Resumen
Veinte años tras la creación de la Política Nacional de Reducción de la Morbimortalidad por Accidentes y Violencia, estos eventos continúan siendo causas importantes de morbimortalidad en el país. Este estudio presenta el proceso de elaboración de un conjunto de indicadores evaluativos para la implementación de las directrices de la Política. Su formulación implicó inicialmente el análisis de indicadores de un estudio previo y, posteriormente, se empleó la técnica de grupo nominal. Los indicadores propuestos se aplicaron a una base de datos que contenía respuestas a cuestionarios completados por gestores y profesionales de salud de servicios municipales del SUS en los tres niveles de atención (Básica, Hospitalaria y Rehabilitación). Se encontró que la mayoría de los municipios fueron clasificados con un nivel pasable de implementación de la política; algunas directrices alcanzaron una buena implementación, mientras que otras mostraron un desempeño insatisfactorio, en particular las relacionadas con la capacitación y la investigación. Los indicadores destacaron cuestiones importantes sobre la política, su progreso y sus debilidades. Por lo tanto, esta propuesta sería considerada para brindar apoyo a los municipios en la evaluación de la política en su conjunto o en directrices específicas.
Palabras clave:
Indicadores; Violencia; Accidentes; Morbilidad; Mortalidad
Resumo
Vinte anos após a criação da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, esses eventos permanecem como importantes causas de morbimortalidade no país. Este estudo apresenta o processo de elaboração de um conjunto de indicadores avaliativos da implementação das diretrizes da referida política. Sua formulação envolveu inicialmente a análise de indicadores de estudo prévio e, na sequência, utilizou a técnica de grupo nominal. Os indicadores propostos foram então aplicados a um banco de dados referente a questionários respondidos por gestores e profissionais de serviços de saúde municipais do SUS para os três níveis de atenção (Primária, Hospitalar e Reabilitação). Verificou-se que a maioria dos municípios foi classificada como tendo implementação regular da política; algumas diretrizes alcançaram boa implementação, enquanto outras apresentaram desempenho insatisfatório, especialmente as relacionadas à capacitação e à realização de pesquisas. Os indicadores apontaram questões importantes sobre a política, seus avanços e fragilidades. Considera-se que esta proposta possa subsidiar municípios na construção de avaliação da política como um todo ou de diretrizes específicas.
Palavras-chave:
Indicadores; Violência; Acidentes; Morbidade; Mortalidade
Abstract
Twenty years after the creation of the National Policy for Reducing Morbimortality from Accidents and Violence, these events remain significant causes of morbimortality in the country. This study presents the process of developing a set of evaluative indicators for the implementation of the guidelines of the Policy. Its formulation initially involved the analysis of indicators from a previous study and subsequently employed the nominal group technique. The proposed indicators were then applied to a database containing responses to questionnaires completed by managers and health professionals from municipal SUS services across the three care levels (Primary, Hospital, and Rehabilitation). We found that most municipalities were classified as having a fair level of policy implementation; some guidelines achieved good implementation, while others showed unsatisfactory performance, particularly those related to training and research. The indicators highlighted important issues regarding the policy, its progress, and its weaknesses. Therefore, this proposal would be considered to provide support to municipalities in evaluating the policy as a whole or in specific guidelines.
Key words:
Indicators; Violence; Accidents; Morbidity; Mortality
Introducción
La violencia en sus diversas manifestaciones ha sido reconocida como un problema de salud pública de preocupación mundial1, que afecta la salud individual y colectiva, reduce la calidad de vida y plantea desafíos al sector de la salud2.
En Brasil, esta percepción llevó a la formulación de la Política Nacional de Reducción de la Morbimortalidad por Accidentes y Violencia (PNRMAV)3 en 2001, cinco años después de que la Asamblea Mundial realizada por la Organización Mundial de la Salud la identificara como un tema prioritario2, y un año antes del Informe Mundial sobre Violencia y Salud 2002. Esta política fue una respuesta estratégica del gobierno para enfrentar y mitigar los impactos de la violencia y los accidentes en la salud de la población brasileña.
