Las consecuencias del extractivismo minero en la soberanía alimentaria en La Loma – Cesar (Colombia)

The consequences of mining extractivism on food sovereignty in La Loma – Cesar (Colombia)

Resumen

Resumen  Este artículo analiza, desde una perspectiva de la soberanía alimentaria, las principales consecuencias del extractivismo minero de carbón en la comunidad de La Loma, Cesar. A través de un enfoque cualitativo y crítico, se evidencian las transformaciones profundas en los sistemas productivos tradicionales y en el acceso a recursos esenciales como la tierra y el agua. El modelo extractivista ha generado un despojo territorial que desplaza actividades agrícolas y de pesca, provocando una creciente dependencia de mercados externos para la alimentación y el aumento del hambre en la población. Estos cambios no solo afectan la soberanía alimentaria, sino que también vulneran el derecho humano a la alimentación y la autonomía comunitaria. Se concluye que el extractivismo minero representa un obstáculo estructural para la soberanía alimentaria, al imponer dinámicas económicas y políticas que priorizan la explotación de la naturaleza sobre la vida. Se recomienda repensar las políticas públicas y fortalecer los procesos comunitarios para recuperar la autonomía alimentaria y proteger los territorios afectados.

Palabras clave:
soberanía alimentaria; extractivismo; minería; hambre; despojo territorial; campesinado; desterritorialización

Abstract

Abstract  This article analyzes the main consequences of coal mining extractivism on food sovereignty in the community of La Loma, Cesar, from a food sovereignty perspective. Through a qualitative and critical approach, it highlights the profound transformations in traditional production systems and access to essential natural resources such as land and water. The extractivist model has led to land dispossession, displacing agricultural and fishing activities and causing a growing dependence on external markets for food, resulting in increased hunger among the population. These changes not only affect food sovereignty but also violate the human right to food and community autonomy. This document concludes that mining extractivism represents a structural obstacle to food sovereignty by imposing economic and political dynamics that prioritize the exploitation of nature over life. It recommends rethinking public policies and strengthening community processes to recover food autonomy and protect affected territories.

Keywords:
food sovereignty; extractivism; mining; hunger; land dispossession; peasantry; deterritorialization

1 Introducción

Durante décadas, el extractivismo minero de carbón se ha consolidado como uno de los principales motores del desarrollo en Colombia, especialmente en los departamentos del Cesar y La Guajira, donde la explotación a cielo abierto reconfigura profundamente los territorios rurales. Como modelo de acumulación, el extractivismo puso en riesgo la soberanía alimentaria en su sentido más amplio, generando transformaciones territoriales, socioambientales y alimentarias que alteraron de manera decisiva la vida de comunidades campesinas y pesqueras.

En 2024, Colombia exportó más de 49 millones de toneladas de carbón térmico, de las cuales el 85% provinieron de las minas del Cesar y La Guajira (Colombia, 2024a, 2024b), consolidándolas como zonas estrategias. Esta producción se destina principalmente a mercados europeos y asiáticos —Países Bajos, Turquía, Corea, México, Polonia e Israel— evidenciando que el carbón extraído no constituye una fuente energética para Colombia, sino una mercancía orientada exclusivamente a generar divisas. Mientras las empresas transnacionales, dueñas de este enclave minero, acumulan significativos beneficios económicos provenientes de recursos extraídos de tierras, las condiciones de vida de las comunidades rurales en los municipios mineros se deterioran progresivamente, evidenciando una contradicción estructural entre los discursos del desarrollo y el progreso con la realidad territorial.

La distribución de las rentas carboníferas refleja profundas inequidades: las empresas mineras retienen entre 20% y 40% de los ingresos, el Estado captura un 20%, los trabajadores reciben un 8% como remuneración laboral, mientras que a las comunidades locales, vía responsabilidad social empresarial, les corresponde menos del 0,3% (Montoya-Domínguez, 2018). Esta distribución inequitativa contrasta con la magnitud de las transformaciones territoriales, socioambientales y alimentarias que la megaminería genera en los territorios donde opera, revelando que el modelo extractivista funciona como mecanismo de acumulación por despojo que beneficia principalmente al capital transnacional, mientras las comunidades locales enfrentan las consecuencias del deterioro de sus condiciones de vida y la destrucción de sus sistemas productivos.

El extractivismo minero de carbón en Colombia se consolidó como política de Estado a partir de la crisis energética mundial de 1973, cuando la Guerra del Yom Kippur elevó el precio del petróleo y posicionó al país como proveedor potencial de carbón térmico para mercados internacionales. Este proceso marcó la transición de una "minería de pobres" hacia una "minería de grandes empresas" con participación masiva de capital transnacional (Viloria de la Hoz, 1998). La transformación normativa fue determinante: el Código de Minas (Ley 685 de 2001) (Colombia, 2001) modificó radicalmente el rol del Estado, pasando de un modelo de participación estatal a uno en que su función se limitó a regular y fiscalizar, mientras que el sector privado, mayoritariamente extranjero, asumió el control de la exploración y explotación.

Durante los gobiernos de Uribe Vélez (2002-2010), esta política extractivista se profundizó aceleradamente: el número de títulos mineros se disparó en más de 400% aproximadamente el número de concesiones, acompañado de estrategias agresivas de promoción internacional y flexibilización de requisitos ambientales (Poveda Ramos, 2018).

El modelo extractivista exportador, sustentado en la explotación intensiva de la naturaleza, sostiene formas de acumulación que reordenan el espacio territorial mediante tecnologías y fuerzas económicas que generan desplazamientos y transformaciones en los modos de vida, amenazando la sustentabilidad ecológica (Machado Aráoz, 2017; Svampa & Antonelli, 2009). Este modo de apropiación, basado en violencia estructural, conduce al despojo de cuerpos y territorios, al acaparamiento de tierras y agua y a la captura de la plusvalía generada por las comunidades (Acosta, 2016; Radhuber et al., 2021; Vallejo et al., 2019).

