Percepciones de acceso efectivo a la salud de migrantes venezolanos: una perspectiva comparada entre Argentina y ChileResumen
El acceso a la salud constituye un derecho humano fundamental que debe garantizarse a todas las personas migrantes independientemente de su regularidad migratoria. Este artículo analiza cómo se cumple este derecho hacia el migrante venezolano en Chile y Argentina, países que contrastan en su tradición legal y cultura migratoria. Con un diseño cualitativo de casos, se indagan los obstáculos y facilitadores para el acceso efectivo desde la perspectiva, poco analizada, de los propios usuarios migrantes venezolanos. Los resultados muestran percepciones que no varían significativamente entre países, salvo por la condición de irregularidad migratoria, donde Chile presenta mayores barreras para el acceso efectivo. Destacan como facilitadores características asociadas a la comunidad venezolana, en particular el capital social que brinda apoyo e información. Se concluye que la percepción de los usuarios es fundamental para comprender los desafíos del sistema de salud en sus dimensiones estructurales y subjetivas.
Palabras claves:
Migrantes; Acceso efectivo; salud; Chile; Argentina
Abstract
Access to healthcare constitutes a fundamental human right that must be guaranteed to migrants, regardless of their migration status. This article analyzes how this right is implemented for Venezuelan migrants in Chile and Argentina, two countries that differ in their legal traditions and migration cultures. Using a qualitative multiple case study design, the study examines the barriers and facilitators to effective access from the underexplored perspective of Venezuelan migrant users themselves. The findings reveal perceptions that do not vary significantly between the two countries, except in relation to irregular migration status, where Chile presents greater barriers to effective access. Facilitating factors include characteristics associated with the Venezuelan community, particularly forms of social capital that provide support and information. The study concludes that users’ perceptions are essential for understanding the challenges faced by healthcare systems in both their structural and subjective dimensions.
Keywords:
Migrants; effective access; health; Chile; Argentina
Introducción
Los flujos migratorios contemporáneos presentan rasgos sustantivamente distintos de los que caracterizaron a las migraciones del pasado. Ya no se trata, predominantemente, de movilidades individuales ni responden exclusivamente a motivaciones de carácter económico; tampoco describen trayectorias lineales que conecten de manera directa el país de origen con un único país de destino, ni se orientan necesariamente a una instalación definitiva. Por el contrario, las migraciones actuales suelen adoptar formas complejas, fragmentadas y cambiantes, atravesadas por múltiples desplazamientos, retornos parciales y estrategias de movilidad adaptativas. América del Sur no constituye una excepción a esta tendencia, y la migración venezolana representa, quizás, la expresión más acabada de este nuevo patrón migratorio en la región (Gandini et al., 2020; Brumat, Vera Espinoza, 2024).
Hacia comienzos de 2025 se estimaban 9,1 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de los cuales aproximadamente 7,6 millones residían en América Latina (R4V, 2025). Cerca del 85% de estos flujos se expandieron principalmente hacia países latinoamericanos, mientras que el resto se dirigió a Estados Unidos y Europa, siendo España el principal destino en el hemisferio norte, particularmente durante la denominada Era Trump. La literatura especializada sobre el éxodo venezolano identifica al menos tres grandes etapas u olas migratorias. La primera se inicia hacia el año 2012, durante los últimos años del gobierno de Hugo Chávez, cuando sectores de clases altas y acomodadas abandonan el país y se dirigen mayoritariamente hacia países del norte global. Entre 2015 y 2017, una segunda ola estuvo protagonizada por sectores medios y profesionales que se movilizaron, esta vez, hacia países de renta media de la región, fundamentalmente por vía aérea. Desde el colapso de la economía en 2017-2018 se inicia una nueva etapa en la que los migrantes han tendido a provenir de hogares de bajos ingresos y con menores niveles de educación (Acosta, Blouin, Freier, 2019; Battistessa, 2021; Gandini et al., 2020).
Argentina y Chile han sido -y en el caso chileno continúa siendo- destinos relevantes de acogida para la población venezolana porque combinan oportunidades económicas relativas, cierta accesibilidad migratoria y redes consolidadas en un contexto regional en el que los destinos tradicionales se diversifican y se vuelven más dinámicos e inestables (Brumat, Vera Espinoza, 2024). En Argentina, el principal incremento de la migración venezolana se produjo entre los años 2016 y 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri (2016-2019) implementó una política de facilitación del ingreso y la permanencia de personas venezolanas, otorgándoles el estatus de ciudadanos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y flexibilizando los requisitos de regularización, incluso en ausencia de parte de la documentación exigida (Pacecca, Liguori, 2019; Linares, 2021). Posteriormente, y luego de la pandemia de COVID-19, estos flujos comenzaron a decrecer como consecuencia del deterioro de la situación económica e inflacionaria del país (Cerrutti, Penchaszadeh, 2023). Según el último Censo Nacional, en Argentina residen 161.495 personas venezolanas (INDEC, 2023), constituyendo la tercera población migrante, luego de la paraguaya (27%) y la boliviana (17,5%), seguidas por la venezolana (8,4%) y la peruana (8,1%).
