“Revoluciones” en la Argentina del siglo XX. Un análisis de sus sentidos

"Revolutions" in Twentieth-Century Argentina: An Analysis of Their Meanings

RESUMEN

Este artículo hace un análisis histórico de cinco golpes de Estado de carácter cívico-militar o meramente militar ocurridos en la Argentina del siglo XX, en 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976, explorando sus circunstancias, discursos y objetivos. Esos golpes desalojaron en contextos de crisis política a gobiernos legalmente constituidos, y los cuatro primeros de ellos fueron presentados, con mayor o menor éxito, como “revoluciones”, término atribuido también a los gobiernos de excepción que inauguraron. El artículo compara esos golpes de acuerdo con los distintos sentidos predominantemente dados a la idea fuerza de “revolución” en cada uno de ellos, argumentando que se dividen básicamente en tres tipos: 1) las “revoluciones” que buscaban restaurar la tradición republicana, en 1930 y 1955, derrocando al radicalismo y al peronismo, respectivamente; 2) las “revoluciones” que pretendían transformar el orden político, económico y social, la de 1943, de corte nacionalista, y la de 1966, de corte modernizador; 3) el golpe militar de 1976, autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, que buscó erradicar de la sociedad y la cultura argentinas la idea fuerza de “revolución”.

PALABRAS-CLAVE
Argentina; revolución; golpe militar; dictadura; peronismo

ABSTRACT

This article provides a historical analysis of five civilian-military or military coups d’état that took place in twentieth-century Argentina – in 1930, 1943, 1955, 1966, and 1976 – and examines their circumstances, discourses, and goals. These coups toppled legally constituted governments in contexts of political crisis. The first four of them were presented, more or less successfully, as “revolutions” – a term also given to the regimes of exception that they established. The article compares such coups regarding the different meanings predominantly ascribed in each of them to the keyword “revolution.” It argues that those coups may be classified into three types: 1) the “revolutions” that sought to restore the republican tradition, overthrowing “radicalismo” in 1930 and Peronism in 1955; 2) the “revolutions” that intended to transform political, economic, and social order, in a nationalistic way in 1943 and in a modernizing way in 1966; and 3) the military coup of 1976, the self-styled “Process of National Reorganization,” which aimed to eradicate the keyword “revolution” from Argentinean society and culture.

KEYWORDS
Argentina; revolution; military coup; dictatorship; Peronism

El siglo XIX argentino fue el de las luchas y enfrentamientos políticos y militares en pos de la constitución y organización del Estado nacional. Muchas veces esas luchas y esos enfrentamientos eran llamados “revoluciones”, empezando con la Revolución de Mayo de 1810, que inició el proceso de la independencia del país; incluyendo las “revoluciones” triunfantes contra gobiernos constitucionales, de 1874 y de 1880; y llegando a las “revoluciones” fracasadas de 1890, 1893 y 1905. A partir de 1930, el siglo XX argentino fue el de los golpes de Estado, también muchas veces autodenominados “revoluciones”, que, por distintas razones, en circunstancias particulares y con apoyo social en sus inicios, derribaron prácticamente sin resistencia a varios gobiernos constitucionales.

Pensar las “revoluciones” argentinas del siglo XX, tratar de conceptualizarlas y explicarlas históricamente ha sido un ejercicio intelectual asiduamente practicado en el medio académico y político, sobre todo a partir de los primeros años de la década de 1980 – con la democracia en vías de reconstrucción y sin saber todavía si ella iba a perdurar –, cuando esos estudios se constituyeron como un campo de investigación destacado a nivel nacional e internacional. Por entonces, se publicaron trabajos cruciales desde la historia, la sociología y la ciencia política, algunos en perspectiva comparada con otros países del Cono Sur afectados por el mismo flagelo. Sin embargo, debe recordarse que hubo una importante producción sobre la problemática en los años 1960 y comienzos de los 1970, centrada en el análisis de los conflictos políticos, la modernización y el desarrollo.

Este artículo comienza con una breve noticia historiográfica sobre los estudios académicos de esa trayectoria política. Luego pasa a una explicación sintética de las cuatro llamadas “revoluciones” del siglo XX, las de 1930, 1943, 1955 y 1966, caracterizando cada una de ellas en términos de sus circunstancias, significados, fundamentos ideológicos y objetivos de transformación o de restauración. Por fin, el análisis aborda someramente el último golpe de Estado en Argentina, el de 1976, el de consecuencias más cruentas por la magnitud de la represión que desató. Buscando erradicar definitivamente de la sociedad y la política la idea fuerza de “Revolución” (con mayúscula), que la izquierda revolucionaria había expandido exitosamente en la cultura política de las clases medias, ese golpe abandonó la tradicional autoidentificación como “revolución” para enfatizar su objetivo de restauración del orden, la autoridad y la disciplina social, autodenominándose “Proceso de Reorganización Nacional” ¹.

