje de discusión tenía que ver con la brecha entre lo que representa ocuparse de otros, en el lugar donde están, y representarlos allí donde no están.

Ahora bien, producto de las transformaciones en las prácticas de la disciplina, desde que comenzó a hacerse antropología en la propia sociedad esta división, tal vez, sea menos tajante (Da Matta 1999). Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos antropología literalmente “desde casa”? En mi experiencia, el confinamiento desdibujó el “estar allí” y el “estar aquí” como etapas diferenciadas de trabajo, en territorio y gabinete, respectivamente. La innovación tecnológica actual con medios de comunicación más accesibles (y que en otro tiempo no existían) permitió cierta sincronía entre el trabajo de campo mediado y la producción escrita. Es decir, posibilitó ir construyendo el argumento y el texto (grupal y colaborativamente) a distancia y, prácticamente, en “tiempo real”.

LA GRAMÁTICA DE PRODUCCIÓN

La escritura del informe conlleva características específicas del género, a las que llamaré su gramática, entendida como una serie de reglas que, aunque flexibles, se constituyen como operaciones de asignación de sentido a partir de marcas presentes en la materialidad del discurso.¹⁴ Guiñazú y Tolosa (2020) realizan una contribución inicial que permite comprender cómo operan estas reglas en los Informes Técnicos Antropológicos (ITA), definidos como un escrito que contiene información sobre el resultado de una investigación situada sobre una temática, problemática, hecho o asunto en particular, desde la perspectiva antropológica. Las autoras establecen una clasificación, aunque no exhaustiva, que sintetiza la gran variedad de informes en, al menos, tres tipos: los informes “expositivos”, en los cuales se describe un hecho o situación particular sin implicar instancias de análisis ni de interpretaciones; los “interpretativos”, que incorporan razonamientos y análisis, que permiten presentar conclusiones y dar recomendaciones; y, por último, los informes “demostrativos”, que agregan a los anteriores la descripción de los pasos metodológicos seguidos para su demostración y las conclusiones obtenidas. Siguiendo esta categorización, puedo afirmar que el informe que realizamos responde a las características del tipo de ITA “interpretativo”, aunque en el esquema general, las aportaciones, conclusiones y/o recomendaciones no están representadas en un apartado exclusivo, sino que se despliegan paulatinamente a lo largo del texto.

Guiñazú & Tolosa (2020) advierten que, para la elaboración de informes, se debe tener en cuenta quién será lector de los mismos, ya que no necesariamente tendrá conocimientos teóricos previos de antropología. Respecto de esto, pensado en el contexto en que fueron escritos, se definió en el GITAAC que nuestros trabajos estuvieran orientados a destinatarios que ejercieran funciones públicas o políticas (en ministerios e instituciones estatales, o en el poder ejecutivo, nacional, provincial o municipal), cargos técnicos jurídicos y/o que tuvieran la capacidad de resolver de alguna forma las situaciones conflictivas expuestas. También, fue importante que fuera comprensible para los/as integrantes de la comunidad porque, además de ser instrumento práctico, compila la información sobre su trayectoria histórica y actual, y da la posibilidad de compartirla con otros/as. Aun habiendo predefinido quiénes serían destinatarios, cabe resaltar que no es posible delimitar la circulación del texto.

Debido al alcance del texto a un público más amplio, es preciso “liberar al escrito de una carga teórica excesiva, que dificulte o interfiera la lectura” (Guiñazú & Tolosa 2020:33). En esta propiedad reside lo que las autoras llaman la “paradoja estructural de los ITA” ya que, para facilitar su lectura, es necesario -a modo de estrategia comunicativa- poder traducir a un lenguaje simple y claro la complejidad del enfoque teórico, la metodología, el análisis de la información y la presentación de los datos construidos, respaldados con elementos gráficos como mapas, ilustraciones, fotografías, entre otros. Para lograr esta simplicidad, entonces, fue necesario revisar el estilo de redacción, que difiere sustancialmente con el registro académico en diversos aspectos, particularmente con las etnografías construidas como género narrativo (Emerson 1995) y las más autorreferenciales o “confesionales” (Rockwell 2009).¹⁵ En primer lugar, procuramos la utilización del posicionamiento impersonal y recurrir a estrategias que simplifiquen la comunicación para que sea sencilla, directa y precisa. En este sentido, pensando en lectores que no tienen tiempo para una lectura extensa, intentamos ser concisas, eliminando fragmentos del texto o palabras innecesarios y/o repetitivos.