En Chile, la situación presenta rasgos significativamente distintos. Si bien comparte con Argentina la llegada de profesionales venezolanos en el período previo a la pandemia, los flujos migratorios se intensificaron de manera sostenida en el período posterior, atraídos principalmente por las oportunidades laborales del país (Banco Mundial, 2023). Una proporción significativa de la población venezolana en Chile se encuentra en situación migratoria irregular o de estatus migratorio precario, en un contexto en el que los mecanismos de registro disponibles no permiten estimar con precisión las modalidades de ingreso al país (Licheri, Rojas, Reyes 2024).
En materia de derecho a la salud, Argentina y Chile presentan marcos normativos y configuraciones institucionales diferentes. Argentina ha construido históricamente un enfoque basado en el principio de universalidad, con jerarquía constitucional, que garantiza el acceso al sistema público en condiciones de igualdad, independientemente de la situación migratoria. Este principio coexiste con un sistema de salud segmentado -público, obras sociales y sector privado-, donde el subsistema público ha funcionado como principal garante de acceso efectivo, especialmente para poblaciones no cubiertas (Jelin, 2006). La Ley de Migraciones 25.871 del 2003 reforzó este enfoque al asegurar el acceso a la salud sin discriminación y promover la regularización migratoria. Sin embargo, en los últimos años han emergido tensiones restrictivas, expresadas en limitaciones a tratamientos de alta complejidad y crecientes desigualdades territoriales, producto de su sistema federal de gobierno. Asimismo, recientemente en el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 366/2025 del gobierno de Milei, se restringe el acceso de migrantes no permanentes y se exige seguro de salud para el ingreso, aunque su validez constitucional ha sido cuestionada (Cernadas, 2025).
En Chile, en cambio, el derecho a la salud se define constitucionalmente como la libertad de elegir entre sistemas público y privado, configurando un modelo de aseguramiento mixto y altamente segmentado por capacidad contributiva (Cabieses et al., 2022). La ley 21.325 de migraciones y extranjería del 2021 formaliza un proceso gradual de ampliación del acceso, en un contexto institucional más centralizado, lo que reduce la variabilidad territorial. No obstante, este modelo también presenta limitaciones: la estructura basada en cotizaciones tiende a concentrar a migrantes irregulares o de bajos ingresos en el sistema público, restringiendo en la práctica su capacidad de elección. A ello se suman requisitos administrativos y restricciones específicas -como en el acceso a trasplantes y la necesidad de un registro previo- que condicionan el acceso efectivo a ciertos servicios (Avaria Saavedra, 2020).
El foco de este trabajo comparado es identificar las brechas de implementación que se anteponen entre los marcos normativos y las posibilidades de acceso efectivo que perciben los usuarios -en este caso, las personas migrantes- para ejercer este derecho. El marco analítico adoptado es el del acceso efectivo a derechos, que sostiene que el reconocimiento formal de un derecho no garantiza, por sí solo, su ejercicio efectivo. Por el contrario, este suele estar mediado por condicionamientos y barreras de distinto tipo (Morris, 2002; Pacecca, Courtis, 2008; Acosta, 2018; entre otros). La investigación distingue estos factores bajo diferentes clasificaciones y denominaciones: algunos dividen entre barreras burocráticas, simbólicas o materiales (Jelin, 2006; Avaria Saavedra, 2020, entre otros); otras las separan entre barreras vinculadas con la estructura y las vinculadas con la agencia (Cabieses et al., 2020; Cruz-Riveros et al., 2022; OIM, 2019).
La literatura sobre acceso efectivo a la salud de personas venezolanas es escasa y en general se aborda desde una perspectiva nacional. En Argentina, los estudios tienden a interpretar las barreras de acceso a la salud de migrantes en términos de ciudadanía, derechos y desigualdades estructurales. Si bien hay estudios estadísticos (Cerrutti, 2006), predominan los estudios etnográficos. Existe cierto consenso en señalar que la principal barrera para el acceso a la salud en este país es de carácter simbólico e incluye representaciones, prejuicios y estigmatizaciones que construyen los efectores, sean estos administrativos o profesionales, al margen de lo que establece la normativa o en los nichos de ambigüedad que ella deja (Jelin, 2006; Abel, Caggiano, 2006). Este fenómeno termina por revertir el proceso de invisibilización para pasar a una “hipervisibilización de las diferencias”, asociando su nacionalidad con algún rasgo de su origen, clase social o cultura (Grimson, 2003). Buena parte de estos trabajos focalizan sobre la discriminación que sufren las mujeres bolivianas con necesidades obstétricas en grandes centros urbanos o zonas de frontera (Goldberg, Silveira, 2013; Aizenberg, 2019; Linardelli, 2021).