Breve visión de la producción académica

El estimulante intercambio intelectual entre antropólogos e historiadores sobre los diversos sentidos del término “revolución” que motivó nuestro encuentro en la Universidad de São Paulo en 2018, organizado por João Felipe Goncalves e Inácio Dias de Andrade, me motivó a indagar sobre parte del accidentado proceso político en la Argentina del siglo XX, el de las llamadas “revoluciones” militares y cívico-militares.

A grandes rasgos, dicho proceso estuvo caracterizado por recurrentes debilidades, conflictos y crisis de gobiernos llegados electoralmente al poder, que desembocaron en su derrocamiento y en la apropiación de la totalidad de los poderes del Estado por parte de sectores militares, que llamaron “revoluciones” a tales procesos de cambio violento y a los regímenes que instauraron. En algunos casos, esas “revoluciones” contuvieron distintos proyectos de reversión de una situación política y contaron con el apoyo político de partidos y sectores opositores; eso ocurrió en 1930 y en 1955. Otras “revoluciones” buscaron redefinir el orden político, económico, social y el alineamiento internacional del país, a través de proyectos políticos construidos o adoptados por las fuerzas armadas; eso pasó en los golpes de 1943 y 1966.²

La preocupación por explicar el origen de esas “revoluciones” se produjo, por primera vez, simultáneamente a su ocurrencia y dio lugar a una abundante literatura compuesta de ensayos académicos y políticos, relatos, memorias, artículos de opinión y conferencias de hombres – y en menor medida de mujeres – vinculados a la actividad político-partidaria, profesional o corporativa, a corrientes ideológicas y al periodismo.

En las décadas de 1960 y 1970, con la modernización de las ciencias sociales en el país y en buena parte de América Latina, esos golpes y gobiernos “revolucionarios” resultaron uno de los problemas claves para desentrañar la frustración de la democracia. Desde la sociología, la historia y la ciencia política se esbozaron explicaciones en artículos y libros académicos, incluso algunos de los más destacados en el país, como los trabajos de Gino Germani (1962), José Luis de Imaz (1964), Tulio Halperín Donghi (1964), José Nun (1966), Guillermo O’Donnell (1972, 1982), Juan Carlos Portantiero (1977) y Eugenio Kvaternik (1978). Esos estudios abordaron el problema tratando de desentrañar la lógica subyacente al comportamiento de los actores a la luz de las reglas impuestas y, en algunos casos, enfatizaron los condicionantes económico-sociales. Esa línea analítica se nutrió con nuevos aportes en las décadas de 1980 y 1990, con nuevas categorías analíticas, problemas teóricos y datos empíricos. Entre los trabajos académicos de esa época se incluyen los de Rubén M. Perina (1983) y de Marcelo Cavarozzi (1983); los tres volúmenes compilados por Julio Pinto (1988); y, desde el exterior, el de Susan and Peter Calvert (1989).

Mas, en general, puede afirmarse que un salto cualitativo en la investigación y discusión sobre las irrupciones militares en la política argentina se dio a partir de dos investigaciones de largo plazo, las del historiador norteamericano Robert Potash (1971, 1980, 1994) y del sociólogo francés Alain Rouquié (1981, 1982, 1983). Desde distintas perspectivas analíticas, respectivamente la histórico-clásica y la sociológico-política, ambos autores usaron un relevamiento empírico riguroso para echar nueva luz sobre el entramado cívico-militar en la política argentina desde los primeros gobiernos radicales, a partir de 1916, hasta el retorno del peronismo al gobierno, en 1973 ³. Rouquié planteó con fuerza su hipótesis de la existencia de una cultura militarista en la Argentina para explicar la reincidencia de regímenes militares, y fue uno de los intelectuales más destacados en la dinamización de los debates de la llamada “transición a la democracia” en la Argentina.

En la coyuntura política de la democratización, hubo varios estudios sobre los partidos, sobre todo los dos movimientos que dominaron políticamente gran parte del siglo XX: el radicalismo, organizado en la Unión Cívica Radical (UCR) y sus distintas facciones, y el peronismo, organizado en el Partido Justicialista (PJ), originalmente llamado Partido Único de la Revolución y luego Partido Peronista. El radicalismo acababa de ganar la primera elección presidencial después de la dictadura, en 1983, y se presentaba como el partido democrático por excelencia. El peronismo ya había sido abundantemente estudiado en lo que concierne el sindicalismo, el voto obrero y las políticas sociales (Murmis y Portiantero 1971; Torre 1983), pero en la década de 1980 comenzó a ser analizado también en su ejercicio concreto de la política, el control del Estado, su personal político, su relación con la oposición y sus políticas sociales y culturales (Waldman 1981; del Barco 1983; Ciria 1983; Plotkin 1993; Caimari 1995; Rein 1998; Tcach 1991; Prol 2012). En la misma línea pueden consignarse los estudios sobre otros grupos y proyectos, como los socialistas, los demócratas progresistas, los conservadores, los comunistas y el desarrollismo (Snow 1979; Altamirano 2001; Szusterman 1998; Sykhin 2009; Tortti 2009).