En consecuencia, el extractivismo no se limita a una dimensión ambiental, sino que reconfigura las relaciones sociales bajo un patrón de poder global en el que confluyen Estados y corporaciones transnacionales. Este régimen convierte la tierra en la base de un sistema de dominación multiescalar que administra energías vitales y modos de vida (Machado Aráoz, 2023), configurando territorios donde la producción alimentaria y la vida comunitaria quedan subordinadas a la extracción.

El corregimiento de La Loma se ubica en el municipio de El Paso, departamento del Cesar (Colombia). Situado en el valle del río Cesar y en el corredor minero que conecta los municipios de La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, El Paso y Bosconia, este territorio se ha convertido en uno de los principales enclaves de la minería de carbón a cielo abierto en el país. La presencia de carbón en la zona constituye un corredor que llega hasta el departamento de la Guajira; al norte de Colombia, donde se ubica la mina a cielo abierto de El Cerrejón (Figura 1).

Figura 1
Ubicación de las minas del corregimiento de La Loma (Cesar, Colombia)

Durante más de tres décadas el corregimiento de La Loma ha sido epicentro de la megaminería carbonífera con la presencia de empresas como Drummond, Glencore y Colombian Natural Resources. Estas empresas transformaron profundamente un territorio caracterizado por su diversidad alimentaria, sustentada en la agricultura de cultivos tradicionales, pequeña ganadería en sabanas comunales y la pesca artesanal en ríos y ciénagas biodiversas. Estas actividades conformaban un sistema alimentario local basado en intercambios y relaciones de reciprocidad que garantizaban el acceso a alimentos variados y culturalmente pertinentes (Holguín Reyes, 2020).

El análisis de las consecuencias del extractivismo minero presenta sus implicaciones políticas y sociales vistas en clave de la Soberanía Alimentaria, entendida no solo como disponibilidad de alimentos, sino como el derecho de los pueblos a decidir sus propios sistemas productivos, mantener el control sobre sus territorios y preservar sus prácticas culturales alimentarias (La Vía Campesina, 2007). La soberanía alimentaria se convierte así en un marco analítico clave para comprender cómo los modelos extractivos alteran ecosistemas, desarticulan sistemas productivos locales y generan procesos de despojo y desterritorialización que subordinan la producción alimentaria a lógicas de acumulación orientadas hacia mercados globales.

Desde esta perspectiva, se evidencia un antagonismo entre extractivismo minero y soberanía alimentaria, entendidos como proyectos civilizatorios excluyentes. Mientras el extractivismo se basa en la explotación intensiva de la naturaleza, la desterritorialización de comunidades y la exportación de recursos para los beneficios privados, la soberanía alimentaria propone la autonomía territorial, el control comunitario de los bienes comunes de la naturaleza y la priorización de la producción local por encima de la extracción de commodities (La Vía Campesina, 2017). Esta contradicción exige transformaciones estructurales en las relaciones de poder que determinan el uso y el control del territorio (Beraún Chaca & Beraún Chaca, 2009).

Para abordar esta tensión, se analizan las manifestaciones empíricas de campesinos y pescadores con los procesos históricos y políticos que han configurado la realidad actual de La Loma, enriqueciendo el debate académico sobre extractivismo y soberanía alimentaria, y aportando a la comprensión de los desafíos que enfrentan las comunidades rurales en Colombia. En este marco, el objetivo del artículo es analizar las principales consecuencias del extractivismo minero de carbón sobre la soberanía alimentaria en el corregimiento de La Loma, departamento del Cesar.

2 Fundamentación Teórica

2.1 Extractivismo como modo de acumulación y territorialización

El extractivismo es una forma de apropiación de bienes comunes naturales a gran escala, tanto en volumen como en intensidad, orientada principalmente hacia la exportación de materias primas sin o con escaso procesamiento (Gudynas, 2015).

Además de su carácter técnico, el extractivismo representa un modo de acumulación que se sostiene en marcos legales, financieros y políticos específicos, determinados por los intereses de los Estados en materia de ingresos fiscales y crecimiento económico, sin considerar los costos sociales y ambientales (Göbel & Ulloa, 2014). Esta modalidad abarca dinámicas globales de exportación de commodities, conformando un entramado institucional y geográfico que facilita la acumulación capitalista a escala mundial (Machado Aráoz, 2017). El extractivismo conlleva una expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados improductivos, generando un proceso simultáneo de degradación ecológica y dependencia (Gudynas, 2015; Svampa, 2011).

El extractivismo opera como un modo de territorialización que reconfigura las relaciones de uso, control y significación del territorio, modificando espacios desde la escala local hasta la transnacional (Göbel & Ulloa, 2014). Esto implica procesos de desterritorialización y reterritorialización, afectando las condiciones materiales y simbólicas de vida de las comunidades. En este sentido, el extractivismo constituye una modalidad de ocupación del espacio geográfico que concibe el territorio como “zona de saqueo” y “superexplotación”, donde la violencia expropiadora se vuelve central (Machado Aráoz, 2023).

La desterritorialización se manifiesta como el desarraigo del territorio y la pérdida de control sobre este. Afecta los vínculos emocionales y culturales, generando rupturas en las relaciones económicas, sociales y políticas que sustentan la vida comunitaria. Las comunidades pierden su capacidad de decisión sobre los recursos naturales, viéndose obligadas a disputar su soberanía territorial frente a actores externos con poder económico y político (Beraún Chaca & Beraún Chaca, 2009; Haesbaert, 2013; Sánchez Ayala & Arango López, 2016; Sánchez Henao, 2022; Saquet, 2015).

2.2 Acumulación por despojo y desarrollo

Comprender el extractivismo requiere vincularlo con los procesos históricos de acumulación capitalista. El concepto de “acumulación por desposesión” propuesto por Harvey (2005) describe cómo las prácticas de la acumulación originaria señaladas por Marx no ha sido un fenómeno fundacional del capitalismo, sino un rasgo que persiste. Estas prácticas se basan en la depredación, el fraude y la violencia como mecanismos sistemáticos de apropiación de recursos y territorios.