La literatura chilena adopta un enfoque más propio de la salud pública, donde las barreras se organizan de manera más sistemática en torno a dimensiones del acceso, acercándose implícitamente a una distinción entre factores de oferta del sistema y de demanda de los usuarios. Al igual que en la Argentina, los estudios cuantitativos, analizan las inequidades sociales que separan a los migrantes de la población local. Entre sus conclusiones señalan que el nivel socioeconómico sigue siendo uno de los principales determinantes de la salud en Chile y que el acceso a la salud está asociada al curso de vida y la vulnerabilidad es mayor en las mujeres embarazadas, niños y adolescentes migrantes y adultos mayores que están en zonas de frontera y con ello, más invisibilizado (Cabieses et al., 2017; Cabieses, Oyarte, 2020; Blukacz et al., 2022; Cruz-Riveros et al., 2022). En cuanto a los obstáculos para el acceso efectivo, los trabajos hablan de obstáculos vinculados al lado de la oferta, como barreras administrativas vinculadas a la documentación requerida; la ausencia de recursos materiales, como un sistema unificado de salud para garantizar continuidad del tratamiento (Nicolao, 2019; Cabieses et al., 2022) y barreras humanas, como la falta de información y/o su discrecionalidad para aplicar la normativa (Cyment, 2019; Avaria Saavedra, 2020; Pilquil, 2020).
La propuesta de esta investigación es triplemente novedosa. En primer lugar, busca analizar en clave comparada dos países vecinos que reconocen formalmente este derecho, en la perspectiva de cómo los incorporan efectivamente. En segundo lugar, proponemos hacer lo anterior desde las perspectivas y experiencias de las propias personas migrantes venezolanas respecto a sus necesidades, barreras y facilidades para el acceso a los sistemas sanitarios en el país de acogida. Finalmente, sostenemos que no solo es necesario identificar barreras, sino también reconocer la existencia de facilitadores o factores de apoyo, todo lo cual puede sumar elementos innovadores para pensar políticas públicas más inclusivas y efectivas. La decisión de incluir esta nueva categoría en el análisis de acceso efectivo supone que este debe ser entendido como un proceso bidireccional compuesto tanto por barreras u obstaculizadores como por facilitadores o apoyos. Si bien los estudios chilenos han venido incluyendo este aspecto de manera reciente y progresiva (Cabieses et al., 2022; Blukacz et al., 2022; Avaria Saavedra, 2020; Pilquil, 2020), la literatura argentina se centra, principalmente, en la identificación de mecanismos de exclusión, donde los facilitadores aparecen de manera residual o implícita, como la ausencia de obstáculos estructurales.
Metodología
Los hallazgos1 son parte de una investigación mayor que utiliza un diseño de estudio de casos (Yin, 2018), comprendiendo el caso como cada país receptor (Chile y Argentina). El propósito es comparar la experiencia de acceso efectivo a partir de las percepciones de las personas migrantes. Para ello se efectúan entrevistas en profundidad a personas venezolanas residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) de Argentina y la Región Metropolitana de Santiago de Chile (RM). Cabe destacar que ambas ciudades concentran la mayor proporción de población venezolana de cada país (INDEC, 2023; INE, 2025).
La selección de participantes combinó dos modalidades: en base a criterio: en este caso que se hubieran atendido al menos en una ocasión en algún sistema de salud del país receptor, ser mayor de edad y cuyo ingreso fuera posterior al año 2015, período reconocido como la “segunda ola migratoria” (Acosta, Blouin, Freier, 2019); y modalidad de bola de nieve o cadena, donde se contacta a nuevos participantes a partir de quienes aceptaron hacerlo (Martínez-Salgado, 2012). El estudio se desarrolló resguardando principios éticos de confidencialidad a través de un consentimiento informado donde los participantes conocieron los propósitos de la investigación y aceptaron voluntariamente compartir sus vivencias. Atendiendo a los recursos disponibles y para asegurar variabilidad entre las experiencias, el estudio determinó un rango de ocho a diez personas por país, de lo cual se obtuvo la aceptación de 16 participantes.
Las entrevistas se desarrollaron en forma virtual y abordaron elementos de caracterización sociodemográfica, migratoria, educativa y laboral, para luego profundizar sobre la trayectoria y experiencia de acceso efectivo a la salud. El siguiente recuadro indica las preguntas orientadoras de este foco:
La estrategia de análisis cualitativo siguió las directrices de este tipo de diseño (Yin, 2018). Considerando la diversidad de experiencias de los participantes, buscamos identificar las ideas de mayor relevancia atendiendo a la densidad de las categorías, esto es, a la presencia que éstas alcanzaron entre los entrevistados. Para ello, la categorización combinó procesos deductivos basados en los ejes de la entrevista, y principalmente inductivos, que hicieran emerger los sentidos y experiencias desde las voces de las personas migrantes.
Para efectuar la comparación entre los casos de Chile y Argentina, el proceso contempló tres momentos: primero un análisis por participante, a partir de las dimensiones predefinidas en el guion de entrevista; luego una comparación que integra todos los entrevistados por país, y luego un análisis comparado entre Chile y Argentina donde buscamos elementos compartidos y diferenciadores. Todo el proceso fue apoyado por matrices orientadas a identificar patrones, similitudes y diferencias entre casos (Gibbs, 2012).
