“Cosas de hombres”. Persecución y castigo a las desobedientes en dictadura

de Giorgi, Ana Laura; Sapriza, Graciela

doi:10.1590/1806-9584-2026v34n1109373

Resumen:

Aunque en el Uruguay de fines de los sesenta no existieran organizaciones feministas, toda subversión de las normas de género fue entendida como una amenaza por el proyecto patriarcal de la dictadura. La violencia física y psicológica ejercida hacia las mujeres presas políticas fue acompañada por un discurso social dirigido a todas las jóvenes y mujeres, alertándolas sobre su responsabilidad como buenas mujeres al servicio de la patria. Un discurso que señalaba que quienes renunciaban al buen comportamiento no hacían otra cosa que engendrar la discordia. Este artículo analiza las marcas patriarcales de la dictadura adentro y afuera de la cárcel a partir de testimonios y archivos de prensa desde una perspectiva que busca abordar el terrorismo de Estado en una clave feminista, perspectiva escasamente desarrollada en la producción historiográfica aún la más actual- sobre el pasado reciente.

Palabras clave:
dictadura patriarcal; disciplinamientos de género; reacción conservadora; antifeminismo

Resumo:

Embora não existissem organizações feministas no Uruguai do final dos anos sessenta, toda subversão às normas de gênero foi entendida como uma ameaça pelo projeto patriarcal da ditadura. A violência física e psicológica exercida contra as mulheres foi acompanhada de um discurso que atribuía às jovens desobedientes a responsabilidade pela violência e pelo desentendimento social. Um discurso que apontava que aquelas que renunciavam ao bom comportamento não faziam outra coisa senão gerar discórdia. Este artigo analisa as marcas patriarcais da ditadura a partir de testemunhos e de arquivos de imprensa, sob uma perspectiva que busca abordar o terrorismo de Estado de uma forma feminista, uma perspectiva pouco desenvolvida na produção historiográfica, mesmo na mais atual, sobre o passado recente.

Palavras-chave:
ditadura patriarcal; disciplinamento de gênero; reação conservadora; antifeminismo

Abstract:

Although there were no feminist organizations in Uruguay in the late 1960s, any subversion of gender norms was understood as a threat by the patriarchal project of the dictatorship. The physical and psychological violence exerted against women was accompanied by a discourse that placed the responsibility for violence and social misunderstanding on those young, disobedient women. This discourse indicated that those who renounced good behavior were merely causing discord. This article analyzes the patriarchal marks of the dictatorship drawing on testimonies and press archives from a perspective that seeks to address state terrorism through a feminist lens-an approach that remains scarcely developed in historiographical work, even the most recent, on the recent past.

Keywords:
Patriarchal dictatorship; Gender discipline; Conservative reaction; Antifeminism

Nuevas miradas a las lecturas del pasado reciente

En Uruguay la construcción del Estado moderno se dio acompañada de un fuerte impulso liberal y secularizador. A inicios del siglo XX se concretó la separación de la iglesia y el Estado y se consolidó un pionero Estado de Bienestar que buscó plasmar la igualdad entre varones y mujeres. Se creó la Universidad de Mujeres en 1912 y un año después, se aprobó la Ley de divorcio por sola voluntad de la mujer y el sufragio femenino se logró en 1932, cuando las mujeres votaron por primera vez en 1938.

Dicen que los pueblos felices no tienen historia y ese parece ser el signo del Uruguay de los años cincuenta. En aquellos años se disfrutó de gran estabilidad política y prosperidad económica gracias a los beneficios que nos regalaron los conflictos bélicos de los países centrales, bonanza que se prolongó hasta bien entrada la década del 50, tiempos de “felicidad social”, donde se acuñó la idea de “como el Uruguay no hay” a partir de la victoria en el campeonato mundial de fútbol. Sin embargo, aquel modelo comenzó a resquebrajarse en los sesenta. El país de cercanías se agotó y la desigualdad social fue objeto de denuncias constantes.

Durante los sesenta proliferaron organizaciones políticas y grupos que buscaban, desde múltiples formas, transformar la sociedad. Mientras tanto, el autoritarismo del gobierno ahogaba protestas y profundizaba la violencia institucional primero dentro de los mecanismos del Estado y luego fuera de ellos. El país vivió casi ininterrumpidamente bajo medidas prontas de seguridad durante 1968 y 1971, y Uruguay no escapó al ciclo de dictaduras del Cono Sur.

Durante los doce años de gobierno militar, toda la población del Uruguay vivió bajo el Estado de terror. Entre 1972 y 1984 aproximadamente 60.000 uruguayos fueron detenidos, secuestrados, torturados y "procesados" por la justicia militar. Alrededor de 6.000 personas fueron hechas prisioneras políticos -un número asombroso en un país con una población de apenas 3 millones de habitantes-, y 197 ciudadanos uruguayos desaparecieron.

El conjunto de investigaciones que han abordado las dictaduras del Cono Sur es muy vasto y ha aportado enormes conocimientos para comprender un fenómeno tan complejo. Sin embargo, el rezago en términos de abordajes desde una perspectiva de género resulta evidente, fundamentalmente en lo que respecta a la comprensión de cómo las dictaduras intervinieron en el orden de género. Las investigaciones antecedentes, realizadas por investigadoras mujeres, iniciaron estas indagaciones con la sospecha o casi certeza de que una historia desde las mujeres podría aportar versiones diferentes de la dictadura (Graciela Sapriza, 2003). Los estudios que analizaron la peripecia carcelaria de las mujeres y el relato sobre ella mostraron una experiencia distinta y el evidente despliegue de una política represiva de género.

Una parte importante de las indagaciones sobre el trabajo de memoria (Elizabeth Jelin, 2002) con relación a los aspectos más traumáticos del pasado reciente por parte de las mujeres se destinó a analizar las dificultades para rememorar y contar públicamente algunos hechos, justamente aquellos marcados por el orden de género, como la violencia sexual. Entre el repertorio de múltiples métodos de torturas, la violencia sexual ocupó un lugar privilegiado (Mariana Risso; Soledad González, 2012) con la complejidad que conlleva las dificultades de su denuncia pública (Carla Larrobla, 2012).

Como señala Rafael Sanseviero (2012), la agresión sexual que sufrieron las mujeres no tuvo el mismo efecto respecto a aquella que sufrieron los varones. Mientras a unas se las reubicaba en su género, en un lugar del que nunca deberían haber salido, en el caso de los hombres, se les despojaba de su condición masculina. La administración del silencio resultó evidente, justamente en aquellos temas donde la intimidad había sido avasallada (Elizabeth Jelin, 2010).