En América Latina, estos procesos se articulan con una historia colonial y una inserción subordinada en el sistema-mundo capitalista. Esto se ve acompañado por los “consensos” del capitalismo (Consenso de Washington, Consenso de los Commodities, y Consenso de la descarbonización), configurando un orden político-económico que mantiene la dependencia estructural de las exportaciones primarias y profundiza un estilo de desarrollo neoextractivista orientado por ventajas comparativas (Bringel & Svampa, 2023; Gabor, 2021; Gudynas, 2015; Svampa, 2013).

Las políticas derivadas de estos consensos transformaron profundamente los entornos institucionales, facilitando el acaparamiento global de tierras donde crisis alimentarias y energéticas impulsan el control transnacional de recursos en el Sur Global, generando despojo campesino(Borras Junior et al., 2012). Desde la perspectiva del postdesarrollo, Escobar (2015) propone transiciones ontológicas que rechacen el desarrollo extractivista como imposición cultural, cuestionando las bases mismas del paradigma dominante.

Esta colonialidad de la naturaleza, como la denomina Alimonda (2011), convierte a América Latina en un espacio subalterno del sistema global, susceptible de ser explotado y reconfigurado según las necesidades del capital. Los ecosistemas, las culturas y los territorios son reducidos a meros recursos económicos, reproduciendo así las lógicas del despojo y la dependencia estructural que subordinan la producción alimentaria a la extracción de commodities para mercados globales.

2.3 Soberanía alimentaria como proyecto político contrahegemónico

Frente al modelo extractivista, la soberanía alimentaria se erige como una propuesta política y epistemológica contrahegemónica que trasciende las concepciones tecnocráticas de la seguridad alimentaria. La Declaración de Nyéléni (La Vía Campesina, 2007) la define como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.

Esta perspectiva introduce dimensiones políticas, culturales y ecológicas ausentes en los enfoques productivistas. La soberanía alimentaria reivindica el poder de las comunidades campesinas y rurales para definir sus propias territorialidades, garantizando la pervivencia de sus modos de vida, identidades y economías locales (Díaz Avendaño & Pachón Ariza, 2024; Pachón Ariza, 2013).

Como resultado de décadas de articulación de movimientos campesinos y organizaciones sociales, particularmente de La Vía Campesina, la soberanía alimentaria ha evolucionado como un marco holístico que integra justicia climática, derechos humanos, bienes comunes y territorialidades diversas (Díaz Avendaño, 2023). Este enfoque no solo promueve la producción sostenible, sino que también denuncia las estructuras de poder que subordinan la vida al lucro económico.

La soberanía alimentaria exige reformas estructurales en el acceso a la tierra y los recursos, así como el reconocimiento de los derechos campesinos, indígenas y pesqueros. Implica garantizar empleos dignos, equidad de género y participación juvenil, condiciones que hacen posible la justicia social y la sostenibilidad ecológica. Desde esta perspectiva, se opone al imperialismo, el neoliberalismo y el patriarcado, cuestionando a las instituciones que controlan los sistemas alimentarios mundiales y rechazando la privatización de bienes comunes como el agua, las semillas y la tierra, así como la mercantilización del conocimiento, de los alimentos y de la naturaleza misma (La Vía Campesina, 2007).

El análisis de las consecuencias del extractivismo minero sobre la soberanía alimentaria requiere considerar las dimensiones específicas que estructuran este concepto. La Declaración de Nyéléni (La Vía Campesina, 2007) establece seis pilares fundamentales que permiten evaluar las transformaciones territoriales y alimentarias provocadas por el modelo extractivo: (1) centrar los sistemas en los alimentos para los pueblos, priorizando el derecho a la alimentación por encima de la mercantilización; (2) valorar a quienes proveen alimento, reconociendo el rol fundamental de campesinos, pescadores y productores locales; (3) localizar los sistemas alimentarios, fortaleciendo la producción, distribución y consumo a escala territorial; (4) situar el control localmente, garantizando que las comunidades decidan sobre sus recursos y sistemas productivos; (5) promover el conocimiento y las habilidades, preservando saberes tradicionales y prácticas culturales; y (6) trabajar con la naturaleza, basándose en la gestión sostenible de ecosistemas, suelos, agua y biodiversidad.

Estos pilares operan de manera interrelacionada y su afectación simultánea evidencia la incompatibilidad estructural entre extractivismo y soberanía alimentaria. Cuando el modelo extractivo se impone sobre un territorio, no solo destruye la capacidad material de producir alimentos (pilares 1, 3 y 6), sino que además desarticula las relaciones sociales que sustentan los sistemas alimentarios locales (pilares 2 y 4) y erosiona el patrimonio cultural y los conocimientos que garantizan la reproducción de las prácticas productivas (pilar 5). Esta destrucción multidimensional convierte la soberanía alimentaria en un marco analítico clave para comprender cómo los procesos de despojo territorial generan hambre, dependencia alimentaria y pérdida de autonomía comunitaria, transformando territorios autosuficientes en espacios subordinados a lógicas de acumulación global que priorizan la extracción de commodities sobre la sostenibilidad de la vida.

2.4 El hambre como problema político

La articulación entre extractivismo y soberanía alimentaria permite comprender el hambre no como un fenómeno accidental, sino como una consecuencia política de estructuras específicas de poder y acumulación. Esta perspectiva, fundamentada en el marco de la soberanía alimentaria (La Vía Campesina, 2007) rompe con las visiones asistencialistas que naturalizan la escasez alimentaria, al revelar los mecanismos causales que producen sistemáticamente condiciones de hambre.