En cuanto a la selección léxica, fue preciso cambiar expresiones y palabras que referían a sentidos abstractos por aquellos que remitieran a significados concretos. Cuando hicimos uso de una terminología o categoría específica de la disciplina, tuvimos cuidado en aclarar su significado, en forma de recuadro destacado o nota al pie (según la relevancia del concepto para el objetivo propuesto). Escribir de manera asertiva implicó privilegiar las expresiones de afirmación acerca de lo que efectivamente hicimos, la información con la que contamos, y evitar plantear interrogantes de investigación, o exponer aquello en lo que teníamos dudas o la información que no pudimos relevar. Del mismo modo, fue fundamental recurrir a un “lenguaje aséptico” (Ander-Egg 2011), desprovisto de adjetivos, adverbios o expresiones valorativas cuando no fueran decididamente necesarios, borrando así las “huellas” de subjetividad en el discurso.¹⁶ Esta operación tiene su fundamento en que exponer nuestro posicionamiento o compromiso con la problemática abordada podía habilitar el cuestionamiento del informe, debido a la pretensión de que tuviera objetividad como efecto de sentido. Finalmente, para lograr la sencillez y brevedad deseada, optamos por utilizar oraciones y párrafos cortos. Este estilo de escritura, dividir los temas y establecer que se expresen sólo una o dos ideas por frase, permite que el texto sea legible y promueva la concentración de los pensamientos (Ander-Egg 2011).

El posicionamiento autoral y la construcción de la autoridad etnográfica en el proceso de textualización de la investigación es una dimensión que quisiera discutir aquí. Las críticas hacia las etnografías realistas que instaló, en antropología, el movimiento Writing Culture en los años 1980, refieren a un tipo de escritura que representa a las culturas como entidades totales, abstractas y ahistóricas. Sus principales exponentes, James Clifford y George Marcus (1991), cuestionaron la forma en que estos textos imprimen un “efecto de verdad” sobre el Otro, a partir de la utilización de recursos retóricos como el uso del impersonal, el ocultamiento de las condiciones de producción del texto y la autoridad fundada en la experiencia, donde el “estar allí” como participante hace al etnógrafo poseedor de conocimientos de primera mano (Clifford 1988). En contraposición, propusieron redefinir la escritura etnográfica como diálogo o dando cuenta de la polifonía plasmando en el texto el proceso de negociación constructiva, implicando una mayor reflexividad acerca de cuál es el discurso del investigador, desplazando su autoridad, y abriendo el espacio a la palabra de los/as interlocutores/as.

Cabe destacar que varios de estos postulados a modo de “legados”, se inscribieron en las gramáticas de producción de la antropología académica. Esto incluye el uso de la primera persona del singular o plural; evidenciar la reflexividad en el texto (no sólo en el diario de campo), partir de hacer preguntas más que dar respuestas; exponer el posicionamiento ético-político de quien investiga y sus condiciones, o su identificación con categorías de género, clase, étnica, edad, etc. Otras premisas que tienen plena vigencia son la aceptación, a nivel de escalas, de la parcialidad e incompletitud del trabajo, contra escritos con pretensiones totalizantes, y el reconocimiento del carácter restringido de nuestro acceso a procesos en constante cambio (Rockwell 2009). Producto de la digitalización y la accesibilidad a medios de comunicación más diversos, se potenció el impulso o “imperativo” de realizar trabajos colaborativos y colectivos con formas alternativas de presentación a públicos más amplios (Marcus 2013).