Los estudios en el campo de la memoria pusieron en evidencia otra relación con el pasado, no la del relato heroico de la resistencia, de los grandes hechos, sino la de la resistencia colectiva, de los afectos, lo íntimo y lo personal (Sapriza, 2009; Alejandra Oberti, 2010). Estos estudios también mostraron una reivindicación de la resistencia desde la cárcel en clave femenina y al mismo tiempo una memoria centrada mucho más en la experiencia carcelaria que en las desobediencias y militancias anteriores (De Giorgi, 2015).

Los estudios de memoria también mostraron que la tarea de inscribirse como mujeres sujetas de la historia no fue sencilla. El modo de contar una experiencia diferencial fue a través de los sufrimientos de las madres presas políticas, sobre las cuales se ejerció una específica violencia física y psicológica. Como señala Larrobla (2012), una forma de inscribir la diferencia de género que reproduce un modelo de discurso patriarcal. Las violencias contra las madres presas permitieron así dar cuenta de una diferencia ineludible.

El análisis de la experiencia de la maternidad en prisión política permitió dar cuenta del lugar simbólico de la madre que fungió, muchas veces, como protección y como amenaza. Las presas madres invocaban tal condición para requerir condiciones diferentes en el trato carcelario que permitiera al menos cumplir las funciones básicas del maternaje como el amamantamiento (Sapriza, 2019; De Giorgi, 2015) y los carceleros hacían de la maternidad un específico lugar tanto de tortura como de limitación. Una parte importante de estos estudios se dedicó entonces a visibilizar la experiencia de las mujeres presas políticas y la peripecia sufrida al mismo tiempo que fueron develando la violencia de género desplegada por el régimen.

Otras investigadoras analizaron otros aspectos de la dictadura, no únicamente los mecanismos de violencia del terrorismo de Estado, sino también el discurso social de las dictaduras. Los estudios y reflexiones de Judith Filc (1997) y Jelin (2010) para el caso argentino muestran cómo las dictaduras buscaron reinstaurar y reivindicar un modelo de familia tradicional y apelaron a la institución familiar como núcleo básico de la sociedad. La reflexión sobre este discurso familista y la reivindicación de un modelo de mujer madre-esposa por parte de las dictaduras tornaron evidente que los regímenes, mientras enaltecían la figura de la mujer y la maternidad, castigaban a mujeres y madres que se consideraban fuera de la norma (Débora D´Antonio, 2017).

Una nueva línea de reflexión desde los estudios feministas comenzó a analizar el carácter reaccionario en términos de género de los proyectos de las dictaduras a partir tanto de los testimonios de las expresas políticas como del discurso oficial de la época. Los testimonios permitieron realizar un análisis que se focalizó en el castigo específicamente de género que habían recibido las mujeres por alejarse del horizonte doméstico (De Giorgi, 2021). Esta reflexión fue posible, además, porque los propios testimonios de las expresas políticas se fueron transformando en un contexto de concienciación feminista que permitió visibilizar y conceptualizar el doble castigo (Mariana Achugar et al., 2021).

Este artículo se inscribe en una línea de reflexión que tiene por objetivo principal analizar cómo la dictadura uruguaya, especialmente en sus años más extremos, 1975-1980, dedicó especial energía a desplegar un discurso orientado a enaltecer un modelo de mujer y a castigar a quienes se desviaron de él. El objetivo no es, por tanto, analizar una experiencia distinta, la de las mujeres, sino develar un régimen autoritario atravesado por la preocupación por preservar un orden de género que se entendía amenazado.

Esto implica repensar el proyecto de la dictadura como un proyecto de reacción conservadora y de reconfiguración patriarcal (De Giorgi, 2021), cuya expresión fue distinta según las personas sobre las que se ejercía y los mecanismos que utilizaba. En un país con una tradición democrática e igualitaria muy alta en comparación con la región, resulta imprescindible comprender cuáles fueron las características de esa reacción conservadora.

Los análisis de las experiencias autoritarias en la región buscaron comprender este fenómeno. Los primeros debates centraron en si los regímenes consistían en una nueva versión de los fascismos europeos a partir de considerar su base social de apoyo (Theotonio dos Santos, 1972; Hélgio TRINDADE, 1983). La lectura de Guillermo O’Donnell (1977) abandonó el concepto de fascismo y creó el de Estado burocrático autoritario para dar cuenta de la utilización de una burocracia estatal por parte de las élites, civiles y militares. La designación de cívico-militar fue particularmente importante para Uruguay, donde el propio presidente protagonizó el golpe de Estado. En estas lecturas el conflicto de clase fue un modo de mirar el avance autoritario y, como señalan Aldo Marchesi et al. (2004), cuestionaron la asociación desarrollo económico y democracia.

Más tarde, el concepto terrorismo de Estado, puesto en circulación primero por los organismos de derechos humanos (Gabriela Águila et al., 2016), permitió dar cuenta del carácter extremadamente represivo de las dictaduras del Cono Sur.¹ El concepto de terrorismo de Estado, presentado y analizado por el jurista Eduardo Luis Duhalde en 1983, fungió para dar cuenta de una política orientada a aterrorizar a toda la población, no sólo a los presos políticos a través tanto de medios legales como clandestinos.

En los análisis que se detuvieron en comprender qué tipo de regímenes autoritarios fueron las dictaduras, estuvo ausente la caracterización del régimen como una apuesta de restauración del orden de género. Joana Pedro (2010) caracterizó a las dictaduras como antifeministas, no por perseguir a organizaciones feministas constituidas o desplegar un discurso que ubicaba a las feministas como responsables del orden moral, sino que por señalar la responsabilidad de las mujeres militantes en el desorden moral social que las dictaduras decían reordenar.

Así, estas investigaciones vienen nutriendo una línea de investigación que busca explorar cómo, aunque las dictaduras no identificaron a los feminismos como los responsables del caos como sucede hoy (Ana Laura de Giorgi; Constanza Moreira, 2023), sí identificaron muy claramente a las mujeres desobedientes como responsables de la discordia y actuaron en consecuencia. Por ello, recuperando la idea de las dictaduras como antifeministas, optamos por denominarlas como dictaduras patriarcales, haciendo énfasis en su apuesta por restaurar el orden de género.