El extractivismo genera hambre mediante múltiples mecanismos interrelacionados: la apropiación de tierras productivas para fines no alimentarios, la contaminación y privatización de fuentes hídricas, la destrucción de sistemas productivos locales, la imposición de dependencia hacia mercados externos y la precarización de las condiciones de vida de quienes producen alimentos. La megaminería a cielo abierto profundiza estas dinámicas al requerir altísimos volúmenes de agua y energía, implicando la intervención violenta en la geografía de los territorios (Svampa & Antonelli, 2009), destruyendo ecosistemas completos mediante contaminación, sedimentación y acaparamiento de tierras productivas. Este proceso no solo privatiza fuentes hídricas esenciales para la producción alimentaria, sino que destruye ecosistemas completos mediante contaminación, sedimentación y acaparamiento de tierras productivas, consolidando una estructura de dependencia económica que convierte el hambre en un instrumento de control territorial y social. Estos procesos no operan de manera aislada, sino que forman parte de un patrón coherente de reconfiguración territorial orientado a facilitar la extracción de recursos para mercados globales.

Este modelo de acumulación se caracteriza por su orientación exportadora, donde las materias primas son extraídas sin un procesamiento significativo y los territorios son convertidos en enclaves extractivos desconectados de las necesidades locales. Como advierten Gudynas (2015) y Svampa (2011), el extractivismo conlleva una expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados improductivos, generando un proceso simultáneo de degradación ecológica y dependencia alimentaria.

El extractivismo reconfigura el control sobre los bienes comunes naturales, trasladándolo desde las comunidades locales hacia corporaciones transnacionales. Este desplazamiento no solo priva a las comunidades del acceso a los recursos que garantizan su subsistencia, sino que consolida una estructura de dependencia económica que impide el desarrollo de alternativas sustentables, convirtiendo el hambre en un instrumento de control territorial y social que fuerza a las poblaciones a aceptar las condiciones impuestas por la actividad extractiva o a migrar.

3 Metodología

Esta investigación se fundamenta en el paradigma del realismo crítico de Bhaskar (2008), que promueve una ontología renovada centrada en el objeto de estudio y no únicamente en el conocimiento sobre dicho objeto. Desde esta perspectiva, se reconoce que las estructuras y mecanismos sociales existen de manera independiente a nuestra experiencia y conocimiento de ellos (Guerra, 2021).

El realismo crítico implica un modo de inferencia que lleva al investigador de la superficie de los fenómenos hacia sus causas, o en términos más generales, de los fenómenos que se encuentran en un nivel superficial a las explicaciones inmersas en niveles más profundos de la realidad (Lawson, 2003). Este enfoque resulta particularmente pertinente para analizar las complejas relaciones causales entre estructuras profundas de poder, mecanismos de despojo territorial y sus manifestaciones empíricas en contextos extractivos.

Para operacionalizar este enfoque, se adoptó la estratificación ontológica en tres niveles propuesta por el realismo crítico (Guerra, 2021; Parra-Heredia, 2016; Sayer, 2014):

El nivel de lo real: estructuras y poderes causales que trascienden los eventos episódicos, tales como las relaciones de poder entre actores hegemónicos (empresas mineras, Estado) y comunidades locales, las lógicas del capitalismo extractivo, y los mecanismos estructurales de despojo territorial. Estos elementos existen independientemente de la percepción del observador y se activan mediante la actividad humana.

El nivel de lo actual: acontecimientos situados en tiempo y espacio que emergen de los mecanismos del nivel real, como la expansión territorial de la minería a gran escala, los conflictos socioambientales, la transformación de los sistemas productivos locales, y el desplazamiento de prácticas campesinas.

El nivel de lo empírico: experiencias captadas por la percepción humana, tanto eventos observados como no observados directamente. En este estudio, incluye las narrativas de campesinos, pescadores y habitantes sobre la pérdida de acceso a la tierra, la contaminación del agua, la dependencia de alimentos externos y las transformaciones en sus prácticas alimentarias cotidianas.

Esta estructura orientó tanto el diseño metodológico como la organización del análisis, permitiendo desentrañar cómo las estructuras profundas de poder se manifiestan en eventos concretos y son experimentadas por las comunidades.

3.1 Diseño metodológico y trabajo de campo

Se empleó un diseño metodológico cualitativo desarrollado entre enero de 2022 y diciembre de 2023 en el corregimiento de La Loma, municipio de El Paso, departamento del Cesar, Colombia. La estrategia de investigación combinó múltiples técnicas de recolección de datos para capturar la complejidad del fenómeno estudiado.

Se realizaron 9 entrevistas en profundidad durante los meses de julio y agosto de 2023 (5 mujeres y 4 hombres, todos mayores de 35 años). Los participantes fueron seleccionados mediante muestreo por conveniencia y bola de nieve hasta alcanzar saturación teórica. El criterio de edad (mínimo 35 años residiendo en el municipio) permitió acceder a memorias de largo plazo sobre el territorio antes y durante la intensificación de la actividad minera a gran escala desde la década de 1990.

Los actores entrevistados incluyeron a mineros artesanales, pescadores, lideresas sociales y comunitarias, defensoras de los derechos humanos, lideresas de organizaciones campesinas, exconcejales del municipio, secretario de minas y ambiente (en ejercicio durante el trabajo de campo), y líderes del consejo comunitario local.

Las entrevistas fueron transcritas y analizadas mediante el software Atlas.ti 9, empleando codificación temática organizada según los tres niveles ontológicos del realismo crítico: categorías vinculadas al nivel real (estructuras de poder, relaciones asimétricas entre actores, lógicas del extractivismo, acumulación por despojo, mercantilización de la naturaleza); al nivel actual (procesos de desterritorialización, pérdida de acceso a tierra y agua, destrucción de ecosistemas y degradación ambiental, transformación de sistemas productivos y alimentarios); y al nivel empírico (memoria histórica del territorio, experiencias de despojo, narrativas sobre cambios en la alimentación, percepciones sobre salud y ambiente, estrategias de resistencia cotidiana). La información sobre lugar de las entrevistas (hogares de participantes, excepto entrevistas con minero y secretario de minas en espacios institucionales) se complementó con observación participante y revisión documental.

Las entrevistas fueron transcritas y analizadas mediante el software Atlas.ti 9, empleando codificación temática guiada por categorías analíticas que emergieron tanto del marco teórico como del trabajo de campo.