Desde un enfoque de la geopolítica del conocimiento, coincido con Restrepo y Escobar (2005) en cuestionar que la “crisis de representación”, proclamada por el movimiento Writing Cultures, es mucho más el producto de una institucionalización de la antropología en Estados Unidos que un problema enfrentado por los/as antropólogos/as en otras partes del mundo, reproduciendo así tradiciones nacionales hegemónicas. En esta misma línea, Joanne Rappaport (2007) plantea que el hecho de decir que una etnografía está compuesta de discursos, y que sus distintos componentes se hallan dialógicamente relacionados, no es lo mismo que esbozar que su forma textual debería ser la de un diálogo literal. Entonces, una posible alternativa para representar esta complejidad discursiva es comprender el curso general de la investigación como una negociación continua, que rara vez fructifica en monografías etnográficas clásicas, sino que lo hace más frecuentemente en otros géneros escritos, que resultan de gran utilidad a las comunidades que están siendo estudiadas: publicaciones destinadas al consumo popular, periodismo, documentos políticos, narrativas testimoniales y textos escolares; o, como en este caso, informes técnicos.

Desde mi experiencia práctica, el informe producido tiene un estilo de escritura realista y no pretende ser un texto narrativo o experimental (en sus variados formatos). La apertura a las voces de los/as interlocutores/as se manifiesta a modo de cita, directa e indirecta, seleccionada con el fin de reforzar el argumento. Aun así, el hecho de que la posición autoral se borre intencionalmente responde más a una convención propia del género, y su efectividad en instancias de reconocimiento, que a la construcción de una autoridad etnográfica despótica. Como vimos en los apartados anteriores, un texto no puede entenderse de forma aislada sino en su contexto y, en gran medida, limitado por sus condiciones de producción. El informe presentado está atravesado por discursos diversos, por la interlocución en el trabajo grupal, en instancias de colaboración, de los/as integrantes de Newen Mapu durante el trabajo de campo y en la redacción misma del escrito, y por coyunturas sociales y políticas específicas que hacen que sea producido para destinatarios que no comparten los conocimientos de la disciplina.

Una diferencia sustancial que tiene el informe producido respecto de la escritura de las etnografías realistas es que no busca, como efectos de reconocimiento, la representación cultural como ahistórica, total y abstracta. Por el contrario, su intención es poner de manifiesto cómo las situaciones conflictivas actuales son efecto de procesos históricos, políticos, económicos, sociales de la desigualdad de poder y alterización. En ese sentido, la pretensión es historizar, mostrando la particular trayectoria de cada comunidad y sus relaciones interétnicas asimétricas, en distintos momentos y espacios. Por otra parte, aquí la colaboración ya no es con los funcionarios estatales (o, como fuera en otra época, coloniales) sino con las organizaciones y comunidades con las que trabajamos. En todo caso, el énfasis puesto en lo “tradicional”, la construcción de otredad en la producción del discurso, opera en este contexto como táctica para sortear los obstáculos del aparato burocrático dispuesto por el Estado.

El soporte final de presentación de los resultados también es importante en términos estéticos. Si bien en la producción académica se sigue privilegiando el texto escrito por sobre otros elementos, paratextuales (tipografía, tamaño de letra, color, estructura compositiva, destacados) y gráficos (mapas, fotografías, ilustraciones, diseño, etc.), en términos más amplios es necesario tenerlos en consideración en otro tipo de formatos. En este caso, el informe fue realizado en soporte de libro impreso a color (de 162 páginas); las etapas de diseño e impresión merecieron una nueva ronda de intercambios, con el diseñador y los trabajadores de la imprenta. La importancia del libro en sí, en tanto objeto estético, creativo, sensitivo y simbólico, es que tiene la capacidad de condensar una multiplicidad de elementos sensibles (peso, largo, ancho, grosor, color, tipo de papel) para construir una entidad unívoca (Vila 2010). Además, su forma estable permite que exista y perdure en el tiempo. Ese es su poder “aurático” -siguiendo a Benjamin (1989) en su sentido más amplio- investido de un valor simbólico que remite a lo auténtico y revaloriza el contenido, a la vez que produce la atracción o seducción del objeto. Es por eso que la recepción del libro no es pasiva, sino que pone en juego la sensibilidad del lector, experiencia sujeta a condiciones concretas de reconocimiento, de intercambio, de consumo, de uso. De hecho, el día en que fui a entregar las copias impresas del informe a la lonko de la comunidad en su taller textil, ella había convocado a miembros de otras comunidades de Catriel y a la referente del CODECI. Era un evento de suma importancia y, al entregarle los libros, las presentes lo quisieron ver. Antes de pasárselos, la lonko, con recelo, ordenó: “limpiensé las manos”.