Otro renglón importante fue cubierto por las investigaciones sobre la prensa política en distintas coyunturas y temáticas, desde la partidaria, a la portadora de proyectos de transformación, hasta la golpista, especialmente aquella que promovió la caída del presidente Arturo Illia y apostó al golpe de 1966 (Mazzei 2012; Tcach y Rodríguez 2006; Taroncher 2009). En cuanto al discurso político, prevaleció una vez más el interés por el peronismo, desde sus años fundacionales en la década de 1940 hasta las acciones de los Montoneros, la guerrilla peronista de izquierda de los años 1970 (Sigal y Verón 1988; Sarlo 2001). Por último, una línea de la historiografía reciente estudió las culturas políticas y las acciones de la izquierda peronista en los años 1960 y 1970, del gobierno peronista de 1973 a 1976, avanzando hasta la etapa de la transición democrática y el gobierno radical de Raúl Alfonsín, entre 1983 y 1986 (Torre 1983; Di Tella 1983; Itzcovitz 1985; de Riz 1987). En los últimos años, los aportes historiográficos sobre los golpes y regímenes militares se dedicaron fundamentalmente al estudio del “Proceso de Reorganización Nacional”, sus violaciones a los derechos humanos, las memorias sobre la dictadura y los distintos partidos revolucionarios y organizaciones armadas de izquierda de la época (Novaro y Palermo 2003; Vezzetti 2009; Carnovale 2011).

Las “revoluciones” en la Argentina del siglo XX

En el lenguaje corriente de los argentinos se tiende a considerar prácticamente como sinónimos los términos “golpe de Estado” y “revolución”. Además, históricamente esa última palabra ha sido utilizada para legitimar no solamente a tales golpes de Estado, sino también a los gobiernos de excepción establecidos por cuatro de los cinco golpes analizados aquí, de manera similar a la que João Felipe Gonçalves (en este dossier) detecta en las dictaduras de Fidel Castro y de François Duvalier. Por eso, en el espíritu de este dossier, utilizamos la palabra “revolución” sistemáticamente entre comillas para distinguir su uso polisémico por actores históricos y políticos de una categoría analítica que implicaría una transformación profunda de estructuras sociales. La designación de los derrocamientos analizados aquí como “revoluciones” no es consensual, pero sí es innegable que se trató de golpes de Estado, o sea, asaltos a gobiernos legales por conspiradores civiles y/o militares que utilizaban la fuerza física, real o potencial (Malaparte 1930; Finner 1969).

Primera “revolución”: 1930-1932

El derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930, por parte de las fuerzas armadas y con el apoyo de partidos políticos opositores y de nuevos grupos ideológicos nacionalistas que lo combatían en la prensa y en las calles, inauguró una tradición en la vida política de la Argentina del siglo XX, por la asiduidad con la cual estos episodios de cambio por vía armada, la mayoría tildados de “revoluciones”, se reiteraron en 1943, 1955, 1966 y 1976.

Hipólito Yrigoyen llegó al gobierno en 1916 y ocupó la presidencia por dos mandatos consecutivos, hasta 1922. Su elección se dio gracias a la Ley Sáenz Peña de 1912, que había instaurado el sufragio universal, obligatorio y secreto. El partido de Yrigoyen, la Unión Cívica Radical, había luchado por esa medida desde fines del siglo XIX, incluso a través de tres levantamientos armados fallidos, ya llamados “revoluciones”, en 1890, 1893 y 1905. Sin embargo, en su afán por conquistar mayorías electorales en el conjunto del país, Yrigoyen recurrió a intervenciones federales en las provincias gobernadas por opositores, sorteando la necesaria participación del Parlamento. Estas transgresiones a la división de poderes republicana y el desconocimiento de la oposición alimentaron la tensión política (Ibarguren [1955]1969; Repetto 1957).

Durante el siguiente gobierno de la UCR, presidido por Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928), el estilo político de Hipólito Yrigoyen llevó a la división del partido en dos facciones, la personalista y la antipersonalista. Alvear era el líder de esos últimos, pero los personalistas triunfaron en 1928 con una impresionante mayoría electoral que eligió a Yrigoyen como presidente para un tercer mandato. Poco menos de dos años después, sin embargo, los radicales perdían una importante elección legislativa en la Capital Federal y recurrían al fraude electoral en elecciones provinciales, mientras estallaban huelgas, surgía la violencia política y la economía empezaba a sentirse impactada como consecuencia de la Crisis del 1929, en su clave sector agropecuario (Halperín Donghi 1964; Persello 2004). La Gran Depresión mundial afectó profundamente la economía argentina por la caída de los precios de sus productos de exportación y la pérdida de mercados internacionales. Esa profunda crisis política y económica nacional llevó a la conspiración militar en contra de Yrigoyen, que culminó en el golpe de 1930.

