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Articulo dossier tematico • Geopauta 10 • 2026 • https://doi.org/10.22481/rg.v10.18296 linkcopiar

Open-access “Los Pueblos Cholultecas no somos basurero”: depredación, residuos y defensa de la vida en Cholula, Puebla

“The Cholulteca People Are Not a Dump”: Predation, Waste, and the Defense of Life in Cholula, Puebla

“Os povos cholultecas não somos um depósito de lixo”: depredação, resíduos e defesa da vida em Cholula, Puebla

AutoríaSCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

Resumen

Este artículo analiza el Relleno Sanitario Intermunicipal de Cholula como una expresión de la producción institucional del daño en el marco del reordenamiento territorial impulsado en Puebla, México durante el sexenio de Rafael Moreno Valle (2011-2017). A partir de una genealogía sociohistórica y del análisis documental y hemerográfico, se examinan los efectos acumulados de la infraestructura de residuos sobre territorios nahuas y campesinos, así como las prácticas de defensa y cuidado articuladas por los Pueblos Cholultecas. El estudio muestra que el basurero operó como un dispositivo civilizatorio de descarte y que su clausura comunitaria, el decreto de los pueblos y la creación del Bosque Palestina Libre constituyen prácticas de cuidado político que interrumpen la normalización del daño y reconfiguran las fronteras entre territorio, residuos y vida común.

Palabras clave:
producción del daño; residuos; cuidado; pueblos Nahuas; zonas de sacrifício.

Abstract

This article analyzes the Cholula Intermunicipal Landfill as an expression of institutional damage within the framework of territorial reorganization promoted in Puebla, Mexico, during Rafael Moreno Valle's six-year term (2011-2017). Based on a socio-historical genealogy and documentary and newspaper analysis, the cumulative effects of waste infrastructure on Nahua and peasant territories are examined, as well as the practices of defense and care articulated by the Cholulteca peoples. The study shows that the landfill operated as a civilizing device of discard and that its community closure, the decree of the peoples, and the creation of the Free Palestine Forest constitute practices of political care that interrupt the normalization of damage and reconfigure the boundaries between territory, waste, and common life.

Keywords:
production of damage; waste; care; Nahua peoples; sacrifice zones.

Resumo

Este artigo analisa o Aterro Sanitário Intermunicipal de Cholula como uma expressão da produção institucional de danos no âmbito da reorganização territorial promovida em Puebla, México, durante o sexênio de Rafael Moreno Valle (2011-2017). A partir de uma genealogia sociohistórica e da análise documental e hemerográfica, examinam-se os efeitos acumulados da infraestrutura de resíduos sobre os territórios nahuas e camponeses, bem como as práticas de defesa e cuidado articuladas pelos povos cholultecas. O estudo mostra que o aterro sanitário funcionou como um dispositivo civilizatório de descarte e que seu fechamento comunitário, o decreto dos povos e a criação da Floresta Palestina Livre constituem práticas de cuidado político que interrompem a normalização do dano e reconfiguram as fronteiras entre território, resíduos e vida comum.

Palavras-chave:
produção do dano; resíduos; cuidado; povos Nahuas; zonas de sacrifício.

Introducción

En las últimas décadas, los conflictos socioambientales en México han dejado de ser episodios excepcionales para convertirse en expresiones estructurales de un modelo de desarrollo que externaliza de manera sistemática sus costos sobre territorios históricamente racializados y subalternizados. Basureros, minas, presas, corredores industriales y megaproyectos energéticos no solo transforman paisajes y economías locales, sino que producen nuevas formas de vulnerabilidad, enfermedad y violencia que se distribuyen de manera profundamente desigual. En este contexto, los residuos -materiales, hídricos y sociales- emergen como un eje central para comprender las formas contemporáneas de depredación del capital.

Este artículo propone analizar el Relleno Sanitario Intermunicipal de Cholula como el resultado de una producción institucional del daño sostenida en el tiempo. A partir de una genealogía que articula decisiones estatales, concesiones privadas y dispositivos legales, se argumenta que el basurero forma parte de un régimen más amplio de gestión del territorio y de los bienes comunes que caracterizó al sexenio de Rafael Moreno Valle en Puebla, y cuyas lógicas continúan operando más allá de su gobierno.