Una revolución aún sin nombre

La etapa política que antecede a las dictaduras, los sesenta latinoamericanos, han sido abordados fundamentalmente a partir del concepto y mirada de la revolución política, es decir, focalizando la atención en la multiplicidad y diversidad de organizaciones políticas y nuevas militancias que surgieron en aquel momento abocadas a construir otro orden político. Sin dudas, una de las líneas de reflexión sobre los sesenta y sus transformaciones socioculturales que trascienden la preocupación sobre las estructuras organizativas se relaciona con los cambios a nivel de las nuevas militancias juveniles y la construcción de una cultura juvenil, en donde cristalizó otra forma de impugnar el statu quo, una propia versión del 68 latinoamericano.

En Uruguay, “en el otoño de 1968, […], los alumnos de secundaria irrumpieron con sus protestas en la escena pública montevideana. Dieron así comienzo a las grandes movilizaciones de ese año, entre las más prolongadas e intensas de América Latina, equiparables solo a las de las principales ciudades de México y Brasil” (Markarian, 2012, p. 37).

En esa época, joven y militante se convirtieron en sinónimos. Las historiadoras Ruiz y Paris, citando a Carlos Real de Azúa, sostienen que los jóvenes que participaron en estos movimientos trajeron al escenario uruguayo los contenidos de una “contra sociedad militante” que expresaba "una profunda, corriente contracultural: un conjunto de nuevos patrones de conducta, creencias y representaciones del mundo. La entrega a la causa y el horizonte de una muerte heroica fueron la expresión de una “mística militante” que impregnó a los jóvenes de la época, insertos en propuestas políticas que hablaban de la revolución «aquí y ahora»” (Esther Ruiz; Juana Paris, 1998, p. 275) Sus exponentes prácticos propusieron formas distintas de relaciones de pareja, vestimenta, música y nuevos roles de la mujer. (Ruiz; Paris, 1998, p. 268)

A fines de los sesenta e inicios de los setenta, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1971), el país vivió un período represivo y de avance autoritario bajo el régimen de medidas prontas de seguridad. Esos años previos al golpe de Estado fueron de movilizaciones permanentes -particularmente de jóvenes- que se vivían con mucha intensidad. Discusiones en asambleas, ocupaciones de locales, acompañamiento de conflictos obreros. “Los grandes acontecimientos pasaban por las asambleas estudiantiles”. “Se aprendía a participar en política en las esquinas”, señalan algunos testimonios. (Sapriza, 2021, p. 243)

Líber Arce fue el primer estudiante asesinado durante una manifestación estudiantil, el 14 de agosto de 1968. En setiembre de ese año, fueron asesinados Hugo de los Santos y Susana Pintos en otra manifestación. Las multitudes que acompañaron los entierros de esos jóvenes expresaron también la asunción y la congoja ante el fin de un país y de su tradición de convivencia pacífica. Como parte de esa nueva cultura juvenil y nuevas militancias, las jóvenes de la época vivieron una experiencia singular, aunque de este proceso no hay muchas investigaciones. Sin embargo, algunas autoras han señalado cómo la revuelta juvenil-estudiantil también fue una revuelta en términos de género, es decir, que, en el marco de las nuevas militancias, las jóvenes se sublevaron contra antiguos mandatos del sistema patriarcal.

Las mujeres participaron activamente en las movilizaciones estudiantiles, reflejo del incremento de la matrícula femenina en la enseñanza media y superior en todo el Cono Sur. ² Estas jóvenes protagonizaron una revolución cultural: ingresaron a los movimientos de izquierda, militaron en partidos políticos que pronto fueron ilegalizados en el marco de las medidas de excepción; algunas ingresaron a la guerrilla.³

En la década del 70´ el escritor Osvaldo Bayer preguntó a Rodolfo Walsh⁴ su opinión sobre la participación de las mujeres en la guerrilla, a lo que este respondió: “… la mujer todavía está haciendo la revolución dentro de la revolución, exigiendo, sin empujar, un papel protagónico en la primera línea" (Marta Diana, 1996, p. 386)

La posibilidad de acceder a la píldora anticonceptiva marcó la separación entre sexualidad y reproducción, aunque sobre la revolución sexual en sí misma, es decir, la liberación de ciertas prácticas y costumbres, no hay acuerdo sobre cuánto se avanzó. Como ha señalado Isabela Cosse (2010) para Argentina, se trató de una revolución sexual discreta, aquella que, en una temporalidad más amplia, tendía a la emancipación de los cuerpos femeninos (Andrea Giunta, 2018).

El contexto indica asimismo los límites de esos procesos; la revolución no pasó por cuestionamientos más radicales en la transformación de las y los sujetos. La pareja heterosexual militante se convirtió en un emblema, una pareja heterosexual que al mismo tiempo se presentaba como distinta. En palabras del poeta Mario Benedetti, junto a la “compañera” se construía el futuro “en la calle codo a codo”. Este proceso fue el resultado de las nuevas formas de sociabilidad, que surgieron alejadas del mundo adulto, más que de una apuesta expresa orientada a la liberación sexual y a su posterior reflexión o politización (Markarian, 2012). No hubo entonces una politización de lo íntimo ni de lo personal, pero sí nuevas experiencias inspiradas en nuevos modelos, entre ellos el de la “pareja militante”, unida por el amor y un proyecto político, una apuesta retomada por el feminismo años después.

En el mismo sentido apunta Andrea Andújar (2009) para Argentina, “Guerrilleras, feministas, sindicalistas, rockeras; microscópicas minifaldas o largas túnicas multicolores, armas en la cartera o micrófono en mano, pastillas anticonceptivas escondidas en lugares recónditos del cajón más inexpugnable de la casa, daban cuenta de mujeres con horizontes diversos y experiencias que, no sin contradicciones, iban constituyendo otras formas de ser y de relacionarse” (p. 150). Un conjunto de investigaciones (Isabella Cosse, 2010; Andújar et al., 2009; Karina Felitti, 2012; Oberti, 2015) permite comprender las transformaciones de los mandatos de género, arrojando luz sobre los efectos de una revolución cultural y sexual general que trascendía a las experiencias militantes.

Como señala de Oliveira Rovai (2020), conscientes o no, esta generación de mujeres se anticipó al movimiento feminista de los 70. En Uruguay, la ausencia de organizaciones feministas en los setenta, así como del debate sobre la política sexual en las organizaciones de izquierda, ha conducido a pensar que las transgresiones al orden de género no existieron o fueron exageradas (Markarian, 2012). Sin embargo, “las mujeres jóvenes estaban apostando a un cambio, primero en la práctica, poniendo el cuerpo, aún sin poder ordenar tanto disgusto y desasosiego” (Sapriza, 2021, p. 244).