CONCLUSIÓN

En suma, en este trabajo decidí desandar los pasos dados en el proceso de producción del informe histórico antropológico de la comunidad Newen Mapu y poner en valor otras formas, de construir conocimiento antropológico y de presentar resultados. Desmenuzar la configuración de mi propio discurso, como quien desarma un artefacto, pieza por pieza, no fue tarea fácil. De hecho, podría haber olvidos. Al hacer uso de categorías de análisis del discurso para el ejercicio de esa reflexividad, coloqué en diálogo distintos campos que ocupan a las ciencias sociales, y la antropología como disciplina donde se inserta esta práctica profesional específica: político, jurídico, social, simbólico. Entonces, busqué reponer el contexto social en el que se enmarca la elaboración del informe y los sentidos asociados a su demanda explícita por parte de la comunidad. Asimismo, profundicé en cuáles fueron las posibilidades de financiamiento para su ejecución, cómo fue la participación de la comunidad y el equipo de trabajo en las distintas etapas de producción. Indagar en otras dimensiones de la práctica antropológica, me posibilitó visibilizar lo que sucede tras bambalinas: la cuestión gremial y de profesionalización en ámbitos no académicos, las condiciones en las que producimos las investigaciones y el marco de negociación, y acuerdos en el trabajo de campo, donde la voz del actor se incorpora expresando sus necesidades y sus expectativas.

La devolución por parte de la comunidad, ante la recepción del informe, fue de una gratitud y afectividad considerables: “tengo una alegría inmensa en mi corazón”, recuerdo que me dijo la lonko. En el corto plazo, el informe fue enviado al INAI para que sirviera de antecedente al relevamiento técnico; y con el asesoramiento jurídico del CODECI, la comunidad presentará un recurso de amparo que proteja el territorio comunitario. A la vez, recibí el reclamo de parte de otras comunidades a las que no les habíamos hecho el informe. En una reunión posterior presencial, en noviembre de 2021, pude explicar que no hubo una posición de favoritismo o preferencia en la producción de informes.

También repuse cuáles son los recorridos burocráticos por los que un equipo de investigación puede realizar estas tareas, a través de Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN), y cómo habíamos podido encontrar la manera de hacerlos desde el GITAAC, a través de la creación de un proyecto de transferencia, con nuestro aporte laboral y en las condiciones de producción que ya explicité. En el mismo encuentro, sometí también a discusión mis ejes y perspectivas de investigación académica, a raíz de las entrevistas en cada una de las comunidades, de qué manera venía pensando los problemas puntuales desde una perspectiva espacial y temporal más amplia. En este punto, debo decir que tenía temor sobre si resultaban comprensibles las enunciaciones, si aburría, si era necesario. Por el contrario, me sorprendió ver que la participación en la revisión fue abundante y que varios de los presentes aportaron su opinión. Nuevamente, uno de los puntos más discutidos fue la “practicidad” o “utilidad” del trabajo, es decir, cómo iba a ayudar a los reclamos de las comunidades de Catriel y sus alrededores. Son preguntas del campo que siguen poniéndome en jaque.

Creo, finalmente, que una de las dificultades que tuve durante la realización del informe fue el hecho de escribir con un lenguaje comprensible para un público más amplio. Así, creo derribar los prejuicios acerca de que escribir para que otros entiendan es mucho más fácil que utilizar el lenguaje académico, que numerosas veces se vuelve críptico. Dejo aquí una propuesta estética que responde a una dimensión ética. Pienso que los temores que puede producir un cambio estético abonan, también, a la desnaturalización de lo familiar en antropología.

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• ZEMELMAN, Hugo. 2005. El método como actitud del sujeto ante la realidad México: IPECAL, documento de trabajo.