Categorías vinculadas al nivel actual: procesos de desterritorialización (pérdida de acceso a tierra y agua), destrucción de ecosistemas y degradación ambiental, transformación de sistemas productivos y alimentarios.

Categorías vinculadas al nivel empírico: experiencias de despojo, narrativas sobre cambios en la alimentación, percepciones sobre salud y ambiente, estrategias de resistencia cotidiana.

Dentro de las técnicas adicionales que se utilizaron se encuentra: la observación participante durante las distintas visitas al territorio entre enero de 2022 y diciembre de 2023, permitiendo registrar dinámicas cotidianas, prácticas alimentarias, condiciones ambientales y configuraciones espaciales del territorio. Los registros de observación se consignaron en diarios de campo. La revisión documental que analizo fuentes institucionales, académicas y normativas, para contextualizar y triangular la información obtenida en campo.

Este marco analítico permite organizar y comparar las narrativas de campesinos, pescadores y habitantes de La Loma, articulando sus experiencias con las transformaciones territoriales, alimentarias y socioeconómicas para comprender cómo la expansión extractivista ha reconfigurado las condiciones materiales y culturales que sostenían la soberanía alimentaria en el territorio. Así, el análisis se movió desde las experiencias empíricas de los habitantes hacia la comprensión de las estructuras y procesos que subyacen a la reconfiguración territorial, revelando cómo el modelo de desarrollo hegemónico penetra la cotidianidad y transforma las relaciones materiales y culturales con la tierra, la naturaleza y el alimento.

4 Resultados y discusión

4.1 Resultados

La información empírica analizada permite identificar patrones y dinámicas que dan cuenta de las transformaciones ocurridas en el territorio. A partir de estas evidencias se presentan los resultados, organizados según los procesos y tensiones que emergieron con de las narraciones de los habitantes de La Loma.

Los procesos de apropiación de tierras en La Loma muestran cómo el extractivismo operó mediante múltiples mecanismos de despojo y acaparamiento, como describe Borras Junior et al. (2012), donde corporaciones transnacionales aprovechan conflictos para transferir tierras campesinas, generando dependencia alimentaria. Esto se alinea con la crítica postdesarrollista de Escobar (2015), que ve en el neoextractivismo una reconfiguración territorial que prioriza la explotación sobre la vida comunitaria.

Los procesos de apropiación en La Loma evidencian el 'modo de territorialización extractivista, donde múltiples territorialidades campesinas (Porto-Gonçalves, 2020) son naturalizadas como tierras vacías para legitimar el despojo. Esto ilustra el acaparamiento de tierras (Borras Junior et al., 2012), aprovechando conflictos para transferir suelos campesinos a transnacionales, generando desterritorialización que rompe reciprocidades alimentarias (Beraún Chaca & Beraún Chaca, 2009).

La violencia, la coerción y las asimetrías de poder facilitaron la transferencia de tierras campesinas hacia corporaciones mineras. Un campesino resume esta experiencia: "¿Qué pasa con esas tierras? Esas tierras fueron, da hasta tristeza decirte, la mayoría de esas tierras fueron hasta manchadas con sangre. Porque la mayoría de esas tierras no fueron vendidas a gusto. Se aprovecharon de la gente porque había mucha guerrilla, había mucha autodefensa... Y el que no quería salir, le mataban a un hijo para que saliera" (Entrevista campesino, La Loma). Este proceso inició con reuniones donde se difundieron falsas promesas de desarrollo económico, seguidas por compras a hacendados y pequeños productores. Cuando no hubo aceptación voluntaria, se recurrió a la coerción y a la vulnerabilidad del campesinado. Estas acciones transformaron el uso de la tierra y el agua, alteraron la relación de las comunidades con su entorno y convirtieron un territorio diverso en escenario de resistencia.

El despojo estuvo acompañado de un proceso de desterritorialización en el que se impuso un modelo de desarrollo que arrasó con formas de vida, culturas y tradiciones campesinas y pesqueras basadas en la agricultura familiar de cultivos tradicionales (maíz, yuca, melón, patilla), la ganadería en sabanas comunales y la pesca artesanal en ríos y ciénagas, afectando la soberanía alimentaria y cualquier alternativa productiva en el corregimiento. Este proceso aprovechó el contexto del conflicto armado para reconfigurar el territorio: tierras adjudicadas mediante programas de reforma agraria terminaron en manos de actores legales e ilegales que garantizaron la expansión minera. La desterritorialización no solo implicó la pérdida física de la tierra, sino también la ruptura de relaciones sociales, culturales y productivas que sostenían la soberanía alimentaria. Los campesinos perdieron parcelas, acceso a sabanas comunales, conocimientos tradicionales y redes de intercambio que garantizaban su subsistencia.

A esto se suma un marco legal y tributario que privilegia el extractivismo por encima de la producción alimentaria y otros modelos de desarrollo. Las expropiaciones, principalmente a través de empresas transnacionales, concentraron beneficios económicos y contravinieron principios colectivos como la preservación ambiental, la biodiversidad y los derechos humanos. La legislación minera ha permitido intervenir zonas agropecuarias productivas, desplazando a las personas, obligándolas a buscar nuevas fuentes de ingreso y colocando a la nación en una situación de dependencia alimentaria.

La transformación de las fuentes hídricas constituye una de las dimensiones más críticas del despojo socioambiental. Los ríos Calenturitas y Cesar, junto con las ciénagas de Matepalma, San Marcos y La Pachita, sufrieron contaminación, sedimentación y privatización que eliminaron su función como sustento de la producción alimentaria (Coronado Delgado, 2012). La presencia de químicos tóxicos, incluido el mercurio, degradó estos ecosistemas. Un pescador señala: "[A los pescadores] les desviaron los ríos. Las ciénagas. Aquí las ciénagas las privatizaron. Porque pasan por la minería y no pueden entrar. Ahí es que entres tiene que ser con un permiso y si no tienes permiso te llevan preso porque estás invadiendo". Esta privatización eliminó el acceso para consumo humano y actividades productivas, y destruyó ecosistemas completos, reduciendo drásticamente la biodiversidad acuática.