Ana Laura de Giorgi (2018) reafirma la idea del potencial emancipatorio de ese período: “Los años sesenta y setenta fueron un momento de emancipación para cierto perfil de jóvenes mujeres”. En aquella época fue impugnado el modelo de la domesticidad, de la mujer sólo como ama de casa. En contraposición, surgía la imagen de la “mujer moderna”, “independiente”, “rebelde” y “emancipada”. Una generación de mujeres militantes vio la posibilidad de emanciparse de su futuro predestinado como “señora de”, se distanciaron de sus tradiciones familiares y aprendieron, como dicen ellas, a “tener ideas propias” y así comenzaron a contestar el modelo “Susanita” de mujer doméstica y a ampliar un imaginario (De Giorgi, 2020).

Cuando se observa el campo cultural, las expresiones de desobediencia al orden de género por parte de las mujeres se tornan evidentes, aunque no son tan conocidas las producciones contemporáneas de mujeres artistas que documentaron la rebelión de lxs jóvenes y extendieron esa denuncia a su propia condición subordinada por ser mujeres.

Numerosas mujeres artistas construyeron subjetividades disidentes, proponiendo representaciones y modos de vida alternativos frente a los modelos tradicionales.

A los efectos de este texto, merece un destaque especial la intervención artística de Leonilda González, ⁵ quien, en 1968, comenzó a crear su serie: Novias revolucionarias. Siguiendo a Andrea Giunta, estas novias enojadas, sombrías, crucificadas, “simbolizaban una contestación sobre su propia condición, cuestionando de este modo a la institución misma del matrimonio como modelo de domesticidad establecido (…) así como al orden familiar heteropatriarcal”. (Giunta, 2018, p. 97)

Los aires de liberación en Latinoamérica se verían tronchados por sangrientas dictaduras y por una ola reaccionaria, tanto en lo social como en lo ideológico. (Fernanda Gil Lozano, 2006). Con la perspicacia que da el conocer el final de la historia, hoy podríamos calificar de presagios las diferentes circunstancias represivas y amenazantes que experimentaron las y los activistas de izquierda, de cualquier opción revolucionaria de la época.

Gabriel Buchelli (2024) sostiene que la fuerte reacción conservadora que vivió el Uruguay en los años previos al golpe de Estado de 1973 no solo provino de la gestión gubernamental, sino también de la escena social. Componentes de la sociedad civil se organizaron para enfrentar a quienes consideraban los “portadores del caos, en tanto destructores de los valores esenciales de la patria”. Emergieron “con energía inusual [en] un nuevo movimiento de derechas que tomó forma como Juventud Uruguaya de Pie” (JUP) (Buchelli, 2024, p.190 ). Este movimiento venía a disputar su lugar en el espacio juvenil, radicando sus acciones en el ambiente estudiantil de la enseñanza media.

La JUP quedó marcada en el imaginario colectivo como una organización consagrada a combatir con violencia la movilización izquierdista, protagonizando numerosos atentados derechistas que quedaron encubiertos en el anonimato con la complicidad de la policía. Así, a la represión directa proveniente del Estado se sumaron las acciones de organizaciones paraestatales que sembraron el miedo con sus atentados violentos, incluyendo el uso de armas.

En el relato-poema “Los Trapecistas” de Indicios Pánicos, publicado por Cristina Peri Rossi en 1970, la autora alcanzó a percibir (intuitivamente) lo que la violencia estatal y paraestatal presagiaba para el futuro más cercano: secuestros, desapariciones, torturas, prisiones, una sociedad cautiva del terrorismo de Estado. También fueron parte de esos indicios pánicos la casa y el cuerpo de las mujeres avasallados:

“…nuestra casa aturdida y levantada/nuestra casa revuelta y revisada/niña desvestida/ nuestra casa morosamente registrada/se vino abajo/cayó/como una impresionante catástrofe de niños/…/como el sexo arañado de una niña desflorada/como una vagina arada/Nuestra casa hollada”.

Los golpes de estado se sucedieron en la región en forma escalonada y dramática. El primero, en 1964, produjo el derrocamiento del presidente João Goulart en Brasil. En Uruguay, se instauró una dictadura civil-militar el 27 de junio de 1973. El 11 de setiembre de 1973, el alzamiento militar en Chile y la muerte del presidente Allende inauguran una cruenta y prolongada dictadura. El golpe del 24 de marzo de 1976 en Argentina cierra el ciclo de intervenciones militares, estableciendo un estado de terror y exterminio desconocido hasta entonces en la historia del país y de la región. Los tres países se sumergieron en un clima de miedo y desconfianza que devastó las bases de la convivencia de amplios sectores sociales, con efectos que aún perduran tras décadas de gobiernos democráticos.

Aún hoy, el terrorismo de Estado se analiza desde una perspectiva androcéntrica anclada en grandes eventos políticos y en figuras protagónicas masculinas. La operación de negación de la agencia de las mujeres perdura más allá del período dictatorial a través del borramiento de sus huellas en los relatos de la dictadura y en las narraciones oficiales sistematizadas en democracia⁶ (Sapriza, 2008). No se trata sólo de la experiencia de las mujeres, de ellas, sino de cómo un proyecto de carácter patriarcal afectó a toda la sociedad, y esto se torna evidente cuando se decanta a través de las prácticas hacia las mujeres. El terrorismo de Estado se ejerció en el marco de relaciones de género. Los estereotipos masculinos y femeninos también fueron sustentos de la “doctrina” de los represores, reforzados por los discursos de la dictadura.

Malas y buenas mujeres

A partir del golpe de estado del 27 de junio de 1973, el autoritarismo alcanzó su mayor expresión, todas las garantías institucionales fueron suspendidas, Uruguay ingresó en una dictadura civil-militar caracterizada por la prisionización de opositores considerados enemigos “subversivos”. En un país de cercanías que apenas alcanzaba los tres millones de habitantes, el fenómeno de la prisión política no podía ser ajeno a nadie. Las cárceles -tanto las de varones como las de mujeres- y su antesala, el secuestro y la tortura en los cuarteles de todo el país, constituyeron “panópticos” de vigilancia y control de la población. La totalidad de los ciudadanos fue clasificada en categorías A, B, C, de acuerdo con su “peligrosidad” política.

La cárcel de mujeres implicó su concentración de cientos de mujeres prisionizadas. Su evidente presencia fue imposible de ocultar, a pesar de los mecanismos de invisibilización de aquellas mujeres presas y, por tanto, desobedientes. La ropa interior femenina no podía ser tendida en el exterior de la cárcel bajo ningún concepto, dado que era la prueba evidente de una femineidad fuera de lugar (TALLER VIVENCIAS DE EXPRESAS POLÍTICAS, 2002).