Frente a esta producción del daño, los pueblos nahuas de la región cholulteca han articulado una defensa territorial a través de la clausura comunitaria del basurero, el decreto emitido por la Asamblea de los Pueblos, la vigilancia del territorio y la reforestación del predio transformado en el Bosque Palestina Libre, los cuales constituyen prácticas de cuidado político que no buscan administrar ni mitigar el daño, sino interrumpir las condiciones que lo producen. El cuidado aparece aquí como una forma de acción colectiva que disputa la clasificación del territorio como espacio disponible para el descarte.

Desde una aproximación que combina análisis documental, revisión hemerográfica y lectura teórica crítica, el texto explora cómo el conflicto en Cholula permite pensar el basurero como dispositivo civilizatorio, en la noción de “zona de sacrificio” y sus límites analíticos, y en el cuidado como práctica de límite frente a la acumulación de residuos y la comodificación del agua y la tierra. El artículo busca aportar elementos para comprender cómo, en territorios dañados, emergen formas de vida y de política que reconfiguran las fronteras entre lo público y lo comunal, lo urbano y lo rural, la vida y la muerte.

Producción institucional del daño

Si actualmente los Pueblos Cholultecas demandan una reparación del daño, no es por la contingencia de un agravio azaroso; es la muestra de una producción del daño sostenida por décadas. La instalación del Relleno Sanitario Intermunicipal de Cholula puede entenderse como parte de un proyecto estatal de reordenamiento territorial, administrativo y económico, impulsado durante el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla (2011-2017), el cual estuvo caracterizado por la centralización del poder, la privatización de servicios estratégicos y la imposición de infraestructuras de alto impacto sobre territorios con poca o nula capacidad de negociación política.

Durante este sexenio, el gobierno estatal promovió una narrativa de modernización basada en megaproyectos, asociaciones público-privadas y dispositivos legales de excepción. Ejemplo de ello fue la creación de Ciudad Modelo alrededor de la planta armadora de automóviles Audi en San José Chiapa, en la que se invirtieron más de mil millones de pesos para la construcción de una clínica, un centro escolar -de nombre Rafael Moreno Valle-, y viviendas que albergarían a 45 mil personas. El proyecto requirió la constitución de un Organismo Público Descentralizado y la “modificación de la legislación aplicable para asegurar su viabilidad técnica, jurídica y administrativa” (Espinosa-Flores, Flores-Lucero Y Medina Ciriaco, 2022, p. 46), y el pago de casi dos mil millones de pesos a la empresa Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe, S.A. de C.V. que terminarán de entregársele en 2028 y que se suma a la deuda del estado de Puebla por el Museo Internacional del Barroco, el Teleférico y la Estrella (Gómez, 2022). Más allá del museo sin acervo y la inoperancia del teleférico y de la noria de observación, Moreno Valle provocó un

demencial ecocidio [...] rellenó un suelo que fue recarga natural de acuíferos en el llano de San José Chiapa y en un sitio que los lugareños nombraban tradicionalmente como El Jagüey. Millones de metros cúbicos de arena, grava y piedra obtenidos de la excavación, mediante jornadas de 20 horas diarias durante ocho meses, redujo el cerro de Nopalucan a tepetate estéril, destruyendo de paso sitios arqueológicos y expulsando (engañados sobre sus derechos y estafados sobre el valor comercial de sus tierras) a los campesinos que se dedicaban al cultivo de milpas y pastoreo en lo que alguna vez fue el ejido de Santa María Ixtiyucan sobre ese cerro (Ashwell, 2019).

No solo eso. En 2013, el sistema operador público de agua potable otorgó las concesiones de cuatro municipios a la empresa privada Concesiones Integrales por 30 años; además, de manera ilegal, ya que no existía jurídica ni fiscalmente cuando participó en la licitación (Olvera, 2025). Ahora, los usuarios pagan tarifas hasta 500 % más caras y los recortes totales o parciales de agua, sufriendo ya poblaciones como Nealtican, Acuexcomac, Xoxtla y Sanctorum el agotamiento acelerado de sus fuentes (Nodo de Derechos Humanos, 2025).