La PNRMAV fue elaborada con directrices y objetivos bien definidos para integrar y coordinar esfuerzos de todos los niveles de gobierno para una acción efectiva en el combate a la violencia. Entre sus directrices3 se encuentran promover y adoptar conductas y entornos saludables; monitorear la ocurrencia de accidentes y violencia; sistematizar, ampliar y consolidar la atención prehospitalaria; brindar atención interdisciplinaria e intersectorial a las víctimas; estructurar y consolidar la atención de recuperación y rehabilitación; formar recursos humanos; y brindar apoyo para el desarrollo de estudios e investigaciones.
En 2007 se realizó un análisis diagnóstico detallado en cinco municipios brasileños (Curitiba, Distrito Federal, Manaos, Recife y Río de Janeiro), cuyos resultados se recopilaron en el libro “Análisis diagnóstico de la Política Nacional de Salud para la Reducción de Accidentes y Violencias”4. Este análisis utilizó la triangulación de métodos cuantitativos y cualitativos, incluidas entrevistas a gerentes y la aplicación de un cuestionario. Abarcó todas las directrices de la política y se centró en la atención prehospitalaria, hospitalaria y de rehabilitación. Esta evaluación destacó avances significativos en la implementación del PNRMAV, pero también señaló desafíos importantes, como la necesidad de una mayor integración intra e interinstitucional y la provisión de recursos continuos para apoyar las acciones implementadas. Un aspecto que merece ser resaltado es la no inclusión de la Atención Primaria, que aún no tenía la importancia que tiene hoy en el país.
Se realizaron otros estudios para analizar elementos que sustentan la política, como la notificación y registro de la violencia intrafamiliar y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes5, la evaluación del servicio de emergencia prehospitalaria móvil6,7, el análisis diagnóstico de los servicios de rehabilitación que atienden a víctimas de accidentes y violencia8-10, la evaluación de la atención a niños, niñas y adolescentes en situación de violencia11, y estudios que analizaron la integración del sector salud con otros sectores gubernamentales en el marco de la PNRMAV en el Distrito Federal12 e investigaciones específicas sobre la aplicación de la política en el estado de Amapá13.
Veintitrés años de implementación de la PNRMAV exigen una evaluación de su desempeño14. Así, Brasil, alineado a las recomendaciones internacionales, enfrenta ahora el desafío de reevaluar y fortalecer la PNRMAV ante los cambios sociales y el progresivo desmantelamiento de las políticas públicas.
Este artículo tiene como objetivo presentar el desarrollo de un conjunto de indicadores para evaluar la implementación de las directrices de la PNRMAV, su combinación en indicadores compuestos que resumen las directrices y otro indicador compuesto que agrega estas directrices y permite una evaluación por estados y municipios para comprender los avances y barreras y proponer formas de fortalecer las acciones de prevención y mejorar la respuesta de salud pública a la violencia y los accidentes.
El contexto de la elaboración de indicadores
La propuesta que aquí se presenta es parte de la “Investigación Evaluativa de la Política Nacional de Reducción de la Morbimortalidad por Accidentes y Violencia”, una solicitud del Ministerio de Salud (MS) al Departamento de Estudios sobre Violencia y Salud Jorge Careli de la Escuela Nacional de Salud Pública (CLAVES/ENSP) de la Fiocruz. Este estudio se inició en 2020 y tuvo como objetivo evaluar el proceso de implementación de la PNRMAV desde su promulgación en 2001 hasta 2023, con base en sus siete Directrices.