La privatización de ciénagas materializa la acumulación por despojo de Harvey (2005) y el territorio como espacio apropiado (Porto-Gonçalves, 2020) reconfigurando bienes comunes bajo control corporativo, en contra de lo planteado por la La Vía Campesina (2007).

La contaminación también afectó los suelos. Los residuos tóxicos utilizados en la extracción los volvieron ácidos e infértiles, impidiendo la reforestación o el cultivo. La maquinaria pesada generó erosión y compactación, reduciendo la capacidad de retención de agua. Los cultivos, los pastos y las sábanas comunales desaparecieron, debilitando aún más la soberanía alimentaria. Con la pérdida de los medios de vida, la población quedó dependiente de la actividad extractiva y de sus economías secundarias, poniendo en riesgo la sostenibilidad a largo plazo. Además, la falta de regulación y compensación estatal y empresarial intensificó el conflicto socioambiental, generando tensiones y rechazo hacia actividades percibidas como amenaza para el bienestar comunitario. La declaratoria de utilidad pública e interés social multiplicó los títulos mineros otorgados sin rigor técnico ni jurídico, afectando a campesinos, pescadores y zonas ambientalmente protegidas, así como el patrimonio histórico, arqueológico y cultural.

La megaminería a cielo abierto eliminó ecosistemas diversos que constituían la base de la agrobiodiversidad local. La deforestación masiva destruyó especies vegetales utilizadas para alimentación y medicina, afectando tanto los sistemas de salud tradicionales como la diversidad alimentaria. La alteración de los microclimas modificó los ciclos de lluvia y sequía que orientaban las decisiones productivas campesinas, generando incertidumbre sobre los cultivos. Esta problemática se origina en la concentración de la propiedad, que dificulta la permanencia de la población rural como pequeña productora, y en el deterioro de los suelos y recursos naturales que sustentaban la economía campesina.

La llegada del extractivismo minero eliminó los sistemas productivos que garantizaban la autosuficiencia alimentaria. Cultivos tradicionales como maíz, yuca, melón, patilla y caña desaparecieron por el despojo y la degradación de suelos. La ganadería, central para la economía y la cultura local, fue casi eliminada. Las tierras de pastoreo fueron ocupadas por la operación minera o perdieron fertilidad. La afectación de las fuentes hídricas privó a ganaderos y pescadores de los recursos necesarios para sostener sus actividades. Un campesino sintetiza esta transformación: "Antes de que llegaran las mineras, ésta era una tierra de pequeños ganaderos, campesinos y se vivía de la pesca y de campesinado. Muchos campesinos hacían el trueque con el pescador, que se enviaban los bastimentos, la yuca, el maíz, por pescado. Y de eso sobrevivía la gente".

La eliminación de la producción local forzó la dependencia de alimentos provenientes de otras regiones, incrementando costos y generando vulnerabilidad alimentaria para familias con ingresos limitados. La llegada masiva de trabajadores del interior modificó los patrones de demanda alimentaria, desplazando parcialmente alimentos tradicionales y alterando prácticas culturales. No obstante, las comunidades mantienen resistencias culturales: "la cultura alimentaria se mantiene porque resulta que nosotros a pesar de que la minería nos quitó muchas cosas nuestras no pudieron arrancar de nosotros nuestras costumbres... a pesar de que el pescado tenemos que comprar caro y de otro lado pues lo compramos y lo seguimos consumiendo porque eso es algo nuestro" (Entrevista lideresa comunitaria).

La convergencia de estos factores ha convertido el hambre en una realidad cotidiana para sectores amplios de la población. Un habitante lo describe así: "y los ves tú que el hambre se les refleja hasta en la mirada porque una persona con hambre, una persona con hambre tiene el ojo lloroso, tiene el ojo brillante y una tristeza que se les refleja en la cara". Esta situación no responde a escasez natural, sino a la destrucción deliberada de los sistemas productivos en favor del extractivismo, que transformó una región autosuficiente en un territorio dependiente de mercados externos. La minería, única fuente de empleo significativa, excluye a gran parte de la población local. La perspectiva del cierre de minas agrava la incertidumbre: "este será un pueblo fantasma cuando las mineras se vayan, se preguntaba por su destino y el de su familia, con todas las habitaciones vacías, sin tierra, sin agua y sin trabajo". En La Loma, el hambre es una consecuencia política directa del modelo extractivista. La eliminación de la soberanía alimentaria forma parte de su funcionamiento, al suprimir alternativas productivas para asegurar tierras, agua y trabajo destinados a mercados globales.

4.2 Discusión

Los resultados observados en La Loma permiten desarrollar un análisis desde el realismo crítico que articula tres niveles ontológicos para comprender las consecuencias del extractivismo minero sobre la soberanía alimentaria. En el nivel empírico se documentan las experiencias y percepciones de campesinos, pescadores y habitantes: el despojo territorial violento, la contaminación de fuentes hídricas, la desaparición de cultivos tradicionales y la presencia cotidiana del hambre. En el nivel actual se identifican los mecanismos que producen estos fenómenos: el marco normativo que privilegia la minería como actividad de utilidad pública, las estrategias empresariales de apropiación de tierras y agua, y las dinámicas de desterritorialización que eliminan alternativas productivas. Finalmente, en el nivel real se revelan las estructuras profundas que explican por qué estos mecanismos operan de manera sistemática: el extractivismo como modo de acumulación por despojo que requiere control exclusivo del territorio y la subordinación de la vida a la extracción de commodities para mercados globales. Este encadenamiento analítico demuestra que las consecuencias observadas no son efectos colaterales, sino resultados necesarios del antagonismo estructural entre el modelo extractivista y la soberanía alimentaria.