En mayo del año siguiente, el Congreso aprobó la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla que permitía el uso de bastones policiales, agentes químicos irritantes, dispositivos eléctricos y armas o pistolas noqueadoras o incapacitantes para “el sometimiento de una persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente” (El Sol de Puebla, 2014). Dos meses después, mientras habitantes de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaban en contra del retiro de la facultad de llevar a cabo registros civiles en las juntas auxiliares que se había impuesto recientemente, un menor recibió un impacto de bala de goma en el rostro y murió a los diez días.

En todos estos casos, la constante parece ser el desplazamiento de la deliberación pública que, aunque atraviesa los procesos en cabildos, congreso o asambleas, parece centrar la toma de decisiones en el Ejecutivo estatal; la reconfiguración de los bienes comunes como mercancías gestionables en beneficio de empresas privadas y funcionarios públicos2; y la administración del conflicto mediante mecanismos coercitivos y/o jurídicos. Además de la llamada “Ley Bala”, no sobra mencionar la criminalización hacia los defensores del territorio, como el caso de Adán Xicale, el abogado que encabezó la lucha contra el Parque de las 7 Culturas que se pretendía realizar en 2014 en la zona arqueológica -y sagrada para más de 40 comunidades- del Cerrito de los Remedios de Cholula para dar pie a un complejo turístico, un tren ligero y un museo de sitio.

En tal contexto, el Relleno Sanitario Intermunicipal de Cholula aparece como una infraestructura totalmente acorde con este gobierno, en el que el territorio, habitado en gran parte por comunidades nahuas, se convierte en una “zona de sacrificio”, racializada y subalternizada, para sostener la vida urbana, el crecimiento inmobiliario y la acumulación económica de otros espacios del estado. Así, la producción del daño va incluso más allá de la devastación material y de las condiciones de vida de los cuerpo-territorios; gestiona la permanencia del riesgo y la violencia en un orden sociopolítico que al no lograr invisibilizar lo residual, lo desplaza, posterga y entierra.

Así fue como entre protestas y bloqueos de caminos por parte de habitantes de San Andrés Calpan, Cholula, en Puebla, México, el presidente del municipio vecino, San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres (2014-2018)3, inauguró un relleno sanitario el 27 de julio de 2015 en la colindancia entre ambos municipios (Rivera, 2015). Parte de la contestación de los calpenses -incluido entre ellos su presidente Leonardo Lázaro Jiménez- se debió a la falta de estudios de impacto ambiental y de la consecuente autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la disputa por la jurisdicción de los predios en que se instaló, ya que el presidente de Calpan aseguraba que los terrenos pertenecían a este municipio y que San Pedro Cholula no debía intervenirlos. Contrariamente, el entonces coordinador municipal del Partido del Trabajo aseguró que el descontento del presidente municipal de Calpan (del Partido Acción Nacional, PAN) hacia la administración de un partido opositor era conveniente para Rafael Moreno Valle (también del PAN), debido a que intentaba posicionar un proyecto propio de manejo seco de residuos en San Andrés Cholula que favorecería a la iniciativa privada (Camacho, 2015; Llaven Anzures, 2015).

Espinosa Torres replicó que el relleno sanitario se había construido en apego a la NOM-083-SEMARNAT-2003, contando con canalización para la recolección de lixiviados y biogás y con una vida aproximada de cuatro años. Se apresuró a presentar la documentación que tramitó para operar el basurero4 (Noticias de Cholula, 2015) y afirmó además que el nuevo relleno sanitario aliviaría los rezagos de recolección de residuos en la cabecera municipal y las 13 juntas auxiliares de San Pedro Cholula que estaba generando la empresa Mayacalli S.A. de C.V., filial de RESA S.A. de C.V., al negar y condicionar el traslado de la basura al relleno sanitario de Huejotzingo por un supuesto adeudo de la administración anterior (Llaven Anzures, 2014; Rojas, 2014). El propio Relleno Sanitario Intermunicipal Oriente de Huejotzingo, sin embargo, enfrentaba una fuerte oposición de los habitantes de ese municipio y habían solicitado desde el 2007 su clausura debido a la contaminación en sus cosechas y pozos de agua potable y a las enfermedades en la piel y vías respiratorias que comenzaban a presentar: en 2003, cuando se estableció el proyecto, se aseguró que serviría únicamente a Huejotzingo, mas el entonces gobernador Mario Marín modificó más adelante su funcionamiento para dar servicio a 17 municipios -incluyendo San Pedro Cholula-, que después se extendieron a más de veinte (Mota Corro, 2007; Gómez, 2015)5.