Esta investigación evaluativa utilizó la triangulación de métodos cuantitativos y cualitativos. Incluyó cinco etapas: (1) Análisis de datos sobre violencia y accidentes en los sistemas nacionales de información (Sistema de Información sobre Mortalidad - SIM, Sistema de Información Hospitalaria - SIH y Sistema Nacional de Enfermedades de Notificación Obligatoria - SINAN); (2) Desarrollo y aplicación de un cuestionario para recolectar datos en los municipios brasileños sobre la implementación de la política; (3) Desarrollo de indicadores evaluativos; (4) Selección de municipios para participar en la etapa cualitativa con base en los indicadores desarrollados en la etapa 3; y (5) Realización de entrevistas con gerentes y profesionales.
El Comité de Ética en Investigación de la Escuela Nacional de Salud Pública aprobó el proyecto, respetando los preceptos establecidos en las Resoluciones N°466/2012 y 510/2016 (N°4732884, del 25/05/2021). Los participantes firmaron el Formulario de Consentimiento Informado.
El proceso de construcción de indicadores
La elaboración de los indicadores se basó en dos fuentes de datos: (1) los indicadores provenientes de investigaciones previas realizadas por CLAVES y que se encuentran en la publicación “Análisis diagnóstico de la política nacional de salud para la reducción de accidentes y violencia”4; y (2) el cuestionario desarrollado por el equipo de investigación en colaboración con el Ministerio de Salud para este estudio.
El cuestionario incluyó los siguientes bloques de preguntas: (1) Identificación del servicio y programa; (2) Estructura existente para la conducción de acciones orientadas por la PNRMAV; (3) Organización y coordinación en la red existente entre servicios y programas; (4) Formación de recursos humanos para el abordaje de casos de victimización por accidentes y violencia; (5) Monitoreo de la ocurrencia de accidentes y violencia; (6) Acciones para prevenir accidentes y violencia y promover ambientes saludables y una cultura de paz.
Se aplicó la técnica de grupo nominal15 con base en las dos fuentes mencionadas, mediante la cual un grupo de expertos, liderado por el coordinador de la investigación, discutió exhaustivamente los elementos representativos de cada directriz, que, nuevamente, fueron los ejes estructurantes de la evaluación de principio a fin. Al final de este proceso, que movilizó al equipo desde mayo de 2021 hasta enero de 2022, se construyeron 14 indicadores simples para atención primaria, 27 para el nivel de atención prehospitalaria y hospitalaria, y 22 para el nivel de atención de rehabilitación. Estos se agruparon en cinco, seis y cinco indicadores compuestos, respectivamente, uno por cada directriz evaluada en cada nivel de atención (Cuadro 1).
En el Cuadro 2 se muestran las directrices, el número de preguntas del cuestionario y el método de cálculo. En el Cuadro 3 se resume el procedimiento para calcular los indicadores compuestos para los niveles de atención. Cada uno de ellos se calculó sumando los indicadores relevantes para cada nivel de atención. Los puntajes de la evaluación se categorizaron como buenos, pasables o malos según el nivel de implementación de la PNRMAV en cada uno de estos niveles (Cuadro 2).
Aplicación de los indicadores evaluativos
Como se mencionó, el desarrollo de indicadores también sirvió como base para la selección de otros diez municipios que, además de las capitales, serían objeto de la etapa cualitativa de la investigación. Para el cálculo de los indicadores de selección de municipios, se adoptaron los datos recopilados mediante el cuestionario, que se aplicó en línea a través de la plataforma Redcap entre julio y noviembre de 2021. Los enlaces de acceso al cuestionario se enviaron a los secretarios municipales de salud de los 5.570 municipios brasileños. Se les solicitó que los enviaran a los funcionarios municipales responsables de los tres niveles de atención. Así, los indicadores se analizaron con base en los datos de los 531 cuestionarios respondidos por 379 municipios (290 para Atención Primaria, 128 para Atención Prehospitalaria/Hospitalaria y 113 para Atención de Recuperación/Rehabilitación). Se estratificaron por región y tamaño de municipio (grande ≥100.000; pequeño ≤99.999). Todos los procedimientos de análisis se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS 24 (IBM Corp, 2016)16.