• 1
  Verón entiende el sentido como un concepto entrelazado de manera inextricable con los comportamientos sociales; sin él no hay organización material de la sociedad, ni instituciones, ni relaciones sociales. La producción de sentido es “el verdadero fundamento de lo que corrientemente se llama ‘representaciones sociales’” (Verón 1993:126).
• 2
  Se trata del proyecto “Acceso a la tierra y configuración de subjetividades socioculturalmente diversas: conflictividades en torno a la extracción de hidrocarburos en el noroeste rionegrino”; y tiene por objetivo general analizar las modalidades que toma la disputa por el acceso a la tierra y los recursos hidrocarburíferos en la provincia de Río Negro en general, y en su porción noroeste en particular, para identificar cómo ello resulta de - e impacta en- la configuración de subjetividades cívicas diferenciadas en la provincia. Además, estas reflexiones se inscriben en el trabajo desarrollado para mi tesina de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional de Río Negro.
• 3
  El CODECI es, desde 1998, el órgano de aplicación de la Ley Integral del Indígena Nº 2.287/88. Este organismo de cogestión está conformado por dos consejeros designados por el Ministerio de Gobierno de la provincia de Río Negro y cuatro consejeros indígenas electos por cada zona (Andina, Sur, Atlántica y Valle), uno de los cuales, además, es elegido en la Asamblea anual del Parlamento del Pueblo Mapuche para ejercer el cargo de Presidente. Tiene, entre sus funciones, la definición de políticas, estrategias de acción, determinación de prioridades y elaboración de programas de trabajo. Quien tiene la facultad de fijar y definir las políticas instrumentadas por el CODECI en lo concerniente al desarrollo económico, social y cultural es la Coordinadora del Parlamento Mapuche (Decreto 310/98, sancionado el 6/4/1998 y publicado en el Boletín Oficial Nº 4117 el 25/7/2003). Disponible en: https://boletinoficial.rionegro.gov.ar/download/boletin/4117.PDF. Última consulta: 21.03.2022.
• 4
  En 2001, se estableció el Convenio 156 entre el CODECI y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para abrir un “Registro de Comunidades” en el que se inscribirían las personerías jurídicas de comunidades indígenas de Río Negro. De acuerdo a este convenio, el CODECI se encarga de la confección, gestión y recopilación de los datos requeridos para iniciar el expediente de cada comunidad y dictaminar el mismo. Si el expediente es aprobado, pasa a la Dirección de Personerías Jurídicas de la provincia que tiene a su cargo la inscripción de la personería en un Registro Único para las Comunidades Indígenas (Cañuqueo 2015).
• 5
  Los ejes de trabajo del GITAAC se encuentran relacionados con problemáticas de pueblos originarios, en particular -por la región en la que trabajamos- de aquellos autoidentificados como mapuche-tehuelche. Los ejes contemplan: caracterizar el proceso histórico de (des)territorialización estatal; dar cuenta de los efectos contemporáneos del genocidio indígena; y distinguir la agencia colectiva de grupos subalternizados en contextos históricos y contemporáneos.
• 6
  La Ley nacional N° 26.160 fue sancionada el 1 de noviembre de 2006 y promulgada el 23 de noviembre de 2006, con un plazo de vigencia de 4 años, a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y en cumplimiento parcial del Artículo 14 inc. 2 del Convenio N° 169 de la OIT. Dicha ley fue prorrogada en cuatro oportunidades: en 2009, mediante la Ley N° 26.554; en 2013, a través de la Ley N° 26.894; en 2017, mediante la Ley N° 27.400, y en 2021, por el Decreto Nº 805, que extendía su vigencia hasta noviembre de 2025. Antes de su finalización, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1083 del 10 de diciembre de 2024, se dispuso la derogación del Decreto N° 805/21 y la consecuente finalización de la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas originarias del país establecida por la Ley N° 26.160 y sus posteriores prórrogas.
• 7
  Se trata de la desaparición y posterior aparición sin vida de Santiago Maldonado en el contexto de represión de la Gendarmería Nacional al Pu Lof en Resistencia Cushamen y, posteriormente, el asesinato de Rafael Nahuel en el contexto de represión por parte de la Prefectura Naval al Lof Lafken Winkul Mapu.
• 8
  Se entiende por genocidio a “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo” (Art. 2º, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la ONU, 9 de abril de 1948).
• 9