Para asegurar el proyecto en San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres propuso la donación de los predios en disputa al gobierno del estado de Puebla, misma que fue aprobada mediante el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 17 de diciembre de 2015. Con ello, mencionó, se lograría una inversión pública histórica en materia de medio ambiente, se cumpliría su promesa de campaña y uno de los puntos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, y se instalaría el primer relleno sanitario seco de México (Noticias de Cholula, 2015). El gobierno estatal, entonces, instauró un Consejo Intermunicipal, cuyos integrantes fueron los presidentes de los municipios de la zona, y se otorgó a San Pedro Cholula la calidad de anfitrión, recayendo sobre éste las tareas administrativas y en la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) la mediación entre el Consejo y el relleno (Marcos Analco, 2017). La concesión operativa se otorgó a la empresa privada PROFAJ Hidro Limpieza, S.A. de C.V. por un periodo de treinta años el 25 de febrero de 2016, con lo que finalmente comenzó a funcionar el inmueble como una planta procesadora de desechos intermunicipal.

Tan solo siete meses después de su puesta en operación, tanto el síndico de San Andrés Calpan como el regidor del Ayuntamiento de Cuautlancingo denunciaron la contaminación a los mantos freáticos que afectó 430 hectáreas de cultivo de maíz y fruta de temporada debido al mal manejo de los residuos en sus respectivos municipios (Llaven Anzures, 2016; Tirzo, 2016). En junio de 2017, Espinosa Torres mencionó que, aunque no había aún daño ambiental, el relleno había alcanzado el cien por ciento de su capacidad a causa de la falta de instalación de las bandas de separación de residuos y a la incorporación al servicio de más de veinte municipios que no habían sido considerados originalmente en el proyecto (VIÑAS, 2017). Al año siguiente, el municipio de San Andrés Cholula solicitó al Congreso del Estado de Puebla la revocación del contrato con PRO-FAJ Hidro Limpieza, misma que se logró en 2019 (Hernández González, 2019; Municipios De Puebla, 2018)6. No obstante, pese a que en San Pedro Cholula se le notificó a la empresa que se clausurarían sus instalaciones si continuaba incumpliendo los acuerdos y a que el presidente de San Andrés Calpan en 2019 anunció que también solicitaría al Congreso del Estado de Puebla la revocación de la concesión, PRO-FAJ siguió operando durante los siguientes cinco años, incluso a pesar de cinco amparos ante la justicia federal que interpuso la Unión de Pueblos y Fraccionamientos (Ángulo 7, 2017; Corona, 2019; Tirzo, 2024).

La defensa de los pueblos cholultecas

El 1 de febrero de 2024, habitantes de Calpan descubrieron que, para ampliar el basurero7, PRO-FAJ había excavado un socavón de 22 metros de profundidad en el que hallaron agua (Educa Oaxaca, 2024). De acuerdo con Erik Coyotl Lozada (2024), días después, representantes de diferentes pueblos de la zona entregaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) evidencia de que la excavación, ilegal, había llegado a los mantos acuíferos, representando un grave riesgo de contaminación. En respuesta, la Profepa dio indicaciones a la empresa para cubrir los residuos y evitar así su clausura8.

Ante la falta de otras medidas por parte de las autoridades, el 21 de marzo de ese año, pobladores de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, San Andrés Calpan y San Andrés Cholula, junto con habitantes del Fraccionamiento Garzas Tres - organizados como la Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del Basurero y en Defensa del Agua y de la Tierra- bloquearon el acceso al Relleno Sanitario Intermunicipal e iniciaron un plantón indefinido para demandar su clausura. Semanas más tarde, el 2 de abril, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco entregó un análisis de muestras de agua tomadas de pozos noria, charcos y de la recolección de líquido corrido de lluvia junto al basurero en las que se encontraron “cantidades brutales” de coliformes y materia orgánica, indicando un exceso de contaminación microbiológica; con ello, la Profepa ordenó el cierre temporal del basurero el 10 de abril (Hernández Alcántara, 2024).