Resultados
La Tabla 1 muestra la clasificación de los municipios que participaron en la encuesta en relación a la implementación de las directrices de la PNRMAV por nivel de atención. Esta tabla muestra los resultados del indicador compuesto que agrega todas las directrices y los indicadores que las representan, y el estado de implementación de la Política en los municipios encuestados. Al analizar el indicador compuesto, encontramos que la mayoría de estos territorios fueron clasificados como pasables en la implementación de la Política. En Atención Primaria, observamos una mayor proporción de municipios con buena implementación (43,4%), mientras que Atención Prehospitalaria/Hospitalaria registró la menor (18,0%).
La implementación de la Directriz 1, medida mediante un único indicador relacionado con la “movilización de los medios de comunicación y de la sociedad frente a los accidentes y la violencia”, muestra que más del 50% de los municipios tuvieron un buen desempeño en todos los niveles de atención.
En cuanto a la Directriz 2, evaluada por medio de tres indicadores que engloban “la denuncia de casos de violencia por parte de los servicios”, “la creación de flujos de denuncia inter e intrasectoriales” y “la mejora de la calidad de la información”, el desempeño de los municipios también fue calificado como bueno. La Atención Primaria se destacó en esta directriz con un porcentaje de 84,7%.
La Directriz 3 se refiere a la atención prehospitalaria e incluye siete indicadores para evaluar “infraestructura, equipamiento, materiales/insumos, atención/derivación de casos y efectividad del Centro Regulador”. En su evaluación, aproximadamente el 60% de los municipios mostraron una buena implementación para el nivel de Atención Prehospitalaria.
Al analizar “infraestructura, equipamiento, materiales/insumos, recursos humanos, atención/derivación de casos, acciones de prevención, uso de protocolos y líneas de atención, disponibilidad de centros de referencia y servicios especializados, y coordinación intersectorial”, la Directriz 4 mostró un patrón diferente a las anteriores. Se seleccionaron doce indicadores para evaluarla y la mayoría de los municipios tuvieron una buena clasificación en cuanto a Atención Primaria (56,9%), mientras que la mayoría tuvo una implementación pasable (45,1%) en Atención Hospitalaria. Cabe destacar que esta directriz no incluye los servicios de Recuperación/Rehabilitación.
La Directriz 5 se refiere precisamente a la Atención de Recuperación/Rehabilitación y contempla 15 indicadores relacionados con “infraestructura, equipamiento, materiales/insumos, recursos humanos, atención/derivación de casos, acciones de prevención, uso de rutinas/protocolos y disponibilidad de ambulatorios/servicios especializados”. En este sentido, la mayor parte de los servicios fueron clasificados como de implementación pasable (44,2%).
La Directriz 6 se refiere a la “formación de recursos humanos” y se evaluó mediante cuatro indicadores. La mayoría de los municipios tuvieron un malo desempeño. Una vez más, la Atención Primaria se destacó con respecto a los demás niveles, pero aún con un porcentaje relativamente bajo de 36,4% de municipios con buena implementación.
Finalmente, la evaluación de la Directriz 7 involucró apenas un indicador que tuvo como objetivo verificar la “disponibilidad de alianzas con universidades en el desarrollo de actividades de investigación, enseñanza y extensión”, que también presentó un malo desempeño, superando el 80% de los servicios con esa clasificación, y destacándose la Atención Prehospitalaria y Hospitalaria, con el 91,4%.