Para ambos casos (Chile y Argentina), el estudio contó con la participación de 8 personas (16 en total), en su mayoría informantes mujeres. En Argentina, se entrevistó a 5 mujeres y 3 hombres y, en Chile, a 6 mujeres y 2 hombres. Respecto a las edades, la muestra cubre adultos y adultos mayores. En Argentina, cinco casos se encuentran entre los 30-32 años, uno de 60 y dos personas de 72 y 74 años. En Chile, la muestra es similar, con tres personas entre los 27-29 años, tres entre los 39 y 45 y dos personas de 65 y 68 años.
En cuanto al período de llegada al país y de regularidad documentaria, las diferencias son mayores entre los dos países. En el caso argentino, la mayoría ingresó entre los años 2015 y 2020 y solamente dos personas ingresan en período post pandemia (2023 y 2024). Todos se encuentran con su situación migratoria regularizada (residencia permanente) y un caso se encontraba con su residencia en trámite. En Chile esta situación se revierte: 3 personas llegaron al país entre los años 2016 y 2020 y 5 lo hicieron post pandemia entre el 2022 y 2024. Un caso cuenta con residencia permanente; otros dos tienen residencia temporaria por reunificación familiar (pareja de jubilados). El resto de los entrevistados (5) está sin documentación: dos personas se encuentran en proceso de regularización y otras tres están en situación irregular, habiendo ingresado por pasos no habilitados por la zona norte del país.
La situación laboral de los participantes también difiere, en parte como consecuencia del nivel educativo que traen de sus países y, en parte, por la situación migratoria con que se los recibe en el país de acogida. En Argentina, seis poseen trabajo en dependencia, mientras que en Chile sólo uno posee un trabajo formal y el resto realiza trabajo informal por no tener situación migratoria regularizada. En ambos casos, hay migrantes que no trabajan por condición de tercera edad.
A la luz de esta caracterización y en términos del enfoque de análisis del estudio, ante la amplia diversidad de experiencias en los casos participantes, buscamos relevar aquellos aspectos más generalizados de sus perspectivas, resguardando su riqueza. Asimismo, estos resultados no buscan representar o generalizar las perspectivas del conjunto de personas migrantes venezolanas en ambos países, ya que, como muestra la literatura, éstas dependen de múltiples variables asociadas a condiciones laborales, ubicación territorial y disponibilidad de establecimientos de salud, tipos de necesidades de salud (crónicas, ambulatorias, más o menos graves), preferencias individuales, redes sociales y familiares, entre otras.
Resultados
Los hallazgos comparados revelan importantes similitudes más allá de las diferencias normativas e institucionales de cada país. Por ello, optamos por presentar los resultados por categoría, integrando las voces migrantes en Argentina y en Chile, y especificando cuando sus interpretaciones coinciden o presentan diferencias. Exponemos primero cuáles fueron las demandas de salud que relataron las y los participantes en el estudio, y que dan sentido y contexto a los otros dos grupos de hallazgos: los factores señalados como obstáculos y aquellos apoyos o facilitadores que reconocen como fundamentales para el acceso efectivo a la salud.
a) Tipos de demanda al sistema de salud de los participantes en Argentina y Chile
En cuanto al tipo de demandas descritas, en ambos países vemos que éstas son variables y heterogéneas, dependiendo principalmente de la edad y del género de los entrevistados. Prevalecen las necesidades de atención de urgencia y el cuidado de algunas enfermedades crónicas asociadas a la mala o falta de atención en el país de origen. También se observa que la demanda de atención preventiva está fuertemente asociada a la variable de género, siendo las mujeres las que más necesidad de salud sexual y reproductiva tienen y por labores de cuidado. Sin embargo, también aparecen demandas de salud vinculadas a la edad y modalidad de la migración venezolana. Por ejemplo, necesidad de asistencia y medicamentos para personas de la tercera edad sin cobertura jubilatoria o requerimientos en salud mental para población más joven o que atravesaron trayectos migratorios de mayor complejidad y riesgo psicosocial.
Aunque esta investigación aborda un grupo acotado de participantes, se observa que el acceso y uso del sistema de salud varía principalmente según el tiempo de permanencia, la situación documentaria y las condiciones laborales, pero no presenta diferencias sustantivas entre Argentina y Chile. Este resultado sugiere que, más allá de las divergencias normativas, operan dinámicas estructurales comunes, propias de los sistemas públicos de salud, que inciden en el acceso efectivo (Cerrutti, 2006; Cabieses, Bernales, McIntyr, 2017; OIM, 2019).
Todos los entrevistados, sin discriminar rol ni origen, expresan su expectativa o preferencia por atenderse en el sistema privado, respecto del público. En su mayoría alude a la experiencia en el país de origen, en donde la salud pública sería de baja calidad, ya sea por la falta de insumos o de profesionales debido a la crisis económica y social que vive el país. No obstante esta aspiración, en la práctica efectiva, las personas migrantes venezolanas recurren al sistema público y gratuito de salud de cada país o bien combinan ambos sistemas según distintas variables: sus años de residencia, su situación económica y laboral y su condición regulatoria en el caso de Chile. Más aún, la mayoría acude al sistema público en su ingreso al país y, a medida que mejora su situación laboral, opta por el sistema privado. En el caso de la Argentina, esta combinación parece ser sincrónica; mientras en Chile, la opción es más bien estratégica, donde el venezolano acude al sistema público en caso de tratamientos costosos y complejos y apela a la privada en la atención ambulatoria.