Los protagonistas de ese movimiento portaron dos proyectos antagónicos de la “revolución” a concretar, que compitieron hasta el final de la presidencia de facto del general José Félix Uriburu (1930-1932). El proyecto de Uriburu, minoritario, de corte nacionalista y surgido en el contexto de la crisis del liberalismo y el ascenso de regímenes nazi-fascistas en Europa, concebía la “revolución” como una transformación del sistema político y cultural. Pero el proyecto predominante, al que adhería la mayor parte de los partidos políticos de entonces, pretendía restaurar la tradición política liberal-republicana, a sus ojos vulnerada por el radicalismo yrigoyenista de claro sesgo personalista.

De un lado, el general Uriburu, originario de la provincia de Salta y perteneciente a la vieja élite política conservadora, se halló rodeado de sectores católicos, además de jóvenes intelectuales y activistas de orientación nacionalista y fascista. Estos últimos habían ganado las calles como fuerzas de choque, tenían su propia prensa y ejercían creciente influencia cultural e intelectual denunciando al imperialismo, especialmente británico (Devoto 2002; Finchelstein 2002). Postulaban una “revolución” que refundara el orden político a través de una reforma constitucional que eliminara el sistema de partidos, el Parlamento y el sufragio universal, obligatorio y secreto en favor de una representación corporativa de sectores (trabajadores, empresarios, etc.). Del otro lado, otro general con fuerte liderazgo en el Ejército, Agustín Pedro Justo, tenía lazos estrechos con los demás partidos políticos. Había sido ministro de Guerra del presidente Alvear y pensó la “revolución” como un simple cambio de mando que no alterara, sino restaurara el sistema liberal democrático, buscando la solución en la conciliación entre los dos partidos antagónicos, radicales y conservadores, a través de una coalición. Agustín Pedro Justo triunfó en las elecciones de 1932, poniendo fin a la corta dictadura de Uriburu y al conflicto entre los dos modelos “revolucionarios” (de Privitellio 2012).

Segunda “revolución”: 1943-1946

Los años 1930, dominados por los conservadores y posteriormente denominados de “Década Infame”, fueron marcados por cambios económicos que llevaron a un gran éxodo rural, la amplia utilización del fraude electoral y la represión a la oposición (Ciria 1975; Quattrocci-Woisson 1995; Goebel 2013). Durante la Segunda Guerra Mundial, la división política y militar inconciliable entre el nacionalismo partidario del Eje y los partidos democráticos críticos del nazi-fascismo generó una nueva crisis inmanejable. La siguiente “revolución” venía a transformar ese estado de cosas, desde una perspectiva claramente rupturista con el sistema político consagrado por la Constitución, al que algunos consideraban agotado.

Eminentemente militar y portadora de un proyecto nacionalista y católico, esa “revolución” se produjo en junio de 1943, avanzada ya la Guerra, en una coyuntura internacional crítica para el país, que oficialmente mantenía una posición neutralista pero antinorteamericana (Díaz Araujo 1970). De ese golpe de Estado participaron tres grandes sectores militares: los nacionalistas pro-Eje, que habían realizado levantamientos anteriores sin éxito; un minoritario sector liberal pro-Aliados, que luego fue rápidamente desplazado; y el denominado Grupo de Oficiales Unidos, GOU, nacionalistas, algunos de los cuales habían participado sin mayor peso en la conspiración de 1930. Estos habían establecido contactos con dirigentes políticos, especialmente radicales, opuestos al presidente conservador Ramón S. Castillo, que gobernaba desde al año anterior (Potash 1971).

El movimiento se precipitó y la conformación del régimen militar tuvo un alto grado de improvisación y de luchas por el poder. Como apuntó Robert Potash, el único punto de convergencia de los conspiradores “era que se trataba de un movimiento rigurosamente militar. Los civiles no participarían, y los militares debían dirigir el futuro gobierno” (1971, 283). El general Arturo Rawson no alcanzó a jurar el cargo de presidente, porque el ecléctico gabinete que propuso, que reunía miembros proEje, pro-Aliados y políticos conservadores, fue rechazado por los oficiales del GOU. Estos jugaron un rol protagónico en esa situación y llevaron al general Pedro Pablo Ramírez a la presidencia, acompañado por un gabinete mayoritariamente militar. A partir de ahí, la “revolución” asumió un claro sesgo anticomunista, nacionalista y católico, que se reveló en las medidas tomadas en educación – como la enseñanza religiosa obligatoria en la escuela pública y la intervención en las universidades – y en el manejo político – como la suspensión de las garantías constitucionales y la disolución de los partidos políticos –.

En este escenario autoritario y nacionalista comenzó la exitosa carrera política de Juan Domingo Perón. A lo largo de 1943 y 1944, el entonces coronel Perón concentró espacios de poder e influencia dentro del gobierno, primero como secretario personal del ministro de Guerra; luego como incumbente de la nueva Secretaría de Trabajo y Previsión, creada por su iniciativa; y, por fin, como ministro de Guerra y vicepresidente. En esos cargos Perón se consolidó como el “coronel del pueblo”, por sus políticas sociales en favor de los trabajadores y desposeídos (indemnizaciones, negociaciones colectivas, servicios sociales, jubilaciones, etc.) y por su acercamiento con algunos sectores del radicalismo y sobre todo con los sindicatos, cuya influencia él ayudó a fortalecer.