  Ejemplos de ello son dos causas judiciales en Argentina bajo esta categoría, respecto de pueblos originarios. Se trata de los Juicios por la Verdad por la masacre de Napalpí, ocurrida en 1924 en el entonces Territorio Nacional del Chaco, y la sentencia, como crimen de lesa humanidad, por la masacre de Rincón Bomba al pueblo Pilagá en 1947 en el entonces Territorio Nacional de Formosa.
• 10
  La ley de la provincia de Río Negro Nº 2.287, sancionada el 15 de diciembre de 1988 y promulgada el 22 de diciembre de 1988, sostiene, en su primer artículo, que tiene “por objeto el tratamiento integral de la situación jurídica, económica y social, individual y colectiva de la población indígena, reconocer y garantizar la existencia institucional de las comunidades y sus organizaciones, así como el derecho a la autodeterminación dentro del marco constitucional, implicando un real respeto por sus tradiciones, creencias y actuales formas de vida.” Consultada el día 25-09-2019 en https://www.legisrn.gov.ar/L/L02287.html
• 11
  La etnografía virtual es un campo de estudio, hasta ahora marginal, que tiene al menos 30 años desde sus inicios. El objetivo de este tipo de estudios es analizar, explicar o comprender las relaciones y las prácticas sociales a partir del empleo de las NTIC’s, y de qué manera estas prácticas son significativas para la gente (Hine 2004; Mason 1999).
• 12
  Según Guber (2011), el rapport sería un estado ideal de relación entre el investigador y los informantes basado en un contexto de relación favorable, fundado en la confianza y la cooperación mutua que viabiliza un flujo, también ideal, de información, ya que permite el acceso a un material genuino, veraz, detallado y de primera mano. La autora, retomando a Spradley, tipifica los momentos que atraviesa el trabajo de campo (la aprehensión, la exploración, la activa cooperación y la participación). Según esta categorización, el comienzo ha sido calificado como la etapa más compleja y difícil; desde entonces, el investigador se desvive por lograr el rapport, entendido como una relación armónica, cordial y empática.
• 13
  Esta idea/mito se funda en la limitación que darían los factores externos (el contexto institucional de donde parte la demanda o el apuro de los propios movimientos sociales), así como la práctica en situaciones conflictivas, que requieren respuestas rápidas (Amorin, Alves & Schettini 2009).
• 14
  Las gramáticas de producción de un discurso no expresan propiedades en sí de los textos, sino que establecen las relaciones de un texto o de un conjunto de textos con su sistema productivo a la vez que definen un campo de efectos de sentido posibles o condiciones de reconocimiento (Verón 1993).
• 15
  Emerson (1995) propone la escritura de etnografías a la manera de “cuentos”, no en el sentido de ficciones, sino en la utilización de recursos y convenciones literarias estándar, en vez de componer un argumento analítico organizado rigurosamente en el cual cada idea lleva, lógica y exclusivamente, a la siguiente. Postula que se puede construir una narrativa entretejiendo series de unidades temáticamente organizadas de fragmentos, de notas de campo y comentarios analíticos, que será de interés para audiencias externas. Los “confesionales”, en cambio, son relatos escritos desde el punto de vista del investigador, quien confiesa las peripecias de sus intentos de comprender mejor las prácticas locales (Rockwell 2009).
• 16
  Verón (1993) entiende por “huellas” a las propiedades del discurso que tienen una relación de indexicalidad con las condiciones de producción social del mismo en el nivel ideológico del proceso histórico social.

• Declaración de disponibilidad de los datos de la investigación:
  Todo el conjunto de datos de apoyo a los resultados de este texto ha sido publicado en el mismo artículo.

Editado por

• Editores del Dosier
  Alexandra Barbosa da Silva ([e-mail]) Universidade Federal da Paraíba-UFPB Comitê de Laudos da ABA
  Eliane Cantarino O’Dwyer ([e-mail]) Universidade Federal Fluminense-UFF Universidade Federal do Pará-UFPA Comitê de Laudos da ABA
  Luís Alejandro Pérez Ortiz ([e-mail]) Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM
  Sebastián Valverde ([e-mail]) Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas CONICET Universidad de Buenos Aires-UBA

Disponibilidad de datos

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  09 Ene 2026
• Fecha del número
  2025

Histórico

• Recibido
  16 Feb 2023
• Acepto
  15 Dic 2023