El 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, marcharon campesinos, activistas, universitarios y habitantes de los diferentes municipios afectados hacia SEMARNAT y solicitaron un diálogo con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial y con la Comisión Nacional del Agua, mismo que fue rechazado por el entonces secretario de Gobernación Javier Aquino Limón. Una semana después, el 29 de abril, trabajadores del relleno retiraron los sellos de Profepa, seguido de un breve comunicado oficial que aseguraba que PRO-FAJ podía reiniciar sus actividades, ya que había subsanado lo solicitado por la Procuraduría (Info Quorum, 2024). La Unión de Pueblos y Fraccionamientos reportó que al día siguiente se presentaron cinco sujetos en motocicletas que entraron y salieron del basurero e intimidaron a quienes se hallaban en el plantón; más tarde, denunciaron la presencia de “elementos policiacos de Calpan, San Pedro Cholula, Chiautzingo y Domingo Arenas [que] escoltaron a un convoy de camiones de basura que pretendía ingresar al relleno” (Desinformémonos, 2024; Santiago, 2024), quienes detonaron sus armas de fuego y golpearon a las personas que impidieron el paso de los camiones (Juárez Gamero, 2024), y que elementos de Guardia Nacional ingresaron de manera ilegal a los domicilios de algunos integrantes de la Unión en San Juan Tlautla (Meléndez Zenteno, 2024).

Frente a la intimidación, autoridades agrarias y tradicionales nahuas de 34 comunidades -junto con la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero y por la Defensa del Agua, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI) y el Congreso Nacional Indígena- convocaron a la Primera Asamblea de los Pueblos Cholultecas en contra del Basurero Asesino y los Megaproyectos de Muerte, que se llevó a cabo el 14 de mayo en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula (Santiago, 2024). El decreto de la clausura fue publicado dos días después en el portal de ANAVI:

Considerando que la violencia contra los pueblos y contra las mujeres es la violencia contra la Madre Tierra. En México las políticas neoliberales, continuadas por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, están provocando el despojo continuo y creciente de los territorios de las comunidades indígenas y campesinas e, incluso, de las poblaciones urbanas; junto a la devastación de la naturaleza [...] Que para el gran capital y el mal gobierno, en todos sus ámbitos e instituciones como la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la empresa Pro-Faj Hidro Limpieza, el construir un basurero a cielo abierto, sin el permiso y autorización de los pueblos [...] es, un ecocidio que no merece quedar impune, pues el lucro por cobrar cada tonelada de las 680 que ingresaron diariamente durante más de 16 años, avala la muerte de la flora, fauna y comunidades de los pueblos de la región cholulteca y de los volcanes [...] Declaramos que este Decreto lo dictamos en carácter de Pueblos Cholultecas, cuya identidad cultural, social y política nos da unidad y pertenencia común en este territorio, en ejercicio pleno de nuestro derecho a la autoadscripción o autodenominación de Ser Y Conformar Los Pueblos Cholultecas quienes aquí estamos presentes, así como nuestras familias, y en base a nuestra historia compartida al habitar, ocupar, cuidar y resguardar estos territorios desde hace miles de años. […] que con apoyo en el inalienable derecho del que gozamos como comunidades y como pueblo nahua para regir nuestro propio destino, estableciendo nuestras prioridades de desarrollo y conservar y proteger nuestras tierras, territorios, organización y cultura en un marco de autonomía [...] emitimos el siguiente: decreto que contiene el acuerdo por el que se clausura de manera total y definitiva el basurero que lleva por nombre procesadora de residuos sólidos urbanos semarnat ubicado en la carretera federal calpan-cholula, así como la construcción y operación de cualquier proyecto extractivo de agua y todo tipo de proyectos de muerte en el territorio del pueblo nahua de la región cholulteca y de los volcanes, puebla, méxico [...] Complejos industriales, infraestructura eléctrica industrial, fraccionamientos y zonas residenciales, plantas embotelladoras, refresqueras, cerveceras y envasadoras de alimentos, vías de comunicación destinada al traslado de mercancía proveniente de la industria o para la invasión inmobiliaria y otros proyectos que causen contaminación a la tierra, agua y aire y que atente contra la vida en nuestros pueblos quedan totalmente prohibidos en nuestro territorio. Dada la relación que los pueblos cholultecas tenemos con el agua, a la cual consideramos un ente vivo y sagrado, a la que hacemos ceremonia y es esencial en nuestra vida cotidiana y espiritual, queda prohibida la contaminación del agua superficial y subterránea. El uso que los pueblos damos al agua subterránea es el sostenimiento de la vida y el trabajo del campo, por ello, queda prohibida la perforación de pozos profundos con fines de explotación y lucro industrial.