El Gráfico 1a presenta los resultados del indicador compuesto de Atención Primaria por tamaño de los municipios y regiones del país. Los datos por tamaño (Brasil) muestran que la categoría “bueno” predominó en los municipios grandes (68,0%) y la categoría “pasable” en los municipios pequeños (54,6%). En Atención Prehospitalaria/Hospitalaria, la clasificación “pasable” predominó en la evaluación de municipios de cualquier tamaño (Gráfico 1b), con porcentajes de 45,8% y 53,8% en municipios pequeños y grandes, respectivamente. Aproximadamente el 33,7% de los municipios pequeños presentaron una mala implementación en este nivel de atención. La categoría “pasable” también predominó en la evaluación de Atención de Recuperación/Rehabilitación en más del 50% de los municipios de ambos tamaños (Gráfico 1c). En este nivel de atención, el 28,6% de las localidades más pequeñas presentaron una mala implementación. Al comparar los niveles, se observó una disparidad más significativa entre municipios pequeños y grandes.
Indicadores evaluativos de la implementación de la PNRMAV en Atención Primaria (1a), en Atención Prehospitalaria y Hospitalaria (1b) y en Atención de Recuperación/Rehabilitación (1c), por región y tamaño del municipio.
Al observar la distribución de los municipios por tamaño y región, se puede observar que la mayoría de los menores presentaron una evaluación regular de la implementación de la PNRMAV en todos los niveles de atención (Gráficos 1a a 1c), con excepción del Norte, donde se destacó la categoría “malo” en Atención de Recuperación/Rehabilitación. La evaluación del buen desempeño de la Atención Primaria predominó en todas las regiones entre los municipios mayores, con excepción del Sur, que fue mayoritariamente pasable. En el nivel prehospitalario/hospitalario, los encuestados del Nordeste y el Medio Oeste consideraron que la implementación era buena. Este nivel de atención fue evaluado como regular en el Sureste y el Sur. En el Norte, el mismo porcentaje de municipios fueron clasificados como regular y malo (40% cada uno). Un resultado similar se observó para los municipios grandes en cuanto al nivel de Recuperación/Rehabilitación: el Nordeste y el Medio Oeste tenían la mayoría de los municipios con buena implementación. Al mismo tiempo, la categoría “pasable” prevaleció en las otras regiones.
Discusión
Este artículo presenta el proceso de construcción de un conjunto de indicadores para evaluar la implementación de la PNRMAV y su aplicación en una base de datos proveniente de la “Investigación Evaluativa de la Política Nacional de Reducción de la Morbimortalidad por Accidentes y Violencias” desarrollada por CLAVES a solicitud del Ministerio de Salud.
Los resultados de la aplicación de los indicadores revelan la complejidad de la implementación de las directrices de la PNRMAV en los municipios brasileños estudiados. La mayoría de ellos fueron clasificados como con una implementación pasable de la política, con algunas áreas que muestran un buen desempeño, como la Atención Primaria. Las deficiencias más significativas se encuentran en los niveles de Atención Prehospitalaria/Hospitalaria y Atención de Recuperación/Rehabilitación.
Observamos que la Directriz 2 de la PNRMAV, “Monitoreo de la ocurrencia de accidentes y violencia”, es la que presenta el mejor desempeño en la evaluación de la mayoría de los municipios. Al mismo tiempo, la Directriz 7, “Apoyo al desarrollo de estudios e investigaciones”, presenta la mayor proporción de localidades con mala implementación. Asimismo, la Directriz 6, “Capacitación de recursos humanos”, es crítica en todos los niveles de atención. Cabe una discusión importante sobre estas dos cuestiones. Los entrevistados se refirieron a las acciones (o falta de ellas) en sus unidades específicas porque, desde una perspectiva más amplia, hubo una inversión considerable en la organización de cursos de actualización, especialización, maestría y doctorado enfocados en temas de violencia y salud por parte del Ministerio de Salud, Fiocruz y varias universidades. La última revisión de diez años de la producción académica del país mostró un floreciente campo de conocimiento con más de 2.500 artículos publicados sobre las diversas expresiones de la violencia, muchos escritos por investigadores y profesionales que actúan en varios niveles de atención17. Sobre este tema se pueden plantear dos hipótesis: la primera es que la vinculación de la comunidad académica con los servicios sigue siendo deficiente. La segunda es que los profesionales de primera línea entrevistados se quejan de la falta de formación continua que no se puede suplir únicamente con material académico. Sin embargo, hay que decir que ambas se complementan y retroalimentan. La falta de inversión en formación profesional e investigación sobre los temas en cuestión limita la efectividad de las intervenciones y la generación de evidencia para orientar la toma de decisiones políticas. Estos hallazgos corroboran estudios previos que destacan la relevancia de la formación continua de los profesionales de la salud18 y la inversión en investigación como componentes esenciales para el éxito de las políticas de prevención de la violencia19.