"antes yo lo hacía todo por la obra social, pero ahora ya no tengo obra social, entonces yo por eso estoy tratando de hacer todo por privado, porque los turnos, se tarda mucho en dar los turnos, pero porque el sistema está colapsado, o sea, un turno para un pediatra me lo dan, si lo pido hoy me lo dan de aquí para uno o dos meses, si voy al ginecólogo también de uno a dos meses y así sucesivamente eso, eso es lo que es incómodo" (M2a_S Argentina)
Un elemento novedoso presente en ambos países es la preferencia que informan los participantes por consultorios o médicos venezolanos. La presencia de diversos profesionales de la salud de origen venezolano en la migración a estos países ha facilitado este escenario. Esta tendencia tiene mayor énfasis en Argentina que en Chile. Las personas prefieren esta atención por distintas razones: una, de carácter económico, por la disponibilidad de turnos y un costo menor respecto de otras consultas privadas; otras razones, de carácter cultural, asociadas a la forma de comunicación y la “empatía” que visualizan diferente en la atención del médico venezolano frente al especialista local. Este factor será descrito con más detalle en los próximos apartados.
"… esa es una clínica de venezolanos, la mayoría doctores venezolanos, y eso me hizo sentir como un poquito más confiada. O sea, como que dije ‘bueno, voy a ir’, e incluso dentro de la consulta, la doctora me preguntó ‘si has tenido mucho estrés últimamente’ y yo le dije, ‘no, es que acabo de llegar’ y me decía ‘con razón’. Entonces fue muy empática conmigo y eso me gustó. Pues porque claro, entiende lo que es esto" (M7a_S, Argentina)
"hay clínicas donde si tú no tienes pasaporte o un Rut de acá de Chile no te ven, simplemente no te ven, así tú tengas tu cédula venezolana, así tú estés pagando, hace como una semana yo fui a un médico, es de venezolanos y fui ahí por oftalmología, entonces me atendió un médico argentino, la clínica es de venezolanos, pero creo que trabajan varios doctores (…) y me atendió ese doctor, pero pagué, porque yo había ido al consultorio y pedí una cita y bueno hace como más de 8 meses para oftalmología y todavía no me habían llamado" (M4c_S, Chile )
A partir de estos diversos escenarios de demanda al sistema sanitario, en lo que sigue analizamos los obstáculos o dificultades percibidos por los migrantes venezolanos para un acceso efectivo y qué apoyos o factores reconocen como facilitadores.
b) Obstáculos para el acceso efectivo a la salud
En ambos países, los principales problemas o barreras se establecen del lado de la oferta, es decir, la disponibilidad del servicio de salud que se requiere, producido por un desajuste entre la alta demanda que recibe el sistema y los escasos recursos disponibles, provoca la ralentización en la atención y en el acceso a turnos médicos. Los entrevistados refieren a demoras prolongadas para la atención de urgencias y ambulatoria que no observan como un problema específico de la población migrante, sino del público en general. No se trataría entonces de dificultades de carácter normativo, sino de acceso efectivo al derecho:
"yo creo que los obstáculos más que todo son los turnos, yo veo que ha mejorado mucho con el sistema nuevo que pusieron en los hospitales, por teléfono nunca había turno. Eso era catastrófico. Era horrible, sólo servía si llamabas a las 3 de la mañana. Ahora, vas a los hospitales, ahí sí consigues, tú tienes que ir a los hospitales, hacer tu cola y ellos te dan tu turno, porque por teléfono no sirve. Haces una cola como de 1 hora a las 6 de la mañana, si quieres conseguir turno porque hay cierta cantidad de turnos y eso se llena, es horrible" (M8a_S Argentina)
"Sí, lo que pasa es que con la niña, antes de ir con la pediatra privada, tuve un percance de que estaba muy chiquita, tendría como 3 meses, se me enfermó con algo respiratorio, entonces, sabes que esas cosas cuando están muy chiquititos es más delicado y me fui a un SAR [Servicio de Atención Primaria de Urgencias] y estuve 6 horas con mi nena en los brazos y no la pasaban sólo porque no estaba grave, entonces ahí en cuestión de desesperación llamé a esta chica y le dije, ‘Mira, recomiéndame qué pediatra puedo llevar a la niña porque no ya no puedo esperar más aquí’" (M5a_S Chile)
El segundo problema u obstáculo del lado de la oferta señalado por varios entrevistados se vincula con los médicos argentinos/chilenos y lo que ellos connotan como una incapacidad de generar una comunicación fluida con los migrantes. La crítica alude a la dificultad o desinterés de generar un vínculo más cercano con la situación y condición de las personas migrantes. En ambos países señalan percibir un trato “distante” o “poco empático” de parte de los profesionales nacionales. Esta barrera en el vínculo médico-paciente explica, a juicio de los entrevistados, la preferencia por pasar del sistema público al privado y atender sus urgencias en los consultorios venezolanos donde se comparten códigos culturales y experiencias de migración.