El análisis del nivel empírico hacia el actual revela cómo las experiencias de despojo documentadas en La Loma responden a mecanismos institucionales y económicos específicos. Los testimonios sobre apropiación violenta de tierras ("la mayoría de esas tierras fueron hasta manchadas con sangre... el que no quiera salir, le mataban a un hijo") no constituyen casos aislados de violencia, sino que operaron como mecanismo sistemático facilitado por el contexto del conflicto armado y el marco legal que declaró la minería como actividad de utilidad pública (Ley 685 de 2001), configurando lo que Svampa (2011) denomina un modelo neocolonial basado en la apropiación y destrucción de recursos naturales. La privatización de ciénagas y ríos que eliminó el acceso a la pesca artesanal responde al requerimiento del modelo extractivista de controlar grandes extensiones territoriales, no solo sobre yacimientos minerales sino también sobre fuentes hídricas, tierras agrícolas y zonas de disposición de residuos (Gudynas, 2015; Göbel & Ulloa, 2014). La desaparición de cultivos tradicionales y la ganadería no resulta de decisiones individuales de abandono, sino del deterioro deliberado de suelos mediante contaminación química, la ocupación física del territorio por operaciones mineras y la destrucción de la infraestructura hídrica que sostenía estos sistemas productivos. Estos mecanismos —marco normativo extractivista, estrategias empresariales de control territorial y degradación ambiental sistemática— operan de manera articulada para garantizar las condiciones necesarias para la extracción intensiva de carbón (Machado Aráoz, 2017), revelando que el despojo no es un efecto secundario sino una condición estructural del extractivismo.

La transición del nivel actual al real permite comprender por qué estos mecanismos operan de manera sistemática. El marco normativo que privilegia el extractivismo sobre la producción alimentaria, las estrategias de apropiación territorial y la degradación ambiental responden a una estructura profunda de acumulación por despojo (Harvey, 2005) que caracteriza la inserción subordinada de América Latina en el sistema-mundo capitalista. El extractivismo carbonífero en La Loma no opera como un sector económico aislado, sino como expresión territorial del Consenso de los Commodities (Svampa, 2013), un orden político-económico que orienta las economías latinoamericanas hacia la exportación de materias primas sin procesamiento para mercados globales. La acumulación se concentra en corporaciones transnacionales mientras los territorios enfrentan despojo, degradación y hambre. Este patrón revela que el extractivismo funciona como modo de territorialización (Göbel & Ulloa, 2014) que requiere estructuralmente la desterritorialización de las comunidades, la destrucción de sus sistemas productivos y la eliminación de alternativas económicas que compitan por el uso del territorio, el agua y la fuerza de trabajo (Machado Aráoz, 2017; Gudynas, 2015).

Esto demuestra que el extractivismo minero y la soberanía alimentaria representan proyectos civilizatorios antagónicos y mutuamente excluyentes. Esta incompatibilidad no es un problema técnico ni solucionable mediante prácticas de responsabilidad social empresarial, sino que deriva de lógicas estructuralmente contradictorias sobre la apropiación, el uso y el significado del territorio. Mientras el extractivismo se basa en la mercantilización intensiva de la naturaleza y concibe el territorio como una “zona de saqueo” (Svampa, 2011) destinada a la extracción de recursos para mercados globales, la soberanía alimentaria se fundamenta en relaciones de reciprocidad con los ecosistemas, el control comunitario de la producción y el derecho de los pueblos a decidir sus propios sistemas alimentarios, como establece la Declaración de Nyéléni (La Vía Campesina, 2007).

El caso de La Loma demuestra que el despojo territorial no es un efecto secundario del extractivismo, sino una condición necesaria para su expansión. Este modelo requiere control exclusivo de grandes extensiones, no solo sobre los yacimientos minerales sino también sobre tierras agrícolas, fuentes hídricas, corredores de transporte y zonas de disposición de residuos. La conversión de más de 10.000 hectáreas de tierras agrícolas y ganaderas en áreas de explotación minera respondió a la lógica de apropiación territorial que necesita el extractivismo para operar sin restricciones, y no solo a requerimientos técnicos de extracción. Esta apropiación implica eliminar los sistemas productivos preexistentes, desestructurando prácticas, conocimientos y redes de intercambio que sostenían la soberanía alimentaria. La pérdida de semillas locales, la ruptura de la transmisión intergeneracional de saberes y la desaparición de redes de trueque constituyen dimensiones del despojo que facilitan la imposición del modelo extractivista.

La experiencia de La Loma también evidencia las implicaciones del antagonismo entre extractivismo y soberanía alimentaria para la realización del derecho humano a la alimentación. En términos de disponibilidad, la destrucción de los sistemas productivos locales eliminó la capacidad territorial de producir alimentos, generando dependencia absoluta de mercados externos y aumentando la vulnerabilidad frente a fluctuaciones de precios o crisis económicas. En cuanto a la accesibilidad, la desaparición del campesinado y los pescadores como sujetos productivos, sumada a la precarización del trabajo minero, redujo drásticamente el poder adquisitivo de las familias, mientras que los costos alimentarios aumentaron debido a la necesidad de importar productos de otras regiones. La adecuación cultural también se vio afectada: la desaparición de alimentos tradicionales como el pescado de ciénagas, el maíz y la yuca locales, junto con la llegada masiva de trabajadores externos que modificaron los patrones de demanda alimentaria, transformaron la cultura alimentaria local y limitaron el acceso a prácticas y alimentos identitarios.

Pese a ello, las comunidades mantienen resistencias culturales significativas, como señala una lideresa: "a pesar de que la minería nos quitó muchas cosas nuestras no pudieron arrancar de nosotros nuestras costumbres... a pesar de que el pescado tenemos que comprar caro y de otro lado pues lo compramos y lo seguimos consumiendo porque eso es algo nuestro". Finalmente, la sostenibilidad del derecho a la alimentación quedó comprometida de manera estructural: la contaminación irreversible del suelo y del agua con químicos tóxicos incluido el mercurio, la pérdida de biodiversidad acuática y terrestre, y el deterioro de los ecosistemas productivos afectan no solo la capacidad actual de producir alimentos, sino incluso la posibilidad futura de recuperar la autosuficiencia alimentaria tras el cierre de las minas (Pachón Ariza, 2013; Díaz Avendaño & Pachón Ariza, 2024).