Luego del pasaje por los cuarteles en donde las sometieron a todo tipo de torturas, ⁷ las mujeres fueron trasladadas en su mayoría al Establecimiento Militar de reclusión No. 2- EMR2 (Punta de Rieles) que reunió a todas las presas del país a partir de 1977, también las que habían estados en la cárcel de Paso de los Toros. Allí se procesó otro tipo de peripecia. Custodiadas diariamente por celadoras mujeres (aunque con el control estricto de los oficiales de D2,⁸ los mismos que las habían torturado en los cuarteles), se generaron condiciones distintas que permitieron construir resistencias a partir de esa experiencia, única de entre mujeres que ha sido abordada en sendos estudios (De Giorgi; Sapriza, 2008).

El edificio, un antiguo convento de la orden jesuita, fue comprado por el Estado en 1968. Funcionó como cárcel militar para mujeres durante doce años, desde enero de 1973 a marzo de 1985. En ese período se construyeron calabozos de castigo anexos al edificio central, cordones de seguridad con alambradas y torres de vigilancia además de barracas para detenidas y otras para alojar a la tropa femenina y masculina, que contaba con 300 efectivos. Las dimensiones de las celdas del edificio central, tenían aproximadamente tres por cinco metros, ocupados hasta por ocho cuchetas, donde vivían entre 10 o 12 presas durante 22 horas diarias. Aunque las dos celdas del primer piso eran más grandes -seis por seis metros-, registraron un mayor hacinamiento, llegando a alojar entre 18 y 22 prisioneras en cada una. Un sector particular fue el de la antigua capilla del convento, también utilizada como lugar de reclusión, en la que se tapiaron las ventanas, impidiendo la circulación del aire.

La capacidad máxima del penal se calcula en unas 400 detenidas (repartidas entre celdario y barracas); se piensa que esa cifra se alcanzó entre 1976 y 1977, cuando fue mayor el número de detenciones y se trasladaron las presas de Paso de los Toros y Fusileros Navales (Sapriza, 2008, p. 284-285)

Si la población había sido categorizada de acuerdo a su peligrosidad, esto también sucedió con las presas mujeres cuando se estableció una categoría informal que las dividió en “recuperables” e “irrecuperables”. La recuperación pasaba tanto por un alejamiento de las estructuras políticas como por un comportamiento social acorde con el orden de género. Reubicación y disciplinamiento cotidiano estaban directamente asociados a pautas de género: a las jóvenes de los centros de detención de menores las obligaban a cocinar, a realizar flores de papel y a rezar (Achugar, 2023). A algunas presas las destinaron a la “fajina”, es decir, la limpieza de la cárcel, y a otras a hacer trabajos pesados “de hombres”, como cargar carretillas, hacerlas trabajar la tierra con el pico y poner a prueba la desobediencia de género.

Muchas de las jóvenes presas en el marco de sus militancias políticas habían conformado pareja con otros integrantes de la organización, lo que se denominó una pareja militante, que imbricaba lo público y lo privado, lo afectivo lo tornaba político porque la pareja y el amor compañero también eran entendidos como parte de un proyecto político. Algunos corrimientos en el matrimonio y sus rituales ya se habían procesado antes del golpe (De Giorgi, 2020) y aunque no podemos afirmar que el casamiento había sido una costumbre abandonada, sí es de destacar que muchas de las jóvenes presas tuvieron que casarse por obligación para poder mantener contacto con sus compañeros afectivos, para recibir la visita, para poder ir a visitarlos o para poder establecer contacto por correspondencia.

Como señala Hillary Hiner (2015), para el caso de la dictadura chilena, las presas “casadas con libreta” no eran lo mismo que aquellas otras consideradas aún más desobedientes. Así, varias se casaron a distancia, entre cárceles y por poderes. En las cárceles uruguayas se castigaba y torturaba a cientos de mujeres y al mismo tiempo se les brindaba la posibilidad de consagrarse al matrimonio; lo importante era el sacramento, aunque fuera con el enemigo.

Cosas de hombres

Un oficial del ejército, mientras torturaba a una joven de 19 años, le dijo con violencia: “¡Estas son cosas para hombres !, No te das cuenta!” (Testimonio en Memorias para armar I, p. 21). Este testimonio, junto a tantos otros, muestra claramente el castigo que sufrieron las mujeres por haber transgredido el mandato de género. La subversión de las mujeres para los represores había comenzado con el abandono del espacio doméstico. La participación en el mundo de lo público se había producido a partir de la adopción de prácticas y valores que hacían al mundo de lo público, y, por tanto, de lo masculino. Las mujeres en el mundo público ya no se limitaban a actividades de colaboración que no ponían en riesgo su femineidad (doblar listas, organizar una kermés) sino que participaban en protestas y actividades guerrilleras guiadas por el coraje, la valentía y el sacrificio, lo que para algunos era “cosa de hombres”.

Los hombres, en este caso, los militares, debían corregir este desvío y cumplir la función rectora y disciplinadora como deberían haberlo hecho otros hombres, como los padres de aquellas muchachas desobedientes. Así explicaba las razones del castigo un militar a una presa política:

“Mandó que me sacaran la ropa y me puso en su falda /…/, esposada en las piernas y esposada en las manos. Yo estaba sin venda y sin capucha, y con una tabla mojada me pegaba en la cola. Y me decía que esa paliza me la daba porque me la tenía que haber dado mi padre primero, para que yo no me metiera en nada, segundo mi marido, porque yo era mujer, y como no me la habían dado ellos, me la daba él ya que me había salvado, y que a mi hermana no se la podía dar porque la habían matado”. (Taller Testimonio y Memoria del colectivo de ex presas políticas, 2006, p.104)

Violación en la escena de tortura

Según el informe de Serpaj (1989), varones y mujeres sufrieron por igual todo tipo de tormentos, sin discriminación de género; sin embargo, el impacto sobre ellas fue claramente distinto porque el cuerpo es un territorio generizado. Cuenta la desnudez, que provocaba mayor vulnerabilidad; cuenta la insistencia del tormento en los genitales, órganos sobre los que el orden de género fija la identidad y cuyo daño afecta de forma desigual a hombres y mujeres.⁹

En la tortura se puso de manifiesto “al extremo, la asimetría de poderes de varones y mujeres. Se planteó en crudo la relación entre poder, cuerpo, género femenino e ideología. Allí se “jugó el abuso sexual, la violación a los cuerpos, se practicó la seducción como un programa de avasallamiento, la conquista de un trofeo” (Sapriza, 2003, p. 7). El testimonio de una expresa política relata con crudeza aquel despliegue patriarcal: ¹⁰

Nos encontrábamos desnudas con los brazos en alto y las piernas abiertas / .../ La guardia que nos custodiaba mostraba ese día un estado especial. Se habían sacado sus camisas olorosas, transpirados, con sus penes erectos, pasaban por las filas manoseándonos permanentemente /.../ con sus sucias manos tocaban nuestros senos, cuello, genitales...Alguien gritaba, yo no podía hacerlo (testimonio de Mirta Macedo, 1999, p. 46).