El avance político de Perón se hizo sumamente visible, creando una división nacional entre peronistas y antiperonistas (una denominación acuñada por los mismos peronistas). Finalizada la Segunda Guerra Mundial, crecieron las acusaciones y el repudio hacia el que los opositores al régimen calificaban como el “coronel filo-fascista”. En septiembre de 1945, una multitud en Buenos Aires pidió la renuncia del gobierno militar y su entrega a la Corte Suprema de Justicia, para el inmediato llamado a elecciones. Eso resultó en la prisión del coronel Perón, a la que sus partidarios respondieron con una inmensa manifestación en su defensa, el 17 de octubre de 1945. Esa masiva y exitosa protesta popular se convirtió en el “día de la lealtad”, celebrado desde entonces como acto fundacional del peronismo, que llegó al poder a través de las elecciones de 1946.

La de 1943 fue la más exitosa de las “revoluciones” militares argentinas del siglo XX, primero porque fue la única que logró proyectar buena parte de su ideario “revolucionario”, nacionalista y popular, en dos gobiernos consagrados electoralmente: los de Juan Domingo Perón (1946-1952 y 1952-1955), ascendido a general en 1950. Perón convirtió en leyes sus decretos “revolucionarios” (sobre la estabilidad laboral, la remuneración justa, el aguinaldo, las vacaciones, etc.) y consolidó una alianza con amplios sectores de los trabajadores y buena parte del Ejército que se proyectó en el tiempo. Además, derrotó efectivamente al liberalismo político, representado en la Unión Democrática, alianza que reunía a la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y el Partido Comunista – o sea, a todos los partidos no-peronistas existentes, excepto los conservadores.

Además, la “revolución” de 1943 inauguró una nueva tradición política nacionalista y popular que descansó en un Poder Ejecutivo fuerte y en un Parlamento mayoritariamente afín al mismo, y consolidó el poder económico del Estado, que pasó a controlar la banca y el comercio exterior. Esa tradición también desconoció en los hechos la legitimidad de la oposición política, reprimiendo sus actividades proselitistas, quitándole el acceso a la prensa y al espacio público aun en tiempos electorales, mientras estableció una relación duradera tanto con el sindicalismo como con sectores industriales afines a sus políticas.

Sin embargo, al llegar a su segundo gobierno, con problemas en el terreno económico e intentos de aproximación hacia los Estados Unidos, el potente peronismo, voraz en su vocación de acumulación de poder, desafió a la Iglesia Católica con una batería de medidas como el establecimiento del divorcio, la legalización de la prostitución y la igualdad de derechos entre los hijos extramatrimoniales y los nacidos en el matrimonio. La Iglesia cobijó a los partidos de la oposición y contribuyó para que el peronismo fuera derribado por el más cruento de los golpes de Estado ejecutado hasta entonces por las fuerzas armadas.

Tercera “revolución”: 1955-1958

La Marina de Guerra encabezó un primer levantamiento contra Perón en junio de 1955 que, aunque no fue exitoso, resultó en más de 300 muertos civiles y alrededor de 700 heridos. Los enfrentamientos bélicos se reiniciaron por tierra y por mar el 16 de septiembre y duraron más de tres días. Luego de múltiples destrozos y muertes en ambos lados, el “revolucionario” y el peronista, los militares lograron la renuncia de Juan Domingo Perón. A eso siguieron multitudinarios festejos de los antiperonistas a lo largo de todo el país y la conformación de un gobierno integrado por los jefes triunfantes del Ejército y de la Marina que portaban proyectos antagónicos de “revolución” (Whitaker 1956; Ruíz Moreno 1994; Spinelli 2004).

El más prolongado y sangriento golpe de Estado de los ocurridos hasta entonces en el país, la autodenominada “Revolución Libertadora” de 1955 mostró en toda su magnitud la ruptura de la sociedad entre peronistas y antiperonistas, generando tristeza, desasosiego e incertidumbre entre los primeros y un clima festivo, esperanzado y a veces revanchista entre los segundos. Un famoso ensayo del escritor Ernesto Sábato, “El otro rostro del peronismo” (1956), describe este clivaje social contrastando las actitudes de sus copartícipes de los festejos del triunfo del golpe, en casa de un amigo en Salta, con los sentimientos de las empleadas, que lloraban mientras trabajaban en la cocina.

El nuevo presidente, general Eduardo Lonardi, rodeado de asesores nacionalistas, postulaba una transición breve y un rápido llamado a elecciones. Su gobierno provisional resignificó y adoptó como lema las palabras que concluían el acta del fin de las hostilidades: “ni vencedores ni vencidos”. Con respecto al peronismo, Lonardi proponía “una política conciliatoria” y un estrecho contacto con los sindicatos. Por contraposición, el vicepresidente, contralmirante Isaac Francisco Rojas, otorgaba a la “revolución” otro sentido: debía ser “la tumba de la tiranía”, o sea, representar la eliminación del peronismo y la restauración de la tradición liberal democrática anterior.