Los hallazgos indican que el hambre generada en este contexto funciona como un mecanismo de control territorial. La eliminación deliberada de alternativas productivas crea dependencia económica y alimentaria, forzando a las comunidades a aceptar las condiciones impuestas por la actividad minera o a migrar. Esta dependencia opera en múltiples dimensiones: económica, mediante la desaparición de fuentes de ingreso; alimentaria, a través de la destrucción de los sistemas productivos locales; y territorial, mediante el control de la tierra y de los recursos que podrían sostener formas alternativas de vida.

El antagonismo entre el extractivismo y la soberanía alimentaria produce tensiones profundas con el marco constitucional colombiano. Aunque el artículo 65 de la Constitución señala que “la producción de alimentos gozará de especial protección del Estado”, el Código de Minas (Ley 685 de 2001) declara la minería como actividad de “utilidad pública e interés social”, legitimando la expropiación de tierras productivas. Esta contradicción se intensifica tras el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección (Colombia, 2023), que subraya su relación con la tierra y su rol en la garantía de la soberanía alimentaria. La experiencia de La Loma demuestra que dicho reconocimiento es incompatible con un marco normativo que continúa privilegiando el extractivismo por encima de la producción alimentaria.

El análisis del antagonismo entre extractivismo y soberanía alimentaria evidencia que garantizar el derecho a la alimentación requiere transformaciones estructurales que van más allá de ajustes normativos o mejoras empresariales. La coexistencia de ambos modelos en un mismo territorio es imposible, lo que exige decisiones políticas claras sobre las prioridades del desarrollo territorial. La recuperación de la soberanía alimentaria en territorios afectados por la minería implica no solo el cese de la actividad extractiva, sino también la restauración ecológica, la recuperación de conocimientos tradicionales, la redistribución de tierras y la reconstrucción de sistemas alimentarios locales. Estas transformaciones suponen cuestionar el modelo de desarrollo extractivista y avanzar hacia alternativas territoriales que pongan en el centro la sostenibilidad de la vida.

5 Conclusiones

Esta investigación demuestra que el extractivismo minero de carbón y la soberanía alimentaria son proyectos civilizatorios antagónicos y mutuamente excluyentes. El caso de La Loma evidencia que el hambre y la pérdida de autonomía alimentaria no son efectos colaterales del modelo extractivista, sino consecuencias políticas estructurales necesarias para su funcionamiento. La expansión minera requirió despojo territorial y desterritorialización, procesos que no solo implicaron la apropiación de tierras y recursos, sino también la destrucción de conocimientos tradicionales, prácticas culturales y relaciones sociales que sostenían la soberanía alimentaria.

La imposición del extractivismo dependió de eliminar sistemas productivos alternativos que competían por el uso del territorio, el agua y la fuerza de trabajo. La desaparición de cultivos tradicionales, la eliminación de la ganadería y el deterioro de la pesca artesanal fueron resultados previsibles de un modelo que subordina la vida económica y social a la extracción de recursos para mercados globales. En este contexto, los testimonios de hambre documentados en La Loma reflejan la destrucción deliberada de las bases materiales que garantizaban la seguridad alimentaria. El hambre aparece, así como consecuencia política directa de un modelo que prioriza la extracción de commodities por encima de la producción alimentaria local, contradiciendo los principios de la Declaración de Nyéléni.

El antagonismo entre extractivismo y soberanía alimentaria compromete simultáneamente todas las dimensiones del derecho humano a la alimentación: disponibilidad, al destruir sistemas productivos; accesibilidad, al eliminar fuentes de ingreso tradicionales y precarizar el empleo; adecuación cultural, al afectar alimentos y prácticas identitarias; y sostenibilidad, al deteriorar los ecosistemas necesarios para la producción futura de alimentos. La investigación también evidencia contradicciones entre el marco normativo que privilegia el extractivismo y los mandatos constitucionales que ordenan proteger la producción alimentaria y reconocer al campesinado como sujeto de especial protección. Aunque el reciente reconocimiento constitucional del campesinado abre posibilidades para revertir esta subordinación, su materialización exige transformaciones estructurales profundas.

La perspectiva del agotamiento de las reservas de carbón agudiza la vulnerabilidad de territorios como La Loma, que sacrificaron su diversidad productiva en favor de una especialización extractiva temporal. El riesgo de quedar “sin tierra, sin agua y sin trabajo” revela la insostenibilidad estructural del extractivismo, que genera dependencia económica sin garantizar condiciones para la sostenibilidad territorial.

Los hallazgos confirman que la soberanía alimentaria no es solo una forma de producción, sino un proyecto político orientado a recuperar el control territorial y reconstruir sistemas alimentarios locales. Incluso en contextos de despojo extremo, las resistencias culturales en La Loma muestran que la soberanía alimentaria persiste como horizonte ético y político. Por ello, garantizar el derecho a la alimentación desde esta perspectiva resulta incompatible con la continuidad del extractivismo en los mismos territorios. La coexistencia entre ambos modelos es estructuralmente imposible y exige decisiones políticas claras sobre las prioridades de desarrollo. La legislación debe limitar las expropiaciones a casos de necesidad pública legítima, prohibir aquellas que benefician intereses privados y establecer definiciones claras de “fin público”.

• Cómo citar:
  Cifuentes Morales, G., Pachón Ariza, F. A., & Gómez Villamizar, C. (2026). Las consecuencias del extractivismo minero en la soberanía alimentaria en La Loma – Cesar (Colombia). Revista de Economia e Sociologia Rural, 64, e303055. https://doi.org/10.1590/1806-9479.2026.303055
• Apoyo financiero:
  Nada a declarar
• Aprobación del consejo de ética:
  Nada a declarar
• Jel Classification:
  Q18, Q56, O13

Disponibilidad de información:

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Editado por

• Editor asociado:
  Catia Grisa

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  10 Jul 2026
• Fecha del número
  2026

Histórico

• Recibido
  26 Nov 2025
• Acepto
  24 Abr 2026