La violencia sexual fue y es sin dudas la expresión extrema de la violencia patriarcal de la dictadura y las dificultades sobre su abordaje su primer indicador. Como señala Jelin, el cuerpo femenino fue un “objeto especial” para los torturadores, y a la vez la tortura para los hombres significaba un acto de feminización, transformándolos en seres “inferiores”, contrapuestos a la “virilidad” militar (Jelin, 2002 p. 102).

Rita Segato ha demostrado la tesis feminista fundamental de que los crímenes sexuales no son obra de desviaciones individuales, sino expresiones de una estructura simbólica profunda que les confiere inteligibilidad. En otras palabras, el agresor y la colectividad comparten el imaginario de género, hablan el mismo lenguaje, pueden entenderse (Segato, 2003).

El agresor-violador emite mensajes a lo largo de dos ejes de interlocución, en el vertical, habla a la víctima, su discurso adquiere un carácter punitivo y moralizador, en tanto el destino de la mujer es ser censurada y reducida por el gesto violento. En el eje horizontal, el agresor se dirige a sus pares a través de la víctima sacrificial, para así ingresar a la hermandad viril y adquirir una posición destacada en una fratría que solo reconoce un lenguaje jerárquico y una organización piramidal (Segato, 2005).

Los perpetradores les decían que las violaban para enseñarles cuál era su lugar. De esta forma, las mujeres, fundamentalmente jóvenes, eran reubicadas violentamente en el lugar femenino del que nunca deberían haber salido. Denunciar y narrar la violencia sexual no fue sencillo porque justamente parte de su violencia es la del carácter vergonzante que se expande sobre la víctima. Como señalan Larrobla (2012) y Sanseviero (2012), tiene un carácter vergonzante que se despliega justamente sobre las identidades. La violación es un mecanismo desplegado por los hombres en el cual el cuerpo avasallado representa la pasividad y el cuerpo perpetrador la actividad, así, todo cuerpo violado resulta feminizado de acuerdo a un orden de género que distribuye roles distintos para la responsabilidad del acto sexual. Como recuerda Lucy Méndez: “sabían que iban a contar con nuestro silencio” (Sujetas Sujetadas, Entrevista 2021, 14 de mayo).

Maternidades secuestradas

Una serie de investigaciones ha analizado cómo sobre las presas políticas madres se ejerció una especial represión, particularmente sobre su maternidad, considerada por los represores, una maternidad incorrecta, fuera de lugar. Las militantes embarazadas o madres fueron castigadas por ser malas madres, por hacer coincidir la militancia y la maternidad, un modelo de maternidad distinto al de la abnegación total, como parte de un proyecto político inaceptable entonces para la dictadura (Sapriza, 2019). Embarazo, parto, puerperio, lactancia, crianza, fueron todas etapas en las que las presas recibieron específicos castigos físicos y psicológicos, una peripecia respecto a la que hemos tomado conocimiento porque las expresas lo narraron y las investigadoras lo analizaron.

En Uruguay, las presas políticas embarazadas tuvieron a sus hijos esposadas, con niveles de sufrimiento físico y desatención médica inaudita, pero, como reconstruye Jimena Alonso (2016), la dictadura uruguaya no se caracterizó por el secuestro de niños nacidos en cautiverio como sucedió en Argentina.¹¹ Esto implicó que las presas políticas pudieran permanecer con sus hijos en prisión hasta cumplir aproximadamente dos años, cuando fueran entregados a sus familias y sus madres trasladadas a la cárcel de Punta de Rieles.

Algunas instituciones centrales del patriarcado - matrimonio, maternidad y familia - fueron para la dictadura lugares de una política represiva paradojal. Sobre estas instituciones se desplegó una específica tortura física y psicológica, aplicada fundamentalmente a las mujeres y a las infancias. Al mismo tiempo, se instó a la reproducción de tales instituciones o a garantizar su vigencia mínima, porque contra eso justamente la dictadura patriarcal no podía ir. Las torturaban y a la vez las felicitaban por el embarazo (testimonio de Nybia López, entrevista en Sapriza, 2008, 276); las torturaban y les recomendaban recuperarse para poder amamantar a sus hijos (testimonio de Graciela Valdez en, Sapriza, 2019, 35); las encarcelaban y afirmaban el binomio indisoluble madre-hijo (Graciela Jorge, 2010).

La cárcel afuera de la cárcel

El laboratorio patriarcal de la prisión femenina no funcionó aisladamente de la sociedad ni de un proyecto más amplio que la dictadura puso a funcionar en ella. Las presas recibieron los peores disciplinamientos y castigos, pero otras medidas de sometimiento social y moral también fueron desplegadas a nivel de la sociedad y, particularmente, en las instituciones educativas intervenidas. Se orientaron no sólo a la censura ideológica sino a establecer ciertas pautas de comportamiento social donde los roles de género se fijaban claramente, como sucedió con la reglamentación de la vestimenta y los estilos estéticos (Virginia Martínez, 2005).

En el período previo al golpe de Estado, la alarma pública sobre el desorden político y moral estuvo presente en varios medios de prensa escrita. En Historia visual del anticomunismo en Uruguay (1947-1985), coordinado por Magdalena Broquetas (2021), se puede observar claramente la centralidad del discurso conservador en el que se fraguaron las dictaduras. Como reconstruye muy bien Marcos Rey Despaux (2021), la juventud fue presentada como sumida en la corrupción y degradación moral. Dentro de lo que se consideraba el deterioro moral se señalaba particularmente el libertinaje sexual de las jóvenes militantes, muchachas representadas como desaliñadas, sucias, enfermas, consumidoras de drogas y despojadas del protocolo moral sexoafectivo.

Durante la dictadura, la prensa de la época, algunos escasos diarios y semanarios que no fueron clausurados y que funcionaron como los portavoces oficiales del régimen, difundió un discurso en donde toda desobediencia-no sólo la ideológica-quedó fuera del registro, y cuando esta ocupó sus páginas, lo hizo presentada como uno de los peores males y causante de la degradación moral de la sociedad.