"Lo que pasa es que uno está acostumbrado con el sistema de medicina en nuestro país es diferente. Ellos (los médicos) hablan más, ellos te explican, ellos se comunican más. Pues claro, tú puedes preguntarle y ellos te contestan, los médicos de aquí ellos no les gustan que les hagan preguntas. Ellos no les gusta que tú hables, porque como que sienten que tú quieres saber más que ellos, que los médicos son ellos" (M8a_S Argentina)
"Uno, en mi caso particular el tema de los papeles, no tenerlos, y dos, la atención es muy mala y muy superficial. Entonces cuando tú vas a atenderte, tenía que saber que iba a estar al menos dos horas ahí, entonces como que te atienden a la ligera (…) hay algunos médicos venezolanos que me atendieron y como que es distinta la atención, te revisan a fondo, en cambio acá te atienden y ya ‘paracetamol para todos’, y no te revisan realmente" (M3c_S Chile)
Otras dos barreras están presentes solo en los participantes de Chile y en menor medida que las anteriores. La primera es la situación migratoria irregular que se identifica como el principal problema para el acceso expedito. Pese a la garantía de acceso a todas las prestaciones en el sistema público independiente de la situación migratoria, existen otros factores que juegan en contra, como la falta de información o el temor que pesa sobre el migrante recién llegado a acercarse a dispositivos estatales por riesgo de expulsión.
"Están muy perdidos, no hay información para ellos, porque yo cuidaba a una niña que llegó con su mamá sola por tierra también indocumentada y pues claro, yo era como su guía, entonces, mira, tienes que ir al CESFAM donde tú estás viviendo, inscríbete, 'no, pero es que no tengo papeles', no importa, con el pasaporte puedes inscribir a la niña, cualquier cosa a (nombre niña) sí o sí la van a atender ahí siempre, 'pero si la partida de nacimiento no está apostillada', no importa, es que ellos llegan muy perdidos y con mucho miedo, muy temerosos a enfrentarse como a la policía, como a los sistemas legales..." (M8c_S, Chile)
La segunda es la discrecionalidad del efector que recibe en ventanilla la solicitud de acceso a salud. En casos en que las personas se encuentran en una situación migratoria irregular, esto tiene consecuencias incluso en la motivación de continuar el proceso administrativo de obtención del registro que da acceso al sistema público de salud (NIP). Sin embargo, los entrevistados coinciden en que la discriminación se da en situaciones poco frecuentes, no es un patrón y se relaciona con las resistencias del personal administrativo más que el de salud.
"Sí, estuve haciéndola por mucho tiempo [el Número Identificador Provisorio, NIP] hace un año más o menos que no la renuevo porque eh las últimas dos veces que fui era como ‘¿Por qué no te has regularizado?’ y yo le presentaba todos los documentos, pero no es por mí, es cuestión país, son políticas, entonces, como que dejé de hacerlo. A mi niña sí la atienden porque ella es chilena, entonces yo dejé de ir, ya tengo más de 1 año que no renuevo (…) lo que yo sentí del asistente social fue como: ‘tanto tiempo y no te has regularizado’, fue un poco incómodo porque no es algo que esté en mis manos de ‘ah, no, no me he regularizado porque no he querido’: no me he regularizado porque no he podido, no he conseguido la forma, no hay la forma, mejor dicho" (M5c_S, Chile)
A partir de estos hallazgos, podemos ver lo que algunos han llamado una “vulnerabilidad sanitaria” (OIM, 2019), en la que se articulan factores estructurales asociados a las normas de cada país, con prácticas de los profesionales de la salud, y con aspectos individuales, tales como la inseguridad y la indefensión de las personas producto de su situación migratoria.
c) Factores de apoyo que facilitan el acceso a la salud
La literatura ha explorado menos los factores que las personas migrantes advierten como apoyos o facilitadores para el acceso efectivo ante una demanda de salud. En cuanto a los facilitadores del lado de la oferta, en ambos países se identifica como aspecto relevante las garantías legales que aseguran el acceso igualitario e irrestricto a la salud como derecho universal garantizado por el Estado, un escenario que ha sido descrito también por organismos internacionales (OIM 2019, Banco Mundial, 2023).
En Argentina, los participantes venezolanos reconocen a la política pública de salud y a la universalidad del derecho como uno y principal facilitador del acceso a la salud pública, sumado a la facilidad de la regularización, independiente de que luego opten por el sistema privado por las razones mencionadas en puntos anteriores.
"lo bueno también es que por ejemplo no importa si eres extranjero o lo que sea te atienden igual que eso está bueno, porque por ejemplo, mi papá vino en el 2019 y él se tenía que hacer unos exámenes e ir en la mañana para sacar los turnos y todo eso, pero lo atendieron porque él ni siquiera tenía ni precaria"(nota de autor: “se refiere a la documentación provisoria, hasta tanto se le entrega el DNU que puede tardar un año) (M2a_S, Argentina)
En el caso de Chile, el principal facilitador que aparece desde el lado de la oferta es el acceso garantizado por el uso del Número de Identificación Provisorio (NIP), que es un procedimiento administrativo diseñado por el Estado de Chile que le permite al migrante obtener una documentación identificadora para acceder a la atención pública de salud.