La movilización de los medios de comunicación y la sociedad (Directriz 1) parece ser un área en la que se han logrado avances notables, ya que más de la mitad de los municipios muestran una buena implementación. Esto se puede atribuir a la creciente conciencia sobre la importancia de la prevención de la violencia, impulsada por campañas de sensibilización y promoción de la causa por parte de organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales. En este sentido, observamos avances con respecto al estudio anterior4,8, que indicaba una mala inversión en esta directriz.
El seguimiento de los accidentes y la violencia (Directriz 2) fue considerado bueno en la mayoría de los municipios en los tres niveles de atención. Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de este desempeño, se observa un porcentaje significativo de municipios en los que su implementación fue pasable o mala. En el análisis diagnóstico mencionado anteriormente4, los autores destacaron la necesidad de sensibilizar a los gestores y profesionales sobre la importancia de los registros de calidad para un seguimiento adecuado. Este desafío persiste, especialmente en los municipios de menor tamaño. Además, falta un registro nacional de atención de emergencias por accidentes y violencia. La Encuesta VIVA, una iniciativa en marcha desde 2006 y que ya tuvo seis ediciones (2006, 2007, 2009, 2011, 2014 y 2017), tiene como objetivo llenar ese vacío al proporcionar datos sobre la magnitud de estas condiciones que llegan a los servicios de emergencia seleccionados. Su última edición, sin embargo, fue en 2017. La séptima edición de la encuesta se realizó en 2024, que, por primera vez, involucró una muestra representativa de los servicios de emergencia que atienden accidentes y violencia. Incluyó capitales brasileñas y municipios de las regiones metropolitanas de las capitales y la región rural del país.
La sistematización, expansión y consolidación de la atención prehospitalaria (Directriz 3) ha sido bien implementada en la mayoría de los municipios. Cabe destacar que persisten las deficiencias señaladas en el análisis diagnóstico anterior4, especialmente en lo que se refiere a la coordinación de los diversos niveles de servicios. El mismo resultado fue observado en un estudio realizado en el estado de Santa Catarina7, que evaluó el servicio de atención móvil de urgencias (SAMU) en 2013-2014. En ese estudio, además de la falta de coordinación e integración entre los servicios que ofrecen rescate y salvamento, los autores reportaron dificultades relacionadas con el sistema de información, que cambia constantemente y es incapaz de ofrecer subsidios regulares y estructurados para la gestión.
En cuanto a la implementación de la atención interdisciplinaria e intersectorial a las víctimas de accidentes y violencia, prevista en la Directriz 4, su desempeño fue considerado pasable o malo en más del 60% de los municipios que respondieron el cuestionario en lo que respecta al nivel hospitalario. La evaluación también muestra deficiencias en el desempeño de la atención dirigida a la recuperación y rehabilitación (Directriz 5), clasificada como pasable o mala en el 60% de los municipios, siendo este el punto más débil en la prestación de los servicios prestados por la PNRMAV. Persisten problemas señalados en varias evaluaciones, como la falta de servicios, infraestructura, personal, información, comunicación, coordinación4,8, recursos y acceso a capacitación y educación continua10. Por ello, evaluamos que esta directriz es la menos difundida en el país, con profesionales que aún carecen de una formación específica que trascienda la visión biologicista para el abordaje de casos de secuelas derivadas de accidentes y violencias y con servicios poco coordinados con el resto de la red de atención y apoyo a estas víctimas.