Durante el mes de junio, los Pueblos Cholultecas documentaron ataques cibernéticos, incluyendo el hackeo de algunas de sus cuentas de WhatsApp, la clonación de la página de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos y la creación de videos apócrifos usando la imagen de la Jornada Oriente (Educa Oaxaca, 2024b). El plantón y el cierre de la carretera continuó durante los meses siguientes, con intervalos en determinados horarios para el acceso a la Feria del Chile en Nogada, cuya realización es fundamental para el municipio de Calpan. Finalmente, la Profepa determinó la clausura definitiva del basurero el 21 de agosto de 2024 (Hernández, 2024), de acuerdo con la Unión de Pueblos y Fraccionamientos, “no porque realicen un trabajo de protección y cuidado de la naturaleza, sino por la organización y autonomía de los pueblos de la región cholulteca y de los volcanes” (Cholollan Radio, 2024).

La vigilancia por parte de los pueblos continúa, ya que la empresa PRO-FAJ debe cumplir con las sanciones y la reparación del daño (Castillo, 2024), más aún luego de que el gobernador de Puebla Alejandro Armenta declarara en diciembre de 2024, justo como lo hizo Rafael Moreno Valle una década antes, que las instalaciones se reabrirían como un centro de transformación de desechos orgánicos e inorgánicos (Castillo, K., 2024). Ante ello, los Pueblos Cholultecas rechazaron la reapertura declarando que “no se puede castigar más a esta zona que, además está rodeada de campos altamente productivos, áreas naturales protegidas [...] y los mantos acuíferos [...] El agua es cultura y vida de nuestros pueblos que están en peligro” (El Tekpatl, 2024).

A lo largo del 2025, las movilizaciones continuaron. En febrero, en el marco de las Jornadas Globales “Justicia para Samir Flores, a seis años de impunidad” se volvió a bloquear la vialidad (Hernández Alcántara, 2025). En junio se llamó a la población en general a revertir los daños ecológicos, iniciando una campaña de reforestación en el vertedero (Marcial, 2025) que ahora es conocido como el Bosque Palestina Libre y que sigue siendo resguardado y cuidado. Ahí, el territorio se recupera poco a poco: cada sábado se realizan faenas para sembrar especies nativas, como huejote, fresno mexicano, capulín, maguey, ocote, peras, manzanas, tejocote, ahuehuete, chabacano, salvias, árnica y romero, de las que el 95 % ha sobrevivido a pesar de los lixiviados cargados de mercurio, arsénico, plomo y cianuro; también han vuelto los roedores y las abejas (Somos el Medio, 2025).

“Los pueblos cholultecas no somos basurero”

La brevísima relación de la destrucción del territorio señalada arriba, así como del cuidado que establecen las comunidades que lo defienden, puede ser útil para ir trazando una genealogía de la devastación que, si bien siempre ha ocurrido en el Sur Global, se ha intensificado en las últimas décadas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la noción de zona de sacrificio se ha referido a aquellas áreas seriamente contaminadas y en donde la vida muchas veces ha sido sostenida, a pesar de los terribles efectos en la salud y el medio ambiente, en especial por poblaciones vulneradas y marginadas históricamente. Carmona Gutiérrez, Barreda Muñoz y Navarro Trujillo (2025, p. 228).) sugieren que el concepto funciona para nombrar

la localización de las expresiones más radicales de la capacidad necrótica del capital y la devastación socioambiental, buscando hacer inteligible la aturdidora sobreposición y simultaneidad de dinámicas de despojo, explotación, violencia, contaminación. La intoxicación metabólica que padecen los cuerpos y ecosistemas por la exposición prolongada a peligrosos procesos de contaminación, nos advierte sobre lo lejos que ha llegado la capacidad destructiva del capital y su incesante lógica de acumulación. En estos territorios intoxicados encontramos historias densas en las que se van develando las intencionalidades de las alianzas estatales y corporativas para presentar como necesario y lícito el sacrificio