"De verdad me atendieron muy bien, la persona que me registró, pues digámoslo así, la asistente social se sentó conmigo a hacer una entrevista prácticamente, a preguntarme mis datos de mi país, la cuestión todo para poder darme el Rut provisorio (el NIP), que es un Rut que te dan, se vence cada tres meses, algo así, hay que estarlo renovando, o sea, para para poder estar ahí en atención de salud" (M5c_S, chile)
Un segundo elemento facilitador compartido por los entrevistados en Argentina y Chile se asocia a la colectividad venezolana y lo que visualizan como características propias que contrastan con otros grupos migrantes. Todos aluden a un capital social (redes, organizaciones, apoyo familiar) de la colectividad venezolana que facilita el acceso a la información sobre el funcionamiento del sistema de salud del país de acogida, cómo ingresar al sistema público y a las prestaciones de salud en general. Las redes de amistades —connacionales que comparten un espacio público, como la iglesia u organizaciones migrantes— les permiten “pasarse datos” y recomendaciones:
"yo siento que hay como una solidaridad entre los venezolanos por la misma circunstancia en la que todos migramos, que es como que no queríamos, pero lo tuvimos que hacer, y siento que eso le brinda otro nivel de solidaridad dentro de la comunidad que uno se siente como más confiado. Porque siento que entienden pues, es como son personas que entienden el proceso migratorio, entienden la inestabilidad económica de los primeros meses…" (M7a_S Argentina)
"Ah, porque es que el venezolano es más comunicativo y por ejemplo, el venezolano conoce otro venezolano así sea en la micro [transporte público] y este se pone a conversar de que ‘yo no he sacado tal documento’, entonces el otro le comenta: ‘pues ya yo viví esa experiencia, puedes ir a tal parte, mira, llama, haz esto, haz así’, porque el venezolano es más comunicativo en ese sentido pues" (M7c_S Chile)
En suma, la comparación entre países nos permite visibilizar que, pese a existir diferencias, las personas migrantes visualizan los marcos regulatorios como apoyos o facilitadores para acceder al sistema sanitario. Sin embargo, a pesar de las particularidades de cada país y entre los participantes, emerge con fuerza como categoría la dimensión social y cultural como un factor facilitador para que la comunidad venezolana aborde sus necesidades de salud tanto en Chile como en Argentina.
Discusión y conclusiones
El acceso a la salud constituye un derecho humano de las personas migrantes, independientemente de su situación documentaria (Cabieses, Bernales, McIntyr, 2017). En el escenario de la migración venezolana -caracterizada por una magnitud inédita en América Latina y por la diversidad social, cultural y demográfica de sus distintas olas migratorias- resulta especialmente relevante analizar cómo se materializa el acceso efectivo a los servicios de salud en los países de acogida desde la perspectiva de los usuarios. Chile y Argentina son países receptores cuyas políticas y marcos normativos en materia de salud se sustentan en compromisos internacionales que garantizan la atención sin discriminación. No obstante, la evidencia reciente muestra la persistencia de una brecha entre el reconocimiento formal del derecho y su ejercicio efectivo. En este contexto, aún son escasos los estudios que recuperan la experiencia subjetiva de las familias migrantes y que, además, incorporan una perspectiva comparada entre países vecinos con trayectorias institucionales distintas.
Aunque se trata de un grupo acotado de participantes, el estudio entrega indicios sobre nuevas demandas en materia sanitaria vinculadas a la salud mental, al desgaste físico producto de trayectorias migratorias prolongadas y a condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Estas dimensiones complejizan la imagen estadística del migrante como “paciente sano” y ponen de relieve las particularidades etarias y contextuales del éxodo venezolano. Asimismo, resulta significativo el desinterés expresado hacia la salud pública y la preferencia por el sistema privado -y, especialmente, por profesionales venezolanos-, lo que introduce una dimensión cultural y relacional en la comprensión del acceso.
En relación con las barreras, los migrantes identifican tres obstáculos principales. El primero es la demora en la obtención de turnos y la sobrecarga del sistema público. No se trata de una exclusión normativa, sino de una limitación estructural que genera una brecha entre derecho formal y acceso efectivo. Esta problemática, previamente documentada en ambos países, afecta tanto a migrantes como a población nacional, y se intensifica en contextos territoriales con menor disponibilidad de recursos.