La lucha entre esas dos tendencias se profundizó durante los primeros sesenta días de gobierno. El general Lonardi, ya entonces muy enfermo, fue desplazado, y asumió la presidencia el general Pedro Eugenio Aramburu⁴, mientras Isaac Francisco Rojas se mantuvo en la vicepresidencia. En el gobierno de Aramburu (1955-1958) fueron proscriptos el Partido Peronista y sus símbolos, fue anulada la reforma constitucional peronista de 1949 y se puso en marcha un proceso de “desperonización” del aparato estatal, la educación, los sindicatos y la prensa. En paralelo, comenzó la reorganización política de los partidos con vistas a la salida electoral. El hecho más grave que ese gobierno debió enfrentar fue el fallido levantamiento político-militar peronista de junio de 1956, que fue violentamente reprimido con la pena de muerte a los implicados⁵.

Durante el período se dieron debates y escisiones en la mayor parte de los partidos políticos, cuyos ejes fueron las posiciones frente a la “revolución” y al peronismo, mientras crecía la posición conciliadora con este último, que en otro trabajo hemos denominado “antiperonismo tolerante” (Spinelli 2005). Después de una reforma constitucional, las elecciones de febrero de 1958 llevaron al poder a Arturo Frondizi, con el apoyo de Perón, que no podía presentarse como candidato. Con esas elecciones concluyó el fracasado proyecto de la “Revolución Libertadora”, que había prometido ser la “revolución” restauradora de la democracia y que, sin embargo, por la prohibición, persecución y represión del peronismo al que concibió como su mayor enemigo, fue denominada por éste como la “revolución fusiladora” o la “revolución gorila”.

Cuarta “revolución”: 1966-1973

El discurso de asunción presidencial de Arturo Frondizi, en 1958, presentó el proyecto desarrollista de modo formal y detallado, pero su pacto electoral con Perón hizo que su gobierno estuviera bajo la tutela militar. Después de acosarlo durante los cuatro años de su presidencia, los militares lo derrocaron en 1962⁶, originando el gobierno de facto de José María Guido que, luego de un año y medio de compartir el poder con los dos bandos militares que defendían la política con o sin peronismo, convocó a elecciones en 1963. En esas elecciones, Arturo Humberto Illia, el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo⁷, fue consagrado por un escaso margen electoral. Su mandato se centró en implantar la legalidad democrática, en recuperar la centralidad del Estado en las áreas económica y social, y en dar una vuelta atrás en las políticas desarrollistas, particularmente en el área petrolera, en la cual rescindió los contratos firmados durante la presidencia de Frondizi.

Transcurrían entonces los años más álgidos de la Guerra Fría en América Latina. En Argentina, los sectores medios urbanos se politizaban y se inclinaban crecientemente a la izquierda. El presidente Illia (1963-1966) sufrió un ataque constante del sindicalismo peronista, por un lado, y de una vasta campaña propagandista de sectores empresariales y políticos, por otro. Por meses la posibilidad de un golpe de Estado fue abiertamente discutida en la prensa y en ámbitos políticos. Varias encuestas, realizadas entre distintos grupos sociales y políticos, mostraron altísimos porcentajes de aprobación y expectativa por sobre los de rechazo y apatía con relación a un posible golpe. La crisis político-militar se agudizó y culminó en el golpe de Estado menos cruento de la historia argentina, el 28 de junio de 1966, que derrocó a Illia en un cierto clima de alivio y aceptación inicial por una sociedad dividida entre peronistas y antiperonistas. Ese golpe puso en marcha un zigzagueante proceso de casi siete años que fue llamado “la Revolución Argentina”.

Decididamente anticomunista, esa “revolución” gozaba de un amplio consenso político y social, que ostensiblemente incluía a los más altos dirigentes del sindicalismo peronista y al mismo expresidente Perón, entonces en el exilio, además de buena parte de los partidos políticos opositores y varios sectores de empresarios. Presidido por el general Juan Carlos Onganía (1966-1970), el primer gobierno del período estuvo bajo la hegemonía del Ejército y marcada influencia católica. Como la de 1943, esa “revolución” buscaba trasformar el país, modernizando la economía a través de la industrialización y anulando el sistema de partidos, a los cuales acusaba de no representar los intereses genuinos de la sociedad, sino la lucha desembozada por el poder y los recursos del Estado (Rouquié 1982).

A diferencia de la “revolución” de 1955, la de 1966 no se concibió como un paréntesis “revolucionario” para volver a la tradición política (a la que no añoraba), sino que venía a implantarse como un régimen militar unipersonal, trasformador y disciplinador. No fijó plazos para su mandato y enmarcó su proyecto en tres tiempos: económico, social y político. Emprendió su acción de gobierno promoviendo un significativo avance del poder del Estado, ya no sólo sobre las instituciones de orden público, sino también sobre la vida privada de las personas (Spinelli 2013). Sin embargo, ese proceso fue accidentado, desafiado por distintos sectores sociales radicalizados y por una creciente politización que se manifestó en grandes movilizaciones obrero-estudiantiles y espectaculares atentados de las guerrillas urbanas. La más importante de las protestas ocurrió en la ciudad de Córdoba, el 29 de mayo de 1969 (Tcach 2012), y el más impactante de los atentados fue el asesinato del general y expresidente Aramburu por los Montoneros, guerrilla peronista que con ese acto hizo su presentación en sociedad en 1970 (Gillespie 1987).