Mas el sacrificio, por definición, es un acto que busca dar una dimensión sagrada a algo, cuyo propósito puede ser brindar un regalo, solicitar un favor o lograr la expiación. En la historia de la humanidad, el sacrificio -específicamente el humano-, asegura Javier Urcid (2023), “está íntimamente ligado con el proceso civilizatorio, es decir, la tendencia al urbanismo, la centralización política y la desigualdad social que conllevó un nuevo concepto sobre la propiedad” (p. 38). En Mesoamérica, sugiere el mismo antropólogo, las representaciones gráficas realistas sobre los sacrificios ocurrieron en códices casi un milenio después de su origen; sin embargo, asegura que las escenas encontradas en tableros, monumentos y murales que muestran depredación animal-animal, animal-humano o divinidad-animal sustituyen simbólicamente las acciones de captura de prisioneros, inmolación humana y posiblemente de antropofagia. ¿Pueden decirnos algo estas metáforas sacrificiales sobre las prácticas predatorias civilizatorias y coloniales sobre los cuerpos-territorios contemporáneos?

Sin duda, el basurero de Cholula evidencia parte del repertorio estatal de dispositivos discursivos, institucionales, (i)legales y represivos que han posibilitado a lo largo de al menos diez años los mayores beneficios políticos y económicos para ciertos grupos de empresarios y funcionarios públicos que han ocasionado de manera deliberada los costos ambientales y de salud a las poblaciones nahuas y campesinas de Cholula. Nos permite ver que la depredación se entrelaza con la intoxicación de los cuerpos-territorio y demás expresiones de violencia material y simbólica. Sin embargo, aquí, lo que se acumula son olores nauseabundos, minerales letales y casquillos percutidos; no hay ofrenda ni expiación, solo veneno, y el mito burocrático de justicia no prevé la violencia, la vuelve conveniente y prolongada. En este régimen, el territorio no puede ser pensado como un cuerpo dañado ni el agua como un ser viviente; son objeto de intercambio por decreto y donación; volumen y tarifa; y los residuos se convierten en materia gobernable y cuantificable. El basurero, entonces, como dispositivo moderno, acumula en forma de residuo aquello propio del metabolismo racista y genocida del capital.

Los Pueblos Cholultecas y las agrupaciones organizadas en torno a la defensa del agua y la tierra de la región logran interrumpir tal acumulación. La lucha y el triunfo del pueblo de Juan C. Bonilla frente a la empresa Bonafont constituyen un antecedente clave para comprender el alcance político del cuidado que se mantiene articulado en la región de Cholula. Al igual que con la clausura de la planta embotelladora en 2021, el cierre del relleno sanitario reconfiguró al agua y al territorio como condiciones de vida digna y sujetos vivos por sí mismos, y dislocó la clasificación ontopolítica que los convertía en el destino legítimo del desecho y la depredación. De igual manera, la consigna que se repite constantemente en murales, mantas y voces niega la normalización del daño como el costo aceptable del orden urbano: “Los pueblos cholultecas no somos basurero”.

Al cerrarse el relleno sanitario intermunicipal, sin embargo, proliferaron tiraderos clandestinos en terrenos arrendados y en barrancas de zonas cercanas, como en la junta auxiliar de San Francisco Tláloc, perteneciente al municipio de San Matías Tlalancaleca, cuyos vecinos denunciaron que entre 15 y 20 toneladas de basura fueron arrastradas al río Atoyac tras fuertes lluvias (Hernández Alcántara, 2024b). Este hecho recuerda la complejidad del daño y exige una transformación radical de las formas de producción. En este sentido, el Bosque Palestina Libre funciona también como un lugar de memoria que hace parecer al cuidado más que como mitigación, como una práctica de límite y reconfiguración de fronteras.

Consideraciones finales

El caso del Relleno Sanitario Intermunicipal de Cholula muestra que el daño socioambiental no es el resultado de errores aislados ni de omisiones técnicas, sino de una racionalidad política que produce, administra y desplaza la devastación como parte constitutiva del orden sociopolítico moderno. La acumulación de residuos, la contaminación de los mantos acuíferos y la exposición prolongada de las comunidades nahuas al riesgo revelan un régimen en el que el territorio y el agua son convertidos en mercancías gestionables, mientras la violencia y el conflicto se normalizan como costos aceptables del desarrollo.