Cabe mencionar un punto positivo identificado en esta investigación, que fue el crecimiento y organización de la Atención Primaria, con diferencia la de mejor desempeño en la implementación de la política según esta investigación, diferente de una evaluación anterior ya mencionada4.
El análisis de los datos por tamaño y región de los municipios pone de relieve importantes disparidades en la implementación de la PNRMAV. Los municipios pequeños, especialmente en el Norte y Nordeste, tienden a tener una implementación pasable, mientras que los municipios grandes, especialmente en el Sur y Sudeste, muestran distintos niveles de implementación. Estas diferencias pueden atribuirse a varios factores, entre ellos la disponibilidad de infraestructura, recursos tecnológicos y humanos, capacidad de gestión y priorización política. Estos hallazgos refuerzan las dificultades para difundir la PNRMAV en todo Brasil.
Conclusiones
El fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y evaluación garantiza que las políticas de prevención de la violencia y los accidentes sean eficaces y estén basadas en evidencias. Los datos generados por la aplicación de los indicadores son significativos y sin precedentes para identificar las fortalezas y los puntos críticos relacionados con la implementación de esta política, cuyas cuestiones impactan significativamente en la morbilidad de la población brasileña. Desde una perspectiva más amplia, destacamos el avance de este estudio en la construcción de indicadores de evaluación como herramientas de gestión.
Los resultados de este estudio brindan información importante sobre la implementación de la PNRMAV en los municipios brasileños y destacan áreas que requieren atención e inversión adicionales. Para abordar los desafíos identificados se requiere un enfoque integral y colaborativo que involucre al sector de la salud y otras áreas relevantes, como la educación, la justicia y la asistencia social.
La adopción de los indicadores propuestos ha dado resultados valiosos, demostrando que pueden utilizarse para orientar las decisiones estratégicas de los gestores de la salud y de los gobiernos. Al identificar las áreas en las que se ha aplicado con éxito la PNRMAV y las que necesitan inversión, los gestores pueden dirigir los recursos y las intervenciones de forma más eficaz, priorizando las áreas críticas que merecen una mayor inversión en todos los aspectos. La comprensión de las especificidades regionales y de los diferentes niveles de atención de salud permite adoptar un enfoque más adaptado y personalizado para abordar los retos locales. Estas son las áreas en las que hay que poner el foco.
El uso de indicadores también apoya la rendición de cuentas, ayudando a los gobiernos a monitorear los avances en la implementación de la PNRMAV e identificar áreas exitosas y deficientes, lo cual es esencial para promover una gobernanza eficaz y responsable. Así, entendemos que esta evaluación fortalece el compromiso con la prevención de accidentes y violencia en el país y la mejora de la calidad de los servicios de salud que atienden a las víctimas de estos eventos, contribuyendo al bienestar de la sociedad.
Cabe destacar una limitación importante del estudio. Brasil se encontraba en plena pandemia de COVID-19 cuando se realizó la investigación, lo que dificultó mucho la respuesta de los profesionales y gestores al cuestionario y a la entrevista, ya que se encontraban desbordados por la atención a los pacientes. Asimismo, faltó apoyo político del Ministerio de Salud, que atravesaba dificultades que culminaron con el desmantelamiento del Área Técnica de Vigilancia y Prevención de la Violencia. Esta desinversión y falta de apoyo técnico y financiero se hizo evidente en los resultados de la investigación. Los equipos que habían sido capacitados fueron desmovilizados y varios profesionales fueron trasladados, quedando solamente aquellos que individualmente asumieron el tema como un compromiso social para continuar trabajando, muchas veces en silencio, manteniendo viva la llama de su compromiso con la promoción de la vida y la paz.
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Las fuentes de datos utilizadas en la investigación se indican en el cuerpo del artículo.


Fuente: Autores.