La muerte de Aramburu llevó a la caída de Onganía y a su substitución por el general Roberto Marcelo Levingston, designado por la Junta Militar a la presidencia (1970-1971). Su intento nacionalista y antiimperialista fracasó en menos de un año, llevando a la apertura política liderada por el nuevo presidente, el general Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973), más afín a la tradición liberal-republicana, que buscó una salida política (Lanusse 1977, 1988). El último presidente de la “Revolución Argentina” revirtió, así, los dos sentidos y proyectos transformadores en que ella se había plasmado – el nacionalista-desarrollista y el nacionalista-antiimperialista – y los substituyó por un proyecto restaurador de una renovada tradición política, en el que se reinstalaba al peronismo a la legalidad. Terminaba así la llamada “Revolución Argentina”.

Un golpe sin “revolución”

El accidentado proceso de negociaciones del gobierno militar con el conjunto de los partidos políticos y con Perón culminó en las elecciones de marzo de 1973. Salió triunfante Héctor José Cámpora, designado por Perón (que aún no podía concurrir personalmente), como candidato del Frente Justicialista de Liberación, coalición liderada por el peronismo y compuesta por buena parte de los partidos que se fueron solidarizando con Perón desde 1955 (Potash 1994). Como presidente, Cámpora pronto llamó a nuevas elecciones, en septiembre de 1973, en las cuales Juan Domingo Perón sí pudo competir y salió vencedor con el 62% de los votos. El tercer mandato de Perón (1973-1974) fue interrumpido por su muerte, tras la cual asumió la vicepresidente, su viuda María Estela Martínez de Perón, durante cuyo mandato se profundizó la crisis política que marcó todo el llamado “tercer peronismo” (de Riz 1987; Torre 1983; Carnovale 2011; Spinelli 2021).

Varios factores componían esa crisis: la sangrienta lucha armada entablada entre la derecha y la izquierda del peronismo, movimiento que se hacía cada vez más heterogéneo; las acciones de un nuevo grupo guerrillero, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de inspiración trotskista; la brutal represión organizada desde el aparato del Estado con la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), destinada a combatir clandestinamente a la guerrilla peronista y a la izquierda en general – todo eso agravado por una profunda crisis económica y por la incapacidad de la dirigencia política, especialmente después de la muerte de Perón, de responder a la situación (para un estudio de alto impacto en la historiografía política argentina, ver Franco 2012; para un original enfoque sobre “los años setenta de la gente común”, ver Carassai 2013).

Esa explosiva situación conmocionó a la sociedad y a la política en niveles hasta entonces inéditos, y formó el escenario en que maduró caóticamente el último golpe militar exitoso del siglo XX, en 1976, que llevó al régimen autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Su advenimiento fue recibido con expectativa por la gran prensa y con discreta simpatía por los partidos ubicados a la derecha del espectro político, además de sectores empresariales y de amplios grupos sociales hastiados de la violencia y del malestar económico y político. Mientras tanto, en buena parte de los sectores medios y bajos reinaba la apatía y el miedo por el futuro.

Como la anterior dictadura, la más reciente tampoco se fijó plazos, sino objetivos. Además, abandonó la autodenominación “revolución” que se había utilizado repetidamente en Argentina desde 1810 y que designó a los cuatro golpes y los consecuentes regímenes analizados aquí. Al instalarse, “el Proceso” anunció “la reorganización nacional” como tarea totalizadora, tratando de cerrar una etapa agotada de alternancia de gobiernos civiles y militares, por un lado, y asumiendo una vocación fundacional de disciplina y reeducación de la sociedad (Novaro y Palermo 2003). Ahí residía su carácter restaurador de la autoridad en un sentido pleno, ubicada por encima de las diferencias sociales y culturales: de los padres sobre sus hijos, del maestro sobre el alumno, del jefe sobre el empleado y así de seguido… Esto es, ese régimen se proponía reconstruir un orden tradicional imaginado, que suponía que la modernización y la radicalización ideológica habían alterado. Sin duda, esto se relacionaba con la cultura del miedo, la censura y la implacable represión que desató, causando miles de muertes y desapariciones.

Conclusiones

Una mirada de conjunto sobre el ciclo de los golpes de Estado y las “revoluciones” del siglo XX, también llamado de ciclo de la inestabilidad política en la Argentina, permite trazar una línea ascendente de autoritarismo y de represión que alcanza su máxima expresión en el período 1976-1983. Pero a la vez nos permite pensar en algunos patrones de regularidad y tipos de respuestas, para explicar la ocurrencia de esos eventos violentos y de los proyectos gestados para restaurar o transformar el orden político y social.