Frente a este régimen, las prácticas de cuidado desplegadas por los Pueblos Cholultecas -la clausura comunitaria, el decreto y la reapropiación del predio como Bosque Palestina Libre- no constituyen respuestas defensivas ni meramente simbólicas. Se trata de intervenciones políticas que niegan la legitimidad de las infraestructuras del descarte y reafirman el territorio como condición de vida común, y a través de las cuales el cuidado opera como como práctica de límite que interrumpe la continuidad de la acumulación del daño.

  • 2
    Para el caso del Relleno Sanitario Intermunicipal de Cholula, Nodo de Derechos Humanos (2024) evidenció las redes políticas que permitieron a políticos -como Cuauhtémoc Ochoa Fernández (del Partido Verde Ecologista de México), Andrey Nitgard Cruz Hernández (funcionario de SEMARNAT), Gerardo Ornelas Alcántara (del Organismo Operador del Servicio de Limpia), Leoncio Paisano (presidente municipal de San Andrés Cholula), entre otros- lucrar y beneficiarse con la operación del basurero.
  • 3
    José Juan Espinosa Torres inició su periodo como presidente municipal siendo miembro del Partido Convergencia (luego denominado Movimiento Ciudadano). En 2016, aún en su cargo de alcalde, renunció a este partido y se sumó al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) argumentando su convencimiento sobre el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador (ÁNGULO 7, 2016). En 2024, renunció a MORENA y se unió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para buscar una candidatura a la diputación federal (PODER NOTICIA, 2024).
  • 4
    Mostró una carta de la Dirección de Catastro en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla que estipulaba que los predios se encontraban en el municipio de San Pedro Cholula (MUNICIPIOS DE PUEBLA, 2015). En 2016, el presidente municipal de San Andrés Calpan promovió una controversia constitucional sobre los predios El Serrano, Tlacolatl y La Molina ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que decidió sobreseer la controversia “en virtud de que la demanda se presentó fuera del plazo establecido para impugnar un acto como el cuestionado por el municipio actor” (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 28/2016, 2018). De acuerdo con este mismo documento, el municipio de San Pedro Cholula ofreció como pruebas de su propiedad las copias del juicio ordinario de usucapión 2259/2014 en el que se le adjudicó El Serrano e instrumentos notariales que acreditaban la propiedad de Tlacolatl y La Molina.
  • 5
    El relleno sanitario de Huejotzingo dejó de recibir residuos en 2016, y cerró definitivamente dos años después (MUNICIPIOS DE PUEBLA, 2018).
  • 6
    En otras partes del país, la misma empresa enfrentó diversas demandas. En 2021 se señaló como responsable de la muerte de decenas de peces en Santiago Tepatlaxco, Naucalpan, Estado de México, donde también cuatro trabajadores quedaron enterrados bajo siete toneladas de basura tras un derrumbe en el relleno sanitario de esa comunidad (SIN RESERVAS, 2023).
  • 7
    De acuerdo con Tirzo (2024), “uno de los cinco amparos que la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero interpusieron entre el 2019 y 2024, reveló que Profac Hidrolimpieza solamente tiene permiso para operar en 3.9 hectáreas, sin embargo actualmente opera 7.64. Esto significa que se ha expandido en 3.74 hectáreas de manera ilegal, incluyendo los siete mil metros cuadrados del antiguo relleno sanitario de San Andrés Cholula (clausurado en 2005)”.
  • 8
    Según el mismo texto (Coyotl Lozano, 2024), el Relleno Sanitario Intermunicipal de Cholula recibía diariamente 550 toneladas de desechos de todo tipo, incluyendo hospitalarios, además de que camiones procedentes de Oaxaca y Ciudad de México recogían de ahí combustibles derivados de residuos para venderlos a las plantas de CEMEX de Acapulco e Hidalgo.

Disponibilidad de datos:

Los datos de la investigación están disponibles en el cuerpo del artículo.

Referencias

  • Editor:
    Altemar Amaral Rocha

Fechas de Publicación

  • Publicación en esta colección
    11 Mayo 2026
  • Fecha del número
    2026

Histórico

  • Recibido
    26 Dic 2025
  • Acepto
    04 Mar 2026
Creative Common - by 4.0
Este es un artículo publicado en acceso abierto (Open Access) bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, sin restricciones siempre que el trabajo original sea debidamente citado.
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