De “las muchachas” se habló poco, no así de la juventud, una nueva juventud comprometida con los valores de la patria. Como destaca Aldo Marchesi (2001) al analizar la producción audiovisual de la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP), los jóvenes, en el universal que invisibilizaba a las muchachas, fueron presentados como “los jóvenes de hoy”, esforzados y saludables, a través de actividades deportivas, alejadas de cualquier espacio político, exceptuando los actos patrios centrales para la reafirmación de los valores nacionales. Allí aparecían los y las liceales, en uniforme, sosteniendo banderas y cantando el himno (Programa de la DINARP Uruguay Hoy 41).

Las jóvenes de falda que sobrepasaba la rodilla habían dejado atrás la imagen de muchacha rebelde en minifalda. Esta prenda enfrentó una estricta vigilancia, y los relatos sobre las visitas a la cárcel por parte de las mujeres señalan una especial atención sobre la vestimenta de aquellas, ya que debía suspenderse cualquier escote y especialmente alargarse los dobladillos.

La dictadura infantilizaba a la población en su intento de restaurar el orden de género y buscaba subordinar a las mujeres a la familia, adjudicándoles un status como el del antiguo Código Civil (1868) en el que la mujer era considerada una eterna menor (Sapriza). A la joven rebelde, la muchacha de mirada clara (Sapriza, 2005) se le impuso el destino de “Susanita” (De Giorgi, 2020) a través de un modelo restaurador de señora, casada y madre. La familia fue entendida como una “célula democrática”, una institución “esencial, unidad biológica y alimento vital para el desarrollo, la democracia y la paz” como se señalaba en una nota que hacía alusión específica al Año Internacional de la Mujer (En Femenino, 22 de junio de 1975, pag.5). En el mismo suplemento en donde las mujeres eran definidas principalmente en torno a su rol de madres, se manifestaba la preocupación por aquellas que mostraban cansancio respecto al ejercicio de su maternidad, aquella “madre que se libera” cuando los hijos se encuentran en las instituciones educativas y se cansa en las vacaciones de los cuidados cotidianos era un modo de maternaje preocupante (En Femenino, , 13 de abril 1975).

Las mejores mujeres

Las dictaduras tuvieron especial preocupación de corregir a las mujeres y disciplinar la crianza de los niños (Cora Gamarnik, 2012). Como relata Andrea Brazuna Manes (2006), los planteos moralizadores, en particular los referidos a la moral sexual, fueron una preocupación central de la dictadura. Entre fines de 1974 y comienzos de 1975, se llegó incluso a debatir en el Consejo de Estado la creación de una Comisión Honoraria de defensa de la moral y represión de los vicios sociales.

Un ejemplo paradigmático de buena mujer fue la de las esposas de los militares. No sólo por ser representadas en la prensa como figuras ideales, sino porque ellas mismas asumieron la responsabilidad de encarnar el ideal de mujer correcto de acuerdo con el orden restaurador. Las esposas de los militares asumieron la responsabilidad de rencauzar el orden de género (Tamara Vidaurrázaga; Olga Ruiz; Marisa Ruiz, 2020; Carolina Dellamore, 2020). Chile es el ejemplo por antonomasia de esta corrección, pero la defensa de la familia tradicional fue un proyecto desplegado por todas las dictaduras, incluida la uruguaya.

Un rol destacado fue el cumplido por estas señoras al celebrarse la primera Conferencia Internacional de la Mujer en 1975, fecha que coincidió con la celebración por parte del régimen del “Año de la Orientalidad” (Cosse; Markarian, 2023). Aunque el dictador Juan María Bordaberry discrepaba con los postulados de las Naciones Unidas, a la que acusaba de “estar influenciada por el comunismo” (Brazunas Manes, 2010, p. 119); nombró como delegada del país a la abogada Sofía Álvarez Vignoli de Demichelli, designando a su esposa Josefina Herrán Puig de Bordaberry, madre de 8 hijos, como presidenta de un comité de mujeres “notables”, todas esposas de militares o de ministros del régimen.

La “primera dama”, en una nota titulada “una hora de amable charla” del suplemento “Femenino” de La Mañana, expresó que, “las “buenas orientales” eran aquellas que cumplían con su papel de traer al mundo, criar y sostener a sus hijos, lo único que cabía pedirle a las mujeres uruguayas en un año tan especial es que “no descuiden a la familia y que no olviden que los futuros orientales saldrán de su seno” (Suplemento Femenino, 20 de abril de 1975, pág. 3).

Estas declaraciones fueron refrendadas por la delegada Demicheli en otra entrevista en la que sostuvo que, “La mujer lleva en sí misma la carga biológica que no puede suprimir (…) y por tanto ella no puede integrarse totalmente a las tareas de desarrollo (…) la tarea más útil de todos los tiempos para la mujer, es la tarea suprema de dar a la luz, de criar y de educar a los hijos”. La delegada respaldaba las expresiones del presidente Bordaberry sobre las Naciones Unidas señalando que esta institución utilizaba un lenguaje y conceptos que podían llegar a que hombres y mujeres “se extraviasen” (Suplemento Femenino, 4 de mayo de 1975, pag.2).

El fracaso de la dictadura moralista/higienista

Los esfuerzos de la dictadura moral e higienista por corregir el desvío fueron enormes. Varias investigaciones han dado cuenta que la preocupación por la moral - perdida - fue central para la dictadura, orientada a corregir el comportamiento de mujeres (Brazuna Manes, 2006; De Giorgi, 2021) y de todas aquellas personas que amenazara el orden vigente, como sucedió en el sistema educativo en el que se persiguió a docentes por sus “antecedentes morales” negativos (Diego Sempol, 2022). El autoritarismo moral (Sempol, 2015) se aplicó sobre todas aquellas personas que el régimen consideró una amenaza, aunque no existieran colectivos organizados que asumieran explícita y orgullosamente la subversión del orden de género. Esto sucederá después y la nueva reacción conservadora de la nueva derecha será clara al adjudicar responsabilidades (De Giorgi; Moreira, 2023).

Es importante señalar que, aun aplicando los peores castigos en el marco del terrorismo de Estado, contando con la intervención de las instituciones educativas y con una prensa controlada y censurada desde la que se difundía el discurso de la mejor esposa oriental, el escenario no fue el de una tierra arrasada en términos de desobediencias y, contra viento y marea, se empezaron a manifestar las resistencias a la represión.

El año 1980 marcó un quiebre sustancial en el sistema opresivo. El peso de la tradición política (quizá) forzó al régimen militar a convocar un plebiscito para una nueva constitución. En esa instancia, un 57% del electorado se pronunció por el No, a pesar de no haber recibido información a favor de esta opción en los medios de prensa y de que la propaganda oficial apuntara hacia la aprobación de la nueva constitución. En 1980, emergió lo que había sido una muda resistencia al régimen.