La segunda barrera refiere a situaciones de “discriminación de ventanilla”, entendida como la discrecionalidad ejercida por funcionarios administrativos o profesionales al momento de gestionar el acceso. Esta dinámica ha sido ampliamente estudiada en el caso argentino, asociada a procesos de politización de la escasez y a la construcción social de estigmatizaciones hacia la población racializada (Jelin, 2006; Grimson, 2003; Linardelli, 2021). Otros estudios señalan que estos significados y prácticas en la atención sanitaria de los migrantes pueden actuar como barreras o facilitadores del sistema sanitario (Cruz-Riveros et al., 2022). En los hallazgos aquí presentados, este tipo de barrera aparece en algunas situaciones del caso chileno y vinculado a situaciones de irregularidad documentaria, particularmente en lo que hace al proceso de registro en el FONASA para obtener el NIP. Además de expresarse en discursos culturalmente estigmatizantes, este obstáculo adopta la forma de obstáculos administrativo-burocrático que desalienta la continuidad del trámite y genera en el migrante la sensación de inseguridad y potencial amenaza a la deportación.
La tercera barrera se vincula con la dificultad de “navegar” sistemas de salud segmentados y burocráticamente complejos. Los migrantes recién llegados enfrentan problemas de comprensión del funcionamiento institucional, desconocimiento de derechos y falta de información clara sobre procedimientos. Aunque esta dificultad no es exclusiva de la población venezolana, el estudio muestra que dicha colectividad dispone de recursos específicos que mitigan parcialmente esta barrera.
En efecto, uno de los principales aportes del trabajo radica en visibilizar los facilitadores del acceso desde la percepción de los propios usuarios, dimensión menos explorada en la literatura. El capital social de la comunidad venezolana -redes familiares, profesionales y organizativas- cumple un rol central en la circulación de información, el acompañamiento en trámites y el sostenimiento económico de tratamientos. Este rasgo ha sido ampliamente destacado en estudios sobre la integración social, laboral y política de la diáspora venezolana. La mayoría de estos trabajos se apoyan en los aportes de Pierre Bourdieu (1986) y Douglas S. Massey et al. (1993) para subrayar, en primer lugar, el papel central del capital social en los procesos de integración, así como su carácter acumulativo a lo largo de toda la trayectoria migratoria -origen, tránsito y destino- (Montoya Carrizosa, 2019). En segundo lugar, se destaca que, en el caso venezolano, además de las redes familiares y comunitarias, adquieren especial relevancia las redes sociales digitales, como WhatsApp, que operan como canales de circulación de información en tiempo real, espacios de coordinación migratoria (Botto, Nicolao, 2023) y vías de acceso a oportunidades laborales (Linares, 2021). Finalmente, la evidencia muestra que este capital no solo facilita la llegada, sino que también estructura trayectorias diferenciadas de integración en los países de destino (Pacecca, Liguori, 2019; Pedone, Mallimaci, 2019). En esta línea, nuestro trabajo aporta además evidencia sobre el papel clave de los profesionales y del personal de la salud en la contención emocional y en la construcción de sentidos de pertenencia.
Los resultados permiten afirmar que tanto Argentina como Chile han avanzado en la garantía formal del derecho a la salud, incluso más allá de la condición migratoria. Sin embargo, persisten obstáculos estructurales, administrativos y relacionales que afectan el acceso efectivo. La tensión entre un enfoque universalista y la insuficiencia de recursos materiales emerge como un nudo crítico del debate contemporáneo. En este sentido, la preferencia de muchos migrantes venezolanos por el sector privado -motivada por percepciones de calidad, rapidez y empatía- introduce un contrapunto relevante frente a modelos estatales de salud de carácter universal.
Entre los principales aportes del estudio se destacan tres líneas para futuras investigaciones y políticas públicas. En primer lugar, la necesidad de atender factores de riesgo emergentes -especialmente en salud mental- asociados a trayectorias migratorias prolongadas. En segundo lugar, la importancia de considerar cómo el estatus migratorio y la inserción laboral reconfiguran dinámicamente las necesidades y patrones de uso del sistema. En tercer lugar, la urgencia de abordar la brecha entre reconocimiento normativo y capacidad institucional efectiva, particularmente en contextos de alta demanda.
En definitiva, recuperar la percepción de los propios usuarios migrantes permite comprender con mayor profundidad los desafíos que enfrentan los sistemas de salud, especialmente en América Latina, y bajo escenarios sociales y políticos donde se han relativizado consensos fundamentales sobre los derechos fundamentales. Asimismo, contribuye a un debate informado sobre políticas públicas inclusivas, sostenibles y con reconocimiento y garantía de cumplimiento del derecho al acceso efectivo a la salud de todas las personas que migran.
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El artículo se enmarca en el proyecto PUE 2020 “Movilidades regionales contemporáneas. Políticas públicas y acceso a derechos de ciudadanía. Un estudio comparado sobre la diáspora venezolana en Chile y argentina” (2015- hoy) que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de América Latina (IICSAL, FLACSO.CONICET) com financiamiento del consejo Nacional de investigaciones de ciencias y tecnología de la Argentina (CONICET) En Chile, el proyecto contó además con el apoyo logístico del Servicio Jesuita Migrante (SJM). El proyecto incluyó también entrevistas a efectores y profesionales ministeriales.
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Editores de sección
Roberto Marinuccihttps://orcid.org/0000-0002-2042-2628Barbara Marciano Marqueshttps://orcid.org/0000-0003-0835-2441