Respecto de su ocurrencia, puede afirmarse que todos esos golpes de Estado se produjeron en medio de situaciones políticas críticas, lo que explica la amplitud de consenso inicial que tuvieron las destituciones de los gobiernos constitucionales, así como los gobiernos de excepción que inauguraron. En cada uno de esos casos, el término “revolución” fue invocado para designar tanto a los golpes como a los gobiernos autoritarios. Por otra parte, hay una diferencia fundamental entre las “revoluciones” militares que representaban proyectos restauradores de la tradición política republicana (las de 1930 y de 1955) y las que defendían proyectos transformadores de la misma tradición (las de 1943 y de 1966). Las “revoluciones” de 1930 y 1955 derribaron a gobiernos que tenían amplio respaldo electoral, el de Yrigoyen y el de Perón, pero que habían vulnerado el orden republicano y dividido políticamente a la sociedad en dos sectores inconciliables. Las “revoluciones” de 1943 y 1966, en contraste, apostaron a sustituir el sistema de partidos por gobiernos de unidad nacional fuertes y a transformar la economía del país.

Como vimos, en los primeros tramos de la “revolución” de 1930 y la de 1955, se da una lucha por el poder entre dos grandes líneas antagónicas – entre nacionalistas y liberales, en el primer caso; y entre conciliadores y antiperonistas, en el segundo. Por otro lado, la “revolución” de 1943 tiene un proyecto de clara inspiración filo-fascista, centralizador, modernizador y popular. Su rasgo más peculiar fue que de su mismo seno surgió el líder político que le dio continuidad y profundizó su proyecto, después de ser elegido presidente a través del sufragio. Por esas duraderas consecuencias políticas y culturales argumentamos que esa fue la única “revolución” exitosa de la Argentina del siglo XX, aunque la misma mitología política peronista no la considere parte de su historia, prefiriendo celebrar como su fecha fundacional el 17 de octubre de 1945, punto de encuentro entre Perón y el pueblo.

Los dos últimos golpes militares del siglo XX, de 1966 y 1976, que tuvieron como marco los momentos álgidos de la Guerra Fría en América Latina, se dieron también en contextos de profundas crisis políticas y económicas que pusieron en marcha una “Revolución Argentina”, en el primer caso, y una “Reorganización Nacional”, en el segundo. Ambos generaron consensos en distintos sectores sociales, económicos y políticos, pero estuvieron sometidos a un desgaste similar o incluso superior al de los gobiernos constitucionales que habían derrocado. Pero entre esos dos últimos golpes y los regímenes que establecieron hay una diferencia importante: los del 1966 siguieron la tradición de uso de la palabra “revolución” como autodefinición legitimadora y los del 1976 adoptaron, por primera vez, otro vocabulario para designar su propia violencia.

• O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001
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  Este artículo está fundamentado en el análisis de la extensa producción documental y académica sobre la historia política argentina del siglo XX. En esa producción se incluyen algunas publicaciones anteriores de la autora, debidamente citadas a lo largo del texto, y que a su vez están basadas en muchos años de investigación de archivo.
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  Esos objetivos y proyectos restauradores y trasformadores corresponden, respectivamente, a lo que João Felipe Gonçalves llama, en su contribución a este dossier, “retornos” y “rupturas”.
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  El radicalismo, surgido en fines del siglo XIX, y el peronismo, surgido en los años 1940, han sido los movimientos políticos más populares e influyentes en la Argentina del siglo XX. Ambos movimientos han sido y siguen siendo muy heterogéneos en sus orientaciones ideológicas y bases de apoyo, pero los radicales son muy frecuentemente vistos como defensores de la democracia liberal y como representantes de las clases medias urbanas, y el peronismo como un movimiento populista asociado a los obreros y clases populares.
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  Aramburu sería asesinado por el grupo guerrillero peronista Montoneros, el 29 de mayo de 1970.
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  Un relato contemporáneo de ese dramático suceso por el escritor y periodista Rodolfo Walsh (1957) constituyó su denuncia política más impactante. Ese relato, Operación masacre, reveló los famosos fusilamientos en los basurales del municipio bonaerense de José León Suárez y tuvo sucesivas reediciones. Otro importante ensayo sobre el tema es el de Salvador Ferla, Mártires y verdugos (1964) 1983.
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  Es interesante observar que, al contrario de la mayoría de los demás golpes de la época analizados aquí, ese derrocamiento no fue llamado de “revolución”.
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  Ese partido surgió de la división de la Unión Cívica Radical en enero de 1957. El otro sector resultante fue el de la Unión Cívica Radical Intransigente, inicialmente liderada por Arturo Frondizi.

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Editado por

• Editor-Chefe
  Guilherme Moura Fagundes

• Editora-Associada
  Marta Rosa Amoroso

• Editora-Associada
  Ana Claudia Duarte Rocha Marques

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  27 Jun 2025
• Fecha del número
  2025

Histórico

• Recibido
  28 Mar 2023
• Acepto
  20 Dic 2024