Las mujeres jugaron un papel destacado, lo hicieron "desde abajo", desde los espacios de la vida cotidiana. Represión masiva y miedo obligaron a recluirse en los hogares, las prácticas de participación política se redujeron al ámbito del hogar y el vecindario, espacios de interacción tradicionalmente femeninos. “Se produjo entonces un interesante proceso que favoreció el resurgimiento de las mujeres como un nuevo actor social y político” (Suzana Prates; Silvia Rodríguez Villamil, 1985, p. 36).

El autoritarismo fue entonces un lugar desde el que reflexionar sobre la opresión en términos generales y la opresión patriarcal (De Giorgi, 2019). Después de la dictadura sobrevino un gran movimiento de mujeres y un movimiento feminista que formó parte de la emergencia de los nuevos movimientos sociales. Un importante número de investigaciones han estudiado este fenómeno (Niki Johnson, 2000; Sapriza, 2008; 2018. De Giorgi, 2020; Noel Sosa, 2020). Esta subversión feminista posdictadura no es objeto de este texto, pero es imprescindible dar cuenta de ella, porque los inmensos esfuerzos de la reacción no alcanzaron su objetivo y porque en gran parte fue debida a las lecturas feministas de la dictadura que se pudo dar cuenta del carácter patriarcal de la represión.

Reflexiones finales

La investigación sobre el pasado reciente, específicamente sobre las dictaduras del Cono Sur, continúa rezagada en mirar con lentes feministas el fenómeno del terrorismo de Estado a fin de descubrir o poner en evidencia el carácter antifeminista de las dictaduras cono sureñas. Este artículo se inscribe en esta línea de reflexión y tiene por objetivo principal analizar cómo la dictadura uruguaya, especialmente en sus años más extremos, 1975-1980, dedicó especial energía en desplegar un discurso orientado a enaltecer un modelo de mujer y a castigar a quienes se desviaron de él. Nuestra línea de investigación buscó explorar cómo las dictaduras identificaron muy claramente a las mujeres desobedientes como parte responsable del caos y actuaron en consecuencia.

Partimos de una reflexión sobre la versión del 68 latinoamericano y sus transformaciones socioculturales relacionadas con la irrupción en el espacio público de una nueva cultura juvenil que impugnó el status quo. Las jóvenes de la época vivieron una experiencia particular que, como hemos señalado, también fue una revuelta en términos de género. En el marco de las nuevas militancias, se sublevaron contra antiguos mandatos del sistema patriarcal. Con su intensa participación en la política, las mujeres jóvenes apostaban a un cambio. El potencial emancipatorio de ese período las llevó a impugnar el modelo de domesticidad femenina.

Esa revolución que se gestó adentro de otra revolución, aunque no tuviese nombre ni status político, sin duda recibió la atención, específicamente la reacción, de las fuerzas conservadoras que lideraron la dictadura en Uruguay. Todas las mujeres uruguayas recibieron el mensaje. Las presas políticas sufrieron los peores castigos por haberse arriesgado a subvertir el orden político y de género. Las mujeres de afuera, familiares de aquellas o mujeres corrientes, jóvenes o adultas, también niñas, recibieron el mensaje de que existía un modelo de mujer bien comportada y que cualquier otro camino significaba una conducta que atentaba contra la unidad nacional, la sociedad y la paz.

El conservadurismo de la dictadura no fue sólo la expresión del conservadurismo de la sociedad, sino también un proyecto de restauración de un orden que se entendía amenazado. En el desarrollo de esta política conservadora hubo responsables, claramente con distintos grados en lo que se refiere a castigos, disciplinamientos y reproducción de un discurso conservador, pero es importante destacar que las hubo. Y resulta evidente el enorme esfuerzo realizado por ratificar un sistema binario y desigual, con cosas de hombres y cosas de mujeres.

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1
El informe del Nunca Más argentino y el informe de SERPAJ en Uruguay mostraron detalladamente la represión como una forma de terrorismo de Estado. Algo que luego fue estudiado y detallado posteriormente con la investigación histórica en 2007.
2
En Uruguay, el censo universitario de 1963 reveló que las mujeres eran el 41% del total de estudiantes, iniciando la “feminización” de la matrícula universitaria. Sin ese dato, muchos de los cambios del período no se harían palpables.
3
Fueron numerosas en el movimiento obrero y en el estudiantil pero muy escasas en los partidos políticos. Las parlamentarias fueron apenas un 3% en todo el período (1938-1973).
4
R. Walsh. 1927-76. Periodista y novelista argentino, militante montonero, desaparecido en la Argentina de la dictadura (1976-1982)
5
Leonilda González, originaria de Colonia, se formó en la Escuela de Bellas Artes, ganó una beca para estudiar en Francia en el año 1949, el mismo año en que Simone de Beauvoir publicó el Segundo sexo con enorme repercusión en el medio intelectual francés.
6
Aunque fueran vistas como amenazantes de la normalidad, y aberrantes en cuanto transgresoras. Y, llevado a su extremo, consideradas incapaces de ser madres “madres desnaturalizadas”.
7
Podían pasar meses y hasta años en cuarteles, sometidas a torturas, hasta que finalmente eran pasadas a la justicia -militar- que sentenciaba sus “delitos”; cumplida esa etapa, podían ser llevadas al establecimiento militar de detención No.2. Punta de Rieles.
8
- D2. Departamento de inteligencia con oficina instalada en el establecimiento militar No.2.
9
Según el informe del Servicio Paz y Justicia (1989), La tortura no se dirigía solo al cuerpo de lx detenidx sino a la sociedad en su conjunto, haciendo que un método para hacer hablar al torturadx se transformara en otro que lograba callar a todos.
10
En la primera instancia de denuncias, la violencia sexual narrada por mujeres quedó subsumida en la consideración general del abuso bajo tortura-adquirió un estatus distinto a partir de la denuncia específica por violencia sexual que llevaron adelante 28 expresas políticas y cuyo caso aún no ha concluido.
11
Los dos casos de niños secuestrados en Uruguay se refieren a madres argentinas. Sobre estos dos casos, ver Alonso, 2016.
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DE GIORGI, Ana Laura; SAPRIZA, Graciela. “‘Cosas de hombres’. Persecución y castigo a las desobedientes en dictadura”. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 34, n. 1, e109373, 2026.
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Fechas de Publicación

Publicación en esta colección
30 Mar 2026
Fecha del número
2026

Histórico

Recibido
20 Oct 2025
Acepto
22 Oct